Julián González Guyer
Ilustración: Julio Castillo
Las sucesivas novedades que fueron impactando a la opinión pública a partir de que el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez destituyera al Gral. Manini Ríos, se divulgara el contenido de las actas del Tribunal de Honor del Cnel(r) José Gavazzo y luego las del Cnel(r) Jorge Silveira, no dejan margen a la duda: el pensamiento predominante entre la oficialidad de las FF.AA uruguayas ha cambiado poco desde los años 70’ del siglo pasado hasta la fecha. No es necesario abundar en argumentos. Las evidencias sobran.
¿Cómo se explica que en un país donde la mitad de la ciudadanía vota sistemáticamente al Frente Amplio, no se conozca la existencia de un oficial militar retirado que haya manifestado su adhesión política a la fuerza política que gobernó el país durante los últimos quince años?
Para ubicar el fenómeno, conviene revisar alguno de los libros publicados con las memorias del Gral. Liber Seregni. Allí encontrará el lector la anécdota de una vivencia que hoy nos aparece francamente inconcebible. Relata Seregni que, siendo alférez durante la dictadura de Terra, servía en la unidad del arma de artillería del Ejército en el Depto. de Flores. El “gurí Seregni”, junto a su camarada, el “gallego Pérez”, compraban El País y El Día, frente al cuartel. Y en el patio de armas, bajo la ventana de la oficina del Comandante de la unidad, leían los dos diarios opositores a la dictadura, que lucían sus espacios en blanco como consecuencia de la censura previa a la que se sometía la prensa de la época (Samuel Blixen, 1997, Seregni, La Mañana Siguiente, p.12). Pese a aquella práctica que hoy nos parece insólita, 30 años después, siendo Jefe de la Región Militar Nº1, la de mayor poder de fuego, el Gral. Seregni solicitaba su pasaje a retiro voluntario –como corresponde- al disentir con las orientaciones del Mando Superior; Presidente Jorge Pacheco Areco y Ministro de Defensa Gral(r) Antonio Francese.
Hasta fines de los años sesenta del siglo pasado, las instituciones militares uruguayas mantuvieron la condición de ser reflejo de la sociedad a la que pertenecen. El pensamiento de la oficialidad militar, más allá del sesgo conservador característico de la profesión, expresaba la pluralidad de concepciones existentes en el país. Un rasgo central de cualquier institución estatal y en particular de la que tiene, como razón de ser y misión fundamental, la defensa de la independencia de la república ante una eventual agresión militar externa. Lo testimonia el hecho de que tres Generales del Ejército adhirieron al Frente Amplio al momento de su fundación en 1971 y no menos sesenta oficiales militares resultaron encarcelados, sometidos a Tribunal de Honor y privados de su condición de militares por la dictadura.
La operación de homogeinización político-ideológica a la que fueron sometidas las FFAA en los años setenta fue muy profunda. Los gobiernos de la post-dictadura no han revertido el fenómeno. Se han contentado con las manifestaciones formales de acatamiento y subordinación de las jerarquías castrenses. Han reinstaurado una práctica iniciada a principios del siglo XX y muy propia de nuestra condición de “sociedad de cercanías”: dirigentes políticos y oficiales militares cultivan vínculos de conocimiento, amistad, confianza y/o lealtad de mutuo beneficio. Para unos, estas relaciones habilitan nexos fluidos con una institución vital para la estabilidad de cualquier gobierno. Para los otros, representa la posibilidad de acceder a las máximas jerarquías de su carrera.
Pero, es preciso recordar que las FFAA graban a fuego un mito fundacional, en sus jóvenes oficiales: las FFAA nacieron en la batalla de Las Piedras. La leyenda, ocurre generalmente con ese tipo de relato histórico, no resiste el análisis serio. Ello no es grave. Pero este mito, además, de inexacto, es muy peligroso pues de él se desprende que, el nacimiento de las FFAA y el de la patria se produjeron simultáneamente como resultado del mismo evento histórico. Nacieron de la misma madre. Así, las FFAA son parte sustantiva de la construcción del país, su Estado y hasta de sus valores inmateriales más sagrados. Además, en dicha gesta de construcción nacional, particularmente en sus guerras civiles, surgieron los dos partidos fundacionales y en ellas ejército y partidos se confunden. En definitiva, el mito implica una construcción en la que se funden José Artigas –prócer nacional y fundador del Ejército-, los dos partidos fundacionales, la patria y las FFAA como institución tutelar de las tradiciones y valores culturales de la nación.
La mencionada leyenda resultó perfectamente funcional cuando, a fines de los sesenta, comenzó la “depuración”, operación imprescindible para que las FFAA emplearan sus medios contra la propia población, allí donde anidaba “enemigo interno”. Primero fue contra la llamada “sedición” y luego la “subversión”; el Partido Comunista y sus aliados del Frente Amplio. A ellos se fueron agregando los sectores democráticos de los dos partidos fundacionales, corroídos por la corrupción de sus dirigentes, cuya ideología liberal había permitido que el comunismo y la sedición pusieran en peligro los valores de la patria.
Todos estos conceptos han tendido a reproducirse durante los casi cuarenta años posteriores al fin de la dictadura. ¿Cómo se explica esa capacidad de las FFAA para que su oficialidad manifieste un comportamiento y un sistema de valores tan diferenciado de la sociedad a la que pertenecen? Dos elementos íntimamente relacionados pueden contribuir a comprender un fenómeno a primera vista sorprendente.
El primero es la tradicional autonomía que desde el siglo XX los gobiernos uruguayos han otorgado a las instituciones militares para gestionar sus asuntos institucionales; muy especialmente lo que en las organizaciones civiles se denomina "gestión de recursos humanos". En las FFAA ello incluye los aspectos disciplinarios y la formación de sus integrantes desde edades tempranas.
El segundo es el énfasis de las instituciones militares en la construcción del espíritu de cuerpo entre sus miembros y la notable solidaridad corporativa que caracteriza el comportamiento de la oficialidad militar. En el caso uruguayo, en particular lo referido a la valoración de la actuación de las FFAA y sus integrantes durante la dictadura, la solidaridad corporativa se refuerza por la endogamia, no sólo en el plano de los lazos de parentesco entre la oficialidad. La endogamia también es muy notable en el plano del relacionamiento social y ambas conforman un entramado del que es difícil salir.
Los cambios en cualquier institución compleja no son sencillos. Requieren un trabajo de persuasión para lograr algún nivel de disposición al cambio de parte de sus integrantes. Pero muy difícilmente las transformaciones ocurren de forma exclusivamente endógena, es muy importante que existan estímulos externos que induzcan las transformaciones.
Durante los últimos años, las jerarquías militares machacaron a sus subordinados con la mejoría experimentada en el nivel de confianza en las FFAA que mostraban las encuestas de opinión pública. Sin percibir que la prédica estaba motivada por ambiciones políticas personales, la corporación militar creyó haber logrado “descargar la mochila”. Que la población había olvidado que el destino de los desaparecidos sigue sin aclararse y/o que comparte que las FFAA cumplieron su deber torturando, asesinando y haciendo desaparecer a aquellos compatriotas que sus mandos definieron como enemigos de la patria.
Recientemente, el propio Cte. en Jefe del Ejército, reconociendo que la imagen pública de la institución había vuelto a decaer, publicitó que las jerarquías actuales del Ejército sienten la necesidad de revisar su actuación de los últimos sesenta años. Particularmente, la inquietud se expresó desde la oficialidad militar en retiro. Quienes tuvieron participación directa en la represión de los años setenta y ochenta. La continuidad y orientación que asumirá la iniciativa del Cte. en Jefe deberá ser confirmada en el futuro.
Sin embargo, es necesario señalar que la elaboración de una interpretación acerca del papel político de la institución no debiera constituir una potestad del mando del Ejército. Aunque esté “naturalizado” por la vía de los hechos, ello no es legal, mucho menos legítimo y además, es altamente peligroso e inconveniente.
¿Acaso el estado uruguayo posee una interpretación acerca de la historia nacional y la impone a sus ciudadanos través del sistema de enseñanza? La respuesta negativa es obvia: ese tipo de fenómeno es propio de regímenes totalitarios.
Por lo tanto, en lugar de refrendar la iniciativa del Gral. Fregossi, sería muy sano que finalmente el gobierno mandatara a las jerarquías militares a cumplir con la Ley Nº 19.188 de Educación Policial y Militar. Ello supone, entre otras cosas, poner en ejecución su Art.6 donde se establece que los sistemas de educación mencionados se rigen por los principios establecidos en los Arts. 15 a 19 de Ley Nº 18.437 General de Educación; en particular su Art. 17, asegurar el “tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”.
Para ello es básico que efectivamente los institutos de formación militar en todos sus niveles cumplan con el Art. 20 de la Ley Nº 19.188 y sus docentes ingresen por concurso abierto de oposición y méritos, lo que supone otorgarles una remuneración acorde a los estándares de la educación pública en cada nivel educativo. Cuando ello se efectivice, el Sistema Educativo Militar o cada uno de sus institutos, podrá generar una carrera docente, requisito elemental si se pretende consolidar carreras profesionales académicamente reconocidas. Por su parte, la instrucción profesional militar y el personal que la imparta, podrá regirse por las normas disciplinarias y funcionales propias del mundo castrense.
También debe considerarse que la dirección de los Institutos de Formación Militar no puede quedar exclusivamente en manos de un Oficial General o Superior; un destino al que se está asignado y rota cada dos o tres años. Un instituto de enseñanza profesional requiere una dirección académica y para acceder a ella deben acreditarse méritos de carácter académico, probados a través de concurso abierto de oposición y méritos.
Las instituciones militares, por sus fines, son peculiares y altamente diferenciadas en cualquier sociedad. Manejan recursos que las dotan de un poder como ninguna otra institución. Por ello las características y los contenidos de la formación que imponen a sus miembros merecen particular atención.