Ilustración: "Cambio de ADN" de Julio Castillo
Desde sus orígenes en el siglo XIX la Educación pública en Uruguay ha jugado un papel trascendente en la conformación de ciudadanía y en el desarrollo histórico del país. No puede pensarse el futuro sin considerar el rol que cumple y cumplirá la educación. En ese sentido, debemos reconocer que todo proyecto de país, y en consecuencia todo proyecto educativo se encuentra fuertemente ligado a intereses de clase de quienes los formulan.
En la actualidad existen dos polos de una tensión dialéctica que atraviesa transversalmente toda formulación de políticas educativas, por un lado nos encontramos con una propuesta de una educación subordinada a los designios de la economía y que tiene por centro el desarrollo de los ciudadanos en función de necesidades economicistas del mercado, y en el otro extremo, un relato político humanista que apuesta a una educación centrada en las personas y que propone el desarrollo integral de las mismas.
Intentamos caracterizar estos dos proyectos antagónicos pero sin caer en reduccionismos dicotómicos pues la complejidad de situaciones que la realidad impone, marca que dentro de los extremos descriptos existe un arco de posibilidades donde conviven múltiples variantes. No obstante, es de orden reconocer que estas dos matrices señaladas con su interrelación y sus diferentes gradientes determinan los actuales proyectos educativos en nuestro país.
Antes de entrar en el tema recordemos que en nuestro país por disposición constitucional la Educación Pública está regida por “uno o más Consejos Directivos Autónomos”, que no tienen relación de subordinación –aunque sí de coordinación- respecto al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Poder Ejecutivo. Esta tradición autonómica, que se remonta a los orígenes mismos de nuestro sistema educativo, se ha constituido en una característica identitaria irrenunciable de la cual los docentes somos portadores. De los cuatro aspectos que implica el principio de autonomía: técnica, financiera, administrativa y de gobierno, corresponde decir que la ANEP a diferencia de la Universidad de la República tiene la particularidad de contar en su Consejo Directivo Central con tres consejeros designados por el Presidente de la República y dos consejeros electos por los docentes. Esta característica hace que la ANEP sea mucho más permeable a las decisiones político partidarias y a los vaivenes electorales, por lo que la educación en este ámbito se convierte en campo mediático de disputa partidaria, y contaminado por diversos intereses. En el nivel global esa tensión se traslada a la clase hegemónica en el poder y a su consecuente clase dominada. Esta última con segmentos subordinados (que incluyen sectores colaboracionistas) y otros insubordinados (resistentes y conscientes del papel de su clase) respecto de la clase dominante capitalista transnacionalizada y sus aparatos, incluyendo el estatal-gubernamental (y su expresión en el sistema educativo) como campo de disputa.
Considerando las anteriores precisiones, cabe preguntarse si es posible que exista en nuestro país un acuerdo de toda la sociedad que oriente positivamente las políticas educativas en un mediano plazo. Dicho de otra manera ¿es posible la planificación de la educación pública a 10, 20 o más años?
Consideremos algunos antecedentes de planificación en nuestro país. A comienzos de la década de los años 60, la instalación de la Comisión Interministerial de Desarrollo Económico (CIDE) elaboró un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1965 – 1974) que incluía un Plan de Desarrollo Educativo en clave desarrollista con un anclaje economicista y que plasmaba las teorías del capital humano vigentes en la época, tal como lo refleja uno de sus informes: “la vinculación cada vez más estrecha entre la educación y la economía aconseja tener presente, al programar a la educación, las características de la evolución económica del país, sus metas de crecimiento, las posibilidades ocupacionales y los requisitos planteados a la educación para influir sobre los propuestos aumentos de productividad.” (CIDE, 1965). Obsérvese la similitud de esta propuesta con una de las dos matrices que señalábamos anteriormente, sin dejar ningún atisbo de duda esta perspectiva plantea que la educación de las personas es una inversión para alcanzar la máxima eficiencia del capital.
Entre los años 1995 y 2004 se implementó en Uruguay y en varios países de la región, un proceso que respondía a un programa neoliberal que trascendía la educación promovido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial del Comercio. Dentro de las medidas propuestas por estos organismos multinacionales se encontraban el redimensionamiento del papel del Estado, la privatización de las empresas estatales que manejan los recursos naturales, la energía y las comunicaciones, la flexibilización de las relaciones laborales, la reestructura de los sistemas de previsión social y una intervención en los sistemas de educación pública.
Es así que la planificación educativa se trasladó desde el Estado desde sus organismos naturales hacia programas financiados por entidades financieras. En nuestro país el BID y el BM irrumpieron en la ANEP mediante la modalidad de programas de “mejoramiento” de sus distintos niveles y modalidades (MESyFOD, MECAEP, UTUBID, MEMFOD). Para conducir su gestión se instrumentó un aparato paralelo ajeno a lo establecido en la ley orgánica Nº 15.739 que pasó de hecho a planificar y ejecutar cambios educativos en el sistema. Resulta significativo que algunas de las connotadas figuras que participaron de ese aparato, salgan hoy a proponer a la opinión pública los mismos modelos educativos neoliberales de entonces aggiornados en modernas propuestas posmodernas.
Más cercano en el tiempo, el 23 de febrero de 2012, representantes del Poder Ejecutivo y de los cuatro partidos con representación parlamentaria suscribieron un “Acuerdo Interpartidario sobre Educación”. A todas vistas inconstitucional, violaba el principio de autonomía. Como ya hemos expresado la Constitución de la República en su artículo 202 encomienda a uno o más entes autónomos la educación pública, Además la ciudadanía no votó a diputados o senadores para que dirijan la educación pública, claramente su función es otra. Tampoco dicho acuerdo siguió el camino de otorgar participación a los verdaderos actores del sistema, docentes, estudiantes y hasta las propias autoridades de la ANEP se vieron excluidas de esta elaboración.
Expresa el Grupo de Reflexión en su Documento N° 2: “Todo sistema educativo debe orientarse por políticas públicas que el Estado -no el gobierno de turno y, menos aún, el sistema político- ha de definir y explicitar. Estas deben ser concretas, dinámicas, soberanas, además de contextualizadas en tiempo y espacio. No deben ser impuestas sino elaboradas participativamente y de esa manera, legitimadas, porque implican en primer lugar al Sistema Educativo, pero inciden en la sociedad presente y futura en su conjunto”.i
Como conclusión primaria de este punto emerge la idea que un acuerdo interpartidario en educación no es de ninguna manera un acuerdo nacional en la materia, y está irremediablemente condenado al fracaso ante la ausencia de participación en la formulación de esas políticas por parte de los trabajadores de la educación.
El capitalismo global dentro de su estrategia sistémica impone en los distintos países mecanismos que intentan permear con propuestas mercantilistas a los sistemas educativos públicos. Uno de esos instrumentos son los llamados “Think Tanks”, organizaciones civiles conformadas por “expertos” -según su propio lenguaje- que proponen iniciativas dirigidas a la sociedad en su conjunto y en particular a estamentos partidarios y decisores políticos. Los grandes medios de comunicación repiten hasta el cansancio estas ideas imponiendo en la agenda pública los intereses de la clase dominante, a la cual responden estas propuestas.
Un ejemplo uruguayo de uno de estos grupos dedicados a la educación y de relativa reciente aparición ha sido el autodenominado Eduy21. En primer lugar veamos quienes financian este grupo. Según puede observarse en su página web,ii son socios contribuyentes la Confederación de Cámaras empresariales, Zona América, Fundación ITAÚ, Corporación Navíos S.A. y BEVSA. Dentro de sus socios académicos encontramos varias universidades privadas y fundaciones de partidos políticos, y por último dentro de sus socios colaboradores varios diarios capitalinos y las tarjetas de crédito OCA y VISA. El lector sin mayor dificultad captará a cuál de las dos matrices en educación responde ideológicamente este grupo.
El 16 de mayo de este año, Eduy21 presentó el "Libro Abierto. Propuestas para Apoyar el Cambio Educativo”. Según reza en la página 3 del libro mencionado la coordinación y redacción principal del documento corresponde solamente a dos personas, Fernando Filgueira y Renato Opertti.iii En la presentación realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, sostuvo Filgueira que dicho libro, “marca el inicio de un gran acuerdo nacional”.iv
Y en esta frase se encierra un error metodológico mayúsculo que invalida de plano la propuesta. El autor expresa que un libro redactado fundamentalmente por dos personas marca el inicio de un gran acuerdo nacional, ya ni siquiera hablamos de acuerdos interpartidarios, ni propuestas provenientes de organismos internacionales, sino que, rayando en el iluminismo la agrupación confía que el método para implementar un gran acuerdo nacional sobre educación pública es seguir la receta elucubrada por expertos en ámbitos privados. Verdaderamente contradictorio.
Parece ser que experiencias negativas anteriores en el tiempo, ensayando este tipo de procedimientos no ha servido para aprender la lección. “Continúa primando la idea de que las políticas, y la política educativa específicamente, es reducto hermético y experto, reino de políticos y técnicos nacionales e internacionales que piensan y deciden “arriba”, y despachan “abajo” para ejecución, sin la consulta, la participación social y el debate público requeridos. (…) La fragilidad de “acuerdos” nacionales e internacionales es muy grande, al no contarse con la necesaria participación, validación y apropiación social, lo que resulta en los continuos vaivenes y la histórica ausencia de políticas de Estado sólidas desde el punto de vista político, social y técnico”.v
Las políticas educativas como elemento particular de las políticas públicas, son un producto político y social derivado de una compleja red de actores, que necesariamente comprende de manera privilegiada las acciones de los organismos estatales pertinentes, por lo que delinear políticas públicas en ámbitos privados parece altamente inconveniente. Queremos señalar que un aspecto no menor a la hora de elaboración de las políticas públicas sobre educación es el papel que se le otorga a la participación de los distintos actores del proceso educativo, en especial a los docentes. Su involucramiento asegura la legitimación de las políticas implementadas dado que son estos profesionales los que día a día ingresan a las aulas constituyéndose en sujetos protagónicos de las medidas que se adopten, además de darle legitimidad y permanencia más allá de la rotación periódica de las autoridades.
Veamos cual es la postura de EDUY21 –según una de sus integrantes- sobre un gran acuerdo nacional en educación que paradojalmente no involucra a los docentes en su diseño. “Los expertos en educación que conforman Eduy21, sin embargo, ya saben que van a la guerra; pero también tienen confianza en que, esta vez, podrán ganarla (…) Ya veremos qué pasa con los sindicatos. Ya lo hablaremos. En Finlandia, que tanto hablamos de Finlandia, que tan admirable es su sistema, que tanto lograron trabajar con los sindicatos, lo que en realidad pasó fue que en la década del 70, cuando sentaron las bases del sistema educativo y de la sociedad finlandesa, las peleas con los sindicatos fueron a cuchillo. Acá no hay atajos", señala Adriana Aristimuño. Si alguien tiene miedo a enfrentar a los sindicatos, está frito".vi
Ahora bien, decíamos anteriormente que el sistema capitalista globalizado realiza propuestas en los diferentes países a través de diferentes grupos de la esfera privada que intentan incidir en las políticas educativas públicas. Para no abrumar pondremos solo un ejemplo de la región para visibilizar que la iniciativa vernácula tiene otras similares en diferentes países. En Paraguay existe un grupo denominado “Juntos por la Educación” que en su página webvii expresa que son un movimiento conformado por empresarios y miembros de la sociedad civil que busca potenciar las metas del Sistema Nacional de Educación y convertir la Educación en Causa Nacional.
También de reciente aparición han publicado este año el libro “Propuestas para la gobernanza y agenda educativa – El futuro con educación: un llamado nacional a la acción”. En el mismo manifiestan: En ese orden de ideas, el presente documento integra un conjunto de visiones, ideas propuestas y acciones que expresan la voluntad de un colectivo de empresarios, autoridades, especialistas y ciudadanos en materia educativa, con el objetivo de generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y a la ciudadanía en general a avanzar en las transformaciones que la educación necesita y convertir a la educación en causa nacional. viii
En si la idea final es la misma, un grupo de expertos, empresarios y otros ciudadanos, tienen como objetivo que a partir de sus propuestas de corte economicista generar un gran acuerdo nacional en educación que comprometa al gobierno de turno.
En definitiva se trata de un mecanismo de desplazamiento social de los referentes naturales del sistema educativo, docentes y estudiantes, y aun de las autoridades del sistema como ya hemos visto en los años 90. El esquema de razonamiento de estos grupos es que puesto que los docentes deben ser meros ejecutores de políticas educativas diseñadas por otros, y que las autoridades del sistema educativo no están capacitadas para dirigir la educación -ya que es evidencia que todos los medios de comunicación afirman que la educación pública está en crisis- la elaboración debe quedar en manos de expertos que desde grupos de la esfera privada formularán las políticas educativas que el país necesita para insertarse exitósamente en el competitivo mundo actual. Y hacerlo con la función asignada por los grandes centros de poder mundial respecto a la división internacional del trabajo y en consecuencia con sistemas educativos afines a dichos cometidos.
Para finalizar, existen algunas condiciones necesarias para llegar a grandes acuerdos nacionales en torno al tema educativo. La primera de ellas refiere a que la elaboración de políticas educativas debe necesariamente provenir de procesos de participación colectivos en donde los actores del sistema educativo y los ciudadanos se apropien de la formulación y el seguimiento de los objetivos de la educación pública en cada país. Es esta la única vía de legitimación.
No somos ingenuos en el sentido que intereses de clase opuestos puedan amalgamarse fácilmente para llegar a acuerdos. No es lo mismo un proyecto impulsado por empresarios, que un proyecto de los trabajadores organizados que apunte a la trasformación social y que prepare ciudadanos capaces de convertirse en sujetos históricos de los cambios hacia sociedades más justas y más solidarias.
En el sistema capitalista este tipo de tensiones estarán siempre presentes, por lo que nos parece adecuado avanzar dinámicamente en esta etapa histórica, de modo de registrar una acumulación de fuerzas del campo popular en el marco de un Plan Nacional de Educación cimentado en la democracia participativa. Este Plan deberá necesariamente emerger del debate de la máxima instancia de participación que registra la actual ley de educación: el Congreso Nacional de Educación. Solo así tendremos un acuerdo nacional de educación a mediano plazo. De hecho ya hay resoluciones al respecto provenientes del tercer Congreso Nacional de Educación Enriqueta Compte y Riqué que pueden significar el inicio de un camino que necesariamente debe finalizar con una propuesta para ser considerada en un próximo Congreso de Educación para su legitimación ciudadana.
No obstante, debemos estar alertas para que la propuesta no caiga en posibles desviaciones hacia planes de cortes tecnocráticos. Pero para evitar tal extremo, la participación de los colectivos es el mejor antídoto. La construcción de un proyecto popular y alternativo a la globalización, la capacidad de ejercer la ciudadanía real, y la elaboración de prácticas emancipadoras significa desde siempre, una profundización de la democracia
*Walter Fernández Val. Profesor de Matemáticas e integrante del Grupo de Reflexión Educativa (GRE)
Notas
v. II Encuentro de Firmantes del Pronunciamiento Latinoamericano y I Encuentro Presencial de Comunidad Educativa (Buenos Aires, 8-11 septiembre 2010)