Ilustración: Laura Becerra.
El envío de la Ley de Urgente Consideración (LUC) por parte del ejecutivo comandado por Luis Lacalle Pou supone la primera gran ofensiva programática de la coalición multicolor. Se trata de una reforma del Estado express que se llevará puestas cientos de leyes, sin la posibilidad de un estudio profundo y un debate democrático, en plena emergencia sanitaria.
La LUC tiene vicios de forma, ya que abusa del mecanismo de urgente consideración previsto en el texto constitucional, impone una serie de reformas sumamente regresivas en línea con el programa de ajuste y represión del nuevo gobierno, y lo hace en un contexto marcado por las urgencias reales ligadas a la crisis económica, social y sanitaria desatada por el COVID-19 que, entre otros aspectos, dificultan enormemente el debate público y la movilización colectiva.
Desde que se desató la pandemia al día de hoy, más de 100.000 personas han caído por debajo de la línea de pobreza, 140.000 personas han sido enviadas al seguro de paro, se han multiplicado por todas partes las ollas populares para cubrir las demandas de alimentación más elementales, y una gran parte de nuestros/as compatriotas sufren las consecuencias más crudas de la crisis social y económica. Ante esto, el gobierno reaccionó con un impuesto a los salarios públicos más altos, que tiene un carácter más propagandístico (oportunista) que efectivo, ya que solo recauda un 3% de lo que necesita el fondo coronavirus. Por su parte, los sectores más grandes del capital no han sido tocados, a contrapelo de lo que está sucediendo en todo el mundo, donde el financiamiento de la atención a la crisis ha llevado a gobiernos insospechados de “comunismo”, como la Francia de Macron, a echar mano de impuestos al capital. Mientras tanto, como si fuera poco, el gobierno uruguayo aumentó las tarifas, dejó disparar el dólar cuyos efectos ya se ven en la inflación, y aumentó el IVA, tres medidas que afectan directamente a los hogares más golpeados por la crisis. Uruguay no es el mejor país, peor que Francia, peor que París.
En este marco, el envío de un proyecto de urgente consideración que no contiene ningún artículo vinculado a la emergencia sanitaria y social, y por el contrario tiende a debilitar a las empresas públicas y la educación pública (por nombrar dos ejemplos de fortalezas ante la emergencia que esta ley debilita), resulta de una obstinación insólita. Tanto más cuando la LUC, a su vez, fuerza los marcos del debate democrático al utilizar, por primera vez desde el fin de la dictadura, un mecanismo que no fue pensado para la aprobación en 90 días de un programa de gobierno mediante una ley “ómnibus” de 502 artículos. Un despropósito que quedará guardado en la peor historia de nuestro país.
Con esta separata, pretendemos abordar los aspectos principales de forma y contenido de una ley que agrede nuestros derechos, nuestra libertad y nuestro futuro. ¡Urgente es movilizarnos!