Fotografía: Sofía Sánchez
El plebiscito para reformar la Constitución impulsado por la campaña“Vivir sin Miedo” echó más leña al debate sobre la seguridad en Uruguay. La propuesta, impulsada por el senador Jorge Larrañaga, carece de innovación ya que pone nuevamente sobre la mesa el aumento de penas y el incremento de las fuerzas represivas destinadas al control, como solución al problema.
El debate público no sólo discute las políticas propuestas por la reforma, sino que, reaviva reflexiones sobre las que ya han sido implementadas por el gobierno.
El apego a la forma actual del mundo tal y como se conoce, es una de las mayores dificultades que la sociedad atraviesa a la hora de transformar los modos de pensar y hacer, según las palabras de la filósofa uruguaya Annabel Lee Teles; “la creencia en el estado de las cosas vigentes tiene efectos y nos enfrenta a uno de los males de nuestra época, la sensación de que no hay escapatoria”.
Como un espiral, la seguridad e inseguridad son conceptos que han repercutido por años en las maneras de conformar la sociedad y cómo ésta se configura en tanto a pliegues e intensidades de relacionamiento, pero, son las diferentes sociedades las que han condicionado, asumido y repudiado su articulación en la política, la economía y finalmente en nuevas formas de pensar.
Cual círculo, las tendencias a las políticas represoras parecen no tener un final y como todo curso humano, elegirlas constantemente delimitan el nexo con las sociedades violentas desde los inicios de la humanidad. Casos como la militarización en Brasil, Colombia y México, han demostrado el fracaso de esta política derivado en sociedades más violentas e incluso en guerras internas.
Por esta misma razón y en el intento ineficaz de cambiar el conjunto de herramientas, las soluciones a los problemas de inseguridad se demuestran inciertas o poco efectivas, resuenan en propuestas carentes de innovación e impulsadas por un miedo sistemáticamente alimentado que sostiene el enfoque en las consecuencias y no en las causas.
La propuesta de un plebiscito impulsado por el senador Jorge Larrañaga, actual precandidato por el sector Alianza Nacional, del Partido Nacional (PN), dio vida a una campaña con fines concretos de “decir basta” a un problema que se acrecenta, que atañe a todo el país y que según el senador, no se abandera bajo ningún partido, a pesar de que no ha cosechado apoyos fuera de su espacio político. Ante el cuestionamiento de las políticas que ya existen y de las instituciones que las impulsan, la campaña “Vivir sin Miedo” repercutió en varias direcciones al materializarse como una vía para mitigar la inseguridad. Carlos Moreira, intendente de Colonia, fue quien redactó de manera concisa cuatro cláusulas que conforman el plebiscito a ser votado bajo la argumentación de que “hay que usar todos los recursos del Estado para cuidar de los ciudadanos”. Para alcanzar las 269.000 firmas necesarias para que la propuesta efectivamente se plebiscitaria, fueron instalados más de 200 puntos de recolección en lugares públicos y privados de todo el país, estratégicamente coordinados y dirigidos por una comisión de 15 integrantes de variadas profesiones, en su mayoria de actividad política.
Con las declaraciones de Larrañaga respecto a una birome como objeto de cambio (“Lo que importa es que una persona con una birome pueda ser parte de la decisión de su futuro”, mayo 2018) se comenzaron a recolectar firmas en las plazas, kioscos, varios comité del Partido Nacional y las calles con más aglomeración de las distintas ciudades. Con la promesa de “una firma para vivir sin miedo” consiguieron en menos de un año más de 400 mil adhesiones que presentaron ante la Corte Electoral a fines de febrero de este año.
Para el politólogo Gabriel Delacoste, las acciones de Larrañaga están al servicio de su candidatura, y resultan oportunistas ante la decadencia que su propio sector que comenzó con la derrota en las últimas internas y continuó con la pérdida de importantes cuadros partidarios. A su juicio el senador “no tenía las bases para lanzar una candidatura, aprovechó que la cuestión de la inseguridad está en boca de todo el mundo y propuso una campaña que hiciera mucho ruido por ese lado”.
En esta misma línea cree que Larrañaga también puede ser leído como un ejemplo de la derecha “usando la inseguridad como vector para entrar en la disputa electoral” pero que no es el único. Junto a la última elección presidencial, con la seguridad ya instalada como uno de los temas centrales de la campaña, se votó un plebiscito de características similares (Si a la Baja) que pretendía bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años . Éste fue impulsado por el senador Pedro Bordaberry, desde el Partido Colorado, pero no fue aprobado, ni redundó en rédito electoral para el senador, entonces candidato a la presidencia por el partido.
Para Rafael Paternain, sociólogo, integrante del sector Casagrande, del Frente Amplio (FA), la iniciativa ocurre en un contexto de disputa entre los distintos partidos y a nivel interno del PN, con el objetivo de generar tensión en este escenario. La campaña, a pesar de que aborda un tema de gran sensibilidad social, no encuentra apoyos relativamente importantes dentro del sistema político, ni siquiera dentro del propio partido. “Es una iniciativa que surge de una fracción política que hace cinco años atrás muchos de los dirigentes de ese sector se pronunciaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad, argumentando que reformar la constitución para lograr ese objetivo, era algo inconveniente politica, juridica y hasta moralmente”. Para Paternain la estrategia del plebiscito se enmarca dentro de lo que define como una “promesa absolutamente excesiva e incumplible, de profunda raíz demagógica” , y a su juicio son “un conjunto de iniciativas que quedan a una distancia sideral de la promesa”.
Fotografía: Sofía Sánchez
Un poco más de lo mismo
El orden y desorden, según Nicolás Duffau historiador Uruguayo abocado al siglo XIX, ha sido utilizado por la política por más de dos siglos, porque forma parte de las preocupaciones cotidianas de la población. “Si bien el fenómeno del robo, del asesinato y del delito acompaña el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes, lo que ha cambiado en algún sentido es la forma de hacer política y tomar estos discursos como elementos centrales”.
La problematización toma otro sentido cuando, a partir de mediados del siglo XX, el enfoque se extiende de la propiedad privada al atentado contra las personas. Al vivir en sociedades más contemporáneas el problema se ha amplificado en su interacción con la prensa, el cine la literatura y otros medios. “Tendemos a pensar que vivimos en sociedades mucho más violentas y en realidad vivimos en sociedades que han logrado ampliar mucho más el problema de la violencia que sociedades pasadas”. En este sentido el historiador se refiere a las sociedades contemporáneas con una expectativa de vida muy lejana a quienes las anteceden que han redimensionado las maneras de percibir la violencia y las formas de practicarlas.
Los vestigios del pasado aún denotan su existencia y se cuelan en las decisiones de los gobiernos que pretenden garantizar el orden, incluso en los que se autodenominan de izquierda. Según Delacoste, luego de un vaivén en el ministerio del interior, donde finalmente se instala Eduardo Bonomi (Mpp, Frente Amplio) como ministro, el Frente Amplio cambia su narración sobre la seguridad en el pensamiento de que las políticas públicas desarrolladas por el propio gobierno son ineficientes e “ingenuas”. Por ello “el Frente Amplio redimensiona las políticas de seguridad y el aparato represivo se consolida aun más” con el incremento de las fuerzas de patrullaje y operativos y allanamientos a diferentes barrios en la periferia de Montevideo.
En esto coincide Paternain quien asume que las políticas de seguridad de los últimos diez años, luego del reforzamiento del problema y el desgaste de todo un ciclo político, han demostrado resultados muy equívocos y han conformado una ruta que tampoco ayuda a evitar el contexto de inseguridad en el que ha crecido el número de los delitos más violento.
Respecto a las medidas utilizadas actualmente, el sociólogo considera que no son percibidas como efectivas por la sociedad y es por eso que gran parte de ella no se muestra reacia, a la militarización del espacio público o a la inflación punitiva que propone esta reforma.
Las líneas de Reforma El proyecto de reforma se basa en cuatro propuestas, tres de las cuales no necesitan de una reforma constitucional para aplicarse y podrían correr por vía legislativa. Estos cuatro puntos son: conformación de una guardia nacional con dos mil efectivos militares, cumplimiento efectivo de penas, cadena perpetua revisable a los 30 años y allanamientos nocturnos, siendo el último el único que necesita aprobarse por la vía impulsada por la campaña.
Estas cláusulas según Paternain son “más de lo mismo” y nada de lo que se propone debería ser regulado por la Constitución sino por vía legislativa, además considera que esta iniciativa es “una forma de usar la Constitución como un mecanismo de presión para definir una línea de política criminal”. El sociólogo cuestiona el espíritu de esta reforma por restringir la seguridad a la dimensión punitiva, al control y su acentuación a través de las fuerzas. A través de esta filosofía, repleta de lugares comunes, las demagogias punitivas se cristalizan aún más en el Uruguay, donde ya no son novedad y simplemente aparecen en un resumen de iniciativa política, que utiliza como motor la preocupación de la gente sin pensar en los costos.
Para Paternain, esta promesa que define como demagógico punitiva, propone la explosión de un síntoma que repercute en las representaciones colectivas: “no hay mérito de quien propone esto sino que el mérito es producto de un conjunto de circunstancias sociales, de subjetividad en torno a la problemática de la seguridad”.
Botas en la calle
Así como los problemas de inseguridad no son nuevos, la idea de una fuerza militar encargada de la seguridad civil, tampoco lo es. Para Duffau, gran parte del siglo XIX se basa en la participación de los militares en la intervención de la política y no es la primera vez en el país que se está discutiendo el rumbo hacia una militarización social. Considera que las fuerzas militares, son un problema histórico que no han generado soluciones: “Se ha demostrado históricamente que la mera represión no sirve o no ha dado resultados, hay una relación o una idea de que lo militar o lo policial es lo único que garantiza el orden, eso siempre vuelve, la idea de <esto con los militares va a estar mejor>”
El historiador sostiene que la solución no está en militarizar ninguna fuerza a servicio del orden público. Los atlas de la violencia en el mundo demuestran que los procesos de militarización en varios países como es el caso de México, Colombia, Brasil y Francia en 2015, no han dado resultados ni han logrado erradicar el miedo.
Sobre esto, Paternain plantea que llevaría mucho tiempo crear un cuerpo nuevo similar a la policía en sus funciones y que ya existe un componente excesivo de fuerzas, donde militarizar la seguridad resulta equívoco. “La fuerza policial militarizada ya se ha expandido y fortalecido en los últimos años y no parece un buen camino de gestion policial”. El sociólogo rechaza las comparaciones que en ocasiones se hacen respecto a países de Europa donde la policía está militarizada, ya que entiende que existe una gran diferencia contextual, entre otras cosas en la formación de la fuerza. En esta misma línea, Nilo Patiño de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, cree que la propuesta tiene un ajuste a la propaganda política y que “ladea” las soluciones. Poner a los militares en la calle resulta contraproducente y la historia reciente es testigo de ello: es una fuerza represiva más que no sólo no da garantías sino que las limita. Si bien Patiño admite que el contexto no es el mismo que el de la época de dictadura, aún persiste el temor sobre sus prácticas. Tanto Patiño como Paternain, coinciden que la militarización de las fuerzas es un camino sin retorno y que poco tiene que ver con la seguridad. Los hechos recientes que relacionan al Ministerio de Defensa y al Ejército, ponen en duda el rol de las fuerzas militares al servicio de la sociedad y hacen pensar que la desmilitarización es un camino que da más garantías a la población. “A pesar de que la Guardia Nacional tenga una regulación vía la ley de procedimientos policiales, resultaría un problema para la democracia y la convivencia que ya carga con la estigmatización de los sectores más vulnerables” concluyó Paternain.
Datos de un solo reflejo
A mediados del mes de marzo, la consultora Cifra dio a conocer los resultados de la adhesión de los ciudadanos a la campaña Vivir sin Miedo. Según el sondeo, un 58 por ciento de los encuestados está a favor de la propuesta, un 23 en contra, mientras que el 19 no opina al respecto. La encuesta pretendió medir tomando en cuenta los diferentes niveles socioeconómicos y la intención de voto en el interior y capital del país. Además pretendió comparar estas estas expresiones con el anterior plebiscito Si a la Baja.
Según Delacoste, estas encuestas deben ser tomadas siempre con pinzas porque en función de mediciones pasadas los resultados en relación con las votaciones fueron incongruentes. “Hubo encuestadoras que dijeron que la ley de caducidad se iba a anular que se iba a aprobar el plebiscito de los votos en el exterior, que la baja de la imputabilidad tenía el 67 por ciento de apoyo y al final no salió ninguna de las tres cosas”. Enfatizó que es muy difícil hacer aprobar un plebiscito porque, una cosa es preguntarle a la gente sobre su postura y otra muy diferente es que efectivamente voten conforme a su opinión.
Con respecto a los porcentajes en diferentes niveles socio económicos la encuestadora determinó que cuanto más bajo es el nivel, mayor es la predisposición a votar el plebiscito: en estos casos asciende al 72 por ciento. Delacoste aprecia que el problema de violencia en Uruguay es evidente y real, “y cuanto mas abajo estan en la escala social más se sufre”.
Considera también que estos números no abarcan todos los tipos de violencia, “digo de violencia para no hablar de inseguridad en los términos que está planteado porque no es solamente la rapiña, también hay violencia policial, intrafamiliar y también hay un montón de violencias que están en la calle y que cualquier persona que esté en Montevideo con un mínimo de sensibilidad ve permanentemente”
En retrospectiva el politólogo menciona la incidencia mediática y el clamor popular que muchas veces redimensionan las intenciones de voto y no demuestran la reflexión en torno a la problemática planteada, como sucedió con el movimiento de Sí a la Baja.
Fotografía: Sofía Sánchez
Una lucha conocida
Si bien el sujeto en debate no es el mismo que en el anterior plebiscito y tampoco el contexto, el fantasma del orden punitivo parece volver y reeditarse, insistiendo con el aumento de penas y recorte de garantías.
Así como No a la Baja, fue la respuesta de la sociedad civil organizada ante el anterior plebiscito, y fueron quienes trabajaron para que el mismo no se apruebe, en esta oportunidad, el rechazo ante la propuesta de reforma constitucional se acumula en forma de articulación nacional bajo el nombre No a la Reforma. Se trata de un espacio, integrado por colectivos, organizaciones y personas, que no se identifica con ningún partido político.
Ante la propuesta de líneas ineficaces y peligrosas como solución, la contracampaña se ha propuesto delimitar su postura ante las cuatro líneas que propone el plebiscito de Larrañaga, discutiendo las vías que deberían llevarse a cabo para combatir el discurso punitivo y encontrar nuevos enfoques que atiendan realmente el problema de la inseguridad.
Para Paternain Vivir sin Miedo se diferencia de Si a la baja porque este último fue un proceso más anticipado (en el caso anterior se sabía del plebiscito 3 años antes de las elecciones) y aunque la adhesión que había a la baja de imputabilidad era considerable, el tiempo de debate y los apoyos de diferentes sectores se conformaban distinto. Era más fácil articular la defensa de un sujeto social concreto, por las implicancias que tenía, “había un sujeto en el medio que delimitaba que la baja de imputabilidad perjudicaba a los sectores adolescentes de la sociedad y ante el armamento del frente político social, finalmente fue más fácil articular la defensa por tratarse de un caso concreto".
En esta campaña, el trecho de debate resulta más corto para la organización de un movimiento de contracampaña, que recién ahora está dando los primeros pasos donde “la encrucijada es aún más asfixiante”. En este sentido, Delacoste advierte la dificultad de que a diferencia de la vez anterior, en esta ocasión la izquierda se encuentra más débil y confundida entorno a estas temáticas. Para el politólogo, para derrotar el espíritu punitivista en general que históricamente sostiene profundas raíces en la derecha uruguaya “habría que ponerse a pensar, que no es lo mismo ganar un plebiscito que cambiar el eje de la discusión”
Otro enfoque
De una manera u otra la conformación social y la manera en que se retroalimenta, demanda un cambio paradigmático en materia de seguridad interior y una postura reflexiva sobre las políticas que serán efectivas para romper la la línea de continuidad en el aumento de penas y fuerzas represivas.
Detenido en cada cláusula Paternain admite que esta propuesta es una versión empeorada de malas recetas, que responde a una lógica de continuidad. En los años de gobierno, el Frente Amplio ha votado agravantes de homicidios para situaciones particulares, ha realizado políticas de combate al microtráfico que recogen la lógica de los allanamientos y hostigamiento en determinados territorios, y ha reforzado los aparatos represivos. Para el sociólogo, las políticas que propone este plebiscito, son “una versión empeorada de las cosas que hemos hecho, en nuestro punto de vista tiene que haber un giro preventivo muy importante”.
Para realizar el giro y cambiar el enfoque, el sociólogo propone la intersectorialidad e interinstitucionalidad para que la conducción de programas preventivos permitan reformas institucionales y de esa forma poder definir modelos de gestión policial más orientados a la cercanía y lo comunitario. Conjunto a la lógica, es necesario que los índices de prisionización empiecen a descender para que se logre una reforma del sistema penitenciario para trabajar sobre la reincidencia y sobre el egreso. “todavía estamos lejos de políticas que encaren el egreso penitenciario, hay que hacer algo mucho más radical, programas focalizados para sostener trayectorias, sostenerlas post egreso y hacer un énfasis en cuestiones totalmente distintas a las de ahora que estan mucho mas marcadas por el eje del control policial, la videovigilancia y el encierro la cárcel como mecanismo de regulación”.
Según Delacoste en la ciudad de Montevideo la segregación por clase entre barrios es enorme, a pesar del crecimiento económico y los bajos indicadores de pobreza, aún se mantienen situaciones hostiles que repercuten en una organización social en decadencia en estos últimos 40 años, “es de esperar que sea una sociedad violenta y que no haya una solución fácil para eso”. Para el politólogo, el enfoque pasa por otro lado y el conocimiento de las condiciones concretas de cada barrio resulta crucial, “tienen que ver con la vida social de esos barrios en cómo vive la gente y como está organizada y de qué manera podemos incidir para que ciertas dinámicas no se retroalimenten”.
De cara a la votación de las nacionales, la población se encuentra ante la encrucijada punitiva una vez más. Si bien en cada ciclo electoral se presentan las oportunidades de cambiar los rumbos para mitigar problemas sociales, en el caso de la seguridad, la humanidad ha tomado caminos transitados durante varios siglos, junto a la idea de que la inseguridad crece, las personas resultan más violentas y la sensación es que las soluciones deben ser determinantes y generales. En un punto donde todo parece comportarse igual, es donde el ser humano según Lee Teles reconoce la necesidad de ampliar su mirada, y se configura a sí mismo. En este impulso a pequeña y gran escala, donde las experiencias políticas abocadas a la construcción de nuevas relaciones son planteadas, surgen “inconvenientes que tienen que ver con la manera de habitar las situaciones vividas, de hallar los medios para que los deseos que en ella circulan, logren expandirse y efectuarse”. En tanto las personas no se despojen del miedo o de la manera que hoy se ha elegido sentir, los inconvenientes de forma inminente serán también, un lugar común y conocido al cual llegar.
*Sofía Sánchez es estudiante avanzada de la Licenciatura en Comunicación de FIC-Udelar con especialización en periodismo. Realizó redacción de contenidos para Longboard Girls Crew Oficial (movimiento centrado en la participación de la mujer en el deporte extremo), Defrontside Skate Magazine y para el medio alternativo LaBaraja. Fue colaboradora honoraria en Sala de Redacción Julio Castro y desde hace dos años colabora y coordina un proyecto de extensión multidisciplinario de clasificación y sistematización del "Archivo Berrutti", que relaciona a la Facultad de Comunicación, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y la Facultad de Ingeniería.