Ilustración: "Feriante" por Matías Larrama
Introducción
El presente artículo busca presentar en forma ordenada algunos datos de la realidad y a partir del análisis de los mismos contribuir al debate sobre la situación actual y las perspectivas del mercado de trabajo en Uruguay.
Luego de una contextualización de mediano plazo, se describe y analiza lo sucedido en la última ronda de negociación colectiva en el sector privado (mediados de 2015 a fines de 2016). Posteriormente se profundiza en la evolución de los salarios en este mismo período, donde inciden tanto las condiciones negociadas en la ronda previa de consejos de salarios, los negociados en esta Sexta Ronda para algunos grupos y también la evolución de las remuneraciones en el sector público que se negocian en otros espacios. A continuación se presenta una visión de las tendencias recientes en el empleo y el desempleo y finalmente se plantean perspectivas del mercado de trabajo en el corto y mediano plazo.
Las transformaciones en las relaciones laborales desde 2005
A partir de 2005, con el acceso del Frente Amplio al gobierno nacional (fuerza política cuyo programa está históricamente vinculado al de los trabajadores organizados y los sectores populares en general) se modifica de forma relevante el esquema de participación del Estado en las relaciones entre el capital y el trabajo.
En este artículo se comentan apenas titulares de estos cambios para dar un marco más general al análisis de la coyuntura que se desarrolla posteriormente. Entre los más importantes podemos mencionar los siguientes:
Reinstalación de la negociación colectiva (tripartita, centralizada, obligatoria) y ampliación de su cobertura a sectores de trabajadores que históricamente no habían tenido la posibilidad de negociar colectivamente su salario y condiciones de trabajo (asalariados rurales, trabajo doméstico).
Aprobación de un nuevo marco normativo para la negociación colectiva (leyes de 2008 y 2009) que establece, entre otros elementos, que la convocatoria a negociar la puede realizar cualquiera de las partes involucradas (no solamente el Poder Ejecutivo), elimina la necesidad de que el Poder Ejecutivo homologue los convenios colectivos de rama para que sean obligatorios en todo el sector de actividad y establece el mecanismo de negociación específico para el sector público.
El salario mínimo nacional vuelve a ser un elemento central de regulación del mercado de trabajo. En 12 años el poder de compra del salario mínimo nacional más que se triplica.
Se aprueba un conjunto de normas que sin tener que ver específicamente con el salario directo, benefician a los trabajadores desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y la sindicalización. La ley de libertades sindicales, la ley de 8 horas en el trabajo rural y la ley de responsabilidad penal empresarial son algunas de ellas.
Como consecuencia del desempeño de la economía y de los mencionados cambios a nivel político y jurídico, el período que inicia en 2005 nos muestra una evolución positiva de las principales variables agregadas relacionadas a la vida de los trabajadores: el salario real crece más de un 50% en una década, creció el empleo en forma significativa y la tasa de desempleo se redujo a la mitad en 10 años (de 13% en 2004 a 6,6% en 2014) y el número de cotizantes a la seguridad social alcanzó su máximo histórico (a pesar de que el no registro se mantiene en niveles que no pueden considerarse bajos, habiendo pasado de más del 40% a 25% para el total de ocupados). Otro elemento relevante es la evolución de la masa salarial en su relación al Producto Bruto Interno (que de alguna forma indica el peso de los ingresos de los trabajadores asalariados en el total de la economía), proporción que para todas las mediciones existentes mostró un crecimiento en este período. Según el Instituto Cuesta-Duarte pasó del entorno del 27% en 2004-2005 a estabilizarse en el entorno del 32% al cabo de una década.
La Sexta Ronda de negociación colectiva en el sector privado
A mediados del año 2015, confluyeron dos procesos clave para la economía uruguaya y las perspectivas de los trabajadores: por un lado, la ronda de consejos de salarios en el sector privado (llamada Sexta Ronda si contamos desde la reinstalación de la negociación colectiva en 2005) y por otro, la discusión y aprobación del presupuesto nacional quinquenal que determina entre otras cosas la evolución de los salarios de una parte importante de los trabajadores estatales.
El contexto económico en 2015 presentaba una realidad diferente a la década previa. Tras un período de crecimiento económico muy fuerte (entre 2005 y 2014 el Producto Bruto Interno se expandió a una tasa promedio anual de 5,3%), un contexto regional y mundial favorable por el aumento de los precios de los productos que exporta nuestro país y la llegada en de inversión extranjera directa en volúmenes inéditos, el primer año del tercer gobierno del Frente Amplio mostraba que este contexto se modificaba. La desaceleración de la economía China y la recesión en Brasil (principales compradores de exportaciones uruguayas), sumado a la baja generalizada de los precios de los commodities provocaron una fuerte desaceleración de la economía uruguaya, lo cual se resumen en que en el año 2015 el crecimiento del PBI fue de apenas 0,4% (el dato preliminar publicado en 2016 daba 1% pero luego fue corregido).
En este contexto el gobierno nacional presenta una propuesta de presupuesto quinquenal con una previsión de aumentos solamente por los dos primeros años (2016 y 2017) dejando los siguientes tres años “congelados” en el nivel establecido para 2017. En el marco de la desaceleración económica y la concepción predominante en el Poder Ejecutivo de que no deben otorgarse aumentos salariales generales para los trabajadores del Estado sino a ciertos sectores especialmente sumergidos o priorizados, se plantearon determinados aumentos que analizaremos en el apartado siguiente a partir de su el impacto en la evolución del salario de los trabajadores públicos en general.
En lo que hace al sector privado, se inicia la Sexta Ronda de consejos de salarios con 63 subgrupos y capítulos cuyo convenio vencía a mediados de 2015 y con la perspectiva de que en el siguiente año tendrían que negociar unos 138 subgrupos y capítulos más.
Los lineamientos del Poder Ejecutivo para la negociación colectiva (llamados históricamente pautas salariales) trajeron modificaciones importantes respecto a los lineamientos de rondas anteriores. Entendemos que estos lineamientos tenían dos grandes objetivos, que comentaremos a continuación.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo se plantea un objetivo de carácter conceptual, cualitativo, que fue avanzar en el proceso de desindexación de los salarios a la inflación. En las cinco rondas anteriores, la negociación salarial se daba en función de porcentajes reales de crecimiento del salario, en tanto se aseguraba que el ajuste también contemplara la inflación proyectada y un correctivo de inflación como mínimo cada 12 meses. Desde el punto de vista de la visión predominante dentro del Poder Ejecutivo, era que esto tenía consecuencias de reproducción de la inflación (en tanto el salario es uno de los principales costos de las empresas, que responden a aumentos salariales aumentando los precios). El nuevo mecanismo planteado por el Poder Ejecutivo en esta Sexta Ronda fue que no se negociara por un porcentaje de crecimiento real del salario más la inflación proyectada y el correctivo de inflación anual, sino por un porcentaje nominal que incluyera la inflación esperada (variable incierta) y con un “correctivo” a los dos años de vigencia del convenio que asegure que el salario real al cabo de esos dos años no fuera menor que al inicio del convenio. De este modo, cuanto menor fuera la inflación efectiva en los dos años de convenio (o en los primeros dos años en caso de los convenios más largos) mayor sería el crecimiento real de salario logrado, pero la magnitud de ese crecimiento no podía preverse al firmarse el convenio como en las rondas anteriores. Al mismo tiempo, también cabía la posibilidad de que hubiera pérdida de poder adquisitivo al cabo del primer año del convenio, dado que el “correctivo” recién se aplicaba a los dos años.
El segundo objetivo del Poder Ejecutivo, si bien no directamente explicitado, era desacelerar fuertemente el ritmo de crecimiento del salario, como forma de contribuir al estímulo de la inversión privada, en un contexto de mayor incertidumbre. Para ello se plantearon dos elementos. Por un lado, la “semestralización de los ajustes” es decir, que los porcentajes de ajuste salarial acordados en base anual fueran luego otorgados en dos partes, con lo cual se “pierde” la mitad del ajuste durante todo el primer semestre de cada año, en comparación con la situación predominante en el período anterior, donde los ajustes se otorgaban a principio de cada año del convenio. Por otro lado, los porcentajes planteados por el Poder Ejecutivo para los distintos tipos de sectores de actividad (dinámicos, medios y en problemas) que dada la tasa de inflación vigente y la previsible para los siguientes meses, hacía prever un crecimiento del salario real muy bajo en promedio.
Al cabo de algunos meses y fruto de la movilización sindical, junto al desarrollo de instancias de negociación de “alto nivel” con el Poder Ejecutivo, se fueron modificando algunos aspectos de los lineamientos que sin ser cambios sustantivos, movieron en algo la aguja en favor de los trabajadores y demostraron que con movilización es posible obtener logros. Con respecto a los “correctivos” planteados, el Poder Ejecutivo accedió primero a firmar convenios con el primer “correctivo” a los 18 meses en lugar de a los 24 meses y posteriormente también se comprometió a dar un ajuste complementario si a los 12 meses de convenio hubiera pérdida de salario real (aunque no quedó establecido como un correctivo anual tradicional, porque este ajuste complementario tiene que ser por acuerdo de las partes en una nueva reunión del consejo de salarios). La otra modificación que se realizó fue que para los subgrupos y capítulos que negociaran en 2016 la pauta de ajustes sería la misma que la planteada para 2015 y no porcentajes menores como estaba establecido en un principio en los lineamientos.
Como resultado de la Sexta Ronda, podemos decir en apretada síntesis que en la enorme mayoría de los subgrupos y capítulos se impusieron los criterios del Poder Ejecutivo en cuanto a la duración de los convenios (3 años para los que negociaron en 2015 y 2 años para los que negociaron en 2016), periodicidad de los ajustes (semestrales) y no establecimiento de correctivos anuales tradicionales. Los convenios aprobados por acuerdo tripartito se mantuvieron como la forma predominante de resolución, pero en un porcentaje algo inferior a las rondas anteriores. Finalmente, de los sectores que se “autoclasificaron” en función de su desempeño sectorial para determinar el esquema de ajustes salariales, casi dos tercios lo hicieron como sector en problemas, sector medio o una situación intermedia entre las dos anteriores, mientras que el resto se clasificaron como sector dinámico o una situación intermedia entre dinámico y medio.
Evolución reciente de los salarios y su peso en el ingreso nacional
A continuación presentaremos y analizaremos la evolución de los salarios en el período más reciente (desde 2015) donde inciden el cambio en el contexto económico regional y mundial y su impacto en la economía nacional, así como los nuevos lineamientos para la negociación colectiva (para los salarios del sector privado) y el presupuesto 2015 (para los salarios del sector público).
Tras un crecimiento anual promedio de 4,25% en el período 2005-2014, el salario real se desaceleró fuertemente, creciendo 1,56% en 2015 y exactamente a la misma tasa en 2016.
Otro elemento a considerar es que a diferencia de la etapa anterior, donde salvo alguna situación muy excepcional en toda la década, ningún sector de actividad mostró pérdida de poder adquisitivo de un año a otro, en 2015 y 2016 comenzaron a verse sectores con caída del salario real en alguno de estos dos años, especialmente aquellos sectores que están en peor situación desde el punto de vista económico. Más allá de que estas caídas no resulten significativas en el marco de lo que viene siendo el crecimiento de los salarios en los últimos tiempos, es un elemento a tener en cuenta.
En cuanto al peso de la masa salarial en la economía, la medición realizada por el Instituto Cuesta-Duarte muestra dos cuestiones relevantes. En primer lugar, que en los últimos 6 años (el período que va de 2011 a 2016 inclusive) el peso de la masa salarial en el PBI está virtualmente estancado, tras el fuerte crecimiento que había tenido esta proporción entre 2005 y 2011. En segundo lugar, que la evolución de los últimos dos años (2015 respecto a 2014 y 2016 respecto a 2015) muestra una caída del peso de la masa salarial en el PBI. En 2015, el número de asalariados cae más que el aumento del salario real promedio, con lo cual la masa salarial real cae y ante el aumento del PBI (aunque a una tasa muy baja) lleva a que el peso de la masa salarial en el PBI se reduzca. En 2016 la masa salarial real vuelve a crecer porque el crecimiento del salario real supera en porcentaje a la caída del número de asalariados; pero este crecimiento es inferior al aumento de PBI en este año, con lo cual la proporción de la masa salarial en el PBI vuelve a caer. No obstante, desde el punto de vista cualitativo, lo sucedido en estos dos años no estaría mostrando un cambio significativo de tendencia sino más bien una consolidación de la que venía prevaleciendo desde 2011, es decir el estancamiento del peso de la masa salarial en el PBI.
Otras mediciones, como por ejemplo la realizada por el Poder Ejecutivo y que aparece en la exposición de motivos de la rendición de cuentas, difieren bastante en el nivel del peso de la masa salarial en el PBI pero en términos de tendencia, también reflejan una situación de virtual estancamiento en la evolución de esta proporción a partir de 2011, con algunas diferencias menores fruto de las distintas metodologías de medición.
Tendencias recientes en el empleo y el desempleo
La tasa de desempleo, tras varios años de acelerada caída en el marco de un fuerte crecimiento económico, se mantuvo entre 2010 y 2014 en mínimos históricos, por debajo del 7% en todo el quinquenio. Como contracara, la tasa de empleo y la cantidad de ocupados aumentaron fuertemente, a máximos también históricos para el país.
En los últimos dos años los efectos de la desaceleración económica y problemas en determinados sectores de la economía llevaron a un aumento de la tasa de desempleo, que en 2015 se ubicó en 7,5% y en 2016 creció algo más hasta 7,8% en el promedio anual. En el primer trimestre de este año dicha tasa siguió en tendencia ascendente, ubicándose en 8,5% lo cual está por encima del registro de igual trimestre del año anterior. El año más crítico de esta última etapa fue 2015 donde se perdieron unos 28.000 puestos de trabajo, buena parte de los cuales correspondieron a la industria manufacturera. En 2016 se desacelera la caída del empleo a nivel general pero algunos sectores continúan viéndose muy afectados, como por ejemplo la construcción, que en dicho año resulta el sector más perjudicado.
Perspectivas de corto y mediano plazo
Desde el punto de vista de la evolución del salario, es probable que fruto de la caída de la tasa de inflación en los últimos meses, si esa tendencia se mantiene, el salario real crezca en 2017 algo por encima de lo que creció en los últimos dos años. La enorme mayoría de los sectores de actividad del sector privado tienen convenio vigente al menos hasta mediados de 2018 y si bien los ajustes previstos tenían en general (de acuerdo a los lineamientos) una lógica descendente, el ritmo de descenso de la inflación ha sido mayor que lo esperado y esto en el corto plazo puede operar a favor de la evolución del salario real. El Poder Ejecutivo en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas ha ajustado sus proyecciones macroeconómicas y prevé un aumento del salario real de 3,5% en 2017.
Lo que suceda en 2018 y en los años siguientes depende críticamente de cómo se desenvuelva la Ronda de consejos de salarios de ese año, donde confluirán prácticamente todos los subgrupos y capítulos de la actividad privada. Si los lineamientos mantienen la lógica de la Sexta Ronda y los trabajadores no logran imponerse en mayor medida que en esa instancia, es esperable que el salario desacelere nuevamente su ritmo de crecimiento (incluso en una economía que aumente su ritmo de expansión) e incluso pueda haber pérdida de salario real, ante la ausencia de correctivos. Con seguridad los sectores patronales vendrán por un gran ajuste sobre la fuerza de trabajo enarbolando el argumento del desempleo (en la lógica de que empleo y salario son por naturaleza variables contradictorias, nunca poniendo la ganancia empresarial como parte de los elementos a discutir).
Con respecto al empleo, su evolución va a depender de las decisiones de inversión que se desarrollen en los próximos años, tanto de carácter privado como públicas. La inversión pública debe ser una herramienta central desde el punto de vista del desarrollo de largo plazo del país y también como elemento generador de empleo de calidad y formación de los trabajadores. La inversión pública (no en cualquier proyecto, sino en lo que el país necesita desde el punto de vista de las necesidades de su gente) debe ser percibida como motor de desarrollo y no como generadora de déficit para las cuentas del Estado. Adicionalmente, en el corto plazo se deberían implementar políticas de empleo para paliar el problema de la pérdida de puestos de trabajo, en el marco de una revolución tecnológica permanente que expulsa mano de obra incluso de sectores que se encuentran en expansión de su producción.
Pensando en una perspectiva más larga, lo cual no desarrollaremos en profundidad porque excede los cometidos de este artículo, entendemos que se deben combinar múltiples factores para avanzar en un proceso de desarrollo con justicia social. Mucho se ha avanzado en particular desde 2005 pero desde hace algunos años se percibe un estancamiento en aspectos clave e incluso signos de retroceso. Lo que se estanca tiende a retroceder.
Los factores a los que nos referimos incluyen sin duda cambios a nivel de la política económica, donde la orientación general debería ser erosionar (en un proceso) el poder del gran capital, incrementar el peso del Estado en la economía y privilegiar los intereses de los trabajadores. Esto implica la necesidad de avanzar en transformaciones de carácter estructural como por ejemplo a nivel tributario, poner en discusión en los consejos de salarios y a nivel general la ganancia extraordinaria del capital en determinados sectores así como la renta de la tierra, mayor peso de la inversión pública en sectores estratégicos, estímulo estatal a sectores de mayor valor agregado e innovación, entre otros aspectos. Cambios en la política económica como los mencionados no son posibles sin un salto cualitativo en la correlación de fuerzas social (ambos elementos se relacionan dialécticamente), donde los trabajadores deben aumentar su nivel de conciencia, organización y disposición a enfrentar la contraofensiva de las clases dominantes que sin dudas va a ocurrir si se profundiza en esta agenda planteada.
* Bruno Giometti es economista. Investigador en el Instituto Cuesta Duarte (PIT-CNT)
Referencias
Instituto Cuesta-Duarte PIT-CNT. Las relaciones laborales en Uruguay. 10 años de cambios. Octubre de 2014.
Instituto Cuesta-Duarte PIT-CNT. Análisis de la Sexta Ronda de Consejos de Salarios. Documento no publicado.
Jorge Notaro. Informe para ADES Zonal Oeste. La situación económica, la rendición de cuentas y los impactos. Panel del 2 de junio de 2017. Versión preliminar para discusión.
Poder Ejecutivo. Exposición de motivos de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal ejercicio 2016 (presentada el 20 de junio de 2017).
Suplemento Valor!! Salarios e inflación. Semanario El Popular. Junio de 2016.