Ilustración: Nelson Romero
Como la panadera de Pocitos la semana pasada, dos trabajadores comunitarios de la Cruz de Carrasco fueron detenidos a mediados de octubre bajo un procedimiento irregular. En el caso de los dos jóvenes fue una patrulla del PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa)[1] que, minutos después de encerrarlos con la camioneta y pararlos, llamó a refuerzos. Además de hacerles “pinzas” contra la pared, los patearon y golpearon contra el asfalto, sin identificarse ni dar razones por esta parada. Eran dos oficiales varones; su colega femenina miraba la escena anonadada. Los jóvenes les pedían identificación y decían conocer la ley de procedimiento policial, decían conocer sus derechos. Los policías respondían: “En el ‘cante’ mandamos nosotros”.
No habría ni que escribirlo, pero ellos sólo estaban caminando por Hipólito Yrigoyen a las dos y media de la mañana, tras una larga jornada de trabajo. Estaban circulando un espacio público que las fuerzas de seguridad olvidan que es libre, de todos, que no estamos en un estado de sitio. Durante la detención ilegal los policías les gritaron: “Putos”, “Comunistas”, “Tupamaros de mierda”.
Tampoco habría que escribir lo que sigue, pero ocurre que se termina construyendo un discurso mediático en el que la panadera tuvo que aclarar por qué se le paró de frente al policía y le exigió que la dejara volver a entrar a su lugar de trabajo, reconociendo en la tele que le habló “con tono fuerte”. Como si eso justificara algo de la detención violenta que ejercieron sobre ella, a plena luz del día, por agentes del sexo opuesto, como ocurre el 17 por ciento de las veces con las y los jóvenes, contraviniendo el artículo 55 de la ley de procedimiento policial [2]. La grabación de Pocitos nos enrostra la liviandad con la que la fuerza policial ejerce su poder. La liviandad de la impunidad de un accionar sistemático y sistémico del que las autoridades insisten en deslindarse mediante discursos de individuación. Fue un oficial que no representa a la fuerza, que fue un “exceso”, es un hombre y los hombres “son buenos y malos”, como dijo el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, la semana pasada al opinar del caso de la panadera. E instó a la ciudadanía a denunciar estos hechos.
Vale recordarle al viceministro que su cartera representa el mayor porcentaje de denuncias por violaciones a los derechos humanos, malos procedimientos, violencia policial, ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, y el menor porcentaje de respuestas ante estas denuncias. De hecho, la INDDHH sostuvo que “La actuación policial en el caso mencionado deja en evidencia la necesidad de que el Ministerio de Interior haga efectivo el cumplimiento de las reiteradas recomendaciones comunicadas por la Defensoría del Pueblo en cuanto a la necesidad de mejorar la formación del personal de la Policía Nacional en todo el territorio de la República, sobre la base de una perspectiva de derechos que haga posible el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que regulan los procedimientos policiales de una fuerza pública profesional, moderna y adecuada a las necesidades de una sociedad democrática”[3].
Cada año, unos 13.560 jóvenes se ven involucrados en intervenciones policiales de Montevideo, según detalla la Encuesta de Violencia Policial presentada en 2016 por Serpaj, Facultad de Ciencias Sociales, Ielsur y Mides [4]. La mayoría son varones. El 64 por ciento fue parado en la calle al menos una vez, y 21 por ciento más de seis veces en los últimos cuatro años. A los jóvenes de las zonas Oeste-noroeste y Este-noreste los detienen más en sus barrios de residencia y en el centro. El caso de la Cruz de Carrasco representa una del 79 por ciento de las intervenciones en las que los policías no se identifican como tales, sumado a que el 59 por ciento de los procedimientos fueron cometidos de noche, como detalla la citada encuesta.
La ceremonia de degradación que instituyen estas prácticas policiales irregulares incluye violencia verbal, incertidumbre por no ser informados ni de los motivos de la detención ni el lugar hacia donde serán dirigidos, el deslindamiento de los servicios de salud que deben realizar el examen forense para detectar si hubo lesiones durante el procedimiento policial, la toma de declaración que busca implantar objetos cortantes que nunca hubo (como cuando “plantan” armas en un allanamiento), la incomunicación con familiares y abogados en la comisaría. CUERPOS POLICIADOS. Hay algo de la filmación de Pocitos que representa un acto de solidaridad con la empleada que estuvo a punto de ser atropellada porque los policías no iban mirando hacia adelante sino al culo de otra mujer en la calle. Pero en esa filmación hay también un sesgo de “vecinocracia” que preocupa: hay que oír que quien filma pide a los oficiales que se vayan a “detener a los chorros de verdad”. Un hilo muy fino separa este criterio del de la vecina que vive frente a la plaza de la capital sanducera y llamó a la Policía para quejarse de ruidos molestos que hacían los pibes jugando al fútbol en la plaza, tras participar en la marcha por los Mártires Estudiantiles el 14 de agosto pasado [5].
Quizá por eso el MI se hizo eco de esta denuncia de Pocitos en redes sociales, y no de la de Paysandú. Si se hubiera filmado la detención irregular en Yrigoyen y Camino Carrasco, ¿también se hubiera corrido el velo de la sospecha? Quizá también se hizo eco porque un varón, el jefe de la panadera, ratificó la injusticia sufrida por su empleada. La validez de una denuncia también tiene tufillo clasista, racista y de género. De hecho ella informó que los forenses que la revisaron no quisieron certificar que tenía moretones y otras lesiones.
“Este hecho (…) visibiliza un engranaje estatal de la reproducción cultural del heteropatriarcado. Lo que observamos a través del video es una ceremonia de degradación. Las detenciones policiales ilegales construyen esquemas sociales que operan produciendo identidades inferiores. Los niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans, pobres, locos, son sujetos habituales de estas ceremonias. Tanto a nivel público como a nivel institucional”, señaló Serpaj el viernes pasado en un comunicado donde opinaba sobre el procedimiento en Pocitos, y continuaba: “Si nos acostumbramos a este tipo de violencias e ilegalidades, legitimamos prácticas de ‘racionalización’ e ‘institucionalización’ propias de un Estado policial, amparado en una modernización estructural, pero con la misma pasión punitiva propia de otras décadas”.
Esta no es la policía que queremos, dice el Ministerio del Interior [7]. Pues yo no quiero ni esa de Pocitos, ni la de la Cruz de Carrasco, ni la de Paysandú que se llevó a los estudiantes de la plaza, ni a la de Las Piedras que hostiga a gurisas en la puerta del liceo, ni la que golpea a una adolescente en la puerta del CECAP, ni la que tortura en comisarías, la que picanea, aprieta huevos o mete dedos en vulvas, toca tetas, apoya, golpea, detiene en el baúl de la camioneta, levanta cuerpos tomando el rostro desde las fosas nasales.
No quiero una policía que pone a las víctimas, siempre, teniendo que demostrar que no son culpables.
No quiero un aparato policial justificando que los policías se hagan pasar por trabajadores del Mides para detener a un joven, cuando supieron que ya había cumplido 18 años y podía terminar en el módulo 11 del Comcar [6].
El cambio frenteamplista en la institución policial ha sido multiplicar el patrullaje, hostigar a gurises a toda hora, tirar por estrés. Nos quieren hacer creer que ver policías en todos lados, las 24 horas, nos hará más seguros y, en verdad, nos están policiando los cuerpos, las vidas.
Esta no es la policía que queremos. ¿Qué policía queremos? No lo sé. Pero nos urge dejar de pensar la policía como sinónimo de seguridad, y la seguridad en términos de seguridad física y material, dejar de construir el peligro en términos de rostros y territorios. Debemos discutir democráticamente qué otros modelos son posibles.
* Artículo publicado el 1/11/17 en https://azulcordo.wordpress.com/
** Periodista. Licenciada en Comunicación Social (UNLP) y diplomada en Género y Políticas de Igualdad (FLACSO Uruguay).
Notas
1. El PADO implica la presencia de 1.000 policías más en el área metropolitana. 2 y 4. Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación descriptiva. 3. Declaración de la INDDHH sobre procedimiento policial respecto a una trabajadora en Pocitos, 25-X-17, http://inddhh.gub.uy/declaracion-de-la-inddhh-sobre-procedimiento-policial-frente-a-una-panaderia-en-pocitos/ 5. “De la dispersión a la represión”, Brecha, 18-VIII-17. 6. “Caballos de Troya”, Brecha, 5-V-16. 7. Esta NO ES la Policía que queremos”, Ministerio del Interior, 25-X-17,https://www.minterior.gub.uy/index.php/2013-06-17-14-41-56/comunicados-de-prensa/5107-25-10-esta-no-es-la-policia-que-queremos