Ilustración: "Cleaning" por Julio Castillo.
Lo obvio
Hace relativamente poco, discutiendo el libro de Thomas Piketty “El capital en el siglo XXI”, David Harvey decía que si bien era un aporte relevante del francés el haber generado evidencia estadística de que el capital había tendido a lo largo de la historia a generar niveles mayores de desigualdad, no era de hecho mucha novedad. Era, decía Harvey, básicamente lo mismo que Marx había predicho en el Tomo I de su “El Capital”. Más allá de la infinitamente interesante discusión planteada por Harvey, referida en particular a la naturaleza del capital, hay una conclusión algo menos glamorosa, con la que nos topamos habitualmente al hablar de desigualdad, y es que no es extraño que terminemos en aquello de la “penosa reconstrucción de lo obvio” de la que advertía Filgueira. Terminamos reuniendo y combinando trabajosamente datos de aquí y allá, para decir lo que es para muchos una verdad evidente: que la desigualdad es un rasgo distintivo aún de países como Uruguay, que pequeñas partes de la población se apropian de grandes cantidades de ingreso, que el patrimonio está fuertemente concentrado, que el grueso del capital es poseído básicamente por una fracción ínfima de la población, y así podríamos seguir.
Sin embargo, no es menos obvio que la evidencia tiene potencial político en tanto orientadora de la acción pero, tal vez aún más, en la construcción de relato. Volviendo al ejemplo de Piketty, no fue por casualidad que apenas el libro cobró notoriedad pública se desatara un furioso ataque, antes que sobre sus razonamientos o sobre el modelo que proponía, sobre la evidencia planteada. Ese ataque, liderado en un comienzo por el Financial Times y seguido por otros, no fue parte de una discusión académica, fue una operación política tan agresiva como fracasada. Y su objetivo era destruir el relato.
Acerca de evidencia y relato sobre la desigualdad económica tratan estas líneas, en las que voy a mezclar (probablemente con poca elegancia) descripción aséptica, análisis de políticas públicas, discusión metodológica y algo de especulación, en un intento por aportar a un debate en el que creo que nos jugamos la ropa.
El relato
Voy a empezar relatando el derrotero de la desigualdad de ingresos en Uruguay en el último tiempo, es decir, la desigualdad del conjunto de salarios, jubilaciones, transferencias y rendimientos del capital que perciben las personas, analizando la evolución del índice de Gini. Sobre la conveniencia o no de este índice, que varía entre cero (perfecta igualdad) y uno (perfecta desigualdad), así como de otros parientes cercanos, volveré más adelante.
Analizando este indicador, se observa que durante el período de fuerte crecimiento económico de los 90, la desigualdad se mantuvo primero estable y luego comenzó a crecer al inicio de la segunda mitad de la década. La economía entró en recesión llegando al cambio de siglo y, durante ese período, la desigualdad continuó su tendencia ascendente. Cuando la recesión se transformó en crisis, la desigualdad siguió creciendo, y no se detuvo cuando la economía comenzó su fase de recuperación en 2004. En el entorno del año 2007, esta larga tendencia de sostenido incremento de la desigualdad de ingresos encuentra un violento final. El índice de Gini experimentó una dramática caída de 0.07 puntos en apenas cuatro años. Así dicho, es cierto, puede no resultar muy espectacular, pero de hecho lo es. Una forma de pensarlo es compararlo con las sociedades más igualitarias que conocemos, los países del norte de Europa. Los índices de Gini más bajos que conocemos están en el entorno de 0.25: así, la caída de la desigualdad de 0.07 puntos antes señalada, partiendo de 0.45, implica entonces que Uruguay recorrió aproximadamente un tercio de la distancia que lo separaba de los países más igualitarios del mundo en cinco años.
Para que este violento cambio tuviera lugar, muchas cosas tuvieron que pasar simultáneamente. Por una parte, la participación de la masa salarial en relación al producto, es decir, la parte de la torta que se llevan los trabajadores, creció más de 10 puntos porcentuales entre 2004 y 2012. Este cambio en la participación de los ingresos de los trabajadores se dio por el crecimiento del empleo y de los salarios de la mano de la recientemente (re)implantada Negociación Colectiva y del aumento del Salario Mínimo Nacional, resultando en que el conjunto de la masa salarial creciera pero en particular los salarios de quienes percibían menores remuneraciones. A su vez, el crecimiento de los salarios más altos se vio limitado por la implementación de la Reforma Tributaria de 2007, que moderó su crecimiento mediante un impuesto directo netamente progresivo. Al mismo tiempo, se pone en marcha la re-configuración del sistema de trasferencias monetarias mediante el rediseño del Régimen de Asignaciones Familiares, cubriendo a más de la mitad de los hogares con menores.
Al final del día, este conjunto de políticas se traduce en un crecimiento de la masa de ingresos percibidos por el grueso de la población, con un crecimiento más vigoroso de los perceptores de salarios más bajos, acompañado de dos instrumentos que a modo de pinzas refuerzan los ingresos de los hogares más pobres y moderan el crecimiento de los hogares más ricos. En el período, por tanto, todos los ingresos crecen, pero mucho más rápido crecen los de los hogares de ingresos más bajos. En este sucinto repaso que apenas apunta los factores más salientes, vemos que para lograr esa fuerte caída de la desigualdad que comentamos, fue necesario un período de fuerte crecimiento económico y al menos tres grandes reformas estructurales. Ya desde 2013 en adelante, se observa que la desigualdad ha dejado de caer, lo que parece indicar que estas políticas y la fuerza igualadora que desplegaron comienzan a mostrar señales de agotamiento. Los niveles de desigualdad siguen muy por encima de los de buena parte de los países desarrollados, y parece evidente que incluso desde una perspectiva moderadamente igualitarista, los niveles de desigualdad actuales continúan siendo intolerables.
El índice y el relato
Este relato está apoyado casi exclusivamente en la evolución de un indicador, el índice de Gini. Este índice es objeto de toda clase de críticas, algunas de ellas bastante desbastadoras, pero quisiera centrarme en particular en una, que tiene implicancias tanto políticas como de relato. Este índice mide, como dijimos, la desigualdad de la suma de todos los ingresos que recibe cada persona. Es decir, no importa de qué fuente, y en particular no importa si es, por ejemplo, por capital o por trabajo: se suma todo lo que percibe cada individuo y se calcula el índice. Esto se aplica también a otros índices de desigualdad, como la comparación entre lo que percibe el décimo decil de ingresos en relación al primero, o la participación del 1% de más ingresos en el total del producto. Desde una perspectiva marxista esto resulta evidentemente problemático, ya que justamente invisibiliza la división de clase que se considera central para el análisis. Desde ese punto de vista, la medida adecuada de la desigualdad no es el índice de Gini ni ninguna otra medida de desigualdad personal de ingresos, sino más bien alguna que dé cuenta de la distribución entre clases, es decir, algo más parecido a lo que la literatura llama la distribución funcional del ingreso. Un ejemplo de esta última es la mención precedente al crecimiento de la masa salarial en relación al producto, que introduje al explicar los factores que incidieron en la caída de la desigualdad. Viendo este indicador también podríamos decir, dicho sea de paso, que la desigualdad disminuyó fuertemente y luego se estancó en los últimos años.
Pero más allá de la evolución específica de estos indicadores, ¿qué es lo conceptualmente adecuado observar? Toda la literatura moderna sobre desigualdad está enfatizando fuertemente la necesidad de considerar simultáneamente ambas dimensiones. Es una opción algo cobarde, cierto, pero hay buenas razones para creer que está bien. En el contexto de esta columna, supongo que no es necesario explicar por qué la desigualdad capital-trabajo es importante. Intentaré entonces ensayar una defensa de la necesidad de considerar, también, la desigualdad personal, y lo haré en 4 puntos.
Ciertamente Marx, pero también el resto de los economistas clásicos como Smith y Ricardo, al analizar la desigualdad lo hacían desde la perspectiva de qué parte del producto iba a parar a cada clase social, es decir, algo parecido a la idea de distribución funcional. No parece una idea ridícula considerando el contexto: en sociedades donde una pequeña clase propietaria poseía prácticamente todos los medios de producción, en tanto que grandes masas homogéneas de población pauperizada no tenían más para vender que su fuerza de trabajo, entender las diferente apropiación entre lo generado por la economía entre las clases, implicaba entender prácticamente toda la dinámica de la desigualdad. En economías modernas, sigue siendo cierto que un pequeño grupo de personas posee casi todos los medios de producción (volveré sobre esto más adelante), pero los trabajadores ya no son un grupo homogéneo. De hecho, buena parte de los cambios en la desigualdad personal se explican por lo que sucede dentro de la clase trabajadora, en particular por las divergencias a partir de diferencias en los niveles de calificación. Son todos trabajadores, está claro, pero que un neurocirujano, por ejemplo, gane 10 o 15 veces más que un peón rural no parece ser una situación deseable, y si miramos sólo la distribución funcional, nos lo perdemos.
La segunda línea de defensa es la más directa y es la que se emplea habitualmente, motivo por el cual no me explayaré aquí, y es que es que independientemente de la fuente de la que provengan los ingresos, éstos son una aproximación razonable del nivel de recursos al que acceden los individuos, y por tanto aportan información valiosa sobre la dimensión material del bienestar.
La distribución funcional es útil en el marco de economías capitalistas puras, pero al menos desde el punto de vista teórico, en contextos en los que los medios de producción se socializaran parcialmente, una desmejora de la distribución funcional del ingreso no implicaría necesariamente estar peor. Sería el caso, por ejemplo, de una economía en la que al menos una parte de las empresas contase con participación de los trabajadores en la propiedad de las mismas. Las rentas del capital adicionales, en ese caso, irían a parar también a manos de los trabajadores. Recordemos que el problema no es el capital o su rendimiento, es su distribución. Si éste estuviese más igualitariamente distribuido, deberíamos incluso celebrar un “empeoramiento” de la distribución funcional, ya que implicaría la obtención del mismo ingreso con menos trabajo. Sobre esta noción volveremos sobre el final.
Por último, el relato. Indicadores de distribución personal como la comparación de ingreso de distintos deciles suelen ser duramente castigados con frases como “los deciles no luchan”. Es probablemente el ejemplo más claro de esta idea de que la desigualdad personal al final del partido no importa, porque lo que sí importa es la funcional en la medida en que refleja a actores sociales, las clases, en pugna. Está bien, pero no tanto. La división entre el 99% y el 1% es un claro ejemplo. Cualquiera que haga una búsqueda de imágenes de Occupy Wall Street y movimientos similares verá cientos de personas con carteles que dicen “We are the 99%”. El potencial aglutinador y de construcción de relato parece ser potente, o al menos no descartable de plano. Del otro lado de la ecuación, el 1% de mayores ingresos, o el 1% de mayor riqueza (sobre el que hablaré seguidamente) es un grupo con características particulares, completamente distintas a las del resto de la población y que van mucho más allá de estar de un lado u otro de la línea que divide al 99% del 1%. Concentran, en particular, un acceso desmesurado a recursos económicos, muy en particular a medios de producción. A poder en sentido estricto, como recordaba Adam Smith. Y lo importante es que esto es cierto independientemente de la forma contable con la que se hacen de esos recursos. Esto les permitió beneficiarse de una evolución en sus ingresos completamente disociada de la del resto de la población[1]. Así que tal vez sea cierto, los deciles no luchan, pero los centiles sí, y los fractiles aún más. Y vamos perdiendo.
El 1%
Sabemos poco sobre el famoso 1%, pero cada vez sabemos más. Para el breve período en que podemos observar con mayor precisión sus ingresos, que es con posterioridad a la incorporación del IRPF en Uruguay[2], vemos que su participación en el total de los ingresos está en el entorno del 14% y es bastante estable. Esto representa aproximadamente lo mismo que percibe el 40% más pobre.
La fuerte concentración de los ingresos en este grupo, que representa a algo así como 25.000 personas en el caso de Uruguay, ya es un dato relevante en sí. Pero hay más características que lo destacan, y que recuerdan que pensar en estos términos se encuentra muy emparentado al final de la película con un análisis de clases. Por una parte, presentan una movilidad descendente menor. Así, conforme nos movemos hacia grupos de cada vez más ingreso, la movilidad descendente cae. Esto quiere decir que cuanto más ingreso se tiene, menos probabilidad hay de dejar de tenerlo.
Por otro lado, su cartera de ingresos es sustancialmente distinta que la del resto de la población. Hasta el percentil 99, los ingresos por capital son una fracción casi despreciable de los ingresos percibidos por las personas. Es recién ingresando el 1%, y más en particular al 0.5% o 0.01% de más ingresos cuando los ingresos por capital aparecen con mucha fuerza, superando la mitad del total de ingresos percibidos.
Lo interesante es que lo hacen acompañados de remuneraciones laborales también muy elevadas, y conforme vamos obteniendo más información sobre cómo efectivamente las empresas remuneran a sus dueños, menos claro se vuelve que los ingresos por capital puros o los salarios reflejen adecuadamente el ingreso de cada clase en este grupo poblacional. Por ejemplo, las utilidades distribuidas de forma nominativa tenían apenas unas 6000 personas como destino en el período 2009-2012, y salían de sólo 2500 empresas. Es que las empresas tienen múltiples formas de remunerar a sus dueños, que a veces es en forma de utilidades, a veces en forma de salarios, otras usando cuentas bancarias compartidas, y así podríamos seguir. Por tanto, la forma contable puede ser engañosa y, por tanto, la consideración del conjunto de ingresos percibidos por estos individuos a los efectos de analizar la desigualdad no parece descabellada.
Desde el punto de vista patrimonial, la situación luce peor. El 1% de mayor riqueza, concentra al menos un cuarto de la riqueza neta total. Nuevas estimaciones aún en curso, que hacen uso de información más precisa, vienen indicando que esta proporción se parece más bien a un tercio del total. Si bien la situación es algo mejor en la riqueza inmobiliaria, en virtud de que mayor cantidad de personas acceden a una vivienda propia en comparación con otros activos, la riqueza empresarial y la financiera se encuentran fuertemente concentradas. Las estimaciones indican que casi el 80% de la riqueza financiera está en manos del 1% más rico, y el 54% en manos de 0.1%. Con la empresarial el escenario es más impactante: virtualmente la totalidad de la riqueza empresarial se encuentra en manos del 1% más rico y casi el 90% en manos del 0.1%. Esto quiere decir que 2500 personas, ese 0.1%, poseen más de la mitad de la riqueza financiera uruguaya y casi el 90% de la empresarial. Como señalábamos, sigue siendo cierto que un pequeño número de individuos posee buena parte de los medios de producción uruguayos.
El embudo y el crecimiento
Del relato del inicio se desprende que el crecimiento económico en sí poco dice sobre la evolución de la desigualdad. Ahora bien, más allá de la -a mi juicio- evidente necesidad de seguir creciendo en un país con bajo nivel de PIB per cápita como Uruguay, el crecimiento económico presenta ventajas en términos de reducción de la desigualdad. Cuando el producto no crece, la distribución y redistribución se convierten en un juego de suma cero: para que unos mejoren otros tienen que empeorar. Si, en cambio, la economía crece, pueden darse mejoras en términos absolutos a lo largo de toda la distribución y que la desigualdad caiga. Basta con que los ingresos de los más ricos crezcan más lentamente que los del resto. No estoy afirmando que distribuir en un juego de suma cero sea inconveniente o indeseable políticamente, estoy diciendo, simplemente, que es más difícil.
Por otro lado, desde el punto de vista de la distribución funcional del ingreso, también el crecimiento económico es conveniente. Volviendo a la referencia del inicio, Piketty sostiene que cuando la tasa de rendimiento del capital es mayor que el crecimiento del producto, entonces el capital tiende a ganar más participación de la economía conforme pasa el tiempo. Buena parte de las setecientas y pico de páginas de su libro están dedicadas a probar esta identidad contable devenida en regularidad empírica. Incrementar el ritmo de crecimiento tiene el efecto, por tanto, de “licuar” las ganancias de capital y reducir su participación, lenta pero sostenidamente.
El crecimiento económico puede en algunos contextos, por tanto, favorecer la reducción de la desigualdad, o al menos volverla más sencilla. Durante el último período de reducción de la desigualdad en Uruguay, se verificó un escenario en el que las políticas públicas desplegadas pusieron una especie de embudo sobre el chorro del crecimiento económico. La caída que vimos, siguiendo la metáfora, fue el proceso de compresión del agua, pero ese efecto se agotó y ahora sale pareja de nuevo. Si Uruguay va a continuar reduciendo la desigualdad, es necesario pensar en un nuevo embudo.
La nueva generación de políticas
Es imposible discutir en este espacio breve el conjunto de políticas que serían necesarias para poner a Uruguay nuevamente en una senda de reducción de la desigualdad[3]. Voy discutir solo algunas nociones generales, de lo que entiendo pueden ser un conjunto de acciones que pueden perfectamente ponerse en marcha, no ya sin alterar los fundamentos de la economía capitalista uruguaya, si no sin siquiera poner en riesgo nociones como las de seriedad fiscal. Pero son medidas por definición no inocuas y que generan enormes resistencias, motivo por el cual sólo tienen sentido con la correlación de fuerzas adecuada.
El primer frente obvio a encarar es la tributación directa sobre los ingresos por capital, es decir, el IRPF categoría I. Por razones algo engorrosas de explicar en detalle, la combinación de tasas planas y bajas de IRPF-I por un lado y la concentración de las utilidades por otro, hacen que este impuesto vuelva ligeramente regresivo al sistema de imposición directa globalmente considerado. Es decir, contamos con un impuesto directo a los ingresos laborales marcadamente progresivo (que redistribuye), el IRPF categoría II, pero que al combinarse con el otro pierde potencial redistribuidor y se vuelve regresivo para ingresos muy altos. Sería muy importante elevar las tasas de IRPF I, en particular a utilidades, o incluso diseñar un sistema que sea también progresivo al igual que en el caso de los salarios. Hay que sumar a esto la imperiosa necesidad de fortalecer la capacidad de hacer efectiva la tributación sobre estas rentas. La reforma puesta en marcha este año, que hace que toda ganancia no reinvertida sea considerada como utilidad distribuida, es un excelente paso en el sentido correcto.
Esto implicaría además, al menos formalmente, afectar los ingresos de dueños y gerentes pero no la rentabilidad de las unidades productivas. De modo algo esquemático, las empresas pagan 25% de IRAE por sus ganancias, y de lo que queda, ellas pueden decidir reinvertirlo en la empresa o distribuir a los dueños. Si la opción es la segunda, allí es que se paga 7% de IRPF-I. Por tanto, la imposición personal no opera sobre la rentabilidad de la empresa como tal, sino más bien sobre los ingresos que reciben los patrones.
Naturalmente, la opción de incrementar el IRAE, ya sea subiendo las tasas o alterando el Régimen de Promoción de Inversiones (RPI) puede considerarse, pero ahí los cuidados deben ser, a mi juicio, otros. Sin querer meterme de lleno en una discusión infinitamente compleja, me limito a señalar que los últimos estudios desarrollados por el Instituto de Economía muestran que el RPI genera efectos positivos en la tasa de inversión. En una economía como la uruguaya, marcada por una tasa de inversión estructuralmente raquítica, es arriesgado descuidar este frente. En caso que esa sea la apuesta, creo que una intuición importante es que hay que asegurar que las rentas del capital que se retiran de circulación vía tributación, reingresen en la misma proporción (o mayor) en forma de inversión pública, de modo de no afectar la tasa de inversión global de la economía. En el fondo, esto nos lleva nuevamente a la noción evidente pero no por eso descartable de que el capital o la inversión no son el problema, el problema es su concentración. Es necesario separar rol del agente inversor del privilegio de quienes hoy lo detentan. El rol de la inversión debe ser cuidado porque es importante para el crecimiento del bienestar material de la sociedad. Idealmente, ese rol debería ser jugado por las sociedades en su conjunto o al menos mediado por mecanismos netamente democráticos, de forma que tanto la decisión de inversión como sus beneficios sean compartidos. El desafío pasa, creo yo, por disputar el privilegio pero preservando el rol.
Un segundo frente a atender es la tributación sobre el trabajo, es decir, el IRPF-II, y acá es probable que las opciones sean menos simpáticas. Es necesario volver más progresivas las tasas, que siguen muy por debajo de las que existen en los países europeos por ejemplo. Pero no alcanza con tocar las tasas más altas. En 2012 se realizó una reforma que creaba un nuevo tramo de impuesto para los ingresos muy altos, con una tasa que subía de 25% a 30%, pero más allá de los bien que puede sonar, el resultado fue distributivo fue nulo. El punto es que por el diseño del impuesto, mover una tasa de un tramo muy alto solo afecta a la parte del ingreso del individuo que cae en ese tramo. En cambio, subir las tasas de los tramos más bajos afecta sólo en una pequeña proporción a quienes tienen ingresos que caen en esa franja, pero muy fuertemente a los de quienes perciben ingresos más altos. Por tanto, es necesario fortalecer el impuesto, aumentando en particular las tasas altas pero también el resto, y probablemente reducir el mínimo no imponible, o por lo menos dejar de aumentarlo. La viabilidad política de un cambio de esta naturaleza puede darse de la mano de un incremento simultáneo y sustantivo en las transferencias monetarias no condicionadas al conjunto de las familias con hijos. Debería, en particular, fusionarse el sistema de transferencias unificando las asignaciones familiares contributivas y no contributivas, las transferencias más focalizadas como la Tarjeta Uruguay Social, y las transferencias en forma de deducciones por hijo del IPRF. Es probable que un esquema de este tipo no pueda traducirse en algo del estilo de una renta básica universal por el momento, pero una transferencia que cubra al universo de los menores, por ejemplo, no debería descartarse. Recordemos que ya hoy el Régimen de Asignaciones Familiares cubre al 50% de los niños y niñas.
Como tercer y último punto, destacaría la necesidad de tomar acciones decididas para atacar la concentración de los patrimonios. Me resulta especialmente atractiva la idea de considerar el binomio “impuesto a la herencia-herencia básica universal”. Esta vieja idea, recientemente re-planteada por Atkinson, implica esencialmente aplicar un impuesto marcadamente progresivo a la herencia (inexistente en Uruguay), con el que financiar un fondo que asigna a cada persona al alcanzar la mayoría de edad una suma de dinero considerable, con la que cada individuo pueda contar con mejores condiciones para iniciar su vida adulta. Implica transformar herencia en herencia, pero en lugar de que opere dentro de una familia, con los efectos nocivos de reproducción interegenracional de la desigualdad que acarrea, que sea distribuida de forma tal que se parezca (un poco más al menos), a una herencia que una generación le deja a la siguiente. Los problemas de diseño de esta medida son muchos, pero la idea fuerza es potente y los impactos distributivos en lo mediato aún más.
Pasado mañana
Como dije antes, discutí unas pocas medidas asumiendo que seguíamos operando dentro del marco de una economía netamente capitalista. El supuesto de fondo es que no parece presentarse en el horizonte una perspectiva probable de toma por asalto de medios de producción. Sin embargo, quisiera aportar una reflexión en tono especulativo sobre un fenómeno masivo que se aproxima rápidamente y que puede (puede), presentar una oportunidad.
La robotización es un fenómeno ya instalado en el mundo desarrollado, y la sustitución de empleo tanto de baja como de alta calificación por máquinas (de cajeros a abogados) parece haber llegado para quedarse. Esto es así desde la revolución industrial, pero a diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora, parece haber cierta evidencia de que este nuevo empuje destruye más puestos de trabajo que los que crea. La robotización, en realidad, no es una mala noticia, bien aplicada implicaría tener que trabajar menos para conseguir el mismo producto y poder dedicar más tiempo al ocio, por ejemplo. Pero dada la concentración de capital ya discutida, esto solo puede implicar malas noticias tanto desde el punto de vista de la distribución funcional como la personal del ingreso.
Si esta situación se configura en Uruguay, creo que hay 4 posibles respuestas, en orden inverso al que creo aconsejable: (i) oponerse al cambio tecnológico, a sabiendas que va en beneficio del capital y en detrimento de los trabajadores; (ii) procurar reducir la jornada laboral sin pérdida salarial, de forma de obtener parte de la ganancia del cambio tecnológico en forma de ocio; (iii) poner un impuesto a la nueva tecnología y convertirlo en transferencias, de modo de socializar los beneficios del cambio tecnológico[4]; (iv) diseñar dispositivos institucionales que aseguren (o al menos promuevan) que una parte de esas nuevas tecnologías tenga que estar en poder de los trabajadores. La última, a mi juicio, es tan atractiva como difícil, pero es ciertamente la más potente al menos desde una perspectiva socialista.
Más allá de estas especulaciones de largo plazo, me parece evidente que existe aún mucho margen para reducir significativamente los niveles de desigualdad de Uruguay. Puede ser por medio de las políticas públicas que señalé, variantes de éstas, u otras, pero me parece importante destacar que es posible y necesario. Lo que es claro es que no es un problema económico sino esencialmente político. Por eso es importante que intentemos ponernos de acuerdo, con rigurosidad, generosidad y realismo, en un relato de qué ha venido pasando en materia de desigualdad y, en particular, en qué podemos imaginarnos de cara al futuro. Estas líneas buscaron ser un aporte a esa urgente discusión.
* Mauricio de Rosa es economista, investigador del Instituto de Economía (FCEA- Udelar).
Notas
[1] El caso de EEUU es un ejemplo dramático, donde los ingresos del top 1% se dispararon desde 1980 mientras que los del 50% más pobre quedaron prácticamente estancados, derivando en que la relación entre el ingreso de uno y otro grupo pasara de 27 a 81 en el período.
[2] Los registros tributarios, aunque también tienen problemas, son mucho mejores para captar esos ingresos que las encuestas de hogares. Considerando esta fuente de información alternativa, la desigualdad calculada es más alta pero la tendencia es la misma que en la que muestra la encuesta de hogares.
[3] Por un programa a la vez abarcativo, radical y realista de reducción de la desigualdad, recomiendo enfáticamente leer el último libro de Tony Atkinson, “Inequality, what can be done?”
[4] Esta es la propuesta de Varoufakis, el ex ministro de economía griego.