Balance 2016: Economía. Pasado, presente y futuro de nuestro 2016

December 13, 2016

Imagen: BLU.

 

La tarea de escribir un balance del año en el momento que se escriben estas líneas es algo compleja.  En primer lugar porque el año no ha terminado aún y por ejemplo,  todavía restan definirse más de 100 mesas de negociación en los consejos de salarios que hasta el momento están trancadas. Por otro lado, muchas veces los procesos históricos no son muy amigos de los calendarios –un ejemplo de esto son los siglos largos y cortos de Hobsbawn - , por lo tanto, para analizar en perspectiva estratégica, conviene comenzar el año en el 2015. Lo que intentaré fundamentar, es que estamos inmersos en una etapa de varias incertidumbres, y que ésta ha sido la característica de este año económico. La actitud del gobierno, ha sido como la de quien quiere entrar en una piscina, pero tiene miedo de que el agua esté muy fría, y por lo tanto primero sumerge la puntita del pie, luego el pie entero y así el resto del cuerpo. 

 

Según los datos que disponemos, el comportamiento de la economía durante el 2016 no fue muy diferente al experimentado en 2015. Recordemos que el año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 1% con respecto al año anterior, y si no hubiese ocurrido la puesta en funcionamiento de Montes del Plata, el crecimiento hubiese sido de 0,3%. Los únicos datos disponibles para el año corriente son de los dos primeros trimestres. Comparando con los mismos trimestres, pero del año 2015, podemos ver que durante el primer trimestre el PIB de 2016 no creció, y en el segundo trimestre creció un 1%. Este desempeño general de la economía se explica mayoritariamente por el comportamiento del sector exportador, que es el motor sobre el cual se cimenta la economía uruguaya y por el flujo de capitales internacionales que vino a nuestro país, producto de la liquidez internacional provocada por la baja de la tasa de interés de EEUU como respuesta a su crisis económica.

 

Cuando el sector exportador tiene un buen desempeño como ha pasado en la última década, genera condiciones excepcionales para que la inversión en otras ramas sea rentable. Cuando ello deja de suceder, la economía en su conjunto se estanca. La clave para el desarrollo de este sector, es el nivel de precios de los principales productos exportables. Ante situaciones como las vividas en la última década de crecimiento de los mismos a niveles históricos, los capitalistas uruguayos pueden suplir la falta de inversión y la baja productividad del país aprovechando la situación ventajosa. De esta manera, pueden competir internacionalmente y hacerse de una masa de dinero que no les llega por el riesgo de su inversión, ni por haber innovado tecnológicamente mejorando la productividad del trabajo, sino por tener un factor específico –tierra- en el momento en que por causas ajenas a ellos aumenta su valor –crecimiento de los precios internacionales de las materias primas-. En otras palabras, gran parte de la ganancia del sector exportador, se debe a poseer un factor de producción que temporariamente aumentó su valor, esto se llama renta[1].

 

La ganancia extraordinaria, fruto de la captación  de renta permite disponer a la burguesía local una masa grande de capital, que se reinvierte en otras actividades económicas, por ejemplo la inversión en construcción de viviendas suntuosas con fines especulativos, o mediante depósitos o inversiones de compra de deuda en el sector financiero. Los vínculos de estas actividades, hacen que la ganancia capitalistas en ellas sea lo suficientemente fuerte como para permitirles existir.

 

Desde mediados del año 2014, el encarecimiento internacional de los principales productos exportables –como la soja- y por tanto, de captación de renta extraordinaria se detuvo. Este freno, supuso el cambio de fase en el ciclo económico, y el agotamiento del combustible que alimentaba nuestro motor de crecimiento. Durante 2015 y 2016, la preocupación central en la economía ha sido cómo compensar esta caída en la renta extraordinaria.

 

Para la compensación de esta caída, es necesario aumentar la ganancia empresarial mediante el abaratamiento de la fuerza laboral. Esto lo demostraron varias cámaras empresariales en agosto de 2013 previendo el cambio de ciclo llamado Aportes para una agenda de mejora "La competitividad y el desarrollo de Uruguay". El Poder Ejecutivo, preso de la lógica del calendario político, no podía hacer frente a esta situación hasta asumido el nuevo gobierno. Las dos formas principales para arreglar las variables económicas fueron la Ley de Presupuesto y la Rendición de Cuentas, y la convocatoria a la sexta ronda de consejos de salarios. Esto es, porque el salario de los trabajadores, puede ser directo (en forma de pago que se recibe luego de haber trabajado) o indirecta (a través de servicios sociales que el Estado brinda a través del Gasto Público Social, como puede ser la educación pública, la salud, la vivienda, el transporte o servicios de seguridad social). Por ello, en este año, las principales medidas del gobierno, han sido para afectar estas dos formas de salario.

 

 

El ajuste fiscal y el salario indirecto

 

En el año 2015, se votó un presupuesto que atendiendo a la situación de posible estancamiento, no contempló totalmente los reclamos de las organizaciones populares que dependen de él, por ejemplo los sindicatos docentes y de funcionarios de la educación. En él, se mantenía una implícita posibilidad de ajuste en caso de que la situación económica se agravara al hacerse a dos años en lugar de a cinco. El estancamiento económico más profundo de lo previsto, hizo que ese ajuste se adelantara.

 

El planteamiento original del Poder Ejecutivo fue el de un ajuste blando. Tanto en el monto del ajuste, como desde el punto de vista de “quién lo paga”.  Al conjugar en el paquete de ajuste medidas como la modificación en las tasas de gravamen del IRPF a los salarios mayores a $50.100 y la modificación del régimen de jubilaciones de la Caja Militar, con la postergación de parte  del gasto público en Educación (tanto en ANEP, UdelaR y UTEC) y en salud. Concretamente, estaba planteado postergar $793 millones del gasto de ANEP para 2017, $544 millones para la UdelaR y $105 millones de ASSE.

 

La impopularidad de esta propuesta fue demasiado alta como para poder sostenerse en el tiempo, por lo tanto el debate parlamentario generó modificaciones que matizan el recorte, $860 millones del presupuesto asignado a ANEP, UdelaR y UTEC no serán recortados y se obtendrán de otros incisos. Este cambio, puede ser leído de diferentes formas, una es que el peso de las organizaciones afectadas por este recorte haya sido determinante en la modificación parlamentaria -esto lo hallo bastante improbable dado que no se despertó un conflicto generalizado como por ejemplo en 2015 donde las movilizaciones tuvieron un peso importante-. Otra es que se prevé que las bases materiales del modelo progresista pueden cambiar este año y por lo tanto hay margen para diluir y hasta no hacer el ajuste y una tercera que el ajuste recién esté empezando y que el año que viene sea más virulento, por lo que gastar las energías en un primer round no sea atractivo para el gobierno.

 

 

Los Consejos de Salarios y el salario directo

 

Durante este año lo principal (quizás porque fue el ataque más flagrante al valor general de la fuerza de trabajo, quizás por la cantidad de personas que están directamente afectadas) ha sido la continuación de la sexta ronda de consejos de salarios.

 

Recordemos algunas cuestiones sobre las pautas del Poder Ejecutivo: los sectores de actividad económica se clasifican en tres categorías (en problemas, medio y dinámico), y cada categoría tiene aumentos salariales nominales (esto quiere decir que no se tiene en cuenta el poder de compra del salario, sino la cantidad de dinero que recibe el trabajador). En los convenios a dos años de duración, los aumentos nominales para el primer año serían del 10% para el sector dinámico, 8,5% para el sector medio y del 8% para el sector en problemas. Para el segundo año, los aumentos salariales serían del 9% para el dinámico, 7,5% para el sector medio y 6,5% para el sector en problemas. Si tomamos como verdaderas las predicciones del Poder Ejecutivo sobre el comportamiento de la inflación (que desde que se establecieron las “metas de inflación” siempre la predicción ha sido menor a la real), solamente quienes se encuentren en el sector dinámico no perderán salario real.

 

Hasta agosto de este año, se habían firmado 82 convenios, 60 habían resultado de acuerdos (54 tripartitos y 6 bipartitos) uno se había resuelto por decreto, y 21 se habían resuelto por votación. De estos 21 convenios, en 13 ocasiones el MTSS votó con las patronales, en 3 ocasiones el MTSS votó con los trabajadores, y en las restantes votaron de acuerdo trabajadores y patrones contra el MTSS. Esto da la idea de la fuerza por la cual el MTSS quiere hacer valer las pautas del Poder Ejecutivo, no sólo yendo en contra de los trabajadores, sino que además oponiéndose a acuerdos bipartitos.

 

En estos convenios firmados, 25 subgrupos se clasificaron como “en problemas”, 5 lo hicieron como un híbrido entre “en problemas” y “medio”, 23 sub-grupos lo hicieron en “medio”,  en 7 “medio - dinámico”, 14  en “dinámicos” y 8 adoptaron otros criterios.

 

El carácter retrógrado de las pautas en términos de crecimiento del poder de compra de la clase trabajadora, y la intransigencia del MTSS en las mesas de negociación, han generado como consecuencia que la lucha sindical se dirija a tratar de debilitar las mismas consiguiendo su flexibilización. Esta podría venir por la extensión de los convenios, la periodicidad de los correctivos por inflación, los aumentos de salario real, etc.

 

Las reuniones entre Poder Ejecutivo y PIT-CNT han generado algunos acuerdos que flexibilizan en algunos puntos las pautas y pueden destrabar algunas negociaciones, no obstante son marginales a los grandes problemas de fondo que tiene la postura del Ejecutivo. Los acuerdos más importantes son que pueden existir correctivos de inflación a los 12 meses en los casos en que la inflación supere el aumento nominal (cuestión que parece muy probable ), y en casos donde haya acuerdo que superen las pautas en sectores de salarios bajos, el MTSS no pondrá resistencia.

 

 

La apuesta para los próximos años

 

Ante esta situación de enlentecimiento, parecería que el Poder Ejecutivo tomó una postura de avanzar dos pasos y retroceder uno. Planteó inicialmente medidas de ajuste más severas con una postura bastante intransigente, para medir el comportamiento de los distintos actores sociales y el desarrollo del año económico. Esto plantea algunas interrogantes sobre qué será lo que pasará en los próximos años dado que lo más probable es que si todo continúa igual, habrá poco o nulo crecimiento económico el año que viene.

 

Una posible explicación sería que los ajustes promovidos por el Poder Ejecutivo tienen un gran costo político. De ser posible, los gobernantes intentan evitarlos. Bajar la intensidad del ajuste en este año puede deberse entonces a que actualmente no es tan necesario hacerlo. El año 2017, con toda una negociación presupuestal por delante, puede ser el momento más duro donde se produzcan modificaciones en  el ordenamiento de los gastos e ingresos del Estado. Viendo que la mayoría de los convenios salariales vencerán en 2018, ese puede ser también un año clave para procesar un ajuste más profundo. Una última forma de procesarse el ajuste tiene que ver ya no con el ataque al salario de los trabajadores (directo o indirecto) y es mediante la mercantilización de servicios públicos. Este conforma un ataque al salario directo e indirecto pero de una forma más sutil y con efectos que se sienten a mediado plazo.

 

Esta última forma, tiene su ejemplo actual más claro en los proyectos de Participación Público - Privada  (PPP). Una opción entonces de procesar el ajuste, disminuyendo el costo directo en la masa general de trabajadores (a pesar de que exista resistencia por sectores específicos directamente vinculados a los servicios que pasan a la órbita de las PPP como el Hospital de Clínicas o la enseñanza) puede ser concretar los proyectos de Participación Público- Privada[2]. De esta manera a pesar de que “el Estado cumpla con la oferta de servicios e infraestructura necesaria”, para ciertas áreas que hasta entonces eran públicas la responsabilidad de crearlas será del sector privado. Así por un lado se reduce la masa salarial que paga el Estado en relación a los servicios que provee (por ejemplo, si el Estado hace un liceo, debe pagar durante el año los salarios de docentes y personal de servicio como limpiadores, administrativos, etc, si en cambio lo hace por PPP, los trabajadores de gestión y servicios serán contratados por la empresa que realice la obra y administre el liceo, por lo que los salarios serán menores). Además esta modalidad garantiza al inversionista un flujo de fondos durante 25 años, por lo que genera la necesidad en el futuro de generar ese ingreso para poder pagar la obra y cumplir el contrato, lo que puede afectar las cuentas fiscales y con ello los servicios públicos que componen el salario indirecto.

 

Otro posible panorama puede abrirse en caso de concretarse una mega inversión como está planteada en el caso de la instalación de una nueva planta de UPM en el Río Negro. De concretarse esta inversión, la economía tendría un estímulo importante concentrado en pocos años que le podría dar un respiro bastante grande al Poder Ejecutivo y ayudar a postergar o diluir el ajuste.

 

Por último, parece muy probable que el gobierno central intente sostener la actividad económica en el corto plazo en caso de agravarse mediante el endeudamiento externo. Esta hipótesis está sostenida en los esfuerzos que ha hecho el equipo económico para poder acceder a financiamiento externo “barato” en los últimos años. Tanto es así, que el Presidente Vázquez no ha dudado en declarar que “el grado de inversor es el principal activo que tiene el país”. Esta solución de corto plazo significa “patear el problema para adelante” dado que para evitar una agudización por la puja distributiva en un momento donde “hay menos para repartir”, genera una inyección de capital para poder mantener el equilibrio actual en la correlación de fuerzas generando una mayor restricción presupuestaria en el futuro. En otras palabras, para intentar amortiguar el bajón económico ahora, se generan compromisos de pagos para más adelante, lo que afecta las políticas futuras porque arrastran obligaciones pasadas. Estas obligaciones no solo restringen económicamente al país, lo hacen también políticamente dado que profundiza el lazo de dependencia política con el capital financiero internacional (quien da los créditos y define los términos de refinanciaciones), y que se expresa en condicionamientos explícitos e implícitos de las políticas. Estos condicionamientos son expresados tanto por agencias calificadoras de riesgo (quienes son determinantes para determinar el precio de la deuda) como por organismos de crédito multinacionales como el Fondo Monetario Internacional.

 

 

Algunas reflexiones finales…

 

Tanto este año como el período del ciclo económico en que nos enmarcamos están circunscriptos dentro de la necesidad y la aplicación de un ajuste económico. Este ajuste dentro del capitalismo se genera sobre los salarios directos, indirectos y mediante la apropiación por parte del mercado de servicios públicos.

 

La concreción del ajuste, y sobre quién recae no está definido a priori en una sociedad marcada por la lucha de clases. De esta lucha se modificarán las relaciones de fuerza que determinan “quién paga”. La burguesía sabe muy bien esto, por eso este año se reagruparon las cámaras empresariales en una nueva “Confederación de Cámaras Empresariales”. El cambio en las posturas del gobierno hacia la adopción de medidas más suaves también debe entenderse en el marco de la lucha de clases, tanto en términos de corto plazo, como en términos de lo que está por venir (tomar las posturas originales como un termómetro de lo que se viene).

 

El año que viene presenta muchas incertidumbres, no obstante todo apunta a que de continuar las tendencias que sustentan la formación económica uruguaya, el ajuste continúe. De no generarse cambios de fondo en la estructura económica, la disputa sobre quién paga el ajuste se acrecentará. Cómo será el resultado de esta disputa, dependerá sobre todo del grado de organización, conciencia, unidad y lucha que tenga la clase trabajadora para afrontar lo que se viene.

 

[1] Para una discusión más profunda sobre la renta, se recomienda ver los artículos del número anterior de Alonso y Barbeito http://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2016/11/07/Renta-agraria-en-Uruguay-Contradicciones-de-una-forma-espec%C3%ADfica-de-acumulaci%C3%B3n-capitalista  y de Oyhantçabal  http://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2016/11/07/%C2%BFY-d%C3%B3nde-est%C3%A1-la-renta-Los-terratenientes-agrarios-en-el-Uruguay-contempor%C3%A1neo1

 

[2] Para 2018 la ANEP ya pronostica tener 51 obras mediante PPP.

 

 

* Economista. Integrante de la cooperativa COMUNA.  

 

 

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