Imagen: "Fábrica en Horta de Ebro " (Picasso, 1909)
Introducción
El llamado ciclo progresista en América Latina (o la ‘pink tide’) involucró una serie de procesos políticos diversos. En Argentina, a partir de 2003, ese ciclo se expresó en el gobierno conducido por Néstor Kirchner (NK) primero (2003-2007) y luego por su esposa Cristina Fernández de K. (2007-2011, 2011-2015).
El ciclo político regional de cambio posneoliberal inició con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1999. Aunque en ese momento el giro político no era claro (y su orientación disputada), la crisis neoliberal en todo el sur global comenzaba a desarticular la estrategia de los sectores dominantes, abriéndose paso en un proceso de cambio en la composición política de los pueblos.
En Argentina, el neoliberalismo encontró su límite a fines de 2001. Esa crisis social, política y económica (orgánica) puso en evidencia simultáneamente el éxito estructural del programa hegemónico iniciado a mediados de los setenta y la necesidad de su superación. Las clases populares, lideradas por el movimiento piquetero, sectores medios y fracciones de la clase obrera tradicional, forzaron la salida tumultuosa del programa de convertibilidad (que fue la etapa superior del proyecto neoliberal).
El cuestionamiento al proyecto neoliberal y sus consecuencias sociales, fue asumido por el peronismo como fuerza política hegemónica. Luego de la derrota electoral del menemismo (peronismo) en 1999 (con Eduardo Duhalde como candidato a presidente) y el nombramiento por el Congreso Nacional del mismo Duhalde como presidente interino, NK logró liderar la vuelta del peronismo al poder del Estado a través de nuevas elecciones. Las fuerzas populares que encarnaron la resistencia social no pudieron encontrar una forma organizativa que pudiera evitar la integración sistémica, aun si parcial y temporal, de las energías emancipatorias.
El kirchnerismo logró contener y canalizar las demandas populares en el marco de un proceso de crecimiento económico que encauzó y valorizó las ‘fuerzas sociales productivas’ construidas a través del neoliberalismo. Esas fuerzas, bajo el liderazgo hegemónico de las fracciones transnacionalizadas del gran capital, consolidaron un patrón de acumulación capitalista dependiente apoyado en las ramas extractivistas (agronegocio, megaminería, hidrocarburos, especulación inmobiliaria) y financieras.
El ciclo progresista en la región incluyó tanto procesos de orientación más radical nacidos de la irrupción popular en el Estado (como la revolución bolivariana de Venezuela o el proceso de cambio en Bolivia) como ciclos políticos del tipo revolución pasiva con impronta fuertemente neodesarrollista donde los movimientos populares fueron neutralizados en sus facetas más radicales y mayormente integrados en el sistema de partidos del orden (como en Argentina, Brasil o Uruguay).
El ciclo kirchnerista aprovechó (y alimentó) la creación del mito progresista en la región, el cuestionamiento social a las consecuencias de la era neoliberal y el auge en los precios internacionales de los precios de exportación para construir un nuevo programa de las clases dominantes. Ese mito puso al crecimiento económico y la inclusión social por la vía del consumo como el objetivo central de las estrategias de construcción hegemónica de los gobiernos. En ese marco, sin desarticular las bases de la dependencia estructural del capitalismo argentino y por lo tanto sin superar sus limitaciones y consecuencias, el kirchnerismo pudo crear la ilusión del capitalismo en serio o crecimiento con inclusión social como programa radical (“a mi izquierda está la pared”, llegó a decir la ex-presidenta Cristina Fernández en 2014). Ese mito puso como límite del cambio social la construcción de una forma de producción de la sociedad que se basara en el aumento del consumo mercantilizado en condiciones de precarización estructural de la vida. Ese mito suponía la consolidación de patrones de producción de una forma vida, apoyados en la reproducción a escala ampliada de la super-explotación (saqueo) de la naturaleza y el trabajo, y la apropiación/rapiña del cuerpo-territorio de las mujeres.
El saqueo de la naturaleza en una modalidad exacerbada (más destructiva y contaminante), la precarización ampliada de las formas de trabajo reproductivo no remunerado de las mujeres (fortalecimiento del patriarcado como forma de opresión del conjunto de los varones hacia las mujeres), la consolidación de la desarticulación del Estado de bienestar periférico como proveedor de servicios sociales (educación, salud, etc.) y las modalidades de explotación y precarización de la fuerza de trabajo remunerada, se convirtieron en las bases del mito del neodesarrollo.
Crisis y transición
La necesidad y pretensión de incluir, neutralizando, a los sectores populares organizados construyó los límites del proyecto de neodesarrollo en Argentina. Inflación creciente, apreciación cambiaria y déficit fiscal en ascenso fueron las expresiones macroeconómicas de la forma en que el Estado neodesarrollista intentaba canalizar las exigencias populares. La fragilidad de la forma-estado en esta etapa expresó lo débil de las bases de la hegemonía constituida, y la incapacidad de las fracciones dominantes del gran capital para neutralizar, integrando o reprimiendo, las demandas de los distintos sujetos sociales en pugna. Los límites políticos del neodesarrollo fueron manifestación, por un lado, de la precarización extendida de la vida y el trabajo y, por otra parte, de la resistencia social constituida frente a ello.
Las presiones internas y las tensiones internacionales iniciaron más temprano que tarde la crisis transicional del neodesarrollo. La muerte de Hugo Chávez en 2013 y la crisis global en el centro, iniciada en 2008, transformaron las barreras internas en límites insostenibles. Los desequilibrios aumentaban, al tiempo que el crecimiento económico se tornaba inestable e insuficiente, y la inclusión resurgía como mito sin sustancia. Sin crecimiento, la inclusión por la vía del empleo o por la vía de las transferencias públicas es imposible, aun en la forma de ‘consumo precarizado’. La intensión de compensar estas limitantes con el llamado proceso de ‘ampliación de derechos’ (limitada y precaria, por cierto) poco pudo hacer para evitar la descomposición política de la hegemonía construida por el kirchnerismo.
Las consecuencias políticas de los esos desequilibrios no se harían esperar. Las bases sociales del kirchnerismo se debilitan y fraccionaban, mientras las clases altas y fracciones medias (y obreras) en ascenso comenzaban a conformar una nueva alianza social-política de rasgos conservadores. En efecto, el 54% de votos recibidos por Cristina Fernández en 2011 se transformó en tan solo 35% para su potencial sucesor peronista (Daniel Scioli) en la primera vuelta electoral de 2015.
El triunfo de Cambiemos (con Mauricio Macri como presidente) consolidó el giro hacia el ajuste transicional provocado por la necesidad sistémica de superar los desequilibrios del patrón de acumulación capitalista dependiente en su forma neodesarrollista. Este giro se inició con la ‘sintonía fina’ en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández, pero el cambio de gobierno lo aceleró. Este ajuste remite esencialmente a la devaluación del peso, la reducción de impuestos a las exportaciones (retenciones), la aceleración del proceso de re-endeudamiento externo y el aumento acelerado de las tarifas de servicios públicos (y reducción de subsidios al consumo de los mismos).
El objetivo de corto plazo es reducir déficit fiscal y recuperar un saldo positivo en el balance de pagos con el fin de impulsar un crecimiento sobre la base de las exportaciones. En realidad, el crecimiento es el objetivo clave; todo lo demás, es meramente instrumental a ello y, en definitiva, ideológico/discursivo. La reducción del déficit fiscal sería, más que nada, una señal de fortaleza del Estado frente a las demandas de los sectores en pugna y el saldo externo favorable expresión de la limitación social de esas demandas (mayor competitividad, menos gasto en consumo popular). El crecimiento económico permitiría recuperar, bajo nuevas formas, el mito del capitalismo con inclusión (consumo), sin superar sus límites ni avanzar en transformaciones sociales emancipatorias.
El cambio impulsado por Cambiemos proyecta la necesidad de una radicalización capitalista que permita un salto productivista bloqueado parcialmente por la resistencia popular y la forma de la alianza social liderada por el kirchnerismo. Cambiemos encara el ajuste para liberar los desequilibrios macroeconómicos que bloquean la acumulación de capital e intenta la desarticulación definitiva de las consecuencias sociales y políticas de la crisis neoliberal. Los desequilibrios macroeconómicos pueden ser resueltos a mediano plazo; eso sí, al costo de un aumento sustancial en la tasa de explotación del trabajo remunerado y no remunerado. El ajuste transicional devalúa las formas remuneradas de trabajo y multiplica las presiones para una mayor apropiación patriarcalizada (es decir, a favor de los varones y sobre el esfuerzo de las mujeres) de formas no remuneradas de trabajo.
La nueva fuerza política en el gobierno intenta dar un salto en la dominación social del capital que permita superar los límites impuestos por las fuerzas organizadas del pueblo. En ese intento debe simultáneamente consolidar las políticas sociales neodesarrollistas de corte universalista básico y fortalecer la forma del Estado ‘schumpeteriano’ que promueve el desarrollo orgánico del capital.
La política social consolida el perfil construido en la primera década neodesarrollista. Mantiene el perfil universalista de las asignaciones familiares (con eje en la asignación por hijo para trabajadorxs formalizados, y la asignación universal por hijx para trabajadorxs informales) y busca ampliar su alcance. Ello implica un reconocimiento explícito del papel político de las organizaciones sociales de base territorial (con origen en el movimiento piquetero) y de su capacidad disruptiva. A su vez, esta política supone mantener una malla de contención social que mantenga el orden social en el marco de la consolidación de patrones precarios de reproducción de la vida. Además, la consolidación de estas políticas, expresan el peso social-político de las mujeres en los movimientos territoriales. De forma contradictoria, revalorizan el papel central que tienen en garantizar la organización de la reproducción de la vida y las tareas de cuidado, en especial en el marco de precariedad extendida ya mencionado, al tiempo que tienden de alguna forma a fortalecer los tradicionales roles genéricos.
En paralelo, la política gubernamental sostiene un programa estratégico para fundar un salto en la tasa de inversiones, con centro en la inversión extranjera directa. Para ello desarrolla una estrategia en varios niveles. Por un lado, el gobierno avanza en un programa general favorable al desarrollo y expansión del extractivismo (agronegocios, minería, fracking y otras grandes obras energéticas –represas, centrales nucleares-, inmobiliario) y la “economía verde” (solar, eólica) como polos de atracción de inversiones. En segundo lugar, proyectar una segunda etapa de reformas en las regulaciones del mercado de trabajo (menos impuestos, extensión de la edad jubilatoria, limitación de la capacidad organizativa de lxs trabajadorxs). Tercero, una transformación integral de la articulación de las relaciones económicas del Estado y el capital, a partir de la profundización de los distintos planes estratégicos (agropecuario y agroindustrial –PEAA- y el industrial –PEI- aprobados durante el último gobierno kirchnerista) y el papel en ellos del sistema de ciencia y técnica; esto buscar fortalecer la producción de conocimiento instrumental y la construcción de saberes en función capitalista. Por último, avanzar en la profundización de las modalidades de participación dependientes y neocoloniales en el mercado mundial a partir de acuerdos de diverso orden de magnitud bilateral y multilaterales: acuerdo Mercosur-UE, acuerdo con el TTP (Tratado Trans-Pacífico), tratados de inversiones en servicios (TISA), etc.
Este programa pretende defender y consolidar los intereses generales del gran capital transnacionalizado y financiarizado que hoy domina el ciclo de producción y reproducción capitalista en Argentina. Sus límites son aquellos impuestos por las formas de la organización popular construidas a través de la crisis neoliberal y consolidadas de manera renovada, y a pesar del intento de neutralización del kirchnerismo, a través de la primera década larga neodesarrollista. En tal sentido, el proyecto impulsado hoy desde el gobierno liderado por Cambiemos enfrenta y busca desarticular las resistencias construidas en torno a las luchas y aprendizajes previas. En ese objetivo el nuevo gobierno busca enfrentar a las organizaciones más consolidadas históricamente (como, por ejemplo, el sindicalismo docente) y a través de la política macroeconómica tiende a debilitar en los hechos a las fracciones de la clase obrera tradicional en las ramas de la producción más directamente enfrentadas a la competencia internacional. En ese camino, el avance de nuevas modalidades de represión y persecución política sobre las organizaciones y militantes populares en todo el país dan cuenta del proceso exacerbación y transformación de las formas del saqueo y la explotación.
Movimientos populares, nuevos liderazgos y desafíos estratégicos
El proceso de crisis transicional, acelerado a través del cambio de fuerza política en la conducción del Estado, expresa no sólo la ‘crisis objetiva’ de un proyecto de desarrollo capitalista sino, sobre todo producto de los procesos de lucha y las resistencias desde los movimientos populares.
Estos procesos atravesaron toda la etapa de conformación de la hegemonía neodesarrollista bajo el kirchnerismo, con la impronta y condicionamientos de la era ‘progresista’ en la región y la crisis neoliberal en el centro del mercado mundial capitalista.
El programa del progresismo en Argentina es expresión entre las clases dominantes de la necesidad de apropiar, contener y canalizar la radicalidad resultante de la nueva composición política del pueblo trabajador. La modalidad específica de estas luchas en el ciclo de recomposición política iniciado en Argentina a mediados de los años noventa abrió la posibilidad de un cambio radical: los sectores piqueteros lideraron el proceso de contestación radical que forzó, primero, la caída del régimen de convertibilidad y, luego, la construcción de una nueva generación de políticas sociales. El movimiento piquetero fue, en ese contexto, sujeto dinámico en la lucha de un proceso más general de recomposición de las capacidades de disputa del pueblo, y que incluyó en ese momento otros tantos actores: fábricas recuperadas, movimientos de campesinos y pequeños productores, organizaciones de derechos humanos, y hasta fracciones significativas del movimiento obrero más tradicional (articuladas en torno a la CTA y sectores de la CGT).
La paradoja ha sido que la radicalidad inicial fue rápidamente neutralizada en una suerte de normalización conflictiva. Sin hacerlas desaparecer, las exigencias de cambio más radical fueron contenidas o reprimidas, mientras se articuló un conjunto de políticas, discurso y prácticas políticas que permitieron al kirchnerismo constituirse en fuerza hegemónica por más de una década. Una fracción significativa de las fuerzas sociales que formaron parte del nuevo ciclo de luchas fue sensible a la tradición nacional-popular que, en el espacio político, el kirchnerismo supo integrar aun si parcialmente.
Sin embargo, a través del desarrollo del nuevo proyecto hegemónico se fueron consolidando un conjunto de fuerzas sociales que eran ya integrales al pueblo en lucha pero sin la centralidad material que adquirieron luego: movimientos de pueblos originarios y campesinos, movimientos eco-territoriales, y movimiento feminista. Todos ellos eran parte fundamental de los actores dinámicos (movimientos piqueteros y territoriales) pero progresivamente sumaron visibilidad, consistencia y radicalidad propias. Ello tuvo que ver con el desarrollo de las tendencias estructurales y estructurantes del nuevo proyecto hegemónico. La avanzada de una nueva oleada extractivista en la etapa neodesarrollista provocó el avance de las formas más crudas de saqueo de los territorios y los cuerpos. La transición a formas de rapiña en escalas nunca antes vistas (“mega”) ha operado una presión con pocos precedentes. Eso ha encontrado la resistencia radical de los movimientos campesinos y eco-territoriales, el resurgimiento y rearticulación de los movimientos de las poblaciones originarias, y la consolidación de un movimiento de mujeres con un nivel de masividad y organización novedoso.
Como señalamos esos sujetos sociales fueron siempre parte integral del movimiento popular en Argentina, pero en general aparecían como subsumidos en ellos. Las mujeres fueron y son sujetas centrales en los movimientos de trabajadores/as desocupados/as, y en los movimientos campesinos en los años noventa. De la misma forma, en los movimientos de pueblos originarios han sido las mujeres muchas de las referentes que articularon los procesos de reconstrucción de las identidades. De la misma manera, mujeres que son parte de las comunidades originarias del territorio hoy llamado Argentina (ocupado por el Estado capitalista argentino) pero también migrantes de lo que hoy son otros Estados nacionales, constituyen la parte fundamental de los movimientos eco-territoriales y piqueteros. Aun dentro del movimiento obrero tradicional y sus organizaciones, mujeres, migrantes, integrantes de pueblos originarios, son y han sido, el núcleo de las fracciones más precarizadas y super-explotadas del mismo.
Hoy son estas personas quienes reclaman y ocupan el liderazgo en la trayectoria de resistencias frente a los intentos de radicalización del proyecto de neodesarrollo en la nueva etapa neoconservadora/neoliberal.
Estos movimientos, que se convirtieron en el alma del movimiento popular en Argentina, son centrales a un proceso de reorganización de las luchas. El fin de la etapa kirchnerista abre un nuevo ciclo en las luchas pues tiende a desarmar el consenso (parcial, fragmentado, frágil) que se había conformado. La aceleración de la crisis transicional fortalece la necesidad de construir opciones populares que puedan canalizar las exigencias radicales impulsadas por las fracciones más avanzadas del movimiento popular. Eso significa apuntalar las articulaciones sociales y políticas que consigan canalizar las demandas que hoy enfrentan de manera más explícita y antagónica a las tendencias más destructivas del proyecto hegemónico (capitalista, patriarcal, racista, neocolonial).
Eso implica poner en el frente de las reivindicaciones colectivas las demandas contra el extractivismo y el saqueo, en especial en aquellos puntos que remiten a la potencia sistémica del par capitalismo-patriarcado para destruir la naturaleza, para explotar/oprimir el cuerpo de las mujeres, y sobre-explotar a la fuerza de trabajo. Esta necesidad, evidenciada en las luchas concretas en las calles, permite dilucidar en la práctica los ejes de los desafíos estratégicos del movimiento popular en el presente.
Esos desafíos incluyen, primero, la construcción de formas de interseccionalidad (anti-capitalistas, anti-patriarcales, anti-racistas, anti-imperialistas, anti-coloniales) que atraviesen los movimientos populares. Algo que ya ocurre en la realidad pero que debe radicalizarse, haciéndose consciente en las organizaciones del campo del pueblo. Esto supone construir formas de organización que registren de forma prefigurativa las demandas más antagonistas: feminismo, comunidad con la naturaleza, democracia de base, participativa y protagónica, nuevas formas de existir y conocer. Teniendo esto como punto de partida, en segundo lugar, los desafíos abiertos a la caída de la primera década neodesarrollista (o, progresista) expresan un ataque radical a toda forma de opresión y explotación de los cuerpos y los territorios. Esto es, suponen el precepto de oposición radical (antagónica) a las modalidades y estrategias de desarrollo en el marco del capitalismo dependiente contemporáneo. Esa radicalidad supone la imposibilidad de aceptar la repetición del mito del capitalismo en serio o, de otra manera, la combinación del crecimiento y la inclusión social por la vía del consumo y la ‘ampliación [precaria] de los derechos’ en ese marco. La experiencia reciente en la Argentina (y la región, por caso) expresa con claridad el límite de tal compromiso. Y, por último, la necesidad de construir prácticas políticas que, en sintonía con lo anterior, puedan superar el posibilismo y el tacticismo en la construcción de alianzas. Eso es, debemos recuperar la crítica radical a todo lo existente como esencia de nuestra práctica política.
Estas son, en mi opinión, las enseñanzas y desafíos que la larga década de consolidación neodesarrollista deja a los movimientos populares.
* Profesor de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Investigador del CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP. Militante de COMUNA (Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana) en el Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional. Texto concluido el viernes 14 de abril de 2017.