"El Estado tiene un papel muy importante que asumir en América Latina, pero también ya es ahora de que la izquierda de la región abandone la añosa visión estado-céntrica y que se abra a perspectivas como las de los comunes". Entrevista a Daniel Chavez*

July 26, 2018

Imagen: Patricia Alfaro

 

 

Hemisferio Izquierdo (HI): ¿Qué debemos entender por bienes comunes y cuál es su relevancia política, social y económica?

 

Daniel Chavez (DCH): En los últimos años, muchos investigadores y militantes sociales de muy distintos países nos hemos reapropiado de la noción de los comunes como una idea clave para profundizar la justicia social y ambiental y democratizar la política y la economía. Esta reapropiación ha significado cuestionar las visiones, estructuras y prácticas vanguardistas y jerárquicas que durante demasiado tiempo han caracterizado a gran parte de la izquierda. Este concepto ha resurgido en paralelo a la creciente desconfianza en el mercado y el Estado como los principales proveedores o garantes del acceso a bienes y servicios esenciales. Las presiones combinadas del cambio climático y la crisis del capitalismo que explotó en el año 2008 (una crisis permanente y global, que ya no es más una serie de recesiones coyunturales o cíclicas) nos obligan a reconsiderar viejos paradigmas, tácticas y estrategias. Esto significa descartar tanto los modelos obsoletos de planificación y producción centralizada que caracterizaron al mal llamado ‘socialismo real’ del siglo pasado y al capitalismo de Estado que hoy vemos en China y otros pocos países socialistas, así como las estructuras igualmente vetustas y fallidas de las actuales economías capitalistas desreguladas.

 

Al principio, el concepto de los comunes fue difundido por intelectuales progresistas inspirados en los trabajos de Elinor Ostrom, la primera mujer ganadora del Premio Nobel de Economía, en el año 2009. Ostrom, una politóloga estadounidense vinculada a la corriente de la nueva economía institucional, fue una académica progresista, pero difícilmente podría ser catalogada como una pensadora radical o como una activista de izquierda. En la última década, académicos y activistas provenientes de familias ideológicas de izquierda muy diversas hemos repasado sus aportes y nos hemos involucrado en intensos debates teóricos sobre el potencial de los comunes, basados en el análisis de muy inspiradoras experiencias prefigurativas actualmente en curso.

La principal contribución de Ostrom fue demostrar que muchas comunidades locales auto-organizadas alrededor del mundo podían gestionar exitosamente una amplia variedad de recursos naturales sin depender de mecanismos de mercado o de instituciones estatales. En la actualidad, es posible identificar diversas perspectivas en los debates teóricos en torno a los comunes, pero en general todas coinciden en destacar la importancia de un tercer espacio (que no debe ser confundido con la propuesta de la Tercera Vía defendida por pensadores como Anthony Giddens y adoptada por políticos tan disímiles como Tony Blair en Gran Bretaña, Bill Clinton en los Estados Unidos o Fernando Henrique Cardoso en Brasil como una hipotética alternativa socialdemócrata al socialismo y al neoliberalismo) entre el Estado y el mercado.

 

Hoy en día, una búsqueda rápida en Google sobre los commons (el término original en inglés) da como resultado millones de referencias y miles de definiciones. La mayoría de las definiciones tienden a caracterizar a los comunes como espacios de gestión colectiva de recursos que son coproducidos y gestionados por una comunidad de acuerdo con sus propias reglas y normas. Nosotros (TNI) hemos publicado recientemente un informe sobre los comunes en alianza con la Fundación P2P, en el cual nos referimos a este concepto como la combinación de cuatro elementos básicos: (1) recursos materiales o inmateriales gestionados de forma colectiva y democrática; (2) procesos sociales que fomentan y profundizan las relaciones de cooperación; (3) un nuevo modo de producción enfocado en una nueva lógica y nuevos procesos productivos; y (4) un cambio de paradigma, que entiende a los comunes como un avance más allá de las dualidades mercado/Estado o público/privado.

 

En América Latina y España, quienes estamos interesados en este campo de militancia y de elaboración teórica debemos superar un obstáculo lingüístico, ya que la traducción del concepto de los commons del inglés al castellano no siempre es fácil o apropiada. Este problema también aparece en otras partes del mundo, por lo que a menudo se prefiere usar la palabra original en inglés para evitar confusiones. Algunos de nuestros amigos y compañeros utilizan el concepto de bienes comunes, pero este término alude a ideas vinculadas a la vieja economía o al imaginario propagado por la iglesia y otras instituciones conservadoras, sin llegar a captar toda la riqueza, la complejidad y el potencial de recientes elaboraciones teóricas y procesos concretos en torno a los commons. Obviamente, la producción de sentido en este campo ya se ha propagado más allá de su ámbito idiomático original y ya hay mucha gente en los países del Sur involucrada en procesos de este tipo. Es por eso que la Fundación P2P y otras organizaciones amigas han agregado una nueva palabra al diccionario español, procomún (o procomunes), mientras otros (como yo lo hago en esta entrevista) preferimos usar el término comunes, derivado de una traducción literal del original en inglés. Desde una perspectiva similar, muchos activistas europeos o africanos prefieren usar el término inglés en lugar de biens communs (en francés), beni comuni (italiano), bens comuns (portugués), o gemeingüter (alemán).

 

 

HI: ¿Los conceptos de ‘bienes comunes’ (o ‘los comunes’) y ‘lo público’ son sinónimos?

 

DCH: Esta pregunta es tema de acalorados debates teóricos, ya que tiene que ver con la vieja discusión sobre la naturaleza y el rol del Estado. Los defensores de los comunes que están más desilusionados con la izquierda en el gobierno de varios países de América Latina, en particular aquellos vinculados a la corriente autonomista fundamentalista (como muchos de mis amigos de la región andina, principalmente quienes están metidos en luchas por el derecho al agua o la energía) opinan que el Estado no debería asumir ningún papel y que el orden social en su conjunto debería ser reestructurado transfiriendo poder político y económico a comunidades locales auto-organizadas. Otros investigadores y activistas (incluyéndome a mí, algo que no es de extrañar habiendo nacido en un país tan Estado-céntrico como el Uruguay) pensamos que tal contradicción es artificial y que deberíamos al mismo tiempo expandir el alcance y la influencia de los comunes –por ejemplo, creando e interconectando nuevos tipos de empresas cooperativas auténticamente autogestionadas– y democratizar o ‘comunizar’ el Estado –por ejemplo, integrando a trabajadores y usuarios en la gestión de las empresas estatales existentes o creando nuevas alianzas público-públicas para la provisión de los servicios públicos esenciales–.

 

Mi querido amigo Michel Bauwens, un militante social belga reconocido internacionalmente como uno de los pensadores más creativos e influyentes en este campo, a menudo destaca la importancia de lo que él ha caracterizado como partner state, que podríamos traducir como ‘Estado socio’. Desde esta perspectiva, el Estado es percibido no como el enemigo, sino como una entidad que podría proporcionar a las comunidades locales y a los trabajadores auto-organizados el poder institucional, político o económico que sería requerido para que estos procesos alcancen su máximo potencial en el marco de la transición política y económica que necesitamos. Significa también, entre varias otras posibilidades a considerar, la provisión de apoyo financiero o en especie para cooperativas u otras iniciativas inspiradas en la noción de los comunes.

 

La idea de ‘Estado socio’ está en línea con algunos debates teóricos relativamente recientes entre pensadores marxistas. Hoy en día, y especialmente después de los varios gobiernos de izquierda que hemos tenido en América Latina, somos ya muy conscientes de que el Estado contemporáneo no es simplemente ese “comité para el manejo de los asuntos comunes de la burguesía” al que aludían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Ni Marx ni Engels estaban interesados ​​en desarrollar una teoría unificada o integral sobre el Estado, por lo que no deberíamos interpretar esta afirmación (¡del año 1848!) de manera literal, pero en la década de 1970 Nikos Poulantzas y otros pensadores no dogmáticos comenzaron a repensar el entramado institucional de las sociedades capitalistas y argumentaron que el Estado debería ser entendido como una relación social y no como una entidad abstracta por encima de los conflictos de clase, planteando además que la transformación de las instituciones estatales podría ser posible en el contexto de la llamada “vía democrática al socialismo” (abierta por la experiencia de gobierno de la Unidad Popular en Chile y reprimida brutalmente en 1973). Más recientemente, Bob Jessop ha mostrado como, a pesar de que el Estado tiene un fuerte sesgo estructural hacia la reproducción de las relaciones sociales, también está influenciado por la totalidad de las fuerzas sociales, incluidas las luchas contra-hegemónicas. Mi perspectiva de análisis sobre el Estado y los comunes está muy influencia por Jessop, y también por David Harvey, cuando argumenta que un gran problema de la izquierda es que muchos –apuntando a John Holloway y otros propulsores de la tesis de “cambiar el mundo sin tomar el poder”– piensan que la captura del poder estatal no tendría ninguna importancia en los procesos emancipatorios. Debemos reconocer el increíble poder acumulado en las instituciones del Estado y, por lo tanto, no deberíamos subestimar la importancia de las instituciones estatales.

 

A quienes estuvieran interesados en profundizar en el conocimiento de debates teóricos contemporáneos sobre el Estado y los comunes yo les recomendaría leer a nuestra compañera Hilary Wainwright, la economista política británica con quien yo co-coordino el New Politics Project del TNI. Hace algunos años Hilary escribió un hermoso libro, Cómo ocupar el Estado: Experiencias de democracia Pparticipativa, donde argumenta la necesidad de ‘ocupar’ las instituciones estatales mientras que, en paralelo, nos organizamos para crear y entrelazar nuevas instituciones políticas y económicas enraizadas en las comunidades locales y en los colectivos de trabajadores. Sus libros, el mencionado y otros más recientes, están basados ​​en la investigación pormenorizada de muchos ejemplos positivos de promoción de los comunes alrededor del mundo.

 

En los últimos años, en el marco de nuestro proyecto New Politics, Hilary, varios otros investigadores-activistas de distintas regiones del mundo (incluido Sebastián Torres, el ex Director Nacional de Industria de Uruguay durante el gobierno del Pepe Mujica) hemos estado tratando de entender un cambio sustancial en el pensamiento emancipatorio: hasta hace no mucho tiempo, la política económica de una parte de la izquierda incluía la propuesta de ‘nacionalización’ de industrias clave. Hoy en día, y tal vez influenciados por el reconocimiento del fracaso de proyectos como el venezolano (donde en años recientes se ha producido una recentralización del poder político y económico en manos de los burócratas y militares que controlan las riendas del Estado, con impactos muy negativos en términos de autonomía e influencia de las organizaciones populares y con indicadores muy negativos en los servicios públicos provistos por empresas nacionalizadas) muchos de nosotros estamos más interesados ​​en el diseño de una nueva economía de base solidaria y cooperativa, en las que las instituciones estatales desempeñen un papel facilitador y protector. Hacemos hincapié en la importancia de la propiedad pública de los servicios públicos y la infraestructura productiva, pero asegurando un nivel significativo de propiedad y gestión descentralizadas; por ejemplo, en la provisión de servicios de agua y energía y en la producción de bienes a través de redes de emprendimientos autogestionarios.

 

Esta perspectiva también significa un examen más profundo y más sereno de las consecuencias ambivalentes de los cambios científicos y tecnológicos en curso a nivel mundial. Ya sabemos que las formas emergentes de organización y control de las tecnologías de la información y la comunicación y de la producción distribuida constituyen un espacio muy disputado, en el que unas pocas empresas transnacionales (estoy pensando en Uber, Airbnb y otros ejemplos de la erróneamente llamada ‘economía colaborativa’) financializan y se benefician de los trabajadores precarios, los usuarios de las redes sociales y los programadores de software independientes –con impactos negativos en el poder los sindicatos y en la calidad del trabajo– pero también deberíamos ser capaces de reconocer que los mismos desarrollos tecnológicos podrían ser beneficiosos para la (re)creación de formas de propiedad y de gestión realmente solidarias, democráticas y autogestionarias. Alrededor del mundo podemos observar el surgimiento de una nueva generación de trabajadores que utilizan sus conocimientos tecnológicos para permitir que las nuevas organizaciones y redes basadas en los principios de los comunes se coordinen y colaboren entre sí transcendiendo sectores económicos y fronteras geográficas, y siendo éticamente (y cada vez más también políticamente) conscientes del nuevo orden social y económico que están creando.

 

 

HI: ¿Como evaluar el llamado ciclo progresista en América Latina tomando en cuenta su vínculo con los bienes comunes?

 

DCH: Mi perspectiva personal sobre estos temas ha ido evolucionando a medida que trataba de entender los argumentos de compañeros y compañeras de otros países de América Latina que planteaban una crítica muy fuerte a la cultura política hiper-estatista prevalente en algunos círculos políticos y académicos de la región. Al igual que muchos uruguayos, a mi me costó bastante asimilar las posiciones de amigos como Pablo Solón en Bolivia, Edgardo Lander en Venezuela, Arturo Escobar en Colombia, Maristella Stampa en Argentina, o el propio Eduardo Gudynas en Uruguay, a quienes (entre muchos otros) podemos incluir en forma genérica en la corriente de pensadores críticos del ‘desarrollo’, y en particular de su componente ‘(neo)extractivista’. En resumen, yo les criticaba dos cosas: su crítica acérrima al rol de Estado y su incapacidad de formulación de propuestas alternativas o superadoras de lo que ellos criticaban. Con el paso del tiempo y después de muchas y agitadas discusiones con Pablo y Edgardo en paneles del Foro Social Mundial, en seminarios de nuestro proyecto New Politics y en otros espacios similares, pude entender que sus críticas al Estado (no siempre tan homogéneas ni tan ácidas como yo las percibía) eran en gran medida compartibles, y también terminé descubriendo que sí había propuestas comprendidas en sus críticas.

 

Mi postura sobre estos temas también ha sido influenciada por mi interpretación de los resultados de los gobiernos ‘progresistas’ (hoy ya no me atrevo a llamarles ‘de izquierda’). Después de haber conocido muy de cerca los procesos de Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay –desde el ‘Departamento 20’, ya que vivo en Holanda– y Brasil, y en menor medida también los de Bolivia y Nicaragua, creo que debemos preguntarnos hasta qué punto es posible para la izquierda involucrarse en la gestión del Estado y del gobierno sin perder la autonomía y la perspectiva utópica que no se debería extraviar. En pocas palabras: ¿es posible operar al interior del aparato del Estado sin quedar atrapados en la lógica desmovilizadora del poder institucional? A diferencia de algunos de los amigos que mencioné antes yo no tengo una respuesta categórica, pero sigo creyendo que el Estado tienen un papel muy importante que asumir en América Latina, pero también que ya es ahora de que la izquierda de la región abandone la añosa visión estado-céntrica y que se abra a perspectivas como las de los comunes.

 

Para la izquierda uruguaya podría ser dificultoso, si consideramos el peso del Estado en la sociedad, la política, la economía y la cultura del país. Un diferencia significativa entre el Uruguay y la mayoría de los países de la región es su larga tradición de empresas públicas fuertes, eficientes y muy apreciadas por la población (al menos hasta antes del reciente debate sobre la gestión de ANCAP), que se enmarca en una sociedad que mayoritariamente concibe al Estado como catalizador del desarrollo y garante de la equidad y la integración social. Pero, por otro lado, debemos tener en cuenta la alta significación de las cooperativas de producción y de vivienda. Yo crecí en una cooperativa de ayuda mutua y trabajé durante muchos años para FUCVAM, por lo que podría no ser del todo objetivo. Sabemos que no todas las cooperativas uruguayas están bien gestionadas o son internamente democráticas y participativas, pero al comparar la realidad del sector con la situación del cooperativismo en otros países de la región y del mundo es evidente que Uruguay contaría con un terreno para el desarrollo de los comunes más fértil que el que podría existir en otros países de la región.

 

Desde el punto de vista ideológico o doctrinario, también hay que considerar que muchos componentes del debate mundial en torno a los comunes no serían novedosos para la izquierda uruguaya, ya que desde hace muchos años –décadas, en realidad– partidos tan distintos como el PDC –con su tesis de socialismo autogestionario–, el PVP –coherente con sus raíces libertarias– o el PS –con su propuesta de transición de la cogestión a la autogestión, retomando planteos que el partido viene formulando desde 1930, cuando exigía el control obrero de las empresas– han venido formulando ideas programáticas que trascienden los límites del estatismo.

 

En otros países de la región parecería que la propuesta de los comunes sería muy compatible con el discurso gubernamental. De hecho, los propulsores de los comunes en Europa y en otras regiones del mundo con frecuencia aluden a los conceptos de vivir bien o buen vivir, originarios de América Latina. Estos conceptos se popularizaron a escala mundial como un paradigma supuesto alternativo al capitalismo. Los conceptos de suma qamaña y sumaq kawsay tienen sus raíces en los modelos productivos y societarios desarrollados durante siglos por las naciones andinas y amazónicas, priorizando formas productivas y asociativas en armonía con la naturaleza y basadas en relaciones solidarias y cooperativas similares a la propuesta de los comunes. Su traducción (o su ‘exportación’) a otras culturas es problemática, pero en los propios países de origen su significación también está hoy en debate. Bolivia y Ecuador, durante los gobiernos liderados por Evo Morales y Rafael Correa, incorporaron las nociones de vivir bien y buen vivir en sus respectivas constituciones y agendas de gobierno, pero las acciones gubernamentales no siempre han sido coherentes con el espíritu o con la letra del nuevo marco legal e institucional. En Ecuador, a partir del muy evidente giro a la derecha del gobierno de Lenin Moreno, se ha llegado al extremo de utilizar el discurso del buen vivir (que suena bonito y garantiza una pátina de izquierda) para justificar una inminente oleada de privatización y mercantilización de los servicios públicos. En Venezuela también se habló mucho de la autogestión y se destinaron cuantiosos recursos a la creación de cooperativas y emprendimientos asociativos de nuevo tipo, pero en la práctica se avanzó muy poco; el modelo rentista y basado en la explotación de un único recurso (el petróleo) se profundizó durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y su agotamiento es el factor explicativo más importante para entender la crisis política, económica y social que hoy sufre ese país.

 

 

HI: ¿Qué desafíos organizativos y programáticos tiene una izquierda que tome la defensa de los bienes comunes como bandera?

 

DCH: Para responder esta pregunta debería empezar aclarando que yo no creo que la promoción de los comunes deba ser la única estrategia de la izquierda. Creo que debemos impulsar iniciativas encuadradas en la visión emancipatoria de los comunes, pero sin olvidarnos del rol del Estado y de la necesidad de dar respuesta a problemas urgentes de grandes sectores de la población. Yo estoy de acuerdo con las críticas al modelo hegemónico de desarrollo y apoyo las luchas contra el extractivismo, como también asumo como propios algunos elementos de la teorización sobre el degrowth (decrecimiento) –muy influyente en círculos de la izquierda de Europa, la región donde vivo y trabajo, pero no muy significativa en la izquierda latinoamericana. Pero discrepo con visiones como la de Escobar cuando habla del “subdesarrollo” como una mera “invención”, presentándolo como un concepto abstracto que habrían elaborado y difundido los colonialistas para que lo repitan los colonizados. Creo que no podemos ignorar los terribles índices de pobreza, de exclusión, de deficiente acceso a bienes y servicios básicos que todavía afectan a millones de latinoamericanos. América Latina no puede quedar al margen de la lucha contra el cambio climático y debe promover nuevas formas de organización y de producción que sean compatibles con el equilibrio ecológico, pero también debe responder a las demandas sociales en un contexto de posible agravamiento de los indicadores económicos a corto o mediano plazo. En ese sentido, creo que el impulso a los comunes debe ser encuadrado en una estrategia de promoción de un nuevo tipo de crecimiento, diferente al que nos ofrece el capitalismo depredador y salvaje.

 

Pensando en la realidad específica del Uruguay, y en base a la comparación de resultados y proyecciones publicados por investigadores locales, ya debería ser evidente que el fomento y promoción de mega proyectos del tipo UPM, o la privatización del segmento eólico de la energía, no constituyen la estrategia más apropiada para este país. Yo hubiera preferido que el esfuerzo destinado por el gobierno a convencernos de que la atracción de inversión extranjera directa y la liberación del comercio son el camino adecuado hubiera estado acompañado de estudios, que evaluaran con datos confiables los pros y los contras de dos estrategias distintas: el apoyo a la gran inversión privada por un lado, y el fomento a la economía popular y solidaria local por el otro. ¿Cuáles serían los posibles impactos de destinar las exoneraciones tributarias y los grandes subsidios directos o encubiertos que reciben grandes corporaciones transnacionales si todo eso se orientara a apoyar a cooperativas y otros emprendimientos asociativos de menor escala y con raíces en la economía nacional? ¿Es suficiente con aludir a los muy previsibles malos resultados de una aerolínea y algunos otros pocos emprendimientos fallidos para eliminar toda una estrategia alternativa de crecimiento auténticamente progresista? Yo no tengo respuestas concretas a esta preguntas, pero me consta que otros economistas e investigadores sociales uruguayos también se plantean este tipo de interrogantes y podrían aportar información objetiva y relevante para profundizar este intercambio.

 

¿Es posible avanzar hacia un programa que desmercantilice los servicios públicos?

 

En América Latina contamos con muchos antecedentes valiosos de desmercantilización de los servicios públicos que deberíamos reconsiderar en el marco de los intercambios actuales sobre los comunes. Hace algunos años, durante el apogeo de la entonces llamada ‘revolución’ bolivariana, yo trabajé en Venezuela y pude apreciar muy cerca el surgimiento de múltiples procesos de auto-organización popular en el que participaban millones de personas. Me estoy refiriendo a las mesas técnicas y los consejos comunitarios de agua, los consejos comunales y las comunas. Desafortunadamente, como lo explicó recientemente nuestro amigo Edgardo Lander en el congreso que convocó a miles de sociólogos latinoamericanos en Montevideo el año pasado (ALAS), actualmente la mayoría de esos procesos ya no existen o están en crisis. El individualismo y la competencia ha sido más fuertes que la solidaridad y la cooperación en las respuestas a la crisis que hoy vive Venezuela. Esta es una triste realidad que nos obliga a interrogarnos sobre la erosión de procesos que muchos habíamos considerado muy fuertes y hasta irreversibles. Buena parte de las iniciativas comunitarias y participativas que habían surgido en los años más fecundos del proceso venezolano entraron en rápida regresión al enfrentarse a perder los recursos que aportaba el Estado (de los cuales se habían hecho dependientes) en el marco del terrible deterioro de la situación social y económica del país. Creo que de Venezuela pueden surgir muchas lecciones, tanto sobre la potencialidad de los comunes como sobre la fragilidad de procesos de este tipo. También nos obliga a repensar los límites de proyectos políticos ‘revolucionarios’ excesivamente focalizados en el Estado.

 

A nivel internacional y tomando como base para el análisis la realidad europea, que es la que hoy más trabajo por mi lugar de residencia, de militancia y de investigación, creo que los latinoamericanos podríamos ‘importar’ algunas ideas interesantes del actual intercambio europeo sobre alternativas a la mercantilización y la corporatización. La vertiente de la izquierda europea más activa en el impulso a los comunes es la vinculada a las luchas por el derecho a la ciudad y a las plataformas ciudadanas que han asumido el gobierno en varias ciudades españolas. Hoy en día, una parte importante de la izquierda europea percibe a las ciudades como espacios privilegiados para la experimentación políticas, social y económica, sin verlas como entidades aisladas o al margen de procesos orientados a cambiar el Estado a escala nacional, pero reconociendo su creciente significación en el nuevo orden regional y mundial. No es casual que las luchas contra el cambio climático o por la recuperación de los servicios públicos la lideren redes de gobiernos locales progresistas. Barcelona En Comú, la coalición ciudadana que hoy gobierna la capital catalana (su nombre ya dice mucho), en especial, es una muy poderosa fuente de inspiración de alcance regional y mundial. La influencia política de Barcelona es hoy comparable a la esperanza que habían generado en décadas previas Porto Alegre, Montevideo y otras capitales latinoamericanas, cuando la izquierda empezó a experimentar con el presupuesto participativo y otras formas innovadoras de radicalización de la democracia a escala municipal. Barcelona es hoy un laboratorio para el diseño y el testeo de múltiples iniciativas inspiradas en el principio de los comunes.

 

Otra posible fuente de inspiración podría ser el actual programa del Partido Laborista británico. Desde que Jeremy Corbyn asumió el liderazgo, el laborismo se transformó en un partido mucho más radical que nuestro Frente Amplio y la mayoría de los partidos de izquierda de América Latina y de Europa. El partido laborista tiene una propuesta de renacionalización de la economía mucho más avanzada que las iniciativas similares aplicadas o propuestas desde este lado del Atlántico. En el caso específico del sector energético, Jeremy Corbyn y su partido proponen “reconquistar el control del sector en manos públicas para que la energía sea ambientalmente sustentable, asequible para los usuarios, y gestionada con control democrático”, como se lee en el manifiesto programático aprobado el año pasado. Pero la renacionalización, desde esta perspectiva, no implica que el Estado retome el control volviendo a las obsoletas empresas públicas del pasado, sino combinando diversas formas de propiedad y de gestión públicas. En síntesis, se propone no simplemente re-estatizar empresas que habían sido privatizadas durante el Thatcherismo y el Blairismo, sino reconvertir a los grandes bancos y otras entidades financieras que habían sido salvados de la quiebra con dineros públicos durante la crisis en una red de cajas de ahorro locales de propiedad mixta (estatal y social). También se propone crear nuevas empresas municipales de servicios públicos, inspiradas en algunas experiencias ya en funcionamiento –como la empresas Robin Hood Energy de Nottingham– o en propuestas de campañas populares –como Switched On London– que proponen la desprivatización del servicio eléctrico a través del lanzamiento de nuevas empresas públicas con un tipo de gestión más democrático y basadas en la participación activa de los usuarios y los trabajadores del sector, ambientalmente sustentables y con tarifas asequibles para toda la población.

 

 

 

* Daniel Chavez es un investigador y militante social uruguayo residente en los Países Bajos. Es el coordinador del New Politics Project del Transnational Institute (TNI), una red mundial de académicos y activistas con sede en Ámsterdam. Es Licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de la República y Master y Doctor en Políticas de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales (ISS) de la Universidad Erasmus de Rotterdam.

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