Ilustración: Julio Castillo
Devenido en uno de los principales intelectuales del liberalismo nacional, la trayectoria de Ignacio de Posadas Montero, senador (1990-1994) y ministro de Economía (1992-1995) en el gobierno del Partido Nacional de Luis Alberto Lacalle Herrera, representa ajustadamente a los poderosos uruguayos, a sus intereses y zonas de impunidad. No es el individuo lo que interesa resaltar aquí, sino lo que representa la figura que lo inviste: el “protector del capital” como afirma Gabriel Tenenbaum, en un país que desde por lo menos la mitad del siglo pasado ofrece un menú especializado de instrumentos financieros para preservar y atraer capital internacional. Es posible también decir que de Posadas representa lo que Edwin Sutherland llamó el "portavoz" del delincuente de "cuello blanco" con la “función de influir en el decreto y administración de la ley según se aplica a sus clientes, de aconsejarlos de antemano sobre los métodos que pueden usarse con una impunidad relativa, así como de defender al cliente ante los tribunales y ante el público cuando se le hacen acusaciones específicas. Quizás lo más importante sea el esfuerzo de las asociaciones de hombres de negocios por construir y mantener su estatus ante el público.” (1)
De Posadas impulsó orgánicamente el liberalismo uruguayo de la década de 1990. Fue el ideólogo de la privatización de las empresas del Estado a través de la Ley de “Empresas públicas” de 1991. Tuvo un estrecho vínculo intelectual y político gubernamental con Ramón Díaz, quien fuera integrante de la sociedad Mont Pelerin y fundador del Partido Liberal uruguayo en el siglo XXI. Además, Díaz presidió el Banco Central del Uruguay (BCU) entre 1990-1993 cuando Ignacio de Posadas fue ministro de Economía durante el gobierno de Lacalle Herrera. En una de sus frecuentes columnas en el diario El País manifestó que “la igualdad ha devenido en una fruta venenosa que las sociedades, o partes de ellas, se empeñan en morder” (2). La igualdad que parece defender es la “tradicional igualdad formal, ante la ley” como si las desigualdades (género, clase, educativas, etc.) desaparecieran ante una norma; una estandarización universal y determinante que refleja disputas de poder e intereses que a menudo sólo privilegían a unos pocos. Luego arremete contra la agenda de derechos y hace una defensa de quienes son las víctimas de la sociedad: “es muy fácil manijear a la opinión pública, apuntando a los ricos”.
De Posadas fue socio fundador del estudio jurídico Posadas, Posadas & Vecino, firma uruguaya dedicada a la venta de servicios legales, contables, notariales y tributarios. Allí trabajan más de 300 personas. El estudio goza de gran reputación, arrastra la herencia de la firma Posadas-Lerena (3), fundada en 1926, y en las décadas de 1980 y 1990 fue uno de los grandes protectores del capital en el Río de la Plata. El ex inspector general, Roberto Rivero, Director Nacional de Policía, vinculó al estudio de Posadas con maniobras de lavado de dinero para traficantes de drogas y políticos. El jefe de la DEA en Argentina entre los años 1992 y 1999, Abel Reynoso, manifestó que había investigado el vínculo de Lacalle padre y de Posadas con las múltiples redes delictivas de la era menemista (lavado de dinero, tráfico de oro, tráfico de armas, desvío de fondos públicos, etc.). En esta red de protección de la ilegalidad aparecen banqueros de primer nivel como Carlos Rohm y José Rohm (4). Se trata de un ejemplo claro en cómo la criminalidad organizada y la economía oficial intercambian servicios y establecen mecanismos de mutua promoción empresarial. Se crea una “economía turbia” en las que toman forma intercambios y alianzas entre actores legítimos e ilegítimos favoreciendo nuevas formas de delitos de cuello blanco. Ante las graves acusaciones del jefe de la DEA en Argentina, de Posadas respondió con la metáfora del cuchillo: “nosotros fabricamos sociedades; lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellos” (5). Varios años después, Sergio Abreu, actual titular de la Aladi, usó la misma metáfora cuando los Panama Papers revelaron que Jorge Messi, padre de Lionel, habría eludido el fisco español a través de Abreu & Asociados (Abreu & Ferrés; Abreu, Abreu & Ferrés) (6). Así es como los fabricantes de entidades societarias disocian sus maniobras del crimen, aplican los mecanismos de neutralización de los hombres honorables de negocios. Quizás aquí de Posadas nos diría que “es muy fácil manijear a la opinión pública, apuntando a los ricos” (7).
Los vínculos de Ignacio de Posadas no solo se circunscriben a la Argentina de los años ‘90. En la década anterior, se sospecha que participó en la intermediación de operaciones de valores para Fernando Collor de Mello a través de una Sociedad Anónima Financiera de Inversión (SAFI); instrumento que se fortaleció en el gobierno del Partido Nacional de Lacalle Herrera. El empresario Alcides dos Santos Diniz habría utilizado los servicios del estudio de Posadas para colocar cinco millones de dólares en la campaña electoral de Collor de Mello. Eso expresó Sandra Fernandes de Oliveira en su libro O Flagrante da Farsa: Operação Uruguai y Samuel Blixen en “Brancotráfico”. Pero los nexos con el vecino país norteño siguieron hasta el presente siglo con el Lava Jato, la red delictiva de cuello blanco más importante de Latinoamérica en el siglo XXI. El Ministerio Público braslieño descubrió que en el 2017 el ex diputado Eduardo Cunha, uno de los promotores del impeachment a Dilma Rousseff, utilizó los servicios del estudio Posadas, Posadas & Vecino y el Banco Merrill Lynch -dirigida por de Posadas entre 1979-1992 y 1998-2009- para proteger los sobornos recibidos. Durante el tercer gobierno del Frente Amplio, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENECLAFT) comenzó a investigar esas acusaciones. La pesquisa de la Secretaría Antilavado culminó a finales de junio de 2020, durante la presidencia de Lacalle Pou, con la siguiente resolución: “De los antecedentes administrativos no se desprenden incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte del sujeto obligado” (8). Jorge Chediak, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia y actual secretario de la Senaclaft, manifestó: “no tengo ninguna duda de que no existía mérito para sancionar, y era lo que recomendaba nuestra Jurídica” (9).
Carlos y José Rohm, recordados por ser dos de los principales protagonistas de la debacle financiera del Cono Sur a inicios de este siglo, adquirieron el extinto Banco Comercial, saneado por la sociedad uruguaya, al comienzo del gobierno de Lacalle Herrera. Los hermanos Rohm no vinieron solos, trajeron al JP Morgan Chase Manhattan (entonces Chemical Overseas Holding Inc.), Credit Suisse First Boston y Dresdner Bank Lateinamerika Chase. La compra se hizo a través de la offshore panameña San Luis Financial Investment Company Limited Inc., creada por el estudio Posadas, Posadas & Vecino para los Rohm. Los hermanos tenían 54,6 % de las acciones de la offshore panameña, según Claudio Paolillo en su libro “Con los días contados”. La administración de los bienes y las empresas del Grupo Rohm estaban a cargo del estudio Guyer & Regules. Dos de los principales socios de Guyer & Regules eran Ramón Díaz y Nicolás Herrera, integrantes del gobierno de Lacalle. Díaz presidió el BCU entre 1990-1993, como se dijo más arriba, y Herrera fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en los años 1990 y 1991. El resto de la historia es conocida, el Banco Comercial se fundió en la crisis del 2002 y los Rohm escaparon, quedaron impunes.
El rizoma es mucho más extendido y laberíntico de lo que aquí se dijo y se conoce. Hay múltiples personajes en estas redes de protección. En ningún caso las sospechas que recayeron sobre de Posadas y sus maniobras operativas en el sector financiero se transformaron en delitos. En parte es así porque el diseño de la plaza financiera del país, desde la dictadura en adelante, con impulsos y frenos en distintas etapas, lo permitía. Decimos que era así porque claramente las ventajas del siglo pasado eran muy distintas a las del presente, especialmente desde la segunda década de este siglo.
En la actualidad, “los delitos de los poderosos”, como dice Ruggiero, ponen al país ante una serie de desafíos nada menores. Ejemplo de ello es el mutismo del gobierno actual sobre el Lava Jato uruguayo. Varios países de América Latina iniciaron investigaciones judiciales de todo tipo hace ya varios años. Incluso por estás investigaciones han caído presidentes. Sin embargo, en Uruguay reina el silencio. Los protectores del capital uruguayos investigados en la red delictiva de cuello blanco más importante del siglo XXI son una decena y solamente fueron investigados por países extranjeros (Andorra, Panamá, Perú). No solo el silencio está dentro del menú de servicios que ofrece el país al capital internacional, también la falta de cooperación de la justicia uruguaya. A modo de ejemplo, el Ministerio Público peruano realizó tres pedidos de colaboración a Uruguay que nunca fueron respondidos (10). Esto no debería sorprender a nadie porque, justamente, el rechazo a los pedidos de colaboración son señales poderosas para el capital internacional y para los “portavoces” nacionales de que acá, en esta jurisdicción, se protege el capital.
* El siguiente número fue elaborado conjuntamente con Gabriel Tenenbaum Ewig. Agradecemos sus aportes y compromiso.
Notas:
1. Sutherland, Edwin (1999). El delito de cuello blanco. La Piqueta: Madrid. p. 270
3. Gervasio de Posadas Belgrano (Ministro de Industria y Trabajo en la década de 1930, descendiente del patricio argentino Manuel Belgrano) y Arturo Lerena Acevedo.
4. Lo dicho por Abel Reynoso surge en una entrevista publicada el 31 de julio de 1999 en la revista Noticias, año 21, N.° 1.317.
6. Idem.