Ilustración: Los Tordos, publicado en la edición # 64 del periódico El Libertario, Caracas, Venezuela.
A fines del 2012 nos encontrábamos llevando a cabo los preparativos para la Marcha Nacional del Agua, evento multitudinario que recorría el Perú de norte a sur y que ponía en agenda política nacional, por primera vez en la historia, al agua y al medio ambiente. El movimiento social se sacudía de un letargo prolongado por décadas y convocaba a miles de jóvenes, mujeres y trabajadorxs a unirse a la defensa de los Guardianes de las Lagunas de Celendín (Cajamarca), quienes conformaban una férrea oposición a la mega-minería en sus tierras. Transcurridos los años, las políticas extractivistas se han intensificado, se van revelando a nuestros ojos las profundidades de la crisis de corrupción mientras recrudece la represión estatal contra los pueblos en resistencia territorial. Los movimientos sociales no se han constituido en una alternativa política nacional, pero siguen siendo la única esperanza de cambio.
Uno puede analizar América Latina desde los conflictos eco-territoriales y comprender cómo el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo se articulan en un mismo sistema de dominación, uno donde empresas extractivas y estado actúan en complicidad para imponer una visión de desarrollo sobre los pueblos, más allá del impacto sobre sus ecosistemas. Los extractivismos contaminan las fuentes de agua y generan efectos adversos en la salud de las personas, especialmente en niñxs, ancianxs y mujeres, quienes poseen metales pesados en la sangre por encima de los límites de salubridad. Los principales afectados, de lo que David Harvey ha denominado “capitalismo por desposesión de tierras”, son los pueblos indígenas cuyos territorios son la base de su organización social, económica y cultural.
Lo más trágico de la situación actual es que no existen canales institucionales que resuelvan estos conflictos. Las empresas actúan en un marco legal flexible: controles ambientales laxos, baja presión fiscal, contratos laborales precarios, etc. Para conseguir el apoyo de las comunidades, reemplazan al estado y crean prácticas clientelares a través de programas de responsabilidad social. En su defecto, utilizan la fuerza, sea criminalizando la protesta o militarizando los territorios. Ni las más graves violaciones de derechos humanos consiguen respuestas efectivas del estado, por el contrario, tanto mineros como funcionarios producen narrativas que ensalzan los extractivismos como la única vía del desarrollo. Todas las disidencias son calificadas como herejías, tildadas de extremistas o terroristas; ningún cuestionamiento científico, técnico o político es respondido con argumentos.
Recientemente se han realizado dos encuentros que describo conjuntamente con el fin de mostrar los términos de esta dominación política: el primero de ellos es el PERUMIN 33 (setiembre, 2017), evento que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú cada 2 años para promover la inversión minera y que congrega a más de 50 mil personas por una semana; el segundo es el Primer Encuentro Nacional de Afectados por Metales Tóxicos (diciembre, 2017), que ha reunido a varias decenas de personas, provenientes de 9 regiones del país, afectadas en su salud por las actividades minera y de hidrocarburos. En ambos eventos he participado como observador y me apoyo en mis notas para redactar esta suerte de comparación diacrónica.
Espejismos y realidades de la actividad extractiva
Imaginemos que los eventos no están separados ni en espacio ni en tiempo, que al traspasar la sala central, donde cientos de empresas mineras y proveedoras exhiben sus productos, se llega por un pasillo estrecho a una sala mediana donde se han reunido los afectados por metales tóxicos. Uno puede pasar de un lado a otro con solo caminar unos minutos, bastaría con no distraerse con las luces y regalos de la gran exhibición minera para llegar a ese lugar en el que se expresan voces muy críticas que hablan desde la experiencia, con los metales en la sangre. Es en realidad un acto de voluntad, implica querer escucharlos, quizás tomar algunos apuntes y volver con preguntas incisivas a los paneles de expertos mineros.
En el lado del PERUMIN hay presentaciones muy técnicas de expertos en todos los temas. En lo que concierne a la tributación minera, se hacen balances de la legislación vigente y se ensayan comparaciones entre países de América Latina. El balance arroja resultados positivos, reconocen que los convenios de estabilidad tributaria, incorporados en la Constitución de reformas neoliberales de los 90, han garantizado seguridad jurídica en el largo plazo y el mecanismo de “obras por impuestos” les ha permitido canjear 292 obras públicas ejecutadas directamente por obligaciones tributarias. El ejercicio comparativo muestra que el Perú tiene el nivel de presión fiscal más bajo del continente venciendo en el duelo a Chile, Argentina y México. Más allá del pasillo, aunque no es el tema central de discusión, se habla del aporte económico de la minería al país. La recaudación es tan volátil como el precio internacional de los commodities, hay una tendencia a la baja y el canon minero no logra recuperar los niveles de hace 10 años. Alguien menciona un estudio reciente de Cooperacción (2017): dos de las minas más grandes del país, Las Bambas y Cerro Verde, son prácticamente insignificantes para el erario nacional.
El marco regulatorio en medio ambiente también es objeto de escrutinio. Los expertos aluden a procedimientos demasiado largos para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, a la necesidad de unificar todos los trámites en el Ministerio de Energía y Minas y al peligro para las inversiones que representa la nueva ley que declara intangibles las cabeceras de cuenca. No se alcanzan a oír las voces de los afectados por metales pesados que declaran a las actividades mineras y de hidrocarburos como las principales fuentes de contaminación ambiental y humana en sus territorios, no se responden a los señalamientos de la presión empresarial sobre el estado para flexibilizar los estándares de calidad ambiental y mantener una débil institucionalidad ambiental. Al PERUMIN asiste como invitada de honor la ministra del ambiente (junto a otros 7 ministros de estado) y es compelida a un compromiso de aplicación diferida y dialogada de la ley de cabeceras de cuenca, mientras ningún ministro o funcionario de rango medio acompaña a las mujeres y hombres en el Encuentro Nacional de Afectados por Metales Tóxicos.
Solo tras mucho esfuerzo, los afectados logran que el ministro de salud los reciba en Lima y se comprometa a dar cumplimiento de la “Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas”. Sin capacidad de influencia política, sin recursos ni medios de comunicación que sobran a la gran minería, saben que el compromiso ministerial es un buen signo pero va a ser insuficiente sin un seguimiento permanente. Los incumplimientos son la regla: a Espinar (Cusco) fue un ex ministro del ambiente a prometer atención inmediata, pero solo hubo atención itinerante, insuficiente y sobre todo no especializada en contaminación por metales pesados; en Cuninico (Loreto) se han derramado 3 mil barriles de petróleo en plena selva y no hay atención sanitaria de emergencia, ni una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni una sentencia de un juez han podido hacer que el estado cumpla su obligación de atender la salud.
En el PERUMIN no se menciona la contaminación prácticamente, cuando ocasionalmente ocurre es para referirse como cosa del pasado, como algo que con la tecnología actual ha quedado superado. La gran minería tiene control sobre el debate científico, establece sus términos y condiciones y cuenta con equipos de expertos dispuestos a ratificar sus narrativas. Los afectados por la minería en La Oroya (Junín) dicen, en cambio, que la vieja y la nueva minería son contaminantes; ahí conviven con ella hace más de 50 años. Esta es la ciudad que ha sido calificada como la quinta más contaminada del planeta. La empresa dice que la contaminación no está en el ambiente sino en cada persona, reducen el problema a uno de higiene, recomienda a los padres de familia quitarse el mameluco de trabajo antes de entrar a casa y ducharse adecuadamente. Pero los afectados por metales pesados hablan de algo más serio como abortos espontáneos, enfermedades crónicas, degenerativas, cáncer, malformaciones, además de un daño a la salud mental y emocional.
El respeto por la ley y el estado de derecho es una de las exigencias primordiales de los mineros. Entienden por esto el castigo severo a los que quiebran la ley a través del bloqueo de carreteras en protestas sociales, y al uso de la fuerza estatal para hacer respetar los títulos de concesión otorgados a su favor. A pesar de que también tiene rango de ley la consulta previa y el derecho a la salud, estos no forman parte de sus discursos salvo que sea para criticarlos. Los miembros del Frente de Defensa Ambiental de Bambamarca (Cajamarca) denuncian que las empresas mineras compran a las comunidades con prácticas clientelares y las dividen paulatinamente, y que los que se niegan a estas relaciones son perseguidos, amenazados, criminalizados. Las 9 regiones que participan en el Encuentro señalan tener dirigentes con procesos penales abiertos en su contra por reclamar. Pero en el evento minero, cuando no es para referirse a los opositores como radicales o terroristas, se les desconoce por completo. “No hay opositores a la minería en Apurímac”, decía el gobernador regional precisamente del lugar que reporta la mayor cantidad de conflictos ambientales en el Perú según la Defensoría del Pueblo.
Los pueblos necesitan agua de calidad para ser consumida. El lago Titicaca (Puno) ha entrado en una etapa crítica de contaminación, ya no es posible la pesca ni el consumo humano. Las comunidades que vienen de ahí reclaman que la minería arroja sus relaves sin considerar su impacto. Otras comunidades provenientes de Lima provincias denuncian el impacto de la mediana y gran minería en las partes altas del río Rímac, el principal abastecedor de agua de la capital peruana con 10 millones de habitantes. Pero en el discurso minero el agua no es un problema, contra toda evidencia científica y experiencia práctica, el propio director de la Autoridad Nacional del Agua declara en PERUMIN que: “la minería solo requiere el 1,5% del agua disponible”. Y cuatro gobernadores regionales del sur conforman una mancomunidad política que se compromete a promover las inversiones mineras y generar un corredor minero andino, obviando los problemas de escasez de agua que han caracterizado, por ejemplo, los conflictos entre Ica y Huancavelica en los últimos 20 años.
Gritos y voces en los conflictos eco-territoriales
Hay una política de promoción de inversiones que no acepta herejías, que repite como mantra que el agua y la extracción de minerales son siempre compatibles. Hay un dogma que equipara a la minería con el desarrollo de manera intrínseca y una suerte de feligresía, entre la que encontramos a las autoridades políticas, encargada de difundir la palabra sagrada. Los afectados por metales pesados aparecen como el enemigo y no como ciudadanía exigiendo derechos, sus cuestionamientos, aunque puedan estar respaldados en conocimientos científicos, son ninguneados o desacreditados como radicales.
Las voces críticas son inaudibles en un escenario como este. Los pueblos que sufren los efectos más perversos de la minería suelen ser indígenas, pobres, rurales y, dentro de ellos, son más afectadas las mujeres y niñxs. Solo a través de medidas extremas alcanzan a influir en el estado, solo con gritos expresados en bloqueos de vías, tomas de locales, etc. Pero aun en esas circunstancias desfavorables son los mismos pueblos indígenas que organizan sus resistencias territoriales.
Los horizontes emancipatorios más prometedores residen en esta capacidad creadora de alternativas que poseen los pueblos indígenas del Perú. En mujeres como Máxima Acuña impidiendo que la gigante Yanacocha invada sus terrenos en las alturas de Celendín, como Melchora Surco pidiendo remediación ambiental, atención a su salud por la contaminación que vive la provincia de Espinar. En las discusiones económicas que plantean los ronderos de Cajamarca más allá del extractivismo. Aún bajo estas condiciones difíciles son la resistencia más férrea a la hegemonía minera, constituyen una totalidad inabarcable por el capitalismo, interpelan las lógicas del capital en nombre de la vida. Es curioso que solo un pasillo estrecho separe mundos tan distintos.
* José Saldaña Cuba es profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador en temas de acceso a la justicia en el contexto de industrias extractivas y activista de derechos humanos.