Notas sobre el alcance del terrorismo de Estado en el mundo del trabajo.
Imagen: AFE (1974). Revista "Rieles"
La frase que inicia este artículo aparece en una de las primeras publicaciones de la Unión ferroviaria en proceso de reorganización en 1984. Remite a las denuncias presentadas en virtud de las arbitrariedades cometidas por jerarcas intermedios de la empresa, amparados en los cambios contractuales y de organización del trabajo que se habían sucedido en la Administración de ferrocarriles del Estado (AFE) desde 1973. Este artículo presenta de forma sintética algunas notas sobre el alcance del terrorismo de Estado en el mundo del trabajo tomando ejemplos de la industria de la construcción y la empresa ferroviaria monopólica de la época. Parto del supuesto de que durante los primeros años de la dictadura se buscó desorganizar y disciplinar a la mano de obra activada sindicalmente como condición necesaria para implementar transformaciones económicas que incrementaron la explotación de los asalariados y el enriquecimiento de sectores empresariales.
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A lo largo de los sesenta hubo una especie de pulseada dentro de los sucesivos elencos gobernantes por la implementación de medidas liberalizadoras y desarrollistas para afrontar el agotamiento del modelo de industrialización dirigida por el Estado. Durante toda la década aumentó el desempleo y el salario real cayó contantemente. El movimiento sindical respondió a estos desafíos con la creciente coordinación y el gobierno con la represión que se convirtió en una política de Estado sostenida a partir de junio de 1968 cuando se decretó la implementación de Medidas prontas de seguridad que se mantuvieron casi sin interrupciones hasta 1971. Al año siguiente, el sindicalismo nucleado en la Convención Nacional de trabajadores (CNT) llevó adelante un conjunto de acciones que evidenciaron su capacidad de resistencia (1).
A pesar de las dificultades para movilizarse en un contexto crecientemente represivo, las organizaciones cenetistas y fraternales lograron ser un factor de oposición de relevancia y, en algunos casos, contener el avance de las medidas liberalizadoras. A consciencia del clima golpista en Uruguay y la región, ratificaron en los congresos ordinarios de 1969 y 1971 y en el marco del intento de golpe de Estado de febrero de 1973 la decisión de ir a la huelga general tomada durante el proceso fundacional (1964-1966).
La literatura sobre el papel del movimiento sindical durante la última dictadura civil-militar en Uruguay coincide en destacar la importancia de la huelga general de junio y julio de 1973. Sin embargo, hay distintas lecturas respecto de cómo siguió actuando el sindicalismo y la clase trabajadora frente al gobierno de facto. Las mismas se pueden sintetizar en dos miradas contrapuestas: los trabajadores y el sindicalismo fueron “inmovilizados” o “resistieron”. Entiendo que pasó un poco de cada cosa, pero que, de parte del régimen, hubo un intento por desorganizar a la clase trabajadora que, a lo largo de los sesenta y, especialmente, durante la huelga general, se opuso fehacientemente al quiebre institucional que significaba la clausura del Parlamento nacional lo que se sumaba a los reclamos por mejoras salariales y garantías para el ejercicio de las libertades públicas. La represión al movimiento sindical no era una novedad por lo antedicho, pero, durante los primeros años de la dictadura se nota una política sistemática de desguace del sindicalismo y de intento de organización de un sindicalismo disciplinado, sujeto a la política del régimen (2).
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Si bien es cierto que los militantes y sus familias fueron los más castigados por la política represiva debiendo clandestinizarse, exiliarse, sufrir la cárcel, la tortura y hasta la muerte o la desaparición forzada; las prácticas del terrorismo de estado afectaron al conjunto de la población. La mirada de la “vida cotidiana” muestra el alcance de ese proceso en distintos espacios de socialización. En Uruguay, el asunto no se ha sido estudiado específicamente pero en diversos trabajos aparecen pistas sobre el alcance del terror en el ámbito laboral.
En primer lugar cabe pensar en el clima de persecución generado por el efecto de la represión tanto de parte del aparato represivo del Estado como de las patronales que, gracias a disposiciones como el decreto 518 del 4 julio de 1973, podían despedir sin indemnización a los trabajadores. Al mismo tiempo que el gobierno de facto buscaba desarmar a las organizaciones cenetistas apelaba a los trabajadores como un actor clave en el proceso de “reconstrucción nacional” agitando el fantasma anticomunista. En este sentido habría que analizar en detalle si es que lograron generar un clima de sospecha para con los militantes sindicales y/o de autocensura frente al temor de quedar “marcados” (con las múltiples consecuencias que ello podía tener). Todo lo que, en última instancia, contribuyó en la “inmovilización” del sindicalismo.
En un boletín de la agrupación ferroviaria “dignidad obrera” (vinculada con la Resistencia obrero-estudiantil) señalaron que el gremio se encontraba en “un estado de frialdad, producto de las desinformación nacida de falsas expectativas” creadas con los comunicados 4 y 7 de febrero de 1973 (3). Esto hace pensar cómo el discurso militar había calado entre, al menos, parte de los trabajadores que aceptaron y hasta se congraciaron por la intervención de AFE en abril de ese mismo año.
Aún falta estudiar detenidamente el siguiente asunto pero, a la luz de indagaciones relativas a otros países de la región, se puede inferir que en los lugares de trabajo se intensificaron los mecanismos de control y disciplina propios del sostenimiento de la producción (4). Por ejemplo, AFE fue intervenida por militares unos meses antes del golpe de Estado medida avalada por los acuerdos del Pacto Boiso Lanza que permitieron la salida de la crisis de febrero de 1973. A lo largo del período dictatorial incrementaron los mecanismos de control del servicio. Además, de acuerdo a los testimonios de trabajadores de la industria de la construcción en las principales obras públicas de la época (gestionadas por empresas contratadas) y en el “boom” de la construcción en Punta del Este, se percibía la intensificación de la vigilancia en aras de garantizar la producción y evitar la organización reivindicativa de los trabajadores en los lugares de trabajo. En los primeros boletines de la UF en proceso de reorganización entre 1983 y 1984 denunciaron las arbitrariedades de algunos jerarcas amparados “en este tipo de régimen.” (5)
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Por otra parte cabe destacar que, mientras el gobierno de facto pretendió desorganizar y disciplinar a la mano de obra, tomó algunas medidas orientadas a reorganizar los mecanismos de conciliación obrero-patronales. Este conjunto de medidas (de las que poco sabemos de su implementación concreta) pretendían individualizar los mecanismos de reclamo laboral lo que, en última instancia, perjudica a la parte más débil de la relación: el trabajador. (6)
Esto se producía en un período en el que el salario real se siguió deteriorando de forma sostenida y se incrementó la explotación de la mano de obra. El rol de contralor o protección que cumplen los delegados sindicales en los lugares de trabajo fue eliminado o puesto al servicio del aumento de la productividad (desvelo de distintos actores desde fines de los sesenta). Un posible indicador del efecto de la combinación de la carestía, el deterioro del salario real y la eliminación de la oposición sindical es el incremento de la accidentalidad laboral.(7)
Según cifras del Banco de Previsión Social, en 1977 hubo 42.000 accidentes de trabajo (más de un siniestro cada tres minutos). De estos, la industria de la construcción registraba el 16% del total de siniestros, y también los más graves. La mayoría de estos se producían en las obras de Punta del Este y Salto Grande (8). Si bien no se cuenta con series que permitan contrastar la evolución de este fenómeno, en distintas fuentes testimoniales y documentales se subraya el incremento de la accidentalidad laboral durante el período. En 1976, la Dra. Marta Castrillón del servicio médico de AFE señaló que “el elevado número de accidentes de los últimos meses, constituye una profunda y real preocupación para las autoridades de AFE como también para la Comisión de Seguridad.” Buscaban contribuir en la disminución de los accidentes “para que éstos no obstaculicen el plan de recuperación y desarrollo del Ferrocarril”. Téngase en cuenta que AFE recibió inversiones que permitieron que implemente un plan de reestructura que puso al ferrocarril al servicio de la demanda derivada de, entre otras industrias, la de la construcción (9). Además fue un elemento central de la propaganda del régimen en tanto logro del “nuevo Uruguay”.(10)
En octubre de 1977 se produjo la explosión de la cantera propiedad de AFE localizada en Suárez, Departamento de Canelones en la que murieron 11 trabajadores. El profesor Leonardo Guidice se preocupó hacia 2010 por revisar la forma en la que esta tragedia fue presentada en la época y cómo se representó en la memoria colectiva de los pobladores de Suárez. Sostiene que se construyó un relato en el que aparece un “judas” el joven de 19 años que manipuló erróneamente el material explosivo, tarea para la que no estaba capacitado. Este relato no incorporó en ese momento ni después críticas sobre los responsables últimos que permitieron que un trabajador sin expertisia se encontrara desarrollando tareas de ese grado de peligrosidad. Agrega, además, que la revisión del tema, debe ser contextualizada como parte de un proceso de mayor demanda de piedras necesarias para sostener la infraestructura ferroviaria puesta al servicio del entramado agroexportador.(11)
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Los ejemplos planteados, pensados a la luz de los avances en investigaciones relativas a identificar responsabilidades empresariales en violaciones de derechos humanos durante las últimas dictaduras en el cono sur para una mejor comprensión de estos procesos, pretenden invitar, también, a pensar en el alcance del terrorismo de Estado en la vida de los trabajadores. A la violencia política de las prácticas del terror hay que agregar la violencia económica y social experimentada en un aspecto sustantivo de la vida de gran parte de la población: el trabajo. El terrorismo de Estado se implementó en combinación con políticas económicas que buscaban re-estructurar el modelo de inserción de Uruguay en el sistema capitalista. Los ejemplos presentados son sólo algunos indicios de lo que implicaba trabajar y, quizá, expresar disconformidad con las condiciones laborales y salariales, en ese período de reajuste estructural que tiene implicancias hasta el presente.
Sabrina Alvarez. Docente e investigadora del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.
sabrialvareztorres@gmail.com / https://fhuce.academia.edu/SabrinaAlvarez
Notas
1. Alvarez, S. (2022). Trabajadores y sindicalismo ante la crisis y re-estructuración (Uruguay, 1967-1972). : Apuntes a partir del caso ferroviario. Contemporánea, 15(2), 242–260. Recuperado a partir de https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/cont/article/view/1285
2. Alvarez, S. (2023). Más allá de la «oposición/resistencia» o la «desmo- vilización/inmovilidad». Trabajadores y sindicalismo durante la última dictadura uruguaya. Contemporánea, 17(1), 64–75. https://doi.org/10.54344/contemporanea.v17i1.1996 y Sosa, Álvaro (2022). "Estado, políticas laborales y organizaciones sindicales en el Uruguay de la dictadura. (1973-1985)". En Broquetas, Magdalena y Caetano, Gerardo (coords.). Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra fría, reacción y dictadura. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
3. Dignidad obrera, n° 3, circa setiembre de 1973.
4. Teles, Edson (coord). (2023). “A responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a ditadura”. Centro de Antropologia e Arqueologia Forense. CAAF/Unifesp. Sao Paulo.
5. Unión. N° 3. Abril de 1984.
6. Pisón, Mariana (2019). “El impacto de la dictadura en la jurisprudencia laboral” en Derecho laboral Vol. 62, no. 273. Sosa, A. (2022). Op. Cit.
7. Ribeiro, Ana Beatriz (2022). “Acidentes e doenças do trabalho como manifestaçao da superexploraçao da foça de trabalho no Brasil da ditadura empresarial-militar” En: Larissa R. Correa, Marcelo Almeida de Carvalho Silva y Richard Martins (Orgs.). Repressão aos trabalhadores e responsabilidade empresarial nas ditaduras do Cone Sul. Rio de Janeiro: PUC-Rio.
8. «Uruguay: más de 42 mil accidentes de trabajo por año», en Desde Uruguay, octubre 1978, p. 8.
9. Bertino, M, Díaz Steinberg, G, Moreira Goyetche, C. (2015). “Creación y trayectoria de una empresa pública uruguaya: La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)”. Serie Documentos de Trabajo, DT 13/2015. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República, Uruguay.
10. En el libro de Aldo Marchesi “El Uruguay inventado” aparecen ejemplos que muestran la importancia que tuvo en la propaganda del régimen todo lo relativo a las inversiones públicas. La revista “Rieles” de AFE fue un dispositivo de publicidad de la contribución específica de AFE en el proceso de construcción de ese “nuevo Uruguay”.
11.Giudice, Leonardo (2010). Los otros muertos de la dictadura. En: https://losotrosmuertos.blogspot.com/2010/08/).