Reflexiones en torno a la Seguridad Social: lo público y lo privado en el contexto de la Ley de Urgente Consideración

May 8, 2020

 

 Ilustación: El roto (tomado de http://elroto.es/)

 

La hegemonía que han logrado las ciencias económicas en las ciencias sociales es notoria y el enfoque neoclásico que prima al interior de las mismas también lo es. Un claro ejemplo de esto son los abordajes respecto a la seguridad social, donde el eje de discusión gira en relación al déficit y cuyas propuestas de solución siempre van por el eslabón más débil. Sea este el aumento en la edad de retiro o la disminución en la tasa de interés técnico (En caso de considerar las pérdidas del BSE por el sistema de AFAP). Ante tal escenario y con la intención de ampliar el foco de discusión sería pertinente repasar algunos elementos vinculados a la historia de los sistemas de seguridad social.

 

Si bien la referencia a Otto von Bismarck es ineludible dado que fue quien estableció el seguro social en Alemania convirtiéndolo en el primer país del mundo en adoptar un sistema de seguridad social. Si en lo que queremos reparar es en los sustentos filosóficos que tuvieron un fuerte arraigo en los principios que hicieron cimiento en estos sistemas es en el pensamiento de León Bourgeois (1851 - 1925) en donde nos debemos detener.  Político francés, jurista, premio Nobel de la Paz en 1920, fue precursor del solidarismo republicano y quien desarrolló la idea de solidaridad intergeneracional. Su pensamiento hizo eco en el Río de la plata y en Uruguay en particular (García 2011).

 

Bourgeois (1896) manifestaba que había llegado a la relevancia social de la solidaridad por dos vías, el método científico y la idea de moral. El positivismo propio de las ciencias sociales del siglo XIX y principios del XX entendía que las ciencias sociales se debían mirar en el espejo de las ciencias físicas. Esto derivó en que la naturaleza sea una referencia constante para pensar lo social. En ese marco Bourgeois daba cuenta de un elemento esencial en el devenir histórico de las sociedades, la solidaridad. Esta se presentaba como un hecho natural que se identifica a partir de la evidencia de una relación de interdependencia entre los individuos que es condición de posibilidad de nuestra existencia. Las unidades existen por el todo y el todo por las unidades, ningún individuo existe por fuera de la sociedad. Por otra parte, el ser humano se diferencia de otras especies a partir de la conciencia que le permite reflexionar sobre el bien y el mal. Y en este sentido es a partir del uso de razón que nuestra voluntad nos empuja a actuar, a no ser indiferentes ante el padecimiento del otro. 

 

La solidaridad que opera de hecho en tanto mecanismo natural y como deber en tanto imperativo moral no se reduce a un espacio tiempo en particular. Cada existencia es la heredera de la obra humana que lo ha precedido, que le ha posibilitado bienes que no se reducen únicamente al plano material sino también en el plano intelectual y como tal adquiere una deuda social que deberá retribuir a las generaciones venideras. Este lazo que nos une más allá del espacio tiempo es lo que Bourgeois llamará solidaridad intergeneracional (Bourgeois 1896). El Estado en tanto servidor público deberá generar los mecanismos que posibiliten el ejercicio de esta solidaridad. Bajo estos principios se desarrollaron los sistemas de seguridad social, la lógica en la que operaban los sistemas jubilatorios eran el postulado de que los activos debemos ser solidarios con los pasivos, con aquellos que trabajaron antes pero que ya no pueden seguir haciéndolo.

 

Estas ideas fueron de fuerte impacto en Uruguay, uno de los países pioneros en materia de seguridad social en América Latina (Mesa-Lago 1986). A su vez, la lógica con la que operaba el sistema uruguayo se inscribe en esta noción de solidarismo republicano que planteaba la necesidad de generar los mecanismos desde el Estado que permitan la promoción de los más perjudicados económicamente.  La práctica que implicaba que quienes ganan más aportarán más acompañando de la existencia de un tope en las jubilaciones pone en ejercicio la solidaridad que permite contribuir con quienes no tuvieron las mismas posibilidades.

Con el Neoliberalismo como patrón de desarrollo que comienza en América Latina en la década de los 70' y tiene su auge en la década de los 80' y 90' se generó una transformación radical del Estado. En este contexto los sistemas de seguridad social fueron privatizados total o parcialmente. Chile, Bolivia, El Salvador y México desarrollaron “modelos sustitutos” donde el sistema público es sustituido por uno privado. Argentina y Uruguay "sistemas mixtos" donde el sistema público pasa a funcionar como parte de un sistema que incorpora a un componente privado. Colombia un "modelo paralelo" donde el sistema público opera como una alternativa al sistema privado (Mesa-Lago, 2001). Estos cambios que acontecen en América Latina y en particular en Uruguay no solo tienen consecuencias económicas sino también sociales y culturales que trastocan los principios que históricamente han guiado a la seguridad social.

 

El sistema uruguayo si bien no elimina al 100% el pilar de reparto pasa a promover la capitalización individual y elimina el tope de las jubilaciones que beneficiaba a quienes percibían menores retribuciones. A mayores ingresos mayor capitalización. El sistema ha pasado de promover la solidaridad al egoísmo (Plá Rodríguez, 1997). Producto de esta lógica es que Filgueira (2003) va a señalar que el cambio de sistema incrementará las desigualdades sociales. El sustento filosófico detrás de este nuevo sistema es descrito por David Harvey (2007) de la siguiente manera “Mientras que la libertad personal e individual en el mercado se encuentra garantizada, cada individuo es responsable y debe responder por sus acciones y de su bienestar. Este principio se extiende a la esfera del sistema de protección social (…) él éxito o el fracaso personal son interpretados en términos de virtudes empresariales o de fallos personales (como puede ser no intervenir de manera suficiente en el propio capital humano a través de la educación) en lugar de ser atribuidos a ningún tipo de cualidad sistémica (como las exclusiones de clase normalmente atribuidas al capitalismo)” (Harvey 2007: 75)

 

El Estado ya no operará en respuesta al cuasi contrato social que planteaba Bourgeois (1896) ejecutando los mecanismos que posibiliten el ejercicio de la solidaridad. En esta nueva redefinición que afecta a la seguridad social la premisa será otra. Bajo el supuesto de que es el sector privado el mejor promotor del bienestar social el Estado asume como preocupación central desarrollar un clima óptimo para el sector privado. El Estado asumirá buena parte de los riesgos a la vez que el sector privado obtiene la mayoría de los beneficios (Harvey, 2007). 

 

Sería pertinente preguntarse si esto ocurre con el sistema mixto. Existen datos que evidencian que sí. Para exponer los mismos es necesario tener en cuenta que cuando una persona se retira por el sistema mixto el BPS y las AFAP no son los únicos actores que participan de la operación, también opera el BCU y aseguradoras. El mecanismo funciona de la siguiente manera: las AFAP han de buscar generar rentabilidad con los aportes depositados por cada afiliado en su cuenta individual y cobrará por este servicio independientemente de que obtenga rentabilidad o pérdida (comúnmente mencionada con el paradójico término de rentabilidad negativa). En el momento en que una persona decide pasar a retiro la AFAP transfiere el dinero acumulado con la rentabilidad generada a la aseguradora la cual establece una renta vitalicia. El Banco Central es el encargado de definir la renta inicial mínima que esta persona debería cobrar a partir de tres variables; el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual a la fecha del retiro, la expectativa de vida del afiliado y la tasa de interés técnico. 

 

A la fecha y desde hace más de diez años la única aseguradora que brinda las rentas vitalicias es el Banco de Seguros del Estado. Este ejercicio no le proporciona utilidades sino pérdidas que según un estudio realizado por Samuel Blixen (2017) implican unos 100 millones de dólares al año. Mientras tanto según un informe realizado por el ERT-BPS (2016) las AFAP perciben anualmente una cifra similar pero no expresada en pérdidas sino en ingresos por el cobro de comisiones a los trabajadores por administrar los fondos de pensión.  

Otro elemento característico de esta relación entre lo público y lo privado se puede apreciar en el artículo 8 de la Ley 16.713. La ley indica que todos los trabajadores cuyo salario nominal supere el nivel 1 siendo este a la fecha $62.804 están obligados a estar afiliados a una AFAP. No obstante, la ley No 16.713 en su artículo 8 establece la posibilidad de la afiliación voluntaria para todos los trabajadores. 

 

El optar por dicha opción significa que parte de los aportes que estarían destinados al BPS se transfieran a las cuentas individuales. Esto repercute negativamente en el BPS dado que pierde ingresos que estarían destinados al régimen de reparto, sin embargo, paradójicamente la ley establece que quienes se decidan por esta opción recibirán una importante bonificación en la jubilación que pagará el BPS. 

 

Hace poco más de dos años ocurrió un hecho singular donde el interés público se impuso sobre el interés privado de las AFAP. Esto fue producto de una conflictividad que se desarrolló entre fines de 2015 y diciembre de 2017. La misma emergió con el surgimiento de un nuevo actor social autodenominado Cincuentones. Este está conformado por trabajadores y jubilados que tenían entre 30 y 40 años en el momento de aprobada la ley 16.713 quienes identificaron que sus jubilaciones en algunos casos llegarían a ser hasta un 30% menos de lo que percibirían por el antiguo sistema solidario. Los Cincuentones reclamaban poder optar por retirarse por el antiguo sistema del BPS. En el despliegue del conflicto lograron el involucramiento del PIT-CNT destacándose la participación de ATSS y del ERT, así como también contaron con el apoyo de organizaciones de jubilados (Coca, 2019). Finalmente a fines de 2017 el conflicto se resolvió atendiendo las demandas de los Cincuentones. El interés público prevaleció sobre el interés privado. No solo por el hecho de que se le diera a esta población la posibilidad de salirse del sistema de las AFAP. Sino también puesto que la solución incluyó una medida en la cual se le pone tope a las comisiones que cobran las AFAP al conjunto de trabajadores que se encuentre en el sistema mixto. 

 

A poco más de dos años de estos acontecimientos la seguridad social se encuentra en una nueva encrucijada. El proyecto de Ley de Urgente Consideración dispone modificaciones que difícilmente por el tiempo que se dispone para su votación puedan ser suficientemente discutidas. La solución que se brindó para cerrar el conflicto de los Cincuentones pretende ser modificada tal como indica el artículo 405. Se busca que la decisión de estos trabajadores respecto a retirarse por el BPS o por la AFAP se efectúe en el momento del retiro y no en la actualidad como estaba aconteciendo. Esto perjudica a los trabajadores que se van a retirar por el BPS dado que al extender la decisión las AFAP seguirán cobrando las comisiones hasta la fecha de retiro. Pero por otra parte repercutirá negativamente en las cuentas del BPS. A su vez en la Ley de Urgente Consideración parece proponerse dejar de lado el diálogo social en aras de una comisión integrada por un grupo de expertos tal como indica el Artículo 399 ¿Tendrá este grupo de expertos la perspectiva económica neoclásica que guía los debates sobre seguridad social? ¿Cómo será posible hacer contrapeso a dicha perspectiva si se abandona el diálogo social? Son diversas las interrogantes que dispara el contexto actual. No obstante, hay una pregunta que no parece encontrar respuestas, ¿Volveremos algún día a disponer de un sistema cuyo principio fundamental sea la solidaridad? La pregunta no pretende ser una idealización del pasado tampoco una vuelta a este. Lo que motiva a la misma es la fuerte convicción de la relevancia social de la solidaridad y la certeza de que en lo existente no se agotan las posibilidades de la existencia.

 

 

* Germán Coca es Licenciado en Sociología por la Universidad de la República. 

 

 

Referencias:

· Bourgeois, León. (1896). Solidarité. Paris. Armand Colin et Cie éditeurs.

· Coca, Germán (2019) “El conflicto de los cincuentones”, Facultad de Ciencias Sociales Montevideo, Uruguay.

· ERT en La Republica, Abril del 2016 Disponible web: http://www.republica.com.uy/260-mil-dolares/

· Harvey, David (2007) “Breve historia del neoliberalismo”, Ediciones Akal, S.A. Madrid, España.

· García Bouzas, Raquel. (2011). La República Solidaria. Montevideo. Editorial Universidad de la República.

· Mesa-Lago, C. (1986) “El desarrollo de la seguridad social en América Latina”, en Revista de la CEPAL, núm. 28

· Mesa-Lago C. (2001) “Privatización de sistema de pensiones en América Latina” en “Sociología del desarrollo, políticas sociales y democracia: estudios en homenaje a Aldo E. Solari” / Coord. Rolando Franco. - México: Siglo XXI: CEPAL, 2001.

· Samuel Blixen en Brecha el 17/11/2017 Disponible web: https://brecha.com.uy/se-lo-llevan-preso/

· Supervielle, Marcos. Custodio, Lorena (2014) “La solidaridad como fundamento de las políticas sociales progresistas una mirada a partir de programas sociales del mides” en “El Uruguay desde la sociología XII” FCS-DS Montevideo, Uruguay. 

 

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