Foto: Silvana Pissano
El gobierno nacional ha dado tres mensajes claros en materia de vivienda y además, los capítulos incluidos en la Ley de Urgente Consideración. Primero, ha salido con un decreto presidencial que retoma la ley LIVIS (mal llamada de vivienda de interés social, hoy de promoción); el segundo vinculado a la reducción del financiamiento por año para viviendas en régimen cooperativo que pasarán a financiar de dos mil al año a mil, como tercera medida, las propuestas sobre vivienda generando un fideicomiso para la construcción de cincuenta mil viviendas sociales y, por último las medidas incluidas en la Ley de Urgente Consideración. En sus propuestas se traducen claramente los lineamientos enunciados en todas las políticas neoliberales: el “achicamiento del estado”, la promoción de exoneraciones fiscales para la inversión privada, los cambios en la arquitectura del estado que devienen en un debilitamiento institucional. Dejan en evidencia, además, las preocupantes ausencias: no hay pronunciamiento sobre los presupuestos necesarios en materia de hábitat para abordar los problemas habitacionales. Por último una ausencia que duele: la falta de medidas para mejorar la calidad de vida de los sectores que viven en territorios vulnerables, en los asentamientos. Me pregunto, después de haber llenado campañas con mensajes vinculados a “asentamientos cero”, a esto se referían con cero? A entregar títulos de propiedad vacíos de ciudad y de las garantías que los estados deben otorgar en materia de recursos urbanos como saneamiento, agua, energía eléctrica, conectividad, espacios públicos, servicios educativos, policlínicas, transporte colectivo?
La primera, la LIVIS, refuerza la idea de la construcción de viviendas como un producto del mercado, entendido como parte de la especulación inmobiliaria y lejos de concebir a la vivienda como un derecho humano. Se promueve el levantamiento de los topes para la venta y alquiler, por lo tanto los desarrolladores podrán vender el 100% de las unidades que construyan en el marco de todas las exoneraciones posibles, a un precio libre. Vinculado a este decreto presidencial, nosotros desde Desarrollo Urbano de la IM estamos promoviendo una resolución vinculada con la normativa para que se respeten los mínimos en relación a la superficie considerada en la Ley de Vivienda (35 metros cuadrados), como parte del respeto a las condiciones de habitabilidad e higiene. Un mono-ambiente mínimo de 18 m2 no puede ser considerado vivienda digna para un núcleo familiar. Basta recordar el plan de vivienda del gobierno de Lacalle en los 90’ con los núcleos básicos, supuestamente “evolutivos”, donde se desconocía además la importancia de la ciudad, de los recursos vinculados al espacio público, al alumbrado, transporte, poniendo la cantidad (gran escala: conjuntos de 400 nucles basicos) por sobre la adecuación digna de la vivienda (calidad y metraje adecuado) para cada situación familiar.
La segunda medida, expresada en la reducción de la cantidad de viviendas de 2 mil a mil para ser financiadas en régimen cooperativo, obviamente dará una limitación a la cantidad de viviendas cooperativas que se venían financiando, una repercusión nefasta para la historia de la producción social de viviendas que las organizaciones sociales expresadas a través de las federaciones de cooperativas (FUCVAM, FECOVI, FECOVISI, etc) ya comenzaron a denunciar.
Como tercer punto, las medidas incluidas en los capítulos de vivienda de la Ley de Urgente Consideración promueven como primera medida el debilitamiento institucional del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con dos propuestas. Por un lado, la separación de la cartera vinculada al “Ambiente” de las vinculadas a la “Vivienda” y, por otro lado, promoviendo la creación de un organismo desconcentrado del ministerio, relacionado con la producción de vivienda y hábitat para los más sumergidos. En relación a las propuestas incluidas en la LUC, lo primero es remarcar que nada de lo que aquí se propone en materia de vivienda es urgente consideración, lo urgente es la emergencia.
El primer capitulo de la LUC, está destinado a la creación de un organismo “desconcentrado”: la “DIRECCION Nacional de INTEGRACION SOCIAL y URBANA” bajo cuya órbita funcionará el Programa de Mejoramiento Barrial (sobre la regularización de asentamientos), el Plan Nacional de Relocalizaciones y el Plan Juntos. Esto, en principio no tendría mucha posibilidad de crítica en sí, sino fuera porque se crea como organismo "desconcentrado", o sea fuera de la órbita Ministerial, con una autonomía que socava la Institucionalidad. Plantea además, que esta Dirección nueva se quedaría con la CIVIS (la cartera de inmuebles para vivienda social) y aquí hay un segundo mensaje en contra del Cooperativismo que ya no habrá tierra disponible para las cooperativas en formación.
El segundo capítulo de la LUC, aborda el tema de los ALQUILERES. Aquí proponen dos cosas, que se pueda alquilar “sin garantías”, propuesta muy controvertida ya que las cámaras inmobiliarias no se han pronunciado a favor ni en contra porque justamente se quedan sin garantías ante los posibles no pagos, aunque les da el beneficio a los arrendatarios proponiendo un DESALOJO express, acortando los tiempos de 6 meses a 30 días para que los arrendatarios mal pagadores queden en la calle. En definitiva, ésta propuesta lo que deja claro es que el Estado se retira como GARANTEy pierden los/as inquilinos la seguridad de la permanencia ante eventual imposibilidad de pago y pierden los arrendatarios la garantía del cobro. El mundo de los alquileres con la ley ómnibus pasa como un tren bala al libre mercado.
El tercer capítulo de la LUC se refiere a la ampliación del campo de actuación de MEVIR que ya deja de ser exclusivamente para la erradicación de la vivienda rural, para entrar en el Montevideo urbano. No sabemos cómo se va a traducir.
Las medidas propuestas hasta ahora se podrían sintetizar en el incremento del poder del libre mercado dejando libradas a la relación persona- mercado el tipo de contrataciones y debilitando las instituciones actuales(instituciones entendidas como garantes de los derechos de las personas). Además, queda claro que en la LUC no hay nada de compromisos con el aumento presupuestal para generar más viviendas sociales (y sin nombrar las problemáticas vinculadas a los asentamientos). Solamente propuestas de derechos en relación a la generación de los recursos urbanos, simplificando la problemática de los territorios vulnerables a la facilitación de la entrega de títulos de propiedad, sin el compromiso del estado en la generación de las necesarias inversiones para las infraestructuras urbanas.
Queda claro entonces, que las propuestas contenidas en la LUC respecto al Territorio para habitar no deberían estar bajo ese instrumento, aquí no hay nada que traduzca las urgencias de la gente, la seguridad de un techo digno, entendido como derecho humano.
* Silva Pissano es arquitecta, política y feminista. Actualmente es Directora General del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. También es Representante del Ejecutivo Nacional de Casa Grande - Frente Amplio. Se ha dedicado a la arquitectura, a la gestión pública y al activismo político cruzando la lucha de las mujeres por la igualdad con el derecho a la vivienda y la ciudad.