HI: ¿Qué lectura haces de la LUC como primer ofensiva programática de la coalición multicolor, y más cuándo el proyecto es enviado en plena emergencia sanitaria?
Ramón Gutiérrez (RG): Es una ley autoritaria, inespecífica, inoportuna y fuera de tiempo histórico. Es autoritaria porque abusa de la herramienta constitucional que tiene el presidente, bagayeando un amplísimo contenido en una misma ley declarando que todo tiene urgencia por igual. Esta no es una ley, son muchas leyes y muchas reformas de leyes y se deben discutir de a una. Más allá de lo que opinemos sobre su contenido, la forma en que se escoge reformar el Estado, trasluce una vocación de conducción que desestima los procesos de discusión pública donde participamos activamente las organizaciones sociales y los ciudadanos se informan con mayor o menor profundidad a través de los medios y eventualmente encuentran la manera de canalizar sus inquietudes.
Es inespecífica porque entrevera de todo en un mismo paquete, lo cual tiene como defecto principal la falta de jerarquía temática: da lo mismo regular los chori de carnicería que reformar la educación o abordar el problema de la seguridad ciudadana. Al ser inespecífica, incluye en una misma ley elementos instituyentes porque incorpora nuevas agencias, ministerios e institutos, al tiempo que es destituyente porque recorta, ajusta y ralea otras instituciones. Esta bipolaridad entorpece la discusión y dificulta que la ley encuentre simpatía y adhesión porque dispara dardos envenenados a un espectro muy amplio. Por otra parte, la inespecificidad nos resta capacidad como ciudadanos de participar y nos obliga a priorizar el estudio e incidencia en algunas áreas cuando en realidad no tiene sección que no nos afecte.
Es inoportuna porque en plena crisis COVID-19 existe una enorme distancia entre las urgencias verdaderas, concretas y las urgencias del ejecutivo. Si se te tapo de ollas populares el país es porque hay hambre y si hay hambre es porque no hay laburo. Una Ley de Urgente Consideración debe estar pensando el problema social organizativo y distributivo que abrió esta crisis para que la subsistencia y la actividad de todos este garantizada. Porque el problema sanitario deja de ser exclusivamente el COVID 19 para ser también el hambre o la tristeza que trae aparejada tanta incertidumbre para la gente que vive al día: más de 150mil descupados, mas de 100mil en seguro de desempleo, más de 400mil informales que viven al dia. Son muchas familias. Mientras en muchos países instituyen la renta básica y logran un clima de concordia para garantizar la vida de la gente, nosotros tenemos una ley que nos obliga a luchar.
Pero mas importante aun es que esta fuera de tiempo histórico, como si el estallido chileno no hubiera existido, como si no hubiera existido guerra comercial entre China y EEUU, como si no hubiera existido Siria o unos años atrás como si la burbuja inmobiliaria y financiera no hubiera ocurrido. A la vocación privatizadora de esta ley le faltan varias cosas importantes para estar a tono: 1- La caída reciente del muro; 2- El arsenal teórico-ideológico fresco y 3- El modelo de referencia. Cuando Lacalle padre gobernó, cuando la retórica de guerra fría de Sanguinetti conectaba con el nervio popular, el neoliberalismo no había pasado las pruebas de la realidad y Menem todavía estaba quemando la plata de las privatizaciones. Pero además, la libertad de mercado era promovida a diestra y siniestra, la social-democracia incorporó su discurso, la institucionalidad internacional gozaba de un crédito importante incluida la OMC, el muro simbólico de la “experiencia socialista” aplastaba a los defensores del Estado y Chile relucía como un oasis de crecimiento donde el win win era una realidad, al menos para los partidos políticos institucionales y las pantallas de TV.
Pero el aperturismo, promovido otrora por las grandes potencias y los organismos multilaterales, fue enterrado por éstas cuando la ecuación no les rindió. Los países ricos que no se rifaron los elementos estratégicos y servicios esenciales al mercado pilotean mejor la crisis. La libre circulación de trabajo hace rato que encuentra barreras. La China roja pasó a ser la embanderada de la OMC y EEUU a defender las barreras arancelarias y no arancelarias.
Si la fantasía de la globalización inclusiva se esfumó, la solución mercantil debe pasar muchas más pruebas de conveniencia. Estamos en medio de una crisis brutal del orden mundial, donde la incertidumbre es del mismo tamaño. Si el progresismo empezó a hacer agua en el empleo porque le costó pilotear con el manual de Keynes el cambio de escenario de precios de las materias primas, la apuesta retro de la Coalición multicolor no tiene cimiento y garantiza el derrumbe veloz de su proyecto. Rifar cualquier elemento estratégico al mercado en este contexto es irresponsable. Es imperioso reabrir seriamente la discusión del problema del estímulo a la creación, producción y a la eficiencia desde una perspectiva no dicotómica entre “Estado vs. actividad privada”, para incurrir en combinaciones que permitan niveles de contralor y poder mayor de la sociedad para tener garantías y minimizar la desigualdad y fragmentación social.
HI: En materia de agro son varias las modificaciones propuestas en la LUC, ¿cuáles son a tu juicio las más importantes y cuál es la lógica detrás de estas?
RG: Para poder impulsar ese paquetón, la táctica de neutralización es fundamental. Si en la sección agropecuaria estuviera solo lo relativo al INC, la oposición dentro del sector sería mayor. En la medida que da respuesta a algunas necesidades institucionales de la granja y la carne, la ley procura atemperar los ánimos dando una de cal y una de arena.
Sin restar importancia a las demás temáticas, lo relativo al mercado de tierras y el INC es clave en sí mismo, pero también por el contexto previo en que actores del gobierno, empresarios y periodistas dedicaron largas tertulias a desprestigiarlo. Los artículos de la LUC se inscriben en un modelo donde la tierra es un bien más que se transa en el mercado y la ley que manda es la del más fuerte y adinerado.
Los artículos que se pretenden modificar buscan: (1) cortar los procesos judiciales en los que están implicados dirigentes del gobierno que fueron injustamente beneficiados con campos del INC hace décadas y permitir el acceso a tierras del INC por parte de productores no familiares (art. 353); (2) achicar sustancialmente (aproximadamente 140.000 has) el área de influencia de la ley de colonización (Ley 11.029) como puntapié para un desmantelamiento gradual por la vía de privatización a los propios colonos (art. 354) y gradualmente mediante el descalabro de las cuentas internas; y (3) desregular completamente el mercado de tierras a las Sociedades Anónimas como forma de valorización del activo de los grandes terratenientes (art. 368). En conjunto, es un primer sacudón que tiene como objetivo central desestimular la proyección colona de las bases sociales rurales, aplacar la demanda de tierra que se había fogoneado con la reactivación del INC. Este es un mensaje contundente que solo aplaca la certeza de que tiene para entregar en este período algunas colonias adquiridas por el gobierno anterior.
Hay mucha tela para cortar porque el caldo de cultivo se ha basado en amplificar las experiencias fallidas de colonización, la falta de impacto productivo del INC y el enorme esfuerzo de la sociedad en tener ese patrimonio en lugar de destinar ese dinero a otras necesidades. Ese discurso, no cuenta las empresas que fallan y se funden dentro del mercado, no historiza el papel del INC en la diversificación e intensificación productiva en Uruguay (granja, agricultura y lechería), no cuenta que los recursos que permitieron la compra de tierras en la última década salieron de un impuesto específico al mercado de tierras y que además ese capital ni se pierde ni está muerto, sino que produce, devuelve renta y circula 100% del dinero en la economía local.
El problema del INC es que se mete simbólicamente con el cerno del poder oligárquico uruguayo, pone por encima de la propiedad, la función social de la tierra, empodera a la población rural y enciende la chispa de que bien podríamos ser una nación diferente si los frutos de la tierra estuvieran orientados al interés general.
HI: Pensando en el fuerte vínculo entre las patronales rurales y el gobierno, con un Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que se asume representante de las primeras, ¿qué desafíos plantea este escenario para la producción familiar?
RG: Lógicamente que abre un escenario extremadamente difícil y contradictorio. Los movimientos en el tipo de cambio beneficiaron directamente a quienes venden en dólares. Ahí, los productores ganaderos, que constituyen la mayor parte de los productores familiares, tuvieron un beneficio instantáneo. La vocación ruralista del gobierno concentrará riqueza en los grandes propietarios pero, en principio, derramará también abajo.
Sin embargo, esos mismos productores tienen la mitad del área arrendada y no son indiferentes al mercado de tierras y al INC. Asimismo, la producción para el mercado interno de frutas y hortalizas, realizado mayoritariamente por la producción familia,r encuentra un golpe en este movimiento cambiario y sentirá los efectos del ajuste sobre la capacidad de consumo de la población. Pero en mediano plazo, como la producción familiar es parte de la clase que vive del trabajo, toda la red de sostén afectiva que tiene en pueblos y ciudades (amigas, primos, hermanas, hijos…) más acá o más allá sufrirá el revés del duro ajuste que inaugura esta ley.
Por otro lado, si bien son inciertos los cambios en las políticas diferenciadas, a priori la vocación del Ministro es de ir colocando todo en la misma bolsa y por tanto ir borrando el sujeto productor familiar. Si hay recortes del gasto público vía regla fiscal, si los organismos multilaterales cortan líneas de crédito por competencia de fondos debido a COVID-19, si cambia la política de compras públicas, si como establece el art. 211 de la LUC se pone a competir los fondos de FONDES-ANDE y FONDES-INACOOP (que alimentan líneas financieras de la DGDR para productores familiares y organizaciones) con la infraestructura, si detienen la compra de tierras, la producción familiar va a ver recortado el flujo de recursos para servicios, inversiones y asistencia técnica.
Se necesita mucha claridad programática acerca de los cambios estructurales que se necesitan. Y posteriormente vocación de acumulación de fuerzas propias y alianzas para no quedar embretado con los grandes productores. El abrazo de oso de la “familia de las gremiales rurales” es un riesgo mortal para la producción familiar, un riesgo tan importante como quedar en soledad.
Serán tiempos además de un balance más profundo de los límites del proyecto progresista para el campo uruguayo y los instrumentos de apoyo a la producción familiar. Los efectos antisociales de la coalición multicolor no tardarán en mostrarse de manera descarnada. Sería un problema que la nostalgia progresista nos impida colocar un modelo superador encima de la mesa que redoble la apuesta soberana, sin ingenuidad respecto a nuestra inserción internacional, desafiando el conocimiento que necesitamos como sociedad, desafiando la capacidad emprendedora colectiva que necesitamos como sociedad para disputar la economía, desafiando los roles de planificación y cogestión necesarios desde el Estado, del uso profundo de la Ley de Ordenamiento Territorial, tomando el toro por las guampas del cambio climático y el modelo de producción, la solución más decidida a las dificultades de tenencia insegura de tierra de nuestras bases y la escala de muchos emprendimientos, el avance asociativo dentro de las cadenas de valor estratégicas como la carne y el combate al rentismo terrateniente que hoy ocupa 4 millones de hectáreas.
En la crisis que se abre, volver sobre la cuestión agraria es determinante tanto en sus aspectos estructurales como en la propuesta tecnológica, en el comercio internacional como el mercado interno, en los problemas de las formas de propiedad como del uso de los recursos naturales. No hay muchos atajos porque no hay guita dulce a la vuelta de la esquina. El desafío es tener un proyecto viable de sociedad y eso obliga a repensar profundamente como nos relacionamos con nuestra principal fuente de riqueza que es la tierra.
* Dirigente de la Comisión Nacional de Fomento Rural.