La reforma educativa que se está llevando adelante en Uruguay bajo el nombre de “transformación educativa” es, sin dudas, uno de los principales temas en disputa que nos atraviesan actualmente. Si bien se presenta, desde las autoridades, como “una gran novedad” y “un gran cambio”, no deja de ser una revisión, si se quiere “actualizada”, de objetivos antiguos e intentos anteriores. Algunos de ellos son: pérdida de la autonomía de la educación frente a los intereses de organismos internacionales y empresas privadas; privatización y tercerización; pérdida democrática debido a la falta de diálogo y participación y a la intransigencia de las autoridades; pérdida de contenidos que, sumado a la precariedad por falta de recursos y presupuesto, contribuye a aumentar las brechas educativas entre quienes poseen mejores condiciones y posibilidades para formarse y quienes apenas cuentan con lo que ofrece la enseñanza pública “recortada”. Viejos mecanismos y actores, nuevas palabras y contextos.
Para la sociedad en general puede ser un poco complejo comprender las diferentes dimensiones y aspectos que afectan y afectarán estos cambios. Por eso, es importante tener en cuenta que al hablar de la reforma educativa que está ocurriendo, se debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales: 1) el presupuesto; 2) las modificaciones que impuso la Ley de Urgente Consideración (LUC) desde mediados de 2020; y 3) la “transformación educativa” en sí.
En este texto se presentan algunas reflexiones sobre estos procesos, en el marco de la educación técnica y tecnológica ofrecida por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP–UTU). Los párrafos a continuación nacen, en gran parte, de la experiencia acumulada como docente de UTU desde el año 2017, militante de AFUTU (Asociación de Funcionarios de UTU) y de la enorme preocupación e indignación que se ha ido instaurando en una parte significativa del cuerpo docente frente a esta “transformación educativa”.
En primer lugar, parece importante resaltar que una “reforma” es mucho más que un
conjunto de documentos, cambios en programas y normativas. La parte presupuestal es uno de los elementos estructurantes de todo lo que ocurre en la educación: sus fallas, posibilidades, desigualdades y oportunidades (cuando las hay). La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) asegura que desde el 2020 el presupuesto disminuyó unos 150 millones de dólares [1].
En los últimos años se ha profundizado el recorte de horas docentes, a través de la disminución de grupos, se han eliminado programas (como el plan FPB de 2007), recortado o quitado horas de tutorías, se han disminuido horas y cambiado el perfil de educadores y educadoras, no se ha invertido en mejoras de infraestructuras que realmente permitan trabajar y estudiar en condiciones dignas, no se cuenta con equipos multidisciplinarios suficientes para poder acompañar las trayectorias educativas y sociales del estudiantado como corresponde: hay 29 psicólogos y 4 trabajadores sociales para 104.320 estudiantes de la DGETP en todo el territorio nacional [2].
Frente a la acumulación de todos estos hechos, AFUTU se ha declarado en conflicto desde hace meses y aún permanece, aunque se hayan levantado las medidas de ocupaciones y huelgas. Es cierto que la diversidad de situaciones es muy grande; hay diferencias entre Montevideo y el interior del país. Por ejemplo, en los documentos que han sido entregados para discutir en las Asambleas Técnico-Docentes (ATD) de UTU, en ninguno se habla de cómo afectarán estos cambios a los ciclo básicos agrarios y las Escuelas Agrarias que se encuentran sobre todo en el interior. Otra incertidumbre que se suma.
Asimismo, estos hechos se agravan considerablemente cuando miramos hacia la periferia montevideana. Los barrios del oeste están atravesados por esta precariedad de manera visiblemente significativa. Un ejemplo es que la DGETP cuenta con un único equipo multidisciplinario (con menos de diez profesionales) para atender toda la zona, comprendiendo territorios extensos y con un gran conjunto de vulnerabilidades y complejidades sociales: Colón, Paso de la Arena, Santa Catalina, La Boyada, Cerro y La Teja, entre muchos más.
En el caso de la UTU de Santa Catalina, por ejemplo, el anexo Polideportivo (inaugurado en 2014) está con riesgo de incendio desde el mes de abril, situación denunciada por el núcleo sindical de la Escuela. A esto se le sumó la falta de funcionarios de docencia indirecta (adscriptas/os) y de gestión y servicio. En el mes de setiembre, luego de presentar los reclamos y ver que no ocurría nada por parte de las autoridades, el núcleo sindical decidió ocupar el Centro educativo como herramienta de lucha para lograr estas mejorías. En el “Comunicado a la Comunidad” que hicieron público el 2 de setiembre, en el tercer día de ocupación de la Escuela y el anexo, también exigían la “apertura del turno nocturno” como una reivindicación de vecinas y vecinos del barrio y trabajadoras y trabajadores de la Institución. En agosto se entregó una carta a la Dirección con 765 firmas de la comunidad barrial y educativa; en diciembre, con el planillado 2023 aprobado, no se ha dado respuesta a esta demanda. Con una clara omisión, por parte de las autoridades, de las verdaderas necesidades de la población.
Estos casos no son, lastimosamente, excepcionales. En el Centro Educativo Asociado (CEA) n° 371 de La Boyada, actualmente Centro “María Espínola”, baluarte de una supuesta “nueva propuesta educativa” del gobierno actual, estuvieron sin energía eléctrica durante más de un mes al comienzo del año; los salones son contenedores que, en varios casos, no cuentan con calefacción o aire acondicionado; no hay baño docente, entre otras precariedades.
Por su parte, en la Escuela Técnica del Cerro, desde el año 2021, el núcleo sindical junto a una parte de la vecindad, vienen tomando medidas y denunciando las precariedades y problemas que enfrenta el centro educativo. El 8 de abril de 2022 hubo incidentes de abuso policial con estudiantes en la puerta de la Institución [3], violando los artículos 74 y 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que protegen la integridad y reputación de los y las adolescentes durante un procedimiento policial. El psicólogo del equipo multidisciplinario demoró un mes en poder hacerse presente para abordar y acompañar al estudiantado afectado.
A su vez, no se planteó desde las autoridades ninguna respuesta concreta en cómo trabajar con respecto a estos hechos dentro del centro educativo, ya que no es la primera vez que pasa, tanto en el Cerro como en otros barrios. En el mismo contexto en el que promueven un discurso de una supuesta reforma con centralidad en la integralidad del estudiante y las necesidades del mundo actual, frente a esta realidad que estalla en los ojos de quienes habitamos los centros educativos, surgen las preguntas: ¿a qué estudiantes se refieren?, ¿a qué necesidades?, ¿a cuáles realidades?
A fines de junio hubo un aumento de conflictos entre estudiantes y uno de ellos terminó con una docente golpeada al intentar separar a los adolescentes. Este hecho provocó que el núcleo, reunido en asamblea, decidiera la ocupación del centro educativo para el martes 28 de ese mes debido al nivel de gravedad al que estaban llegando los conflictos, y la poca respuesta de la Institución frente a ellos [4].
En ese momento, la UTU del Cerro contaba con unos 1200 estudiantes, un aumento de 300 en relación al año anterior, cuando la capacidad del centro es de 800 aproximadamente. Asimismo, el contexto de crisis económica y social que atraviesa el país se manifiesta con mayor crudeza en esta zona por ser un barrio periférico y humilde, donde muchas familias se quedaron sin trabajo, fueron desalojadas de sus hogares o no llegan a poder sustentar el alimento. Según datos difundidos por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (SINTEP), en Uruguay, un 10,6% de la población se encuentra en situación de pobreza, siendo un 18,8% de adolescentes entre 13 y 17 años. En lo que va del año, se sirven más de 100.000 porciones semanales de alimento en ollas populares. Una parte significativa de los y las estudiantes que frecuentan las UTU del oeste viven estas realidades.
Frente a este contexto, las desigualdades y situaciones de violencia que se viven fuera del centro educativo, en determinado momento llegan adentro. Y si no hay recursos humanos, educativos, sociales y económicos, se hace inviable lograr abordarlos de manera adecuada y correspondiente. Es por ello que, desde el núcleo de la UTU del Cerro, se exigían dos cargos más de adscripción, otro de auxiliar de limpieza para el turno nocturno y la presencia de un/a psicólogo/a y trabajador/a social permanente en la Institución. Luego de dos días de ocupación, se logró el cargo de auxiliar y cooperar, gracias a la gestión de educadoras, con otras instituciones del barrio para contar con apoyo de psicólogos para algunos casos. Aún se sigue esperando por el aumento de equipos multidisciplinarios.
Por otra parte, la “transformación” que proponen las autoridades de la ANEP y el gobierno nacional, no cuenta con la consulta y participación real de estudiantes, funcionariado y docentes. Con la LUC, los subsistemas de la ANEP como UTU y Secundaria dejaron de ser Consejos, con participación docente, a ser Direcciones nombradas por las autoridades educativas, perdiendo así cierta autonomía y el cogobierno. A su vez, las modificaciones de dicha Ley también habilitaron a un mayor poder y autonomía en las decisiones por parte de las Direcciones de cada centro educativo, lo que genera que una misma persona que trabaja en varias Escuelas Técnicas, se encuentre con decisiones diferentes e incluso contradictorias, según dónde se trabaje. Parece no haber un lineamiento único de qué y cómo debemos educar y trabajar.
Nos ignoran, silencian e invalidan nuestras voces cuando somos justamente los y las docentes quienes habitamos el sistema educativo, trabajando y formándonos, quienes desarrollamos los procesos de enseñanza-aprendizaje; en fin, somos agentes y sujetos de la educación. El contexto es de precarización, la pérdida de trabajo y condiciones de estudio, la inestabilidad y el abuso de autoridad y persecución de direcciones y autoridades a los y las trabajadoras, a través de puntajes en informes anuales o la arbitrariedad en decisiones cotidianas que quedan a “disposición de la Dirección”. Estos procesos también condicionan la vida de quienes trabajamos no solo por cuestiones salariales sino también a nivel emocional y de salud mental, algo de lo que se habla muy poco. ¿Quién cuida a quiénes cuidamos y enseñamos?
Todas las Asambleas Ténico-Docente (ATD) [5], de Primaria, de Secundaria y de UTU, se manifestaron contrarias a la forma arbitraria y autoritaria en la que está siendo desarrollada está reforma y a los presupuestos ideológicos que la sustentan. Si bien se ha convocado a las Asambleas, las sugerencias y planteos del conjunto docente no han sido escuchados por las autoridades. ¿Cómo es posible creer que se puede contar con una reforma positiva y exitosa si las personas que la implementarán y sobre quienes se aplicarán los cambios no han sido consideradas?
Siendo fin de año, aún no se sabe a ciencia cierta cuáles son los cursos que se ofrecerán efectivamente el año que viene, ni bajo qué reglamentos, ni la forma en la que se implementarán los cambios que prevé la reforma en los cursos de Enseñanza Media Básica Tecnológica. El 29 de noviembre, AFUTU Montevideo denunció que la aprobación de los grupos para el próximo año (el "planillado" como se lo suele llamar) estaba ocurriendo con la carga horaria y los grupos que corresponden a los planes actuales. Una contradicción con lo que aseguran las autoridades de la ANEP, que esta “transformación” se implementará desde marzo de 2023.
Es claro el recortes de horas docentes y la precarización laboral en marcha cuando algunas asignaturas pasaron de ser obligatorias a ser opcionales (Geografía, Sexualidad o Biología, por ejemplo) y otras, que eran dictadas por dos docentes, pasaron a ser de uno. Es notoria la pérdida de identidad y el empobrecimiento de la oferta educativa técnica, artística y tecnológica que ofrece la UTU (sobre todo para los sectores más vulnerables), así como el desconocimiento sistemático de las propuestas y observaciones realizadas por las ATD. La intransigencia del Director de la DGETP, Juan Pereyra, y el menosprecio hacia la herramienta sindical vulnera la Ley de Negociación Colectiva, una y otra vez, negando o cancelando instancias de negociación.
Es por todo lo señalado anteriormente que es imposible no manifestar el profundo rechazo hacia esta reforma educativa que no atiende a las verdaderas necesidades de nuestros y nuestras estudiantes y trabajadores. La precarización y privatización de la educación pública favorece a los sectores sociales más privilegiados y aumenta la brecha de la desigualdad tanto a nivel educativo como social. En este contexto, quienes cuenten con más recursos y posibilidades lograrán acceder a las “metas” y “competencias” que pretenden los reformistas. Mientras que aquellos que no, quedaran relegados de ese mundo de “oportunidades” configurándose, en el “mejor” de los casos, como una mano de obra más barata y precarizada. Quienes no alcancen a ingresar al mercado laboral continuarán ampliando los márgenes de la desigualdad, fuente de la que beben las redes del crimen organizado que se adueñan de nuestros barrios y territorios.
Solo la lucha social constante y el paso firme por la defensa de una educación pública, gratuita, inclusiva y al servicio de la población, podrá afrontar los desafíos a los que nos deparamos y buscar una verdadera transformación educativa que atienda a las reales necesidades de nuestra población. Resistir, luchar y educar es el lema que nos debe acompañar a todos y todas quienes amamos nuestra profesión y creemos que solo con educación, se puede construir un mundo mejor.