Ilustración: Mariana Escobar
El 1º de noviembre se divulgó un borrador del acuerdo programático propuesto por Lacalle Pou a su coalición de derechas. Unos días después, se difundió un segundo documento, este sí con las firmas de los líderes de los partidos que suscribieron el acuerdo. De una versión a otra hay cambios importantes, que suprimen o matizan las propuestas más extremas de un programa de ajuste, neoliberalismo y represión social. Así sucede, nítidamente, en el caso del capítulo sobre la educación.
Dicho capítulo se llama “Transformar la educación”, pero en la primera versión bien podría llamarse “El retorno del CONAE”. El Consejo Nacional de Educación, CONAE, fue la creación de Julio María Sanguinetti, entonces ministro de educación de Juan María Bordaberry, para dar un golpe en la Enseñanza unos meses antes de que Bordaberry diera el golpe de estado. La ley 14.101 (llamada “ley Sanguinetti”), al crear el CONAE, barrió con la autonomía y la representación docente en los consejos de la enseñanza, creando una institucionalidad vertical y autoritaria, acompañada de toda una parafernalia punitiva hacia docentes y estudiantes con la cual se desató la persecución y la caza de brujas. Óscar Maggiolo, entonces rector de la Universidad, demostró por aquellos días, a través de un examen comparado, la inspiración que la ley 14.101 tenía en la legislación educativa de la Italia fascista de Mussolini. Esta ley estuvo vigente desde enero de 1973 hasta que se restableció la democracia en 1985. Siempre es bueno recordar que Sanguinetti es el autor de la legislación educativa de la dictadura militar.
El recuerdo del CONAE surge de inmediato cuando se leen las propuestas de la primera versión del acuerdo multiderecho. Allí se propone un paquete que incluye: la intervención directa del poder ejecutivo sobre la educación a través del MEC, la eliminación del voto de los docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP, la supresión de los consejos desconcentrados y su sustitución por “Direcciones Generales unipersonales” y una reforma de los estatutos del personal docente y no docente sobre cuyos contenidos no se dice nada. Es decir, una reestructura institucional que aunque diga “gobernanza” o “liderazgo efectivo”, tiene los mismos fundamentos y principios intervencionistas y autoritarios del CONAE. Si en 1973 se trataba de poner orden en el caos y combatir la “infiltración marxista”, ahora, en el discurso de Cabildo, se trata de poner orden en el caos y combatir a los sindicatos y el adoctrinamiento ideológico de la educación sexual y el Foro de San Pablo. Mark Twain decía que “la historia no se repite, pero rima”.
La consigna repetida durante mucho tiempo por el coro derecho sobre la necesidad de “recuperar el poder de la educación” no tiene en el segundo documento la forma de “retorno del CONAE”, pero aparece claramente en un conjunto de medidas y una formulación gradual. Hay un objetivo que dice “Fortalecimiento del rol de Ministerio de Educación y Cultura como institución responsable de la política educativa nacional, sin perjuicio de los cometidos de la ANEP, la UDELAR y la UTEC” (aunque tal cosa sólo pueda hacerse en perjuicio de los cometidos de los entes autónomos). La propuesta se debe analizar como parte de una estrategia de conjunto para combinar centralización política de la conducción de la educación (en desmedro de la autonomía), el crecimiento de las direcciones unipersonales subordinadas (en desmedro de los cuerpos colegiados) y el aumento de las atribuciones de los directores de los centros. Se trata de una reforma en la dirección de la arquitectura de los sistemas de competencia y estado evaluador, que busca preparar las condiciones para un salto cualitativo en la privatización del sistema educativo. Las medidas que concurren a este objetivo principal quedan diluidas en un punteo que incluye generalidades del tipo “desarrollar la UTEC”, o frases imprecisas en tono demagógico del tipo: “Trabajar para lograr un cambio cultural desde una educación segregada (sic) hacia una educación inclusiva, que respete la diversidad y reconozca la riqueza y el valor que la discapacidad agrega a la sociedad”. Finalmente, la última línea del acuerdo tiene tono de amenaza: “Asegurar la efectiva vigencia del principio de laicidad en la educación pública”. En efecto, la apelación a una concepción conservadora de la laicidad ha sido la excusa de la derecha en el tiempo reciente para atacar a la Universidad y cercenar la libre expresión de los gremios estudiantiles en secundaria.
Más que multicolor, verde olivo
En el primer documento, perdida entre otras propuestas, aparece una que es presentada con una retórica de idea piola, efectiva y barata. Dice, textualmente: “Expansión de la experiencia de los liceos militares, especialmente en el interior del país. Esta formación consigue buenos resultados en términos de retención y aprendizajes, a costos reducidos, y atendiendo a una población que en una proporción importante proviene de sectores vulnerables”. Clarito: para algunos educación, para los pobres, cuartel.
Recuerdo a Miguel Soler comentando que “educación militar” es un oxímoron, porque la educación persigue la libertad, la capacidad crítica y la autonomía de los estudiantes, y la instrucción militar en cambio es exitosa si logra la anulación de la personalidad del estudiante, la supresión de la razón crítica por la obediencia a las órdenes, y la más absoluta heteronomía propia de la lógica de la cadena de mando.
A su vez: “la experiencia de los liceos militares” que se propone expandir, ¿cuál es? ¿Dónde está sistematizada? Las humillaciones, los verdugueos y la vida de soldado como solución "de costos reducidos" para los pobres terminan siendo al final del día la contracara del discurso reformista del mesianismo tecnocrático.
En el fondo, en realidad, aquí hay otro mensaje muy relevante: el partido militar se planta en la alianza e impone el crecimiento del sector. Los liceos son una medida, pero además son el mensaje: acá estamos y el orden lo ponemos nosotros. Hay una correlación muy clara entre el relato social de Cabildo Abierto (está en crisis la sociedad, la familia, la tradición, la propiedad, y la agenda de derechos es una invasión de marxismo cultural) y esta versión de la “emergencia educativa”: se precisa mano dura y restablecimiento de la autoridad.
Dos documentos, un programa
Así las cosas, entre el primer documento y el segundo, más que una relación de superación de un primer borrador por una versión definitiva, parece haber una relación orgánica. El primer documento sintetiza el programa de máxima del herrerismo (con apoyo o aceptación del resto de los sectores del Partido Nacional, y respaldo del riverismo de Cabildo y del cadavezmásriverista Sanguinetti). El segundo documento, además de ser el que mejor sirve a los objetivos electorales, expresa el programa de mínima que incluye también el respaldo de Talvi y Mieres. Esto permite visualizar una trayectoria programática entre los objetivos de máxima y de mínima que se dilucidará, entre otras cosas, según el margen de maniobra de un eventual gobierno de esta coalición.
Tecnocracia y autoritarismo
Una cosa parece clara: si hoy es posible que se declare una “emergencia educativa” para justificar este paquete de medidas autoritarias es porque desde hace muchos años, un día sí y otro también, se viene machacando con la idea de que la educación está en crisis, que todo es un desastre, que los docentes están de vivos, que hay que cambiar el ADN, que hay que recuperar el poder, y otra cantidad de eslóganes de una cantinela irresponsable y destructiva. De la construcción de ese sentido común ha participado mucha gente, de diversas procedencias sociales, políticas y académicas, con diferentes intensidades, con diferentes objetivos. El discurso eficientista que se transformó en sentido común educativo transversal a todos los partidos se acopló al discurso de la crisis y le dio racionalidad al programa que se presentó como solución. Diferentes think tanks civiles-empresariales le dieron forma, los grandes medios (cuyos grupos económicos tienen intereses en juego) le dieron amplificación, Eduy21 fue el espacio de unificación programática y lobby durante la campaña electoral. De allí saldrán, sin dudas, los cuadros técnicos que ocuparán las direcciones y subdirecciones que sustituyen a los colegiados en el golpe tecnocrático-autoritario a la educación (en el programa de máxima), o por vía de la “modernización administrativa” (en el programa de mínima).
Esta nota también podría llamarse “Sobre las buenas relaciones entre tecnocracia y autoritarismo”. El ejemplo histórico más claro ek este sentido es el sistema educativo que se forjó en el Chile de Pinochet. El discurso tecnocrático y el autoritarismo son perfectamente armónicos, no hay quiebre sino momentos tácticos, o “dolores del crecimiento”, como lo definió Sanguinetti (de nuevo Sanguinetti) al referirse al incendio actual en Chile (de nuevo Chile), que nos trae por estos días imágenes del futuro, que también rima.
* Docente de la Universidad de la República. Integra el consejo editor de Hemisferio Izquierdo