Hemisferio Izquierdo, Tania Rodriguez, Daiana García (HI, TR, DG): La reforma constitucional propuesta por Larrañaga más que una ruptura con lo que se venía haciendo o un acto de oposición, representa una continuidad con el esquema punitivo. ¿A qué responde el desplazamiento punitivista al que estamos asistiendo como sociedad? ¿Qué rasgos estructurales están en juego allí?
Este proyecto de reforma constitucional se enmarca en un momento histórico de transformación y transición en la sociedad uruguaya, no sólo por la coyuntura electoral en la que la ciudadanía decidirá, sino en términos económicos, sociales y culturales. Es importante destacar que Uruguay no es ajeno a un contexto global de incertidumbre y crecientes desafíos que los Estados y la democracia representativa como sistema político están enfrentando por la influencia de un capitalismo que tras la crisis financiera de 2008, no ha logrado construir una arquitectura de gobernanza que incluya crecimiento económico con inclusión social.
Acerca de los aspectos en juego, podemos mencionar un contexto económico de desaceleración económica tras más de 15 años de crecimiento. La creciente inestabilidad económica está asociada a la consolidación de procesos neoliberales respecto al empleo como su precarización, flexibilización, contratos a término; la austeridad y carestía ponen límites al ascenso social, que incrementan la incertidumbre respecto al futuro. Esto incide en el sentimiento de seguridad de la población, generando reacciones negativas como el malestar, desesperanza, ansiedad y miedo (todas relacionadas entre sí) lo cual se canaliza fundamentalmente en torno al miedo a la delincuencia, la violencia y al robo urbano, pues es en ese acto delictivo por dónde sangra la herida de la fractura social y de falta de perspectiva de vastos sectores de la población. Con el aparente fin de un ciclo de alza en la economía uruguaya, se reeditan las tensiones sociales asociadas al reparto de la riqueza y el ingreso.
En términos sociales y políticos, este plebiscito es una apuesta clara por continuar y profundizar el esquema punitivo de aumento del poder del Estado que está en vigencia en nuestro país al menos desde 1995, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana. El aumento del presupuesto en materia de seguridad tanto público como privado, el endurecimiento de penas y disminución de las posibilidades de libertad han sido los principales ejes de este esquema. Las cifras muestran que pese a esto, la criminalidad no ha dejado de crecer.
Frente el miedo y la inseguridad que la sociedad siente, algunos actores buscan canalizar el descontento hacia el resurgimiento de una “autoridad fuerte” y el ejercicio de “mano dura” como propuesta de orden y disciplina ante un escenario caótico. Este discurso ha cooptado al sistema político y no es exclusivo para los promotores de esta iniciativa, lo que demuestra el arraigo que estas ideas tienen en la sociedad. Esta propuesta nace en este contexto como una promesa de poner “orden”, planteando medidas que en los hechos busca profundizar el esquema punitivo vigente en el Uruguay. Es más de lo mismo.
HI, TR, DG: ¿Es efectiva la reforma? ¿Cuáles son sus aspectos más peligrosos?
En primer lugar, para ver el alcance de la reforma propuesta es necesario pensar qué aspectos del problema de la seguridad busca solucionar y cuáles no. Este proyecto no plantea qué hacer para prevenir el delito y sus causas estructurales, como la persistente desigualdad que existe en Uruguay, los procesos de exclusión social, laboral, educativa, la creciente segregación urbana o la situación de emergencia carcelaria que existe hace décadas. Por otra parte, tampoco muestra preocupación por las víctimas de la delincuencia, quienes conviven con el daño físico, psicológico y/o material. Para erradicar el miedo efectivamente, si eso es posible, debería proponerse ayudar a aquellos que lo han padecido a diario como una realidad.
Las medidas que se incluyen en esta reforma son conocidas en la región y en el mundo y no han ayudado a reducir la criminalidad o los índices de violencia. Por el contrario, agravan los problemas de la seguridad.
La creación de una Guardia Nacional compuesta por efectivos militares es posiblemente, la apuesta más riesgosa del proyecto. En los últimos años hemos apreciado como la militarización de la seguridad interna se vuelve común denominador en América Latina: en Argentina, Macri habilitó por decreto este cambio sin un proyecto de cómo llevarlo a cabo; en Brasil, los operativos de las fuerzas armadas en Río de Janeiro han aumentado exponencialmente la violencia y los muertos, así como el poder armamentístico y logístico de bandas y milicias criminales, mientras Bolsonaro celebra e incentiva la política del “gatillo fácil”; en México, las FFAA vienen realizando labores de seguridad interna hace varios años como parte de la “guerra contra el narcotráfico” sin éxito, la situación ha empeorado gravemente, las organizaciones criminales han sofisticado sus métodos y las fuerzas están plagadas de corrupción, clientelismo y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en 2009 la necesidad de la separación entre las funciones de la policía y los militares en cuestiones de seguridad interna, dado el peligro históricamente demostrado respecto a la violación de Derechos Humanos, debido a la naturaleza, enfoque y entrenamiento militar (su principal objetivo es neutralizar y eliminar un enemigo claro, que se vuelve difuso al tratarse de población civil). Siguiendo la tradición uruguaya de acudir a las urnas para introducir cambios constitucionales, vale mencionar que la inclusión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna estuvo presente en el proyecto de Reforma Constitucional promovido por el gobierno de facto en 1980, en marco de la Doctrina de Seguridad Nacional como estrategia de guerra contra un enemigo interno.
HI, TR, DG: ¿Qué podemos proponer como alternativa para enfrentar la problemática de la inseguridad?
Desde la Articulación Nacional conformada contra esta reforma constitucional, entendemos que es esencial fomentar el debate público en todos los ámbitos para construir soluciones entre todas y todos. Sabemos también que en última instancia, la formulación de políticas públicas corresponde a los órganos de gobierno. Tenemos presente que para generar un debate informado, hay que visibilizar otras formas de comprender y trabajar la seguridad ciudadana aplicadas con éxito en el mundo y que en Uruguay existe desconocimiento o resistencia para abordarlas.
Es necesario reconocer que la estrategia punitivista que se ha promovido como común denominador del sistema político en las últimas décadas ha fracasado y así lo demuestran las cifras. A su vez, los problemas de seguridad son multicausales y son necesarias soluciones integrales que reduzcan el delito y alteren los factores que influyen en la reproducción del mismo, como la persistente desigualdad que existe en Uruguay, los procesos de exclusión social, laboral y educativa y la creciente segregación urbana. Sin ir al fondo del asunto, estos procesos siguen dejando personas al margen de la sociedad y más cerca del delito.
Es urgente la necesidad de reforma en el sistema penitenciario. Las cárceles uruguayas están en condiciones deplorables, lo que fomenta tanto la violación de Derechos Humanos como los índices de reincidencia delictiva. Es necesario que sirvan de base para la futura reinserción de las personas privadas de libertad, donde la pena sea un medio para su integración social y no un fin en sí mismo. En este sentido y teniendo en cuenta las carencias del sistema actual, la integralidad es esencial: el fomento al desarrollo de capacidades relevantes para el progreso de la persona como el trabajo y/o estudio debe ir acompañado de una mejora efectiva en la atención en salud, tanto física como mental, tratamiento de adicciones, programas sociales, familiares y comunitarios, preparación para el egreso y apoyo post-penitenciario. A su vez, es clave una perspectiva de género para tener en cuenta los derechos y necesidades de mujeres privadas de libertad y sus hijas e hijos, así como personas trans y población LGTBI.
De la mano de un sistema penitenciario que no reproduzca el delito, es necesario trabajar en medidas alternativas a la reclusión en ciertos casos. Por ejemplo, mientras que en los países nórdicos existen cuatro personas cumpliendo medidas no privativas por cada persona privada de libertad, en Uruguay la relación es muy desalentadora, habiendo menos de una persona con medidas no privativas por persona recluida.
*Somos ciudadanos y ciudadanas que conformamos un espacio abierto en el que participan organizaciones, colectivos e individuos de todo el país. Creemos que esta reforma no solucionará los problemas de seguridad, sino que los empeorará.