Imagen: captura de pantalla, tomada de canal online "En 5 minutos".
El pasado mes de mayo, el Movimiento Uruguay Sustentable (MOVUS) divulgó un comunicado titulado "¿Qué ganaría Uruguay con otra planta de celulosa?", cuestionando los supuestos beneficios de la instalación de una nueva planta de este tipo en nuestro país. Para ahondar en el tema, los argumentos, y las alternativas, entrevistamos a Gustavo Melazzi* y Víctor Bachetta**, integrantes del MOVUS.
Hemisferio Izquierdo (HI): Desde el MOVUS se han pronunciado críticamente con respecto a la instalación de una tercer planta de celulosa en Uruguay. ¿Cuáles serían los principales impactos, negativos y positivos si los hubiera, de la concreción de este emprendimiento?
GM y VB: Por un lado, la planta generará una gran concentración de agentes contaminantes que deberían ser absorbidos en una pequeña región del territorio. Las plantas existentes están separadas unos 150 kilómetros, la proyectada sería equivalente a la suma de las dos en un mismo lugar sobre el Río Negro, ya contaminado, a lo que se agrega un caudal siete veces menor al del Río Uruguay.
La producción diaria de celulosa sería de unas 7.400 toneladas, lo que implicaría una extracción de 214.600 m3 de agua del río (similar al consumo promedio de la ciudad de Montevideo) y una descarga de 185.000 m3 de efluentes diariamente. De esta manera, la planta consume 29.600 m3 diarios de agua y se resta dos veces ese volumen de la generación de energía aguas abajo a través de las represas de Baygorria y Palmar.
Tales efluentes contienen: sustancias orgánicas consumidoras de oxígeno, fósforo y nitrógeno, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, zinc, sustancias muy tóxicas -dioxinas, furanos, fenoles-, materiales particulados, compuestos clorados orgánicamente ligados (AOX), compuestos de azufre, agentes microbiológicos, etc.
Asimismo, esta planta aumentaría significativamente las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de carbono y otros compuestos que hacen que Uruguay contribuya al cambio climático y no sea un sumidero de carbono, como se propagandea. Curiosamente, en los informes del país no se incluyen las emisiones de gases de efecto de invernadero de las dos plantas de celulosa existentes.
Como es usual, se prometen las 'últimas tecnologías disponibles', pero no se exige el circuito cerrado o quasi cerrado de agua, ni se utiliza la tecnología totalmente libre de cloro (TCF) que aplican las empresas en Finlandia.
Por último, una evaluación de los impactos ambientales de las plantas de celulosa no puede ser ajena a los de la forestación, que van desde la reducción del rendimiento hidrológico y la biodiversidad, hasta una grave alteración de la materia orgánica y las propiedades físico-químicas de los suelos, desarrolladas a través de siglos.
En cuanto a los impactos sociales, ya se vio que el departamento donde se ubica UPM mantuvo las mayores tasas de desempleo del país. El empleo definitivo en esas plantas no pasa de dos centenares; en su mayoría, en tareas de vigilancia, limpieza, y similares. En las plantaciones forestales el empleo es menor que cualquier otra ocupación agropecuaria. Una planta más expandirá un modelo forestal que aumenta la desaparición de pequeños y medianos productores rurales, a cambio de empleos temporales poco especializados, con condiciones de trabajo precarias y peor pagadas.
Finalmente, en lo económico, a pesar de ser una industria altamente rentable que se sirve de bienes comunes (recursos naturales) en los que tenemos ventajas comparativas que no abundan en el mundo, se le otorgan beneficios excepcionales.
Hipotéticamente, si sumamos las cifras de las tres plantas de celulosa, se invertirían US$ 7.600 millones y ganarían US$ 24.361 millones. Descontada la inversión, tienen un lucro de US$ 16.761 millones. Por cada dólar invertido, se llevan 2,20. O sea que no realizan ningún “aporte” por la extracción de recursos del país. Al mismo tiempo, su base forestal costó mucho dinero en subsidios y en renuncias fiscales.
El impacto en el PBI es ínfimo (exceptuando la construcción, unos tres años) y la mayor parte del ingreso que generan no queda en el país. UPM aún no presentó su proyecto, pero si años atrás la propia Botnia –luego UPM- estimó su aporte en US$ 80 millones anuales (básicamente salarios a locales, insumos y otros gastos menores) durante su operativa, difícilmente la nueva planta supere los US$ 200 millones.
Tenemos asimismo el destrozo de rutas y caminos, cuyo mantenimiento y reconstrucción pagamos, sin contrapartida de las empresas. El gobierno dice que invertirá US$ 1.000 millones en infraestructura para viabilizar el proyecto de UPM. Como mínimo, ¿por qué no participamos en las ganancias del proyecto? Lo básico sería la reconstrucción de una línea de ferrocarril, al que se dejó agonizar pese a los reclamos populares pero ahora, ante la exigencia de la transnacional, dicen que lo harán.
Otra de las "ventajas" atribuidas a las plantas de celulosa es la generación de energía "limpia" a partir de biomasa para el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el balance energético de esas plantas es negativo, son fábricas comunes que consumen fuel-oil y complementan sus necesidades energéticas con biomasa. En el período 2011-2016, compraron a ANCAP casi el doble de la energía que le vendieron a UTE.
Dentro de las regalías estatales, destaca que ANCAP vende el fuel-oil a las plantas de celulosa entre la mitad y un tercio del precio al que se lo vende a las industrias locales que pagan todos sus impuestos y generan muchas más fuentes de trabajo. Es más, el precio para las pasteras es inferior al que ANCAP paga cuando lo importa.
HI: ¿Qué significa para nuestro país este proyecto desde el punto de vista de, digámoslo así, su “modelo de desarrollo”? ¿Por qué consideran que el gobierno ha dado tanta prioridad a la llegada de esta inversión?
GM y VB: El “modelo de desarrollo” del gobierno se inscribe dentro de las pautas dictadas por los centros hegemónicos de la economía capitalista mundial, que le asignan a nuestros países el rol de simples proveedores de materias primas. En ese marco, las mayores inversiones son decisivas y están vinculadas a la exportación de nuestros recursos naturales con el mínimo valor agregado. Apertura nacional al libre comercio entonces, y el Estado “no interviene”, dado que “los mercados” deciden.
Este modelo nos relega a la función de productores primarios (soja, celulosa, carne), que a su vez consolida bajos niveles de empleo y salarios; enormes extensiones de tierra en manos de pocos propietarios, buena parte extranjeros, y casi nula generación de dinamismo interno para otros sectores. No aportan recursos sino que se los llevan. Se refuerza nuestra dependencia, y la fragilidad ante los ciclos internos y externos del capital. Poco importan los impactos ambientales.
Este escenario, que consolida y refuerza la desigualdad (incluso la distribución del ingreso no mejora) requiere complementos. Por un lado, un “ambiente de negocios” que brinde seguridad a los empresarios (con la pérdida de soberanía para las decisiones de producción, Tratados de Protección de Inversiones y tribunales del exterior en caso de disputas, etc.). Los compromisos más importantes del gobierno, tales como los contratos de inversión, no pasan por el Parlamento ni se debaten públicamente. En los últimos gobiernos, el “ambiente” favorable se refuerza con el compromiso del movimiento sindical que asegura a los empresarios condiciones de “paz social”.
Debe señalarse que otras plantas de celulosa ya tienen varios años en el país. Evaluar sus experiencias debiera ser prioritario; sin embargo, pese a la importancia de los proyectos, en la academia hay un absoluto silencio. No hay ningún estudio de las Facultades de Economía o Ciencias Sociales sobre este tema.
Por otro lado, a pesar del mito, el Estado interviene y de manera fundamental. Se otorgan insólitos subsidios por la vía de las Zonas Francas; exenciones de impuestos (“renuncia fiscal”); construcción y reparación de infraestructura; venta de fuel oil, para mencionar solo los más importantes. Las exenciones al capital extranjero prácticamente igualan las inversiones que realizan: invierten lo que les dejamos de cobrar.
En definitiva, un “modelo” para el gran capital, complementado con programas sociales para minimizar los conflictos, sin proponerse un camino de fortalecimiento de las organizaciones populares que apunte en otra dirección.
En un escenario de recesión, y ante las próximas elecciones, la apuesta a UPM es para el gobierno la única promesa; la única propuesta para ilusionar votantes. Aprovechar el impacto en el empleo durante la construcción; y después… ¿quién sabe?
HI: Descartada la opción por este tipo de mega-inversiones con grandes beneficios fiscales e importantes impactos ambientales, y ante un escenario evidente de retracción económica dado el cambio en el contexto internacional (reducción de los precios de las commodities y de los flujos de capital extranjero) ¿cuáles serían a su juicio los ejes por los cuáles debería transitar un modelo de "desarrollo alternativo"?
GM y VB: Anotemos apenas algunos criterios básicos para encarar un camino diferente.
Primero, la transparencia, sobre todo que se empleen mecanismos de participación pública que permitan a la sociedad involucrarse en decisiones claves para optimizar la producción y la distribución de los beneficios de los recursos existentes.
Segundo, los recursos fundamentales del país se sustentan actualmente en la renta del suelo: tierra y agua, y las playas. Un Programa Nacional de Desarrollo debe orientarlos hacia actividades de mayor dinamismo.
Tercero, la riqueza generada en el país debe dirigirse prioritariamente a desarrollar una economía integrada, con buenos niveles de industrialización. Es lo que garantiza empleo y salarios de calidad.
Y cuarto, los recursos obtenidos no deben derrocharse en actividades improductivas e innecesarias, así como en exoneraciones y créditos (en buena parte incobrables) otorgados por el Estado.
En este marco, la inversión extranjera debe ser acorde con dicho Programa, donde fijemos colectivamente sus objetivos y condiciones. Nosotros debemos decidir, no someternos a designios extranjeros.
La forestación debe tener una escala que respete suelos y cuencas hidrológicas, así como las actividades productivas tradicionales; que impulse también maderas nobles y el máximo de valor agregado, donde la celulosa (un commodity) se industrialice en el país y haciendo papel, para consumo interno en primer lugar.
Otra capacidad que acabamos de perder con el cierre de Fanapel, que no mereció del gobierno poco más que una declaración.
* Gustavo Melazzi es economista, integrante del MOVUS.
** Víctor Bachetta es periodista ambiental, integrante del MOVUS.