Imagen: El puerto, Joaquín Torres García
El siguiente artículo no busca generar un conocimiento acabado sobre la temática de la megaminería a cielo abierto, ni nada que se le parezca. En él se intenta por un lado, que el lector pueda comprender algunas condicionantes y determinantes que hicieron que a finales del siglo XX y principios del XXI, se produjera en América Latina el arribo y consolidación de esta reconfigurada modalidad capitalista de apropiación por desposesión [1]. Por otro, las diferentes etapas del proceso de implantación de esta modalidad extractiva, así como algunas de sus consecuencias a nivel ambiental, económico y social.
Contexto socio- histórico (Algunas condicionantes y determinantes)
Los últimos lustros del siglo XX fueron el escenario propicio para nuevo un ciclo de auge extractivo en el continente latinoamericano. Una vez más al igual que otras tantas, desde el descubrimiento/invención del continente en 1492, las abundantes riquezas existentes en sus suelos y montañas se erigieron como objeto de deseo. Pero a diferencia de la época colonial, este nuevo ciclo de expansivo fue forjado bajo la mentada globalización neoliberal y el ropaje del libre mercado y el libre comercio.
Las políticas del Consenso de Washington impuestas por las potencias mundiales e instrumentadas por los organismos multilaterales de crédito, estuvieron deliberadamente enfocadas en recuperar el control sobre las fuentes principales de materias primas en el mundo, restableciendo el abastecimiento hacia los países del norte e impulsando la relocalización de las industrias contaminantes en los del sur global. Este auge extractivo; “gestado en la era de las dictaduras y relanzado en los años noventa, se constituyó como un nuevo capítulo en la historia colonial”. (Machado Araoz, 2014, p. 165).
A pesar de ello a finales de la década de los noventa, el Consenso de Washington dejó su hegemonía abriendo paso a la emergencia del Consenso de los Commodities. Este cambio generó para América Latina, el ingreso a un nuevo orden económico, político e ideológico global, el cual se forjó con un incremento sostenido de los precios internacionales, de las materias primas y los bienes de consumo demandados en mayor medida por los países centrales y las potencias emergentes.
Como condición previa al otorgamiento de sus créditos y a la llegada de grandes empresas transnacionales a nuestro continente, los organismos multilaterales impusieron a los gobiernos (sobre todo neoliberales), la elaboración de nuevos marcos normativos que implicaron varias medidas económicas y políticas. Algunas de ellas fueron; el debilitamiento del papel del Estado en el manejo y la explotación de los recursos naturales no renovables, grandes ventajas para las transnacionales en materia fiscal, exención o reducción arancelaria, garantía de acceso prioritario a los territorios (ancestrales o de propiedad estatal), flexibilización de las condiciones laborales y de la legislación ambiental, permisos para la exploración y prospección.
Consolidado este hecho, a mediados de la década de los noventa, una serie de nuevas y reconfiguradas modalidades de apropiación por desposesión comenzaron a avanzar de manera expansiva sobre el territorio latinoamericano. Monocultivos forestales y sojeros, fractura hidráulica, megaminería a cielo abierto, plantas de procesamiento de celulosa; fueron algunas de las tantas modalidades de apropiación por despojo ejecutadas por grandes compañías transnacionales que contaron en mayoría de los casos con el aval de los gobiernos locales. La apropiación de los recursos naturales no renovables, fue realizada por medio de una serie de violencias, atropellando los derechos de las personas que habitaban dichos territorios, así como también los derechos de la propia la naturaleza. Este hecho nada novedoso ya había sido planteado con antelación por Marx en el siglo XIX. “El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, la esclavización y el soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles-negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista”. (1979, p.939).
A raíz de las reformas en los marcos legales anteriormente mencionadas, de la necesidad de los gobiernos de obtener fondos que le permitieran llegar al ansiado desarrollo, y de la cantidad de minerales encontrados en el subsuelo aptos para la remoción, comenzó a expandirse, a lo largo y ancho del territorio latinoamericano una peculiar forma de apropiación de recursos no renovables, llamada megaminería a cielo abierto. Esta modalidad capitalista de explotación de recursos naturales no renovables a gran escala, “supone a su vez un complejo proceso de extracción y tratamiento- con diferentes sustancias tóxicas, por ejemplo a través de la lixiviación con cianuro-de los enormes volúmenes de tierras y rocas obtenidos para conseguir finalmente un mínima cantidad de material buscado. (Seoane, 2013, p .135).
El cambio de la modalidad tradicional minería de socavón, a la forma megaminería a cielo abierto estuvo determinado principalmente por tres factores. El primero, al disminuirse la concentración de mineral en las rocas, la explotación por socavón dejó de ser rentable para las empresas; “por lo tanto, para que sea conveniente realizar la extracción, se hizo necesario hacerlo masivamente, destruyendo con explosivos montañas o superficies y usando métodos físicos y químicos eficientes para recuperar el mayor porcentaje del metal de interés”. (Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses, 2018, p. 7).
El segundo, la minería dejó de ser ejecutada por empresas de menor porte pasando las actividades mineras a ser desarrolladas por grandes conglomerados formados predominantemente por capitales extranjeros que operan a escala global. Las empresas vinculadas a la extracción de metales cielo abierto fueron de dos tipos. Las empresas junior, como la conocida Zamín Ferrous quien intentó infructuosamente llevar adelante el Proyecto Minero Aratirí en Uruguay. Estas empresas por lo general son las encargadas de realizar la exploración del territorio para determinar si el contexto es favorable, tanto a nivel geológico, político y económico. “La junior se encarga de explorar las regiones en las cuales el potencial minero no es muy conocido, y establece los primeros contactos con las poblaciones y autoridades políticas locales”. (Acosta, Sacher, 2012, p. 30). En tanto, las empresas major son por lo general quienes le compran el proyecto a las junior y lo ejecutan.
A lo largo y ancho de nuestra América se encuentran funcionando una pléyade de conglomerados transnacionales vinculados a la extracción de diferentes metales. Entre ellos la compañía Barrick Gold quien desarrolla el proyecto Veladero de extracción de oro en la Provincia de San Juan en la Argentina, la New Mont en Perú quien ejecuta la mayor mina aurífera a cielo abierto de Sud América llamada Yanacocha, la China Ecuacorrientes S. A., quien desarrolla el proyecto minero a cielo abierto Mirador enfocado en la extracción de cobre, oro y plata en la Cordillera del Cóndor límite entre Ecuador y Perú, la mina Chuquimata en Chile la cual se dedica a la explotación de cobre en la zona de Calama y la Mina San Cristóbal en Potosí Bolivia.
El tercero, puede ser explicado por la necesidad de los gobiernos del continente de obtener fondos provenientes de la venta de materias primas. Este hecho tuvo su origen en el ocaso de la llamada década neoliberal, profundizándose en los albores del siglo XXI, con el advenimiento de los gobiernos denominados progresistas [2]. Muchos de estos ejecutivos se vieron necesitados de fondos para sostener sus compromisos con los organismos multilaterales de crédito y con la población en general. Para ello abrieron sus puertas a grandes inversiones, las cuales les permitirían (en los papeles) generar una importante cantidad de fuentes de trabajo y el ingreso de activos. Estos últimos, serían utilizados para reducir la dependencia externa, generar políticas enfocadas en el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura, así como también en el sostenimiento de novedosos planes sociales.
¿Cuáles son las etapas necesarias para la implantación en un determinado territorio de un proyecto minero a cielo abierto?
La primera etapa de trabajo de todo emprendimiento minero a cielo abierto es la exploración y prospección de los suelos. Luego de identificada la región apta para la instalación del proyecto, y de obtener los permisos estatales para comenzar a explorar el territorio en busca de vetas que puedan dar lugar a yacimientos, las empresas mineras dan inicio a las actividades prospectivas. En esta fase de trabajo se incluyen, la preparación de caminos de acceso, los mapeos topográficos y geológicos, el montaje de campamentos e instalaciones auxiliares, trabajos geofísicos, investigaciones hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento y tomas de muestra. Los riesgos ambientales que conlleva esta etapa son la posible contaminación de las quebradas, los ríos y otras fuentes de agua, “ya que las aguas subterráneas que afloran de los pozos de exploración pueden contener metales pesados como el plomo y el arsénico, los cuales son tóxicos para la fauna y la flora, afectando la salud de quienes consumen esas aguas”. (Movimiento por los bosques tropicales, 2004, p.21).
Luego de aprobado el Plan de Trabajo y el Estudio de Impacto Ambiental, la siguiente etapa es la de la explotación propiamente dicha. La misma se inicializa con la utilización indiscriminada de explosivos (nitrato de amonio y fuel oíl), con el objetivo de producir grandes voladuras de montañas, las cuales permiten remover considerables volúmenes de roca, generándose los escalones que dan lugar al open pit o tajo abierto. A este se le suman las escombreras y los diques de cola (lagos artificiales con grandes efluentes del proceso minero), los cuales pueden llegar a abarcar cientos de hectáreas configurándose así un paisaje lunar.
Este tipo de tecnología extractiva implica que un solo emprendimiento abarque hasta mil hectáreas solo para el área de la mina- las que serán completamente destruidas-, “llegando a remover hasta 300.000 toneladas de roca diaria, y empleando por día hasta 100 toneladas de explosivos, más de 100.000 litros de combustibles y decenas de toneladas químicas de alta toxicidad (cianuro, ácido sulfúrico, xanatos, mercurio etc.) amén del altísimo consumo hídrico y energético. (Colectivo de Voces Alerta. 2011, p.17).
Durante esta fase los pasivos ambientales producidos son: la deforestación de los bosques y suelos, con la consiguiente eliminación de la vegetación de mayor porte lo que no sólo afecta al hábitat de cientos de especies endémicas, sino que también perturba el mantenimiento de un flujo constante de agua desde los bosques hacia los ecosistemas y centros urbanos [3]. La megaminería a cielo abierto también transforma radicalmente el entorno, perdiendo su posible atracción paisajística, afectando el ambiente con el ruido producido en las distintas operaciones de trabajo.
El empleo de grandes cantidades de agua para la producción minera genera pasivos ambientales serios, ya que el manejo de este recurso no renovable de forma indiscriminada afecta otros usos sociales. La restringida utilidad que se la da a este bien en provecho de la explotación de la minera, reduce el nivel de consumo de las poblaciones cercanas secando pozos de agua, napas freáticas, lagos y otros efluentes, lo cual afecta también a la fauna y la flora local. Una complicación adicional se agrega con la modificación de los cursos fluviales. Al cambiarse el trazado del curso, se reduce la cantidad del recurso destinado a otros usos y las cuencas bajas de los mismos pierden una cantidad de riquezas tanto a nivel biológico como edafológico.
Las empresas mineras por lo general utilizan una considerable cantidad de productos químicos para disolver los metales. Las soluciones químicas no solamente liberan los metales deseados, sino que también arrastran otros metales pesados los cuales contaminan las aguas superficiales y las subterráneas. Productos como ácidos concentrados, cianuro y otros compuestos alcalinos frecuentemente generan impactos catastróficos en la fauna, la flora y la salud de los seres humanos. El agua suele terminar contaminada por el drenaje ácido; es decir la exposición al aire y al agua de los ácidos que se forman como resultado de la actividad minera, reaccionan al contacto otros minerales expuestos. “Se genera un vertido auto perpetuado de material tóxico ácido que puede continuar durante cientos o miles de años”. (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2004, p.22).
El cierre de la explotación minera constituye la última etapa de trabajo. Si este no se encuentra debidamente planificado puede desencadenar un enorme deterioro en el ambiente. Se trata de las tareas de cierre y remediación del sitio del emprendimiento. “Aunque en esta etapa está previsto que la empresa debe “remediar” los daños ocasionados, es imposible volver a las condiciones previas. Y en el caso en que el cierre se produjera por sucesivos derrames de sustancias tóxicas, el daño provocado sería altamente riesgoso para la vida humana”. (Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses, 2018, p.10).
Por lo general, estos proyectos mineros a gran escala se encuentran directamente asociados al uso indiscriminado del recurso agua y de productos químicos y explosivos. En consecuencia, los impactos económicos y ambientales sobre los territorios y la población que residen en ellos son de gran importancia. La minería avanza en los territorios donde se instala entrando en franca competencia por la utilización de agua, la energía y otros recursos no renovables, “terminando por reorientar la economía del lugar donde se implanta, configurándose como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio”. (Svampa, Viale, 2014, p. 174).
La instalación de un emprendimiento minero, genera a nivel territorial un fuerte movimiento económico y un flujo importante de personas. En primera instancia, esto es positivo ya que los proyectos vinculados a la megaminería a cielo abierto requieren de mano de obra intensiva en las etapas iníciales, lo que crea la ilusión de que existirán puestos de trabajo permanentes. Las empresas mineras llegan a los territorios con promesas de empleo y prosperidad, exaltando los supuestos beneficios que los lugareños obtendrán con su arribo, pero esta es una actividad que por lo general forja empleos de menguada calidad altamente dependientes del enclave exportador, con bajísimas tasas de reproducción al momento en que decae productividad del emprendimiento extractivo.
Quienes acceden a los peores puestos de trabajo dentro del proceso de instalación de la mina son los pobladores locales, los cargos mejor rentados están destinados en un mayor porcentaje a los foráneos. Esto implica una inmigración importante de población al territorio donde se va a instalar el emprendimiento no únicamente de las provincias y departamentos limítrofes, sino también la llegada de una importante legión extranjera. La consecuencia directa de este crecimiento demográfico abrupto, es el drástico aumento del costo de vida para la comunidad originaria en cuestiones básicas como la alimentación, los alquileres y otros servicios en general.
El nuevo grupo humano por lo general tiene escasos o nulos vínculos sociales con el resto de la comunidad local. Comúnmente quienes llegan a esas localidades son hombres jóvenes y solteros, lo que alienta varios problemas como la delincuencia, el aumento de la prostitución y el consumo problemático de sustancias produciéndose fuertes desequilibrios culturales y sociales. La mano de obra contratada en un principio será desechada, puesto que una vez iniciada la explotación de la mina solamente se necesitará personal altamente calificado, como geólogos, ingenieros civiles y operadores especializados en maquinaria.
De acuerdo con el Colectivo Voces Alerta (2011, p.17): “la megaminería a cielo abierto suele ser una actividad meramente capital intensiva la cual conlleva la utilización de muy pocas fuentes de trabajo, y si una fuerte inversión de flujos monetarios. Cada 1 millón de dólares que invierten se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos” [4].
A nivel del desarrollo local, al inicio de la operativa la actividad económica del lugar crece notablemente, se construyen nuevas y mejores vías de comunicación, se edifican casas para el personal y los cargos gerenciales se establecen negocios para proveer de insumos a la mina y a los trabajadores. Aunque a largo plazo estas economías locales (o sea comunidades establecidas por una compañía, o industria vinculada a algún rubro particular) se debilitan ya que existe muy poca actividad productiva independientemente del proyecto extractivo.
Particularmente los gobiernos latinoamericanos concesionaron a estas empresas transnacionales, territorios que presentaban mínimas exigencias a nivel del control del ordenamiento territorial y normativas ambientales. Por lo general, los mismos presentaban bajos índices de productividad y una trama poblacional no demasiado fuerte, con ausencia de actores estatales de referencia. Los argumentos de estos para impulsar la llegada de la megaminería a cielo abierto en determinados territorios se fundaron en primer lugar, en que los mismos fueron considerados socialmente vaciables en la medida que contenían un entramado social lábil y en el subsuelo de los mismos proliferaban bienes codiciados por el gran capital. En la mayoría de los países de nuestro contiente, los recursos del subsuelo son estatales, lo cual hace que los gobiernos puedan disponer de estos sin tomar en cuenta los riesgos ambientales y sociales de su utilización indiscriminada.
Como un patrón que se repite, las explotaciones mineras funcionan como economías de enclave en los territorios donde se instalan. O sea, se encuentran regidas por leyes diferentes a las del Estado-Nación donde se insertan. Se hace acuerdo con Alfredo Falero (2015, p.146) cuando sostiene que: “los enclaves económicos podrían ser caracterizados como territorios en los que se habilitan condiciones económicas especiales en relación al resto del Estado-nación”. Una moderada carga impositiva y beneficios arancelarios constituyen las prebendas necesarias para que estas transnacionales puedan instalarse. La propia lógica de enclave que acompaña estas actividades es indicadora de la integración subordinada de las mismas al mercado mundial, ya que generalmente se prioriza la exportación del bien en bruto sin producir cadena de valor alguna. Induciendo al país receptor del emprendimiento minero a una paulatina reprimarización de su economía.
La actividad de la minería, incide levemente en el Producto Bruto Interno del país receptor del emprendimiento. Regularmente las compañías mineras no reinvierten la renta en el territorio donde se desarrolla el emprendimiento, sino que el manejo de la misma implica la transferencia y el tránsito de flujos monetarios de unas sociedades a otras. Siendo este un gigantesco proceso en el cual se reorganizan los mecanismos de producción con transferencia de plusvalía desde los sectores subalternos, hacia los centros mundiales de poder. Machado Aráoz (2014, p. 180) sostuvo que: “la minería metalífera está totalmente ligada a flujos globales verticales de provisión, generando con lo producido un patrón asimétrico de intercambios (importación de bienes e insumos tecnológicos/ exportación de ambientes intensivas y de bajo valor agregado)”.
Un último tema importante destacar en este ítem, es que megaminería a cielo abierto y conflictividad aparecen intrínsecamente asociados. Si hay algo que no puede ser negado por los gobernantes de turno y por los tecnócratas que apoyan la implantación de estos proyectos mineros a cielo, es la fuerte conflictividad desencadena de manera creciente cada vez que una empresa minera viene a instalarse en un territorio determinado. “Cada proyecto minero desencadena, de por sí, un proceso conflictivo que no cesa ni aun cuando este está momentáneamente paralizado, ni cuando hubiere agotado el ciclo de vida del yacimiento”. (Svampa, Viale, 2014, p. 176).
En la actualidad según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, existen unos 247 conflictos mineros informados. Los países que poseen más conflictos vinculados a la implantación en sus territorios de la megaminería a cielo abierto son México, Perú y Chile. La criminalización de la protesta es un factor que se repite en el 100% de los conflictos vinculados a la megaminería a cielo abierto. La misma ocurre “cuando la justicia se convierte en un arma de represión contra los defensores del derecho a la tierra, en lugar de ser un mecanismo de cumplimiento de los estándares de derechos humanos”. (FIDH, 2015, p.5).
En síntesis la megaminería a cielo abierto genera un modelo de ocupación territorial dentro del cual la actividad avanza con una determinada lógica de arriba hacia abajo, sin obtener la licencia social, ni el consentimiento a través de consulta por parte de los pobladores que habitan en estos territorios; “imponiéndose por sobre las territoriales existentes, alternativas o latentes, sea que estas enarbolen la defensa de las economías regionales o que vehiculen un lenguaje de valoración del territorio diferente al hegemónico, tal como pueden hacer los pueblos originarios”. (Antonelli, 2010, citada por Svampa y Viale, 2014 p. 177).
Y Aratirí. ¿Por qué fracasó?
Como broche final de este artículo, creo que es importante plantear a qué se debió el fracaso del Proyecto Aratirí en el Uruguay. La llegada de Zamín Ferrous al Uruguay concitó gran expectativa, sobre todo en la clase política uruguaya, principalmente en el gobierno progresista del Frente Amplio encabezado por José Mújica. Este mandatario, junto a algunos actores empresariales y sindicales, fueron los principales impulsores para que este proyecto minero a cielo abierto se implantara en el Uruguay.
Si hacemos un pequeño esfuerzo de memoria recordaremos que el mismo se planificó ubicar en la zona delimitada entre los pueblos de Valentines y Cerro Chato, aunque su área de influencia se hubiera extendido a los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres.
Sus componentes fundamentales fueron tres. El primero formado por el distrito minero el cual hubiera abarcado un área total de 522 hectáreas constituida por cinco minas, distribuidas en dos grupos. El grupo Las Palmas cuya mina lleva el nombre homónimo ubicada entre los departamentos de Durazno y Florida. Y el grupo Valentines formado por las minas de Maidana, Morochos, Mulero y Uría, todas en el departamento de Treinta y Tres. A este primer componente, se le sumaba una planta de beneficiamiento integrada al distrito minero donde se trituraría el material y se separaría el hierro de la roca.
El segundo componente lo formaban un mineroducto y un acueducto de retorno. Con ello se preveía transportar el hierro a través de un caño de 212 kilómetros de largo y 62,5 centímetros de diámetro enterrado a un metro de profundidad promedio.
El tercer componente lo formaba una terminal portuaria especializada para buques de hasta 18,5 metros de calado, la cual se intentó ubicar a en la costa de Rocha cercana a varios enclaves turísticos. Entre los argumentos legitimadores para la implantación del mismo se encontraron; que el proyecto generaría una importante cantidad de fuentes de trabajo directas e indirectas, permitiendo además con las regalías del mismo generar planes de desarrollo e infraestructura y sostener una batería importante de políticas sociales destinadas a los más vulnerables.
Una respuesta simple y reduccionista a la pregunta formulada en el título podría esgrimir que…. bueno… el Uruguay no es un país tradicionalmente minero, y la cantidad de mineral existente en el subsuelo es escasa. La apuesta del gobierno progresista falló…, al igual de lo que pasó con la planta regasificadora y la extracción del petróleo a través de la fractura hidráulica. Aunque mirado a la distancia, el fracaso del proyecto minero Aratirí a mi entender se debió a cuatro factores claros. Y ahí va el detalle (obviamente compartibles o no).
El primer factor, estuvo determinado por dos componentes uno económico y otro netamente geológico. Ya que la baja cantidad de hierro existente en la zona de la Cuchilla Pereira, y la disminución en el precio de esta materia prima en el mercado internacional generó importantes limitantes para que la empresa no ejecutara el proyecto. Un adicional, fue que la empresa jamás logró vender su proyecto a otra de mayor porte.
El segundo factor, fue la falta de acuerdo entre las autoridades gubernamentales y la empresa. La no aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y el diferendo por la instalación del Puerto de Aguas Profundas hicieron que la empresa dilatara sus intenciones.
Un tercer factor determinante del fracaso, y a mi entender el de mayor peso, fue la rápida activación del conflicto junto a la resistencia social llevada adelante por la sociedad civil y la población directamente afectada. Cuando la empresa tomó verdadera conciencia de que la oposición a la implantación de este proyecto extractivo crecía de forma considerable, comenzó a retirarse progresivamente de la escena pública.
Un último factor y quizás el menos visible estuvo determinado por el lugar físico en donde se buscó instalar el proyecto. Desde el gobierno central se construyeron discursos no demasiado acertados sobre cómo era el territorio y quiénes eran los habitantes del mismo. Generando una visión centralista (típica macrocefalia uruguaya), denostando en la mayoría de los discursos a la población que producía y se reproducía en el lugar, argumentando que el entramado social era débil y que este proyecto revitalizaría este territorio. Y allí es donde el gobierno central se equivocó de cabo a rabo. La zona de Cerro Chato- Valentines posee un entramado social de corte mediano, con representación de instituciones estatales (BROU, OSE, UTE, ANEP-CODICEN, MSP, Gobierno Municipal). Como también existen otras que forman parte de la sociedad civil como la ONG Cerro Chato Plan y una filial de la UTMRA-PIT-CNT. Además, los productores afectados por los pedimentos mineros en la zona eran de mediano porte, con un buen capital cultural y económico, lo cual les permitió rápidamente tomar conciencia de los que estaba aconteciendo y colocarse a la cabeza de las resistencias al proyecto minero.
Quedan algunas preguntas abiertas a develar, o no. ¿Será posible que la extracción de metales en un futuro no muy lejano, pueda ser realizada por el Estado de manera respetuosa con el ambiente y el entorno productivo más cercano? ¿Qué pasará luego del cierre de las minas que en la actualidad se encuentran en funcionamiento? ¿Cuáles serán los recursos naturales más codiciados por los países centrales en los próximos lustros? ¿Cambiará nuevamente el patrón de acumulación capitalista y las potencias centrales volverán a redefinir el papel de América Latina en la división global del trabajo?
Notas
[1] En la misma línea que David Harvey (2004, p.13) comprendo al proceso capitalista de apropiación por desposesión como aquel que incluye:… “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad común, colectiva, estatal, en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas ; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra".
[2] Al igual que Manuel Antonio Garretón ( 2012, p.9) comprendemos a la ideología progresista como: “la respuesta, que surgió de los sectores de centro izquierda en el mundo y en América Latina, para superar ese orden neoliberal en democracia y devolverle al Estado y a la sociedad el predominio sobre el mercado, y los grandes intereses capitalistas nacionales y transnacionales”.
[3] La deforestación de los bosques, causa la rápida y fluida escorrentía de las aguas provenientes de las lluvias, agravándose esta situación en los períodos de lluvia debido a que el suelo no puede contener el agua como lo hacen en presencia de las masas boscosas. (Movimiento Mundial por los bosques tropicales, 2004, p.22).
[4] Cálculo realizado sobre datos de la Minera Alumbrera, Veladero y Río Colorado. (Colectivo Voces Alerta, 2011).
Bibliografía
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