Imagen: El roto
En el año 2003, adentrados en medio de una de nuestras peores crisis económicas y con el apoyo económico e institucional del Arzobispado de Montevideo, surgió lo que después sería el Liceo Jubilar. El aluvión de recursos de diversa procedencia fue concretando aquel proyecto en una realidad ostensible. Más acá en el tiempo, un grupo de empresarios y cuadros gerenciales como Marcelo Guadalupe, Elbio Strauch y Horacio Hughes, e intelectuales como Ernesto Talvi1 y Pablo Da Silveira, entre otros, tuvieron la idea de realizar un colegio público de gestión privada basándose en las posibilidades que ofrecía el capítulo de “Donaciones Especiales” de nuestro sistema tributario, particularmente lo que se conoce como “Ley de Mecenazgo”. Nacía de esta forma, el liceo “Impulso”.
Desde la cristalización de este proyecto en el año 2013 hasta ahora, esta peculiar modalidad de gestión privada para liceos de acceso gratuito ha estado en el centro de la discusión pública siendo objeto de una gigantesca cobertura mediática, por no decir propaganda. Ni bien comenzó la campaña, apareció el otrora senador Bordaberry con un proyecto de ley para generalizar este tipo de liceos. Y, por si fuera poco, no estaba sólo. A comienzos del 2014 y en el marco de la campaña electoral, su propuesta recogió adhesiones tanto del Partido Nacional (“Todos hacia adelante”) como del Frente Amplio (“Nueva Agenda Progresista”).
Con el apoyo de investigaciones realizadas por CERES, tanque de pensamiento económico dirigido por Ernesto Talvi, como de la propia Universidad de Montevideo surgieron investigaciones que sugieren la superioridad de este modelo de gestión educativa. Al mismo tiempo, toda esta estrategia de marketing se combina con la propagación del discurso apocalíptico sobre la educación pública. En este contexto, no es casual que crezcan las voces partidarias de estos proyectos, al punto tal que en el 2015, el arzobispo Daniel Sturla sacó a luz la necesidad de instalar un “Fonasa Educativo”. De esta forma, pretendía que las familias que no poseen recursos puedan enviar a sus hijos a colegios religiosos. En buen romance, pretende que el Estado financie la educación formal confesional. Es en este mismo marco, que el propio Talvi propone crear 135 liceos gestionados por el Plan Ceibal,financiados por el Estado pero de gestión para estatal.
También aparecieron disidencias, en particular de algunos ex-docentes que denuncian el extremo control de las autoridades, la desautorización a la investidura de la profesora o profesor de forma constante, la videovigilancia del acto educativo y, por si fuera poco, el pago de salarios G°1 tanto a docentes que recién comienzan como a docentes de larga trayectoria. Además, durante las dos primeras semanas del gobierno de Tabaré Vázquez hubo bastante fuego cruzado tras declaraciones de Celsa Puente que mostraban preocupación por la “selección” que realizan estos colegios en el reclutamiento de estudiantes.
No obstante, a pesar del crecimiento de este tipo de emprendimientos y su amenaza como formas privatizadoras, existen voces conservadoras que pretenden achacar la “privatización latente” en nuestro país a los paros de los sindicatos de la educación.
Debido a la relevancia de lo que está en juego y a que este modelo de institución educativa está en franco crecimiento y atenta, a nuestro entender, contra los intereses populares en general y contra la educación pública en particular, es que pretendemos ahondar el análisis estudiando dos casos: el Liceo Impulso y el Liceo Jubilar. Para ello, explicaremos brevemente que son las “donaciones especiales” y cómo han sido utilizadas por los agentes privados para, posteriormente, mostrar quiénes son los grupos económicos que están detrás de estos proyectos.
¿Amables donantes?
Las donaciones especiales están legisladas por el texto ordenado de 1996, título 4, en especial con los artículos 78 y 79 se explicita las instituciones y los montos a exonerar por donación. La generalidad establece que la exoneración sea de 75% por cada peso donado y el 25% restante “...podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gasto de la empresa”. O sea, la empresa dona $U 100. De los mismos, puede dejar de aportar 75 pesos en impuestos que debía pagar al fisco. Además, de los restantes $U 25, puede descontar un 25%, o esa que, dejar de aportar otros $U 6,25 pesos más. En total, de cada $U 100 que dona, se ahorra de pagar $U 81,25 en impuestos. Por tanto, solo dona en realidad $U 18,75.
Esta situación ya tiene implícita una injusticia tremenda. Mientras que una persona que vive de su trabajo no puede elegir hacia donde dirigir sus impuestos, las empresas que hacen uso de las donaciones especiales o Ley de Mecenazgo, pueden optar el destino de sus impuestos.
De esta forma, analizando la evolución de las donaciones especiales, vemos que pasaron de unos 61,2 millones de pesos corrientes en 2010 a unos 208,8 millones de pesos en 2016 (un crecimiento corriente de 241%). Pero ese monto de donaciones que realizan las empresas tienen como contrapartida que una buena parte de los mismos, implica la renuncia del Estado a cobrar impuestos a dichos emprendimientos productivos. Tomando en consideración que un 81,25% de esas donaciones son exoneraciones fiscales (cuyo nombre técnico es “gasto tributario”), podemos afirmar que de los 208,8 millones de pesos en 2016, 169,7 millones fueron puestos por el Estado -que dejó de recaudar- y 39,1 millones restantes, efectivamente fueron donados por las empresas. Asimismo, se evidencia oscilaciones en los destinos de dichas donaciones. Hasta el año 2013, “Educación Primaria, Secundaria y Técnica” pierde participación relativa respecto a “Educación Terciaria e Investigación” y, además, por momentos se reducen las donaciones a precios corrientes incluso en términos absolutos, como en el año 2012. A partir del 2014, aumenta la participación relativa de “Primaria, Secundaria y Técnica” superando incluso los ratios iniciales sin desmedro de que, las donaciones en “Educación Terciaria e Investigación” fueron crecientes en términos corrientes durante todo el período analizado (ver Cuadro 1).
Cuadro 1. Donaciones especiales en millones de pesos corrientes.
Fuente: exposición de motivos RC 2016.
Por otra parte, si evaluamos la evolución en términos reales, esto es, a precios constantes de diciembre 2016, vemos que el crecimiento real de las donaciones fue aproximadamente de un 113% , ascendiendo a 127% en “Educación Primaria, Secundaria y Técnica” y 97% en “Educación Terciaria e Investigación”.
El análisis, se enriquece y complejiza sustantivamente al desagregar los subrubros por institución educativa de destino. Para ello analizamos por separado las tendencias y movimientos dentro de cada uno. De esta forma nos permite visualizar cómo, el uso de las donaciones no sólo permite mayor ingerencia del sector privado en la educación pública, sino que facilita también la proliferación de escuelas públicas de gestión privada. En el cuadro 2, se puede observar como, en el año 2010 la ANEP recibía el 98,43% de las donaciones y el Liceo Jubilar el 1,57%, no registrándose ninguna donación adicional mediante la normativa analizada para la educación pública. Una estrategia clara del sector privado y un discurso político y mediático que avaló y acompañó dicho movimiento, permitieron una modificación sustantiva del destino de las donaciones.
Ya para el año 2011, la ANEP bajó su importancia relativa a un 59,4%, el Liceo Jubilar ascendió a un 13.9% y la Fundación Impulso, comenzó a funcionar y ser receptora de donaciones acaparando un 26.7% de estas. A partir de entonces, se observa un descenso brutal en la participación relativa de la ANEP (llegando a un 7,8% en 2014 y 2016), y un crecimiento en la participación no sólo de las escuelas públicas de gestión privada, sino de colegios privados lisos y llanos. A Impulso, se le sumaron Jubilar, Liceo Francisco y Liceo Providencia. Además, aparecen como beneficiarios dos colegios privados: el Colegio Sagrado Corazón, y el colegio Colegio María Auxiliadora. Exceptuando a los casos que han estado más en boga, como Impulso, Jubilar y Anima-Tec, vemos que el resto también ha tenido una participación creciente: pasaron de recibir un 1,8% de las donaciones en 2013 a un 21,15% en el 2016 (ver Cuadro 2).
Cuadro 2. Participación relativa de las donaciones en Educación Primaria, Secundaria y Técnica, según instituciones receptores. Período 2010-2016
Fuente: elaboración propia en base a Exposición de Motivos RC 2016.
Este descenso en la participación relativa, fue acompañado de un descenso en la recepción absoluta de donaciones de la ANEP, pasando de recibir unos 31 millones de pesos corrientes en el año 2010 a unos 9 millones de pesos corrientes en el 2016, siendo la diferencia aún más grosera si se llevan los montos a precios constantes. Esto muestra cómo, los mecanismos de exoneración fiscal que favorecen la toma de decisiones en el ámbito educativo al sector privado, atentan contra la educación pública, ya que al poder elegir el destino de las donaciones, optan por instituciones por fuera de lo público en educación primaria y media.
En el subrubro “Educación Terciaria e Investigación” la dinámica es un tanto diferente. Desagregamos el análisis en tres subgrupos: a) Universidad, que comprende al conjunto de las facultades de la Udelar; b) Fundaciones, que comprende a un conjunto de fundaciones vinculadas a la Udelar (Fundaciba, Manuel Quintela, etc) y, c) “Terciario Privado” que comprende a los literales B al F de la ley sobre “donaciones especiales”. Aquí observamos que, a diferencia de la educación no terciaria, no sólo aumentó sistemáticamente su participación absoluta, sino que la Udelar creció su participación relativa (ver cuadro 3). Si a esto agregamos, que las instituciones comprendidas en el subgrupo “Terciario Privado” el capítulo sobre educación de las donaciones especiales fue modificado, es esperable que esta tendencia incluso se profundice aún más.
Cuadro 3. Participación relativa de las donaciones en Educación Terciaria e Investigación, según instituciones. Período 2010-2016
Fuente: elaboración propia en base a Exposición de Motivos
Si miramos el desagregado en el subgrupo Universidad, la gran beneficiada fue la Facultad de Ciencias Económicas y el gran donante fue el Banco Santander SA. El grueso de la donación fue para financiar la política de fomento de emprendedores y emprendedurismo. Seguramente, no sea casual el hecho que desde 2015, los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas comenzaron a cobrar su sueldo por Banco Santander SA, modificándose a partir del 2017 por cambios vinculados a la Ley de Inclusión Financiera.
Incluso, analizando más allá de la Facultad de Ciencias Económicas, constatamos que para el 2015 las distintas facultades -excluyendo las fundaciones- y las Oficinas Centrales de la Udelar recibieron un monto total de donaciones de $U 33.764.963 de los cuales, $U 20.420.438 fueron donaciones del Banco Santander S.A. representando un 60.4% de las donaciones totales. Si desagregamos por servicio, vemos que dichas donaciones en Facultad de Ciencias Económicas y Administración representaron 92% del total, mientras que en Facultad de Arquitectura ascendieron a un 84,3% del monto total y fueron un 69.2% en Facultad de Odontología.
Impulso y Jubilar: ¿modelos más eficientes?
Utilizando la información proveniente de la Rendición de Cuentas con datos 2015, podemos realizar un análisis relativamente pormenorizado del gasto de las escuelas públicas de gestión privada y compararlo con lo que sucede en la educación media. Para ello, nos centramos en el análisis del Liceo Jubilar y el Liceo Impulso, por considerarles los casos más paradigmáticos y que gozan con mayor propaganda.
Cuadro 4. Donaciones especiales y gasto tributario asociado. 2015
Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGN
Un primer análisis, aplicando la tasa de 81.25% de gasto tributario asociada a las donaciones nos permite visualizar que de los 79 millones de pesos en el 2015 que recibieron estas dos instituciones por donaciones en el marco de la ley mencionada, en poco más de 64 millones fueron puestos por el Estado. Al constituirse claramente como “socio mayoritario” es particularmente llamativa su escasa incidencia en la operativa concreta de dichos centros educativos. Una lógica claramente a contrapelo de cualquier sociedad de acciones que funciona con criterios capitalistas.
No obstante, para analizar el gasto por matriculado en dichas instituciones es importante tomar en consideración que son receptoras de donaciones más allá de la normativa considerada. Por ejemplo, en el caso del Jubilar, a los 15 millones de pesos hay que sumarles otros $U 14.593.756 que son donaciones realizadas por fuera, en las que no hay exoneración de impuestos. Es por esta razón por la que el Estado aporta el 41% de los recursos para dicha institución. De todas formas, un guarismo significativamente alto.
En la Rendición de Cuentas, además, puede conocerse el número de matriculados de dicha institución: 68 estudiantes en primero, 68 en segundo y 57 en tercero, sumando 193 matriculados para el año 2015. Para el caso del Liceo Impulso, no tenemos certeza de otras donaciones. El lmpulso cuenta con 104 estudiantes por año y va desde primer año del Ciclo Básico hasta el primer año (inclusive) de Bachillerato, ascendiendo a 416 estudiantes. Tomando en consideración los datos anteriores, podemos calcular el gasto por matriculado para ambas instituciones y compararlas con su análogo público que sería el gasto por matriculado del Consejo de Educación Secundaria (CES). Para ello, tomamos en consideración el gasto ejecutado por el CES en 2015 que asciende a 129.711 millones de pesos uruguayos en 2015 y lo dividimos por los 220.366 matriculados de ese año, según la ANEP.
Cuadro 5. Gasto por matriculado y “Gasto Tributario” por matriculado. Año 2015
Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGN, ANEP y Memoria Impulso.
El Cuadro 5 es por de más aleccionante. En primer lugar, el gasto por matriculado en ambos liceos es de montos muy similares, parecería que obedece a un “modelo de gasto por matriculado” planificado, y no a la acción descoordinada de un conjunto de voluntarios. O sea, da la sensación que tanto el Impulso como el Jubilar proyectan sus política educativa tomando como requisito material un nivel de gasto por matriculado casi idéntico. En segundo lugar, el nivel de gasto por matriculado supera ampliamente al gasto por matriculado en secundaria, constituyendo un modelo muchísimo más caro que el del sistema público convencional, rondando el 260%. O sea que, por cada peso que se gasta en secundaria, se gastan 2,6 pesos en estos liceos. En tercer lugar, y tal vez lo más dramático, es que el gasto tributario (o sea, lo que gasta el Estado por dejar de recaudar impuestos a empresarios) por matriculado es mayor también que el gasto en secundaria. Para el caso del Impulso, el gasto del Estado por matriculado representa un 212,2% al gasto por matriculado en el CES, y para el Jubilar, es un 107,2%. Para expresarlo con total claridad y sin ambigüedades: el Estado gasta más por matriculado en el Impulso y en el Jubilar que en un estudiante que asiste a la educación pública2.
RosKa e impulso privatizador
Al analizar la estructura de las fundaciones que se encuentran detrás del Jubilar, y especialmente del Impulso, así como la identidad de los donantes, nos encontramos con algunos patrones y regularidades. Sin ánimo de alimentar las teorías conspirativas, la estructura de donantes y caras visibles dejan en evidencia una clara estrategia coordinada. Nuestra hipótesis, es que se trata de una apuesta fuerte de un sector específico de la sociedad que lleva adelante una suerte de proyectos pilotos para presionar en la generalización de los mismos. Para darle sustento, analizaremos las donaciones a Impulso y Jubilar. Para ello, utilizamos los datos de la rendición de cuentas 2015 donde se especifica las empresas que realizaron las mentadas “donaciones especiales” para descontar el Impuesto a la Rentabilidad Empresarial (IRAE).
A partir de estos datos se ordenan las empresas de acuerdo a su pertenencia a grupos económicos. Para clarificar, un grupo económico se conforma por dos o más empresas bajo un mismo control, devenido generalmente de la propiedad común de las mismas. En nuestro país, este fenómeno se encuentra bastante difundido en la estructura de propiedad de la economía. Se suma al mismo, que el control de estos grupos suele ser -en el caso de las empresas nacionales- de carácter familiar y cerrado y encontrarse diversificado en distintos negocios. Esta estructura de propiedad suele diversificarse a otras esferas de poder como la política y los medios de comunicación, conformando un verdadera rosca de intereses. En lo que sigue, se puede apreciar una parte de esta rosca.
La fundación Impulso: Dios los cría y ellos se juntan
El liceo Impulso es dirigido por una fundación del mismo nombre. En su inicio la integración de la fundación contó con los siguientes miembros: Marcelo Guadalupe, Elbio Strauch, Ernesto Talvi, Pablo da Silveira, Nicolás Herrera y Horacio Hughes.
La integración de la fundación parece responder a una estructura bastante común en la generación de “think tanks” donde se asocian, de un lado hombres de negocios con prestigio, trayectoria y poderío económico; y de otro, intelectuales orgánicos también de prestigio y trayectoria. En este caso, el grupo de intelectuales estaría conformado por Pablo Da Silveira y Ernesto Talvi. Ambos de gran presencia pública, y con fuertes reflexiones y críticas al respecto del modelo educativo vigente. Ambos a su vez, con ojos puestos en modelos público-privado de gestión educativa, descentralizados y con autonomía por centro, con grandes elogios al modelo chileno entre otros. Estas características hacen del Impulso un caso bastante paradigmático. Talvi, pese a su manifiesta independencia política, ha sido vinculado al Partido Colorado, y dentro de este a los grupos liderados por Bordaberry. Por su parte, Da Silveira fue postulado como posible Ministro de Educación y Cultura de un eventual gobierno de Lacalle Pou.
Por su parte, la alianza empresarial se encuentra integrada por una familia de vasta trayectoria en el empresariado uruguayo, con conocimiento de amplios sectores de actividad, así como de diversos contextos institucionales: la familia Strauch. Este grupo económico abarca unas 20 empresas de gran variedad sectorial, a nivel nacional y regional. La presencia empresarial de la familia Strauch en Uruguay data de fines del siglo XIX. Los actuales Strauch (4ta generación en transición a la 5ta) son parte de esa descendencia. A lo largo de su historia han pasado por actividades tan diversas como la banca, la elaboración de jabones, o el desarrollo de tecnologías de la información.
Por otra parte, Nicolás Herrera -presidente de fundación impulso- es la cabeza de Estudio Guyer y Regules. Estudio líder en Uruguay y de referencia a nivel regional, especializándose “en asuntos jurídicos, contables e impositivos complejos, tanto nacionales como internacionales”. La especificidad de su actividad y su liderazgo en la actividad, lo llevan a estar muy ligado a la actividad empresarial nacional. Asistiendo, por ejemplo, a operaciones de fusiones y compra venta (según la propia empresa, participó en 2016 del 80% de las operaciones de compra venta de empresas más importantes de ese año).
Horacio Hughes, miembro vocal de la fundación es el gerente general de OCA, perteneciente a su vez al grupo financiero ITAU.
Marcelo Guadalupe es el gerente general de Fenirol Energías Renovables. Empresa del Grupo Strauch en asociación con Secco (gerente regional del grupo brasilero Marfrig y antiguo propietario del Frigorífico Tacuarembó), Branáa (antiguos propietarios de la curtiembre de igual nombre) y el grupo griego Tsakos.
La alianza empresarial sintetiza de manera bastante tipificada la forma de nuestra clase empresarial. Una familia tradicional, un cuadro gerencial de las finanzas, y un estudio jurídico. Una potente alianza con una cartera importante de contactos a nivel de las grandes empresas nacionales. Esta cartera de contactos queda explícita cuando analizamos la composición de los donantes.
Los donantes del Impulso Entre los financiadores del Impulso, se encuentran aportes de los propios empresarios miembros de la fundación, y de otros grupos y empresas. El 12,2% del financiamiento es aportado por el Estudio Guyer y Regules de Nicolás Herrera. El grupo Strauch aporta el 7,4% a partir de las donaciones de las siguientes empresas: Papelera Mercedes (PAMER), Vivion S.A (empresa dedicada a la importación de materiales eléctricos y con filial en Paraguay), Compañía Nacional de Teléfonos S.A.- CONATEL (emblemática empresa uruguaya representante de la SIEMENS alemana), y Cable Plus.
El grupo ITAÚ (en el que se encuentra comprendido la empresa OCA de la cual Hughes es gerente) aporta el 7%. Esta cuarta parte es completada por algunas importantes donaciones de grupos nacionales. Entre ellos, el grupo Campomar (vinculados a la antigua textil sabalera), actualmente diversificado en el negocio del Cine (cines Movicenter), inmobiliario (inmobiliaria ACSA) y de la construcción; que aportan cerca del 8%. El grupo Vargas Lerena, dueños de Dedicado y propietarios de emisoras radiales, aporta un 4,5%.
A estas donaciones se suman otros aportes de menor magnitud por parte de algunos de los principales grupos nacionales. La lista comprende a los Mailhos (monopolio tabacalero a nivel nacional con presencia en países vecinos, y representantes de la marca de automóviles SUBARU), a los Raquet (empresarios textiles con diversificación en la energía eólica), los Soler (Industria automovilística), y Bustin (compuestos termoplásticos con presencia en Brasil y Argentina y representante de Mercedes Benz en Uruguay y otros países de América latina) entre otros.
Entre los grupos extranjeros que financian el emprendimiento se encuentran el grupo Marfrig a través del frigorífico Tacuarembó; el grupo Argentino Techint a partir de la empresa Tenaris S.A; y AMBEV a partir de las donaciones realizadas por Fábricas Nacionales de Cervezas S.A. La donación conjunta de estos tres grupos extranjeros representa casi un 15% del presupuesto total. El panorama de donantes se completa con una serie de entidades financieras entre las que se encuentra City Bank, Scotiabank, Sura y Creditel que aportan en total un 7,5%. Son también donantes importantes del Liceo Impulso la empresa Carlos Gutiérrez, Terminal de Cargas del Uruguay, y Punta Carretas Shopping.
El liceo Jubilar
El grupo Otegui cubre la cuarta parte del financiamiento vía “donaciones especiales” del liceo Jubilar siendo el principal “padrino institucional”. Se trata de un grupo muy grande (para la escala uruguaya) con un peso importante en algunos sectores clave como el comercio exterior. Al igual que el Grupo Strauch es parte de una familia empresaria de larga data en la economía nacional. Posee una cartera de negocios ampliamente diversificada. Para detallar: en la actividad forestal el grupo maneja las empresas Cofusa -con 55000 hectáreas en 2007- y Urufor S.A. La primera de ellas produce madera que procesa para exportación la segunda. Asimismo, son titulares del 9% de las acciones de la pastera de UPM en Uruguay. En la producción de lanas, el grupo se encuentra aliado con el 50% de las acciones al grupo francés Chargeurs en las siguientes empresas: Hart Uruguay S.A, Lanera Santa María S.A y Lanas Trinidad S.A. Los Otegui poseen además la propiedad íntegra del Parque eólico Pintado, así como de otros proyectos de generación de energía mediante biomasa. A esto se suman, las grandes extensiones de tierra en propiedad y su dedicación a la actividad ganadera en todas sus fases. Los aportes del grupo se realizaron en 2016 mediante 7 de sus más de 20 empresas en Uruguay.
Entre otras empresas y grupos nacionales vinculados al financiamiento del Jubilar se encuentra Candysur (Servicios a aeronaves), Genexus, Asfalkotes Pensylvania, CPA Ferrere, Ferrere abogados, Grupo Lecueder, Seré Ferber (Jaume y Seré ltda y Jauser ltda). Al igual que en el liceo Impulso, participan en el financiamiento del jubilar una serie de grupos financieros extranjeros: BBVA, Citibank, Itau, Scotiabank.
Los donantes a ambos emprendimientos
Existe un conjunto de grupos nacionales, pertenecientes en su mayoría a familias de larga trayectoria empresarial que participan en la financiación de ambos emprendimientos (Jubilar e Impulso). Un grupo importante de empresas que destaca es aquel vinculado a la familia Garbarino Lombardo propietaria de la firma de igual nombre dedicada al desarrollo y gerenciamiento de emprendimientos inmobiliarios. Entre ellos: Punta Carretas Shopping, Costa Urbana Shopping, Sheraton Montevideo, Radisson Colonia, entre otros.
El grupo Zerbino también dona a ambos proyectos. Se trata de un grupo familiar con amplia trayectoria en la economía nacional. Fueron propietarios de la recientemente cerrada FANAPEL hasta su venta a capitales argentinos en la primer década del 2000. Con la venta de la papelera la actividad empresarial no caducó. Los Zerbino continuaron al frente de la Compañía Cibeles elaboradora de productos farmacéuticos animales y humanos, complementos nutricionales e insumos para el agro. Son productores rurales, criadores de Hereford, y se encuentran vinculados al Estudio Bado, Kuster, Zerbino y Rachetti (BKZyR). Asimismo, participan en la generación de energía eólica mediante la copropiedad del Parque Eólico María Luz. Han mantenido una actividad política importante tanto en las gremiales empresariales como a nivel partidario. Ricardo Zerbino fue ministro de Economía del primer gobierno de Sanguinetti y ha participado activamente en distintos directorios de la cámara de industrias. Pablo Zerbino es el actual presidente de la Asociación Rural del Uruguay.
El grupo Cardoso- Pombo, propietarios de la cadena Disco- Devoto- Geant, Semanario Búsqueda, accionistas de canal 12, entre otras actividades), también participa del financiamiento del Jubilar y el impulso a partir de donaciones realizadas mediante Supermercados Disco del Uruguay e Hiperviajes S.A (copropiedad junto a la empresa Jetmar).
Con montos menores, también destacan los Maccio (fertilizantes, envases plásticos, insumos para el agro), y los Deambrosi (buques graneleros, operadores portuarios, propietarios de Alimentos Deambrosi -marcas Gourmet, Sal Sek-). Como se ve, la lista es larga y da cuenta que detrás de ambos proyectos hay grupos de muchísimo poderío.
En estos tiempos de confusión, se hace cada vez más necesario intentar demostrar lo obvio y en este artículo pretendimos aportar un granito de arena a dicha tarea. Debería sernos evidente que concentrar grandes cantidades de riqueza, no sólo implica una desigualdad en ingresos y capacidades, sino que -y por sobre todas las cosas- constituye una gigantesca fuente de poder. En particular, la capacidad de comandar la vida de otras personas mucho más allá de la empresa, la oficina, la estancia o la fábrica. En este caso, la alianza entre intelectuales orgánicos a los poderosos y grupos empresariales de gran peso, combinados con falta de propuesta programática transformadora e incentivos fiscales que favorecen a los ricos, obtienen como resultado el avance, cada vez más notorio y problemático de un modelo educativo que se nos impone y que nos aleja de las soluciones necesarias para la mejora de las más amplias mayorías.
Nuestra educación tiene problemas serios, estructurales y que ameritan la atención y ocupación de las más amplias mayorías. No intentamos tapar el sol con un dedo. No obstante, tras el discurso de la "crisis educativa" se nos contrabandea un abanico de propuestas conservadoras, tecnocráticas, elitistas o, en el mejor de los casos, inconducentes. Uno de los contrabandos más complicados, y al cual centramos nuestra atención en este artículo, ha sido el de los liceos públicos de gestión privada. Planteados como la panacea, hemos intentado mostrar no sólo como son problemáticos en sus mecanismos de selección y en su trato al plantel docente, sino también en que son sustantivamente más costosos (a pesar de presentarse como lo contrario), y que tienen detrás intereses de grandes grupos de poder económico que van bastante más allá de atender las urgencias de nuestro pueblo.
*Juan Geymonat es docente de Extensión Universitaria (SCEAM) y Facultad de Ciencias Sociales. Además, milita en ADUR.
**Pablo Messina es docente de la Facultad de Ciencias Económicas e integrante de la cooperativa Comuna.
Las opiniones de ambos autores son estrictamente a título personal.