Entrevista a Leticia Pérez*: "...más allá entonces del crecimiento de prácticas estatales de legitimación del endurecimiento y expansión del castigo, existen pequeños detalles, cambios en la subjetividad de la interacción cotidiana que marcan que el punitivismo no es sólo 'desde arriba'"

 

 

Hemisferio Izquierdo, Tania Rodriguez, Daiana García (HI, TR, DG): La reforma constitucional propuesta por Larrañaga más que una ruptura con lo que se venía haciendo o un acto de oposición, representa una continuidad con el esquema punitivo. ¿A qué responde el desplazamiento punitivista al que estamos asistiendo como sociedad? ¿Qué rasgos estructurales están puestos en juego allí?

 

Leticia Perez (LP): Según Fassin vivimos desde hace cuatro décadas y a escala mundial, una época del castigo, un momento punitivo. Aún cuando esa tendencia no es correlativa a la evolución de la criminalidad y la delincuencia, se sancionan más y más severamente las infracciones. Si bien a veces el giro represivo corresponde a un crecimiento de los crímenes y delitos, está claro que “se prolonga incluso cuando las actividades delictivas disminuyen” (Fassin, 2018, p.9). Así también, más próximo a nuestro contexto, Sozzo plantea que “en las últimas dos décadas, se ha producido un crecimiento extraordinario del encarcelamiento en América del Sur, con algunas variaciones a través de los contextos nacionales pero en el marco de una misma tendencia” (2016, p.9). En Latinoamérica la población carcelaria se ha duplicado en los años 2000 según datos del World Prision Brief. Esta tendencia aunque con variaciones se observa también en Europa, Asia, África, y Oceanía y sin dudas el caso emblemático es Estados Unidos que vio crecer su población carcelaria de 200.000 presos en 1970 a los 2.300.040 años más tarde (Fassin, 2018, p. 10). Más allá de las singularidades históricas y nacionales es posible hablar entonces de un momento punitivo.

 

En América Latina el crecimiento mayor de la tasa de encarcelamiento se ha producido en Brasil con un 305% entre 1992 y 2014. Ha sido seguido por Perú (242% entre 1992 y 2015), Colombia (212% entre 1992 y 2015), Uruguay (182% entre 1992 y 2014), Argentina (145% entre 1992 y 2013) y Ecuador (123% entre 1992 y 2014). En todos estos seis países, la tasa de encarcelamiento ha crecido incluso durante los diferentes períodos en los que han gobernado alianzas políticas supuestamente “postneoliberales” (aún cuando no en el mismo grado y partiendo de distintos niveles precedentes).

 

En Uruguay, la tasa de encarcelamiento creció un 62% si tomamos todo el período del ciclo progresista (dependiendo de las mediciones que se tomen, la altura del año y los años de referencia esta cifra varía, tomamos aquí, la referencia de datos de World Prision Brief y los años 2006 al 2017). Según el informe anual del Comisionado Parlamentario, existían en abril de 2017, 11.253 personas privadas de libertad en Uruguay, lo que proporcionaba una tasa de 322 presos cada 100.000 habitantes. Se trata de un número muy significativo, teniendo en cuenta el tamaño poblacional del Uruguay. Estas cifras nos ubican dentro de los países con la tasa de prisionización más alta de América Latina.

 

Pero la tasa de prisionización no es el único indicador de este ascenso punitivo, éste se combina con la extensión del dominio de la represión como recurso privilegiado ante el conflicto social y un agravamiento del régimen de sanción: se criminalizan hechos que hasta ese momento no eran objeto de sanción (por ejemplo se transforma en 2013 en una falta “el pernoctar en la calle”, se crean nuevos delitos como el feminicidio o el delito de usurpación que permite no pasar por el proceso de desalojo sino abreviarlo a 48 horas [1]) y se agravan las sanciones por los mismos hechos (se establecen penas mínimas más duras para rapiña y copamiento por ejemplo, se condena más a menudo a la privación de libertad y por más tiempo). El resultado es una mayor severidad del castigo.

 

Si bien no tenemos militares realizando tareas de policía como propone Larrañaga, la militarización de la policía es un proceso ya iniciado bajo el ciclo de gobierno progresista, también el apelo a subir penas, evitar la espera en libertad de la condena en el caso de algunos delitos y de reincidencia como vimos en la reforma del Código de Proceso Penal (CPP) oportunamente apoyada por votos oficialistas.

 

Tenemos entonces un aumento de la punitividad durante el ciclo de gobierno progresista. Ahora bien ¿Qué es la punitividad? Clásicamente, la punitividad puede ser “entendida en términos amplios como los niveles de dolor o sufrimiento producidos por el sistema penal” (Sozzo, 2016, p.10). Se trata del poder de castigar, que determinan a quién, por qué, cuánto y cómo se debe inferir dolor intencionadamente (Christie, 1982 en Sozzo, 2016, p. 20).

 

Pero el sistema penal es sólo una parte, nos interesa pensar cómo la sociedad extiende el castigo aún sin existir delito, y muchas veces fuera del sistema penal. Estamos pensando por ejemplo en los rituales de hostigamiento y degradación que la policía realiza a los jóvenes pobres en la periferia urbana sin mediar una orden judicial, en el sitio policial de barrios enteros con los operativos de saturación, en el maltrato y torturas sistemáticos en los espacios de privación de libertad, o en la evaluación que la policía realiza al desalojar los espacio públicos por “uso indebido” sin mediar ninguna evaluación judicial más que la del equipo policial que efectúa el operativo por espacios públicos de la Ley de Faltas. También podríamos mirar el alto número de suicidios de jóvenes incomunicados en Comisarías y en prisión. Todo esto permite pensar en prácticas de degradación y sufrimiento que no surgen de una sentencia del sistema judicial. Entonces, no sólo se castiga fuera del sistema penal y sin existir delito sino que este se extiende a poblaciones enteras (barrios rojos) o categorías de poblaciones (jóvenes pobres principalmente).

 

Pero más allá entonces del crecimiento de prácticas estatales de legitimación del endurecimiento y expansión del castigo, existen pequeños detalles, cambios en la subjetividad de la interacción cotidiana que marcan que el punitivismo no es sólo “desde arriba”. Señala Rodríguez Alzueta: “Hay palabras que duelen, vecinos que practican puntería diariamente, destilando frases filosas cargadas de ideología. No son palabras inocentes entonces, sino palabras que tienen la capacidad de hacer daño” y son estas conversaciones cotidianas las que van creando también condiciones de posibilidad para que otros actores se ensañen con los jóvenes que fueron apuntados. Dice este autor: “No hay olfato policial sin olfato social, no hay detenciones sistemáticas por averiguación de identidad sin llamadas al 911. Detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal; las rutinas institucionales encuentran su punto de apoyo en la vida cotidiana. Detrás de las prácticas policiales se encuentran los vecinos encerrados y agazapados, espiando el mundo por la mirilla de la puerta de su casa o el espejo retrovisor del coche. Los procesos de estigmatización social legitiman el devenir violento de las fuerzas de seguridad. Los estigmas que los vecinos van tallando para nombrar al otro como problema, para delatar al joven como peligroso, productor de riesgo, habilitan la violencia policial” (Rodríguez Alzueta, 2014). Aunque las responsabilidades son distintas entre el punitivismo desde arriba y el de abajo, si efectivamente queremos cambiar las formas en que estamos deviniendo cada vez más punitivos debemos escuchar qué hay detrás de ese clamor popular que pide “vivir sin miedo”.

 

¿Cómo fue que 400.000 uruguayos firmaran a favor de cambiar la Constitución, sacar los militares a la calle y permitir los allanamientos nocturnos?

 

No hay respuestas fáciles. Hay líneas que vienen del pasado y los últimos acontecimientos por ejemplo nos confirman claramente la continuidad de la doctrina de la seguridad nacional entre las fuerzas armadas, y hay otras coacciones que llevan mucho tiempo cuajando. Lo cierto es que hay una creciente y preocupante intolerancia selectiva de la sociedad. Una intolerancia que no es ante cualquier delito, sino que tiene como blanco al joven pobre. Una intolerancia que está cargada de odio, un odio que está cargado de angustia y miedo, un miedo que ya no parece poder ser discutido colectivamente. El castigo se expresa cuando se agota la empatía, cuando se agota el diálogo, entonces acallar al otro hasta hacerlo desaparecer aparece como única posibilidad.

 

Hay que volver a pensar, hay que volver a preguntarnos colectivamente ¿qué es el castigo, qué queremos castigar, por qué, para qué?

 

La izquierda en el gobierno no ha sabido escuchar las señales y ayudar a pensar distinto estos temas (baste recordar numerosos dichos del propio Ministro del Interior, Layera o Fulco). Por el contrario, ha invertido en una suerte populismo punitivo reivindicando lo que “la gente siente, piensa y quiere del tema del delito y de la pena” y entonces reivindicando las medidas propuestas por el hecho de responder directamente a lo que la gente “quiere”, destronando las justificaciones del castigo más vinculadas al ideal rehabilitador y resocializador.

 

Ahora bien, marcar que existe efectivamente esta tendencia no es marcar un rumbo inexorable. Este dependerá siempre, de las formas de participación de los actores que intervienen en este campo y los efectos efectivamente construidos (Sozzo, 2012). Asimismo, constatar que es una tendencia sólida no implica que no coexista con otras tendencias como por ejemplo el ideal rehabilitador o el abolicionismo.

 

 

HI, TR, DG: ¿Es efectiva la reforma propuesta? ¿Cuáles son sus aspectos más peligrosos?

 

LP: Uno de los aspectos más peligrosos es que aparece como una respuesta lineal y fácil que da tranquilidad a la angustia real y efectiva producida porque está siendo difícil vivir juntos con estos niveles de desigualdad. Efectivamente vivimos en sociedades extremadamente desiguales en términos de larga duración y trayectorias vitales que parten de daños transgeneracionales. Como sabemos, la desigualdad es relativa y no puede medirse sólo por ingreso y consumo porque eso no dice del derecho a la vivienda, a la salud, a la cultura, a vivir sin tener que saltar el charco de aguas servidas o los tiros para ir a la parada, al descanso, a poder proyectar una vida sin la incertidumbre permanente de cómo parar la olla y tejer una vida con sentido y reconocimiento colectivo.

 

Y hoy existe a nivel discursivo y práctico desde los espacios gubernamentales, un desconocimiento de la desigualdad, desconocimiento que es brutal y violento. No aparece en el discurso gubernamental el reconocimiento de la deuda social profunda que aún tenemos como sociedad con una parte importante de ella. Y al no reconocerla damos pie para que el falso discurso de la meritocracia re-victimice y condene a aquellos que ya al nacer tenían chances contadas.

 

Entonces una sociedad que no tiene un lugar efectivo (de reconocimiento simbólico y material, un lugar de utilidad reconocida) para miles de compatriotas pobres y jóvenes, aparece espantada ante la sombra que arroja sus niveles de desigualdad. Y la salida fácil es creer que podemos erradicar la sombra. Ese atajo además de falso es peligroso. Nos puede llevar muy rápidamente, y de hecho aparece como posibilidad, al discurso del exterminio social.

 

 

HI, TR, DG: ¿Qué podemos proponer como alternativa para enfrentar la problemática de la inseguridad?"

 

LP: Es una pena y merece autocrítica que la sociedad civil y la Universidad como parte de ella, no hayamos podido construir discursos y propuestas propias y que salgamos a combatir la reforma cuándo ésta va a a efectivamente plebiscitarse. Hay mucho que aprender de esto que nos ha pasado ya muchas veces. 

 

Tenemos que re-situar en un lugar privilegiado el estar colectivamente, re preguntarnos por el sentido de vivir juntos, reconociendo el lugar crucial que ocupan las luchas y conflictos por el/los sentidos que hoy podemos desplegar en términos de lazo social.

 

Creo que debemos también reivindicar el lugar de la política en un sentido amplio, sentido que muchas veces se pierde en el debate contemporáneo, en la descripción y explicación de una “gran transformación” adjetivada como regresiva o fascista que parece no depender de las elecciones y acciones de agente alguno (O’ Malley, 2000). Debemos reivindicar lo político como "todo acto que produce un efecto en el mundo orientado a la emancipación colectiva de las personas", la política como "construcción colectiva de la libertad" (Tatián, s/f, p.105). Y la libertad siempre da miedo.

 

Tenemos que formular buenas preguntas, problemas que despierten la curiosidad y la fascinación por el pensamiento, donde el desafío no esté puesto tanto en responderlas sino en la fiesta del pensamiento y el despliegue de su potencialidad. En cambio, nuestras prácticas políticas muchas veces se reducen a la interrogación y ésta se agota en la respuesta, no abre a un problema impensado, ni a pensar la propia pregunta y el campo de problemas que en ella se abren, ni a la historia de las preguntas que nos formulamos y por qué, sino a la simple respuesta cerrada, concluida, seca.

 

¿Cómo construir colectivamente los "aún no" posibles? ¿qué papel tiene la academia en la formulación de un pensamiento crítico que es guiado por la inquietud por preservar y extender la libertad? ¿Cómo detener la corriente punitivista en ámbitos tan disímiles como el castigo al pequeño delito callejero, el narcomenudeo o aquel que estalla en el propio seno del movimiento feminista?

 

Desde esta “emergencia” que nos plantea el plebiscito, un momento concreto de surgimiento de algo nuevo, no dejar de preguntarnos por el campo de relaciones que posibilitaron su aparición y que es siempre espacio de lucha y “lugar de enfrentamiento” (Foucault, 2008, p. 37).

 

Si consideramos la realidad como construida social e históricamente, entonces, se trata de tomar el riesgo de pensar los "aún no" posibles de nuestra vida social, ampliando el stock de experiencias pasibles de ser transitadas colectivamente. Si la realidad no se reduce a lo efectivamente existente, si lo efectivamente existente es una lectura desde una grilla de intelegibilidad que puede ser criticada y vuelta a pensar, entonces la realidad no es una sola, sino múltiple campo de posibles.

 

La autonomía en general, en términos de la inquietud por la libertad del modo humano, se juega en gran parte en nuestra capacidad de de-construir los problemas sociales que nos son colocados como problemas. En palabras de Grassi (1994), se trata de poner en debate lo que una sociedad o un sector de ella define como problema que requiere intervención. En su problematización se juega la posibilidad de prácticas orientadas por las categorías con las que definimos "activamente el problema y no por los supuestos implícitos contenidos en la definición social ya dada". Esta autonomía es necesaria y siempre es una autonomía que requiere esfuerzos constantes pues es situacional, precaria y nómade y por ello, activa y sistemática. La tarea es deconstruir/construir los problemas sociales que nos son colocados como demandas, en este caso el problema de la seguridad: ¿de qué seguridad hablamos?, ¿seguridad para quiénes?

 

Entonces quizá debamos empezar por preguntarnos colectivamente ¿qué queremos nos mantenga juntos como comunidad? ¿cómo construimos las condiciones de posibilidad para transitar caminos no punitivos de atravesar las profundas diferencias y desigualdades que habitan nuestro “nosotros”?

 

 

*Doctoranda en Ciencias Sociales. Docente e investigadora del DTS- FCS-UDELAR

 

 

Notas:

[1] Esta figura ha permitido el desalojo de ocupaciones colectivas de terrenos para vivir, procesos que otrora el mismo partido en el gobierno promovió activamente como parte de la lucha por el derecho a la vivienda.

 

Referencias bibliográficas: 

Fassin, D. (2018). Castigar. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. 

Foucault, Michel (2008) Nietzsche, La Genealogía, La Historia. Traducido por José Vázquez Pérez. Valencia: Pre-Textos.

Grassi, E. (1994). La implicancia de la investigación social en la práctica profesional de Trabajo Social. RTS: Revista de treball social, (135), 43-54. 

O’Malley, P. (2006) Riesgo, neoliberalismo y justicia penal. Ad-Hoc.

Alzueta, E. R. (2014). Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de gobierno. Futuro anterior. 

Sozzo, M. (Ed.). (2016). Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. Buenos Aires: CLACSO. 

Tatián, D. (s/f). ¿Qué significa actuar políticamente?. Nombres: Revista de Filosofía. Recuperado en: https://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH38HSi8jfAhVEH5AKHd28A-EQFjALegQIABAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.unc.edu.ar%2Findex.php%2FNOMBRES%2Farticle%2Fdownload%2F2355%2F1300&usg=AOvVaw19AgiR1xFtrQgZW3lUql4T

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