Imagen: ejecución de Mance Ryder, serie Game of Thrones.
Identificamos la actualidad del discurso de la barbarie en la tipificación del terrorismo que abre espacio para la construcción de una estrategia de desarticulación general de aquellos que son considerados enemigos, es decir, que son estorbos para la reproducción del capital. Tapia Valdés ya llamaba la atención en los años ochenta sobre la estrategia de criminalizar y perseguir cualquier forma de insubordinación por medio de la etiqueta de “comunismo”, que hoy se renueva con la de “terrorismo”. A partir del análisis que hace de aquello que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos entiende por “insurgencia” (1), afirma que “todo el programa de guerra antisubversiva está dirigido a contrarrestar una supuesta amenaza comunista; pero lo grave es que, en la práctica, el programa identifica como comunista a todo movimiento ‘izquierdista’, ‘populista’, ‘tercermundista’, de ‘disidencia’ o de mera ‘protesta’” (Tapia Valdés, 1980: 90). La construcción discursiva y la definición de enemigos es un importante pilar de la epistemología de la dominación a lo largo de la historia moderna. Es, por lo tanto, fundamental el esfuerzo de entender lo contemporáneo teniendo como trasfondo un contexto extendido de construcción de enemigos y su funcionalidad al status quo. Tal como demuestran autores que estudiaron el Holocausto (Arendt, 2004), la caza de las brujas en Europa (Federici, 2010), el colonialismo y la colonialidad (O'Gorman, 1958; Cesaire, 1979; Quijano, 2000), la negación del otro como forma de establecimiento y manutención de la jerarquía social no se concluye sin la producción de sentidos, es decir, sin la articulación de discursos que las legitimen. Carl Schmitt postula que el grado de cohesión de una comunidad política se da de acuerdo con la capacidad de definir un otro-enemigo, que sería la base del sentido de la guerra, ejemplificando de manera clara la agresividad con el otro como forma de autoafirmarse: “Los conceptos de amigo, enemigo y lucha adquieren su sentido real por el hecho de que están y se mantienen en conexión con la posibilidad real de matar físicamente. La guerra procede de la enemistad, ya que ésta es una negación óptica de un ser distinto. La guerra no es sino la realidad extrema de la enemistad. No necesita ser nada cotidiano ni normal, ni hace falta sentirlo como algo ideal o deseable, pero tiene desde luego que estar dado como posibilidad efectiva si es que el concepto del enemigo ha de tener algún sentido” (Schmitt, 2002: 23, subrayado propio). El genocidio, la eliminación física; y el epistemicidio, la eliminación epistemológica de quienes son construidos como enemigo, son los resultados más perversos de esta operación de negación de sujetidades. A este respecto, cabe referirnos a la noción de cultura en cuanto cultivo y afirmación de la identidad que se puede realizar, según Bolívar Echeverría (2002 y 2006), de dos formas distintas. Una primera posibilidad es la identidad que ve en la exterioridad un enemigo potencial. Reconocemos aquí justamente los planteamientos de Schmitt, donde la “comunidad política” en el ejercicio de auto-conservación es agresiva con el otro y consigo misma en el establecimiento de jerarquías que, en última instancia, lo que vislumbran es la reproducción material y epistemológica del sistema. No obstante, según el mismo autor, la identidad puede ser conservada y actualizada a partir de la puesta en juego que ve al otro como promesa estableciendo con él relaciones dialógicas y colaborativas. Ubicamos aquí la morada de la subversión donde los sujetos que existen en ella, o para ella, van siendo históricamente negados según la necesidad de la ocasión.
La excepción como regla Es importante retomar a Giorgio Agamben (2007) cuando llama la atención sobre el significado biopolítico del Estado de excepción, donde la suspensión del derecho es la garantía misma de su propia continuidad y que la “democracia protegida” deviene como práctica normal de gobierno. Como ejemplos recientes de lo que ya nos adelantaba Walter Benjamin (2005) en su VIII tesis sobre el concepto de historia (“La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en que ahora vivimos es en verdad la regla”), Agamben se refiere al military order decretado por George Bush el 13 de enero de 2001 “que autoriza la ‘indefinite detention’ y el proceso por parte de ‘military commissions’ (…) de los no-ciudadanos sospechados de estar implicados en actividades terroristas” (Agamben, 2007: 26); tal como lo muestra la USA Patriot Act, del 26 de octubre de 2001, que pone bajo custodia al extranjero sospechoso de actividades que amenacen a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay que agregar aquí la Military Commissions Act, del 17 de octubre de 2006, también promulgada por Bush, que regula los estándares para la interrogación y juicio de extranjeros sospechosos de terrorismo. Esta ley es aprobada después de que la Corte Suprema estipula que los tribunales militares en Guantánamo violan las Convenciones de Ginebra y su aspecto más grave es que se establece que las personas capturadas en el marco de la guerra contra el terrorismo son “combatientes enemigos ilegales” (unlawful enemy combatants). “La novedad de la ‘orden’ del presidente Bush es que cancela radicalmente todo estatuto jurídico de un individuo, produciendo así un ser jurídicamente innominable e incalificable” (Agamben, 2007: 27). Ana Esther Ceceña (2006) sostiene que en la contrainsurgencia contemporánea caracterizada por la dominación de espectro completo. Sustentándose en el funcionamiento coordinado de todos los cuerpos de seguridad disponibles, se construye una estrategia general de desarticulación de los enemigos reales y potenciales. La concepción de guerra preventiva parte de un principio de que todos son potencialmente sospechosos, por tanto, de lo que hablamos, es de un enemigo difuso. En definitiva, cualquiera puede ser clasificado como enemigo en un mundo donde los enemigos son difusos y se redefinen de acuerdo a los intereses de turno. Con ello, escenarios de miedo e inseguridad se insertan en la subjetividad de los colectivos sociales en la medida que se crean imaginarios sustentados en la idea de un enemigo potencial siempre circundante, justificando la represión de los pueblos en lucha, del rebelde que resiste, del bárbaro que no acepta el Evangelio. Ahora bien, no se explica la construcción de un enemigo por su diferencia, sino que, históricamente, esos a quienes se construye como enemigos son los dueños de las tierras y de los recursos (bienes naturales, fuerza de trabajo). Frente a la gente cuya propia existencia aparece como un estorbo, las estrategias de apropiación implican en la destrucción física (muerte) o la destrucción del modo de vida, es decir, que lo que hay que interrumpir es la manera en que los sujetos gestionan políticamente las relaciones sociales y las relaciones con el medio. “Se destruyen los territorios y se despueblan”, argumenta el Subcomandante Marcos en referencia a lo que llama la IV guerra mundial: “A la hora que se hace la guerra, se tiene que destruir el territorio, convertirlo en desierto. No por afán destructivo, sino para reconstruir y reordenar. (…) Cuando decimos que es necesario destruir los Estados nacionales y desertificarlos no quiere decir acabar con la gente, sino con las formas de ser de la gente. Después de destruir hay que reconstruir. Reconstruir los territorios y darles otro lugar. El lugar que determinen las leyes del mercado” (Subcomandante Insurgente Marcos, 1999). El mecanismo perverso de deshumanizar al otro, o por lo menos hacerlo menos humano, un humano de otra estirpe; es necesario para justificar que la “excepción se vuelva regla” en distintos momentos históricos. Respetando las diferencias de los procesos, la magnitud y las prácticas que no fueron homogéneas a lo largo de la historia, lo cierto es que la contrainsurgencia eliminó a cualquier sujeto, grupo, colectivo, etc. que pusiera en peligro la reproducción del capitalismo, sobre todo en la periferia; alternando pues la “naturaleza” del enemigo según el interés dominante en turno.
En el medio Oriente hay terroristas que habitan una de las regiones con más petróleo en el mundo.
En Auschwitz los judíos muertos en cámaras de gas sirvieron como estructura organizadora del Tercer Reich.
En América y África los indios y negros vivieron su vida salvaje arriba de toneladas infinitas de oro, cobre, diamante.
En el Medioevo las brujas quemadas vivas en hogueras eran mujeres que gestionaban su cuerpo, sus hijos, los conocimientos comunitarios.
Antiterrorismo y criminalización de la protesta social en México y Perú En el contexto del post 11 de setiembre y de la reorientación de la política externa estadounidense bajo la consigna de antiterrorismo global, son lanzadas una serie de acuerdos en materia de seguridad, fortalecimiento de la democracia y desarrollo con los Estados latinoamericanos, acompañados por tratados de libre comercio (TLCs con Perú, Colombia; TLCAN México, EEUU y Canadá, Alianza del Pacífico). El 3 de junio de 2002 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo cuyo objetivo es lograr la sanción de leyes antiterroristas por todos los Estados americanos posibilitando un sistema continental de represión al terrorismo (Copley, 2008). Sin embargo, lo que tenemos en la práctica es la aplicación de normativas antiterroristas en casos de protesta social, asociada a la tendencia progresiva de la utilización de las Fuerzas Armadas en problemáticas de seguridad interna en distintos países de la región. Veamos algunas situaciones en los casos de México y Perú. México es, actualmente, uno de los ejemplos más alarmantes en la región donde las Fuerzas Armadas son desplegadas internamente en luchas declaradas contra el narcotráfico y movimientos guerrilleros, insurgentes. En ese sentido, la Iniciativa Mérida aparece como caso paradigmático, aunque no aislado, de la política exterior de Estados Unidos al promover mecanismos ad hoc de “orden interno” en la región como necesidad para la garantía de su “seguridad nacional”, es decir, de sus intereses socio-económicos y geopolíticos (Delgado y Romano, 2011; Saxe-Fernández, 2009). Se estima que la guerra declarada contra el narcotráfico en México, puesta en marcha en diciembre de 2006 por el gobierno de Felipe Calderón, ha dejado más de 100 mil víctimas de homicidios ligados a la estrategia de seguridad y más de 200 mil desplazados internos (2). Los números no dejan dudas de que lo que está en juego es una guerra contra los pueblos, más aún si consideramos casos de terrorismo de Estado tales como el de Ayotzinapa y el ataque en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que viene ocurriendo en Oaxaca. El marco de la apertura económica asociada a una subordinación política y militar de México es la firma de TLC con Estados Unidos en 1994. La Iniciativa Mérida –el Plan Colombia mexicano–, firmada en 2007 entre los mandatarios Bush y Calderón, formaliza la transferencia de recursos financieros, equipos y tecnología para el control de narcotráfico al mismo tiempo en que promueve el “fortalecimiento de las instituciones” y del Estado de Derecho. Los minerales, la energía, el agua y las zonas de reserva de la biosfera encabezan la lista de áreas prioritarias para la inversión privada (3) y en este contexto el avance sobre territorios campesinos e indígenas se profundiza, volviéndose imperativa la eliminación de la resistencia. Enmascarar el asesinato de dirigentes sociales como si se tratara de la muerte de un narcotraficante más –y como si esa “naturaleza narco” justificara la masacre– es práctica enraizada de las autoridades y respaldada por los medios masivos de comunicación, totalmente articulados a los vínculos perversos del “Estado narco-corporativo” (4). La equiparación de la resistencia social al terrorismo y la penalización que eso conlleva hace con que las organizaciones posterguen sus demandas centrales por un agotador esfuerzo de liberación de sus presos. Como algunos de los múltiples ejemplos de ese proceso, tenemos los casos de dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO): “Nuestros compañeros están presos por el terrorismo de los gobiernos federal y estatales porque han criminalizando las luchas y las resistencias que surgen en el país en contra de su sistema capitalista y su política neoliberal”, afirma un consejero estatal de la APPO (5). Según las reformas en el Código Penal mexicano de 2014 relacionadas con el combate del terrorismo, cualquier signo de resistencia social que ocupe instalaciones del gobierno, por ejemplo, puede ser encuadrado de terrorismo, así como el fenómeno de las autodefensas y policías comunitarias. El artículo 139 prevé prisión de hasta cuarenta años por la realización de “actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación” (6). La nefasta trilogía titulada "El perro del Hortelano" escrita por Alan García en 2008, introduce nuevas categorías de enemigos internos: los "ambientalistas" y la "izquierda" atrasada que, "como el perro del hortelano, no come ni deja comer" (7), articuladas para “justificar” la puesta en marcha del proyecto neoliberal en el Perú. Haciendo uso de las facultades conferidas por el Congreso tras la Ley N°29157 “Que delega al Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del acuerdo de promoción comercial Perú - Estados Unidos a fin de implementar el TLC con Estados Unidos”, el entonces presidente Alan García emitió 102 decretos legislativos “ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio” (Quispe, 2009). En el episodio conocido como masacre de Bagua, ocurrido en 2 de junio de 2009, comunidades indígenas que en aquél entonces protestaban contra los decretos que favorecían la explotación de yacimientos de petróleo y otros minerales en la selva amazónica, fueron duramente reprimidas por efectivos de la policía nacional. Se estima el desalojo de alrededor de 5.000 personas y la muerte de 34 personas. En ese contexto, desde el gabinete de gobierno se tildaban los “indígenas de ´salvajes´, ´atrasados´, ´terroristas´, culpaban a los gobiernos de Bolivia y Venezuela de ´conspiración internacional´” (Svampa, 2009). La elección de Ollanta Humala prometía un gobierno más conciliador y abierto al diálogo con los movimientos sociales, considerando la campaña electoral y su base de apoyo. Desde principios de noviembre de 2011 hasta mediados de 2012, diversas organizaciones sociales de ambientalistas, campesinos e indígenas, emprendieron actos permanentes de protesta en contra del proyecto Conga, que contempla una serie de amenazas socioambientales. El 4 de diciembre de 2011 fue decretado estado de emergencia en cuatro provincias del departamento de Cajamarca por 60 días alegando el fin de “reestablecer la paz y el orden interno en esta región del país” en un contexto de intensificación de resistencia social en contra del proyecto minero. En esta ocasión, Gregorio Santos, presidente del Gobierno Regional de Cajamarca y opositor declarado a la megaminería, fue detenido y se encuentra actualmente en "prisión preventiva" en una cárcel de alta seguridad. Tiene 98 procesos en desarrollo, gran parte de ellos instigados por la minera Yanacocha (con capital mayoritario de Newmont Mining Corporation, EEUU). Aun en la cárcel, fue reelegido presidente regional, sin haber podido tomar posesión del cargo. Actualmente, Perú está en negociaciones para agregar cuatro bases “contrasubversivas” en la zona de del VRAEM (Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro) para la lucha contra el narcoterrorismo, con el apoyo y asesoramiento de EEUU (8). Los casos de México y Perú son ejemplos significativos aunque no aislados de la actualidad del discurso del enemigo interno en América Latina. Bajo la tipificación del terrorismo se construye una estrategia de desarticulación general de la resistencia (nunca lograda totalmente, siempre hay brechas). Es negada la sujetidad de los que resisten, objetivizándolos bajo categorías como las de “terroristas”, “narcoterroristas”, “criminales”, “guerrilleros”, “insurgentes”, etc; funcionales a los intereses hegemónicos de la acumulación de capital.
*Investigadora en formación del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC/UBA).
Notas
(1) El Departamento de Defensa define “insurgencia” como “una condición resultante de una revuelta o insurrección contra un gobierno constituido y que no alcanza los caracteres de una guerra civil. En el contexto actual –debemos entender el de la “Guerra Fría en América Latina”– la insurgencia subversiva es esencialmente inspirada, apoyada o explotada por el comunismo” (en Tapia Valdés, 1980:89).
(2) CMDPDH, Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico en México (México: 2015). Disponible en: http://cmdpdh.org/project/violaciones-graves-a-derechos-humanos-en-la-guerra-contra-las-drogas-en-mexico/
(3) Ver “Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales”, tercera parte de la serie de reportajes de sobre Proyecto México 2030, de Nancy Flores (Revista Contralínea, marzo de 2010). Disponible en: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/07/entrega-calderon-areas-estrategicas-a-trasnacionales/
(4) Utilizamos este término para hacer frente a la noción e Narco-Estado, peligrosa a partir de un momento en que el factor “narco” aparece como problema central de la crisis nacional, asociada a la también peligrosa idea de “Estado fallido”; al tiempo en que se disimulan los intereses del capital financiero y de las grandes corporaciones. El narcotráfico, desde nuestra interpretación, es la otra cara, ilegal, de la economía formal.
(7) “El síndrome del perro del hortelano”. Lima: El Comercio, 28 de octubre “Receta para acabar con el perro del hortelano”. Lima: El Comercio, 25 de noviembre
(8) Infodefensa, 7 julio 2015 “Perú prevé contratar en Estados Unidos la instalación de cuatro bases contraubversivas. Disponible en: http://www.infodefensa.com/latam/2015/07/07/noticia-preve-contratar-estados-unidos-instalacion-cuatro-bases-contrasubversivas.html
Referencias Agamben, Giorgio (2007) Estado de excepción. Homo sacer II, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora Arendt, Hanna (2004) Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Taurus Benjamin, Walter (2005) Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México: Contrahistorias Ceceña, Ana Esther (2006) “Sujetizando el objeto de estudio, o de la subversión epistemológica como emancipación”, en Ceceña, Ana Esther (coord.) Los desafios de las emancipaciones en un contexto militarizado. Buenos Aires: CLACSO Cesaire, Aimé (1979) Discurso sobre el colonialismo. México-DF: UNAM Copley, Florencia (2008) “América Latina. Los movimientos sociales frente a las estrategias militares” ALAINET [en línea] disponible en: http://alainet.org/active/24960&lang=es Delgado Ramos, Gian C y Romano, Silvina M. (2011) “Political-Economic Factors in U.S. Foreign Policy: The Colombia Plan, the Mérida Initiative, and the Obama Administration” Latin American Perspectives, julio 2011; vol. 38, 4: pp. 93-108 Echeverría, Bolívar (2002) La clave barroca de la América latina. Exposición en el Latein- Amerika Institut de la Freie Universität Berlin, Noviembre Echeverría, Bolívar (2006) “El ethos barroco en América Latina” en Vuelta de siglo. México: ERA Federici, Silvia (2010) Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños O'Gorman, Edmundo (1995) [1958]. La invención de América. México D.F: Fondo de Cultura Económica. Quijano, Aníbal (2000) "Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina" en Edgardo Lander (comp.) Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales. CLACSO-UNESCO Quispe, Wilwer Vilca (2009) “Respuesta represiva de los Estados” ALAINET [en línea] disponible en: http://www.alainet.org/es/active/31913
Saxe-Fernández, John (2009) “América Latina: ¿Reserva estratégica de Estados Unidos?” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año X, Nº 25, abril
Schmitt, Carl (2002) El concepto de lo politico. Madrid: Alianza Editorial
Subcomandante Insurgente Marcos (1999) “¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial?” [en línea] disponible en: http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_02_b.htm Tapia Valdés, Jorge (1980) El terrorismo de Estado. La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur. México: Nueva Imagen