Imagen: Mariana Escobar
Por Lucas D'Avenia
Tanto quienes se han interesado por la historia de la educación, como quienes lo han hecho por la historia de las ciencias sociales durante la última dictadura uruguaya, se han ocupado fundamentalmente de las formas autoritarias de ejercer el poder estatal a través de prácticas represivas, así como del desmantelamiento de instituciones y de la interrupción de procesos de acumulación que se venían desarrollando en el país, tanto en materia educativa como de investigación en ciencias sociales. Fruto de una serie de investigaciones recientes (1), propongo un acercamiento a la educación superior y a las ciencias sociales durante este período a través de la observación de tres fenómenos estrechamente entrelazados: el aumento de la matrícula de la educación superior, los esfuerzos por medir ese aumento en distintos contextos y las discusiones que estas mediciones concitaron.
La dictadura implicó un corte en la vida universitaria en diversos sentidos. Sobre la Universidad de la República -y sobre el sistema educativo en general- recayó una feroz represión que desmanteló comunidades académicas enteras y discontinuó procesos como el de institucionalización disciplinar de la sociología que en nuestro medio, a principios de la década de 1970, era aún incipiente. En ese contexto se produjo un aumento considerable de la matrícula de la educación superior, en continuidad con un proceso que venía del período anterior, que persiste hasta nuestros días, y que se intensificó en los últimos veinte años. El incremento de personas que accedieron a estudios universitarios fue un fenómeno que no ocurrió solo en Uruguay. (2) El cambio en el volumen de personas que accedían a este nivel de estudios y que -en menor medida- obtenían títulos universitarios, trajo aparejadas otras modificaciones. Algunas más evidentes como la composición de esos contingentes: más mujeres, más personas de sectores sociales con menores ingresos y menor capital cultural. Pero esto también impactó en propia universidad y en la organización de los sistemas de educación superior, así como en los significados que tenía el acceso a ese nivel educativo y la obtención de un título universitario.
Este fenómeno es complejo y no puede ser considerado únicamente desde la situación de las universidades y de sus políticas. Sin pretender explicar este proceso, me propongo ofrecer algunos indicios para pensar la historicidad de la ampliación del acceso a la educación superior durante la dictadura. Eso remite a los contextos y las condiciones que lo hicieron posible, pero también a la propia historia de cómo fue construida la idea del aumento de la matrícula. Aquí me detendré especialmente en esto último, preguntándome cómo se construyó esto como asunto, lo que nos lleva a intentar reconstruir dos cosas: los mecanismos y las instancias de medición de la matrícula (que tienen una historia y que no fueron siempre iguales) y la construcción de lo que hoy llamamos masificación de la educación superior como un problema de política universitaria (que no siempre fue un problema y cuando lo fue, no siempre fue construido como problema en los mismos términos). Quiero entonces proponer un posible derrotero para estudiar estos temas considerando una periodización que requiere ir un poco más allá de 1973 y que podría ir más acá de 1985.
Antes de contar con un sistema centralizado de información estadística la Universidad realizaba con cierta regularidad censos de estudiantes. Esto fue así a partir de 1960 en que el incipiente Instituto de Ciencias Sociales que funcionaba en la Facultad de Derecho realizó lo que entonces se llamó “Registro Universitario”. El estudio censal arrojó que en 1960 había 15.320 estudiantes en la Universidad de la República. La valoración del número total de estudiantes fue fundamentalmente positiva: el país tenía una alta proporción de estudiantes universitarios en relación al total de la población. En América Latina Uruguay sólo era superado por Argentina y Puerto Rico.
El censo, sin embargo, permitía medir un fenómeno que producía cierta distorsión de ese resultado: la duración excesiva de las carreras en una proporción importante de los estudiantes. Esto producía que el promedio de edad fuera alto (debido también a un ingreso tardío a la universidad) y se combinaba con una alta proporción de estudiantes trabajadores. La preocupación de los responsables del censo, pero también de las autoridades universitarias que utilizaron esos datos, estaba más en el funcionamiento de las carreras (planes de estudio) que en el volumen total que no era visto como un problema. En esa línea, otro asunto clave fue la excesiva concentración de estudiantes en Derecho, Medicina y Ciencias Económicas, carreras que no estaban asociadas a los requerimientos de la actividad industrial o agrícola, que se consideraban imprescindibles para el desarrollo del país. El censo permitió mostrar, además, otros dos fenómenos: el peso importante de las mujeres y el predominio de estudiantes provenientes sectores sociales medios y altos. (3)
El informe de aquel primer censo tenía pretensiones analíticas desde una mirada sociológica por parte de Isaac Ganón, que había sido responsable de impulsar un seminario de investigaciones sociológicas en la Facultad de Derecho en 1955 -que dio lugar al Instituto de Ciencias Sociales- y que era catedrático de la disciplina desde 1947. El censo de estudiantes, que había estado previsto en los primeros planes de Ganón, cinco años antes de su concreción, fue una de las primeras oportunidades que tuvo el Instituto de realizar un relevamiento de información estadística así de ambicioso. La realización del censo contó con el asesoramiento del sociólogo francés Jean Labbens, contratado por UNESCO, y fue resultado del impulso del rector Mario Cassinoni que encabezaba una gestión de tono modernizador, en el contexto de la aprobación de la Ley Orgánica de 1958, y que recibió con enfático entusiasmo los resultados que, “analizados con criterio científico, nos permiten, por primera vez, hablar con certeza y no sobre impresiones.” (4)
El Informe sobre el Estado de la Educación en el Uruguay publicado en 1966 catalogaba de “excelente” al Registro Universitario y tomaba de allí sus datos de matrícula estudiantil de la Universidad que se complementaban con datos de egreso que permitían evaluar críticamente el “rendimiento” de la institución. Este informe había sido realizado entre 1963 y 1966 por una Comisión Coordinadora de los Entes de Enseñanza en el marco del trabajo de planificación desplegado por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), el gran esfuerzo de panificación del Estado uruguayo que recibió apoyo de la Alianza para el Progreso y que movilizó importantes recursos técnicos del Estado y de la Universidad. Uno de los principales redactores del informe sobre educación fue el profesor de historia Germán Rama que también había estado a cargo de las tareas operativas del censo hecho por la Universidad en 1960.
Pero el trabajo realizado en el marco de la CIDE no se agotó en un diagnóstico. Lo que generó controversia en relación a la educación superior fueron algunas de sus propuestas que tomaban como centro la cuestión de la eficiencia de la Universidad a partir de la discusión de la aparente buena cobertura de este nivel de estudios. Con términos como “racionalizar la aplicación del principio de gratuidad”, el documento criticaba duramente la realidad universitaria que tenía un déficit importante en materia de eficiencia y también en términos de democratización. Reconociendo el fuerte condicionamiento social de los resultados de las trayectorias universitarias, el Informe llamaba a empezar a romper círculos viciosos cuestionando la tradicional política de libre ingreso y gratuidad. (5)
Uno de los críticos a la mirada que tuvo el informe de la CIDE sobre la cuestión de la matrícula universitaria y de la eficiencia de la institución fue el rector Óscar Maggiolo. Compartiendo el tono crítico con relación a “los esquemas caducos sobre los que se ha estructurado nuestra nación” y al “estado de la Universidad”, Maggiolo cuestionó duramente lo que llamó la filosofía del informe de la CIDE sobre la Universidad, que se reflejaba en la expresión de que para producir unos 500 egresados no se justificaba tener 15.000 estudiantes. El cuestionamiento se dirigió al manejo de los datos, al escaso impacto que tendría la limitación del ingreso en la mejora del egreso y a la concepción de la Universidad “como organismo exclusivamente productor de profesionales”. Compartiendo la preocupación por el desarrollo económico y social del país, y considerando que la Universidad tenía un papel para jugar, Maggiolo denunciaba que la CIDE traslucía una filosofía colonialista para pensar el desarrollo que compartía con la Alianza para el Progreso y el FMI. Para superar el subdesarrollo, la miseria y el retroceso iba a ser necesario más universidad y más estudiantes universitarios. (6)
En el Plan de Reestructuración de la Universidad cuya elaboración lideró Maggiolo y que se presentó como parte de la solicitud presupuestal de 1967, se abordó la cuestión de la matrícula en el marco más amplio de la discusión sobre la estructura necesaria para modernizar la Universidad. Las claves de esa modernización estaban en superar el modelo tradicional de una universidad dedicada a la formación de profesionales; el desarrollo sistemático y profesional de actividades de investigación estaba en el centro de las preocupaciones, así como la contribución a los procesos de transformación productiva necesarios para un país en crisis. El Plan se proponía, entonces, mejorar la eficiencia en la formación de profesionales que se venía llevando a cabo en facultades y escuelas y avanzar en la redistribución de la matrícula entre carreras. Por un lado, se esperaba atraer estudiantes a nuevas carreras como las de formación en ciencias básicas en licenciaturas disciplinares que darían inicio a la formación de investigadores, o las de formación de docentes que se desarrollarían en una nueva facultad dedicada a la educación. También se buscaba promover, mediante becas y otros instrumentos, carreras de áreas consideradas prioritarias como las relacionadas a las ciencias agropecuarias, a las ciencias técnicas, educación y licenciaturas en disciplinas básica y ciencias médicas. De esta forma, la preocupación por el volumen total de la matrícula y los problemas de eficiencia se enfocaban en la preocupación más amplia por la reconfiguración de la institución. (7)
En 1968 la Universidad encaró un nuevo censo de estudiantes. Esta vez el trabajo estuvo a cargo de la Oficina de Planeamiento de la Universidad -que ese año también promovió la realización de un censo docente- y, como en 1960, contó con el asesoramiento de un experto contratado por UNESCO, que esta vez fue el sociólogo argentino Jorge Graciarena que había participado del esfuerzo de modernización de la sociología liderado por Gino Germani en la UBA. El censo del 68 registró 18.650 estudiantes, 91 % concentrado en facultades y 9 % en escuelas -un punto porcentual más que en 1960-. La proporción entre varones y mujeres permaneció básicamente estable: 60 % y 40 % respectivamente.
El informe del censo se ocupaba del problema de “la deserción” que explicaba por qué habían crecido más las inscripciones que la matrícula total, habiéndose mantenido bastante estable el nivel de egresos. El crecimiento no tenía la misma magnitud en todas las facultades: las que más habían crecido eran Agronomía y Veterinaria, seguidas de Medicina y Odontología.
El cuestionario abarcó muy variados asuntos: estudios previos, trabajo, opinión sobre la carrera, perspectivas profesionales, educación y vida familiar, uso del tiempo libre, afiliación a centros de estudiantes, entre otros. Esto nos permite hoy acercarnos a la realidad de aquel estudiantado pero también a los intereses de aquellos cientistas sociales y responsables de la política universitaria que llevaron adelante aquellas iniciativas de producción de información estadística. (8)
¿Qué pasó después del golpe de Estado en junio y de la intervención de la Universidad en octubre de 1973? El despliegue represivo en la Universidad fue muy importante: autoridades desplazadas, persecución de estudiantes, docentes y funcionarios, destituciones y renuncias, clausuras de cursos. Como en muchos otros ámbitos de la sociedad, hubo presos, torturados, asesinados y desaparecidos. Esto interrumpió el proceso de acumulación que la coalición reformista venía impulsando en la década previa.
Pero en el largo período transcurrido entre octubre del 73 y marzo del 85 también hubo continuidades e intentos de impulsar nuevas iniciativas. Si bien no hubo algo así como un proceso de “modernización autoritaria” como el que el historiador Rodrigo Patto describió para Brasil -apelando al concepto de Barrington Moore-, en línea con lo que afirmó hace algunos años Vania Markarian y a los trabajos de María Eugenia Jung sobre la actuación de sectores identificados con las derechas en la Universidad, puede decirse que existieron una serie de iniciativas, no siempre articuladas en un proyecto global, que respondieron a algunas orientaciones académicas propias. Estos trabajos han mostrado, por ejemplo, la continuidad de ideas y en algunos casos de personas, que habían cuestionado al reformismo universitario de la década previa y que tuvieron la oportunidad de actuar en el contexto de la dictadura. (9)
En mayo de 1974, seis meses después de la intervención, se creó un Instituto de Estudios Sociales en la órbita central de la Universidad, cuyo funcionamiento poco conocemos. El nuevo Instituto se había creado tras la clausura del Instituto de Ciencias Sociales que hacía casi veinte años que funcionaba en la Facultad de Derecho. En junio el Ministro de Educación y Cultura Edmundo Narancio, interventor de la Universidad desde octubre del año anterior, encargó al Instituto de Estudios Sociales la realización de un “Censo Universitario Extraordinario”. Nuevamente, la creación de un instituto dedicado a la investigación en ciencias sociales tenía entre sus primeras actividades la realización de un censo de estudiantes. Pero el contexto era muy distinto al de la primera iniciativa de Ganón en 1955 y también al contexto de la concreción del primer censo de 1960.
Los objetivos del censo de 1974, explicitados en la resolución, eran: la “disponibilidad de un núcleo de información estadística como: a) herramienta para el planeamiento presupuestal racional, y una correcta evaluación de los costos por estudiante y por egresado. b) núcleo básico de información correspondiente al año, para salvar, en lo posible, la continuidad de las evaluaciones a largo plazo pudiera ser de interés realizar. c) para conocimiento tan preciso como sea posible de la composición y tendencias del sector estudiantil, como herramienta de trabajo general. d) herramienta para mejor instrumentar las medidas de restricción de ingresos a la Universidad de la República, y posible elaboración de medidas de carácter correctivo (es decir eludiendo en lo posible la prohibición o selección compulsiva, en cuanto sea posible sustituirla con actuaciones sobre las tendencias del sector). e) posible detector de factores de fracaso estudiantil (imputables a los estudiantes o a la Universidad), de elevación innecesaria de costos, u de inscripciones con motivos distintos que el de obtener información universitaria. (f) herramienta para la evaluación de la posibilidad de satisfacer alguna parte de sector estudiantil con carreras de menor nivel.)” (10)
El censo se realizó entre diciembre de 1974 y marzo de 1975. Un primer informe de resultados con información preliminar estuvo a cargo de Raúl Samuel (primer director del IES) y un segundo informe se publicó en 1978 bajo la responsabilidad de Ulises Graceras que dirigió el Instituto desde enero de 1976. Los estudiantes censados esta vez fueron 26.220, 40 % más que los 18.650 de 1968, duplicando la tasa de crecimiento que se había registrado entre 1960 y 1968. Nuevamente el censo comenzaba destacando la alta proporción de estudiantes universitarios en relación al total de la población y hacía comparaciones internacionales al respecto.
El crecimiento que se registró en 1974 estaba acompañado de un avance en la feminización de la matrícula que ahora alcanzaba poco más de 45 % de la matrícula. Ahora eran cinco los servicios con predominio femenino (Servicio Social, Bibliotecología, Escuela de Colaboradores del Médico, Humanidades y Odontología) y Música, Derecho, Medicina y Química tenían proporciones similares de estudiantes mujeres y varones. (11)
Este censo también relevó un número variado de aspectos -aunque menos amplio que en el de 1968- pero la forma de presentar la información variaba significativamente en relación a los anteriores: el informe consistía básicamente en cuadros con los resultados obtenidos y breves pasajes de textos descriptivos. La forma de presentar la información ya había variado entre 1960 y 1968 donde la presencia de cuadros había sido mucho mayor, pero en ambos casos los esfuerzos interpretativos y la identificación de dificultades en relación a la propia información obtenida ocupaban un lugar muy importante. Una proporción grande de los cuadros elaborados en el segundo informe de 1978 se ocupaba de describir los años de permanencia en la Universidad en relación a las distintas variables relevadas (sexo, estado civil, ocupación del jefe de familia, entre otras).
Vale la pena detenerse en la temprana discusión sobre la posibilidad de establecer medidas de restricción al ingreso y, a la vez, la posibilidad de implementar “medidas correctivas” que evitaran prohibición o selección compulsiva. En 1979 la Universidad dispuso la realización de pruebas de admisión en todas las carreras, implementando finalmente un mecanismo de limitación del ingreso a la Universidad. La medida había sido anunciada en 1976 pero, como vimos, formaba parte de la agenda de las autoridades desde los primeros meses de la intervención. La demora en tomar la medida, da cuenta de la existencia de resistencias pese a la forma en que se ejerció la autoridad en el período. Algunas de esas tensiones, incluso, ocurrieron públicamente, en el marco de una “esfera pública restringida” como la denominó Aldo Marchesi que, pese a la censura sistemática, en algunas oportunidades permitió expresar discrepancias en marcos muy acotados. En esa línea es interesante considerar la posición que se pudo leer en el semanario Búsqueda, contraria a restringir la libertad de elección de carreras por parte de los estudiantes: ” la revista (…) subrayaba que el verdadero problema que enfrentaba la educación superior en Uruguay era ‘el monopolio que ejerce la universidad estatal'. Se declaraban ‘partidarios de la competencia en todos los terrenos. Amamos el mercado libre, y para las ideas no menos que para los bienes materiales’, afirmaban. (12)
Uno de los documentos producidos en el marco de un convenio que se había firmado en 1976 entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Estado uruguayo para la modernización de la Universidad de la República, valoraba el número de graduados como no excesivo. El crecimiento de matrícula tenía un ritmo moderado y se explicaba por el aumento del egreso de primaria y de secundaria en el período 1968-1977. Se esperaba mantener el crecimiento hasta 1980. El voluminoso informe de 1978 utilizaba los datos del censo de 1974, e incorporaba un detalle de la situación de profesionales según carrera (ocupación, salario, etc) a partir de una encuesta a egresados realizada en 1975 por el propio proyecto BID-Udelar. El análisis llevaba a los consultores a postular la necesidad de planificar necesidades y ofrecer nuevas carreras, un asunto que estuvo muy presente en el período. (13)
Un último momento de este recorrido es el de la transición a la democracia. Durante toda la dictadura un conjunto de centros de estudios se convirtieron en el ámbito más dinámico de las ciencias sociales en el país. Algunos protagonistas, tras este período, llegaron a afirmar que esa había sido la experiencia más importante de profesionalización de la investigación en disciplinas como la sociología, más relevantes que el de la universidad del período inmediatamente anterior al golpe de Estado y la intervención. (14)
El Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica -uno de los centros de estudios especializado en temas de educación- con Ediciones de la Banda Oriental, publicó entre 1985 y 1988 una serie de estudios diagnósticos de la realidad del sistema educativo uruguayo en sus distintos niveles. El autor era el sociólogo Rafael Bayce y el trabajo implicó un esfuerzo importante de reunión de información estadística del período 1973-1985 que fue analizada con la intención de diagnosticar la situación del sistema educativo a mediados de los ’80.
El primer dato destacable sobre la matrícula universitaria era su duplicación entre 1973 y 1984 pese a la crisis económica que en la interpretación de Bayce había afectado más al nivel primario y secundario. Sin embargo, ese importante crecimiento tenía una lógica bastante particular: en las facultades el incremento fue del 74 % mientras en que en las escuelas -con “carreras más cortas, con menor prestigio social, menor probabilidad de remuneraciones altas y menor probabilidad de acceso a puestos de poder político”- fue de 1344 %. Si en 1973 la matrícula de las escuelas apenas superaba el 2 %, en 1984 superaba el 17% del total de la matrícula universitaria. Esta era la forma en que había impactado la crisis económica en la matrícula de la educación superior: en esos momentos “la población no piensa en maximizar sus logros educacionales sino que solamente piensa en una inversión que le sea ocupacional y económicamente ventajosa en el corto plazo pero que no le signifique muchos años de dedicación fuerte a le estudio y/o que le permita trabajar simultáneamente con los estudios (…), en momento de crisis económica las consideraciones de status pierden importancia…” (p. 157). A lo largo del período los datos indicaban que las escuelas habían tenido tasas de mayor crecimiento al inicio y las facultades al final, reforzando el argumento del mayor peso de la crisis hacia 1975 y 1976. El levantamiento de las restricciones en el acceso hacia 1984 también empujó al crecimiento de la matrícula de las facultades además del número total de ingresantes que pasó de crecer 11 a 45 %. El trabajo de Bayce analizó con cierto detalle el funcionamiento del sistema de restricción que aplicaron las autoridades universitarias, primero mediante examen de admisión y luego mediante un sistema de cupos. (15)
Otra institución relevante en este período fue el Centro Latinoamericano de Economía Humana que en 1984 organizó un seminario dedicado a pensar los desafíos de la universidad en el contexto de transición. El seminario se tituló “Universidad: transición y transformación”. La necesidad de transformar la universidad, más allá de recuperar su funcionamiento democrático, atravesó el evento. Uno de los cambios que desafiaba a la universidad era el incremento de la matrícula. En una de las presentaciones, Germán Rama se refería al “falso problema de la dimensión cuantitativa de la matrícula universitaria”. Rama llamaba la atención sobre la necesidad del país de contar con un alto número de técnicos formados en la educación superior, criticaba la aplicación de criterios de selección sin la formación adecuada y llamaba a repensar toda la oferta de formación -así como la investigación y la cooperación con actores sociales-, adecuando el funcionamiento universitario a los requerimientos de una economía que había cambiado. Surgen en ese contexto propuestas como la de crear ciclos básicos para facilitar el ingreso y la movilidad entre carreras, y también la necesidad de diversificar carreras. La agenda de discusión era sumamente amplia, había preocupación, por ejemplo, por desarrollar posgrados y repensar las estructuras adecuadas para la investigación. (16)
Dos años después, en otro seminario organizado por el CLAEH el crecimiento de la matrícula se abordó como uno de los temas acuciantes, esta vez planteado en términos de “masificación”. El sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero diría: “La Universidad es una institución pensada para seleccionar élites, y esta selección se apoya en la contradicción entre el número y la excelencia. Esto hace de la masificación un problema realmente serio, pero un problema, además, que no admite soluciones fáciles”. La masificación era para Portantiero un triunfo de las reivindicaciones de Córdoba pero desafiaba tanto la gestión, como la profesionalización de los planteles docentes y la diversificación del sistema de educación superior. (17)
Notas:
Este texto deriva de mi trabajo de investigación que propone una perspectiva que combina historia de la educación e historia de las ciencias sociales y debe buena parte de su argumento a una incesante conversación con las historiadoras Vania Markarian y María Eugenia Jung.
La matrícula universitaria en América Latina en 1950 era de 266.692 personas, en 1970 de 1.640.000 y en 1980 de 4.891.000. Esto se acompañó de un proceso de sistemática ampliación y diversificación de los sistemas de educación superior. Los docentes pasaron de ser 25.000 en 1950 a ser 400.000 en 1980. (José Joaquín Brunner, Educación superior en América Latina: cambios y desafíos, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1990).
Universidad de la República, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias Sociales, Registro Universitario 1960. Informe General Preliminar, Montevideo, 1961.
Mario Cassinoni, Ciudad Universitaria, Montevideo, Publicaciones de la Universidad, 1961.
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, Comisión Coordinadora de los Entes de Enseñanza, Informe sobre el estado de la educación en el Uruguay. Plan de Desarrollo Educativo (2 tomos), Montevideo, 1966.
Óscar Maggiolo, “Universidad y CIDE: una tesis colonialista del desarrollo”, Marcha, 28 de enero de 1966.
“Plan de reestructuración de la Universidad presentado por el Rector de la Universidad Óscar J. Maggiolo, Montevideo, julio de 1967”, Repartido 396/67 del Consejo Directivo Central, Archivo General de la Universidad.
Universidad de la República, Oficina de Planeamiento, Censo General de Estudiantes 1968. Informe preliminar.
Rodrigo Patto Sá Motta, As universidades e o regime militar, Rio de Janeiro, Zahar, 2014; Vania Markarian, “La Universidad intervenida. Cambios y permanencias de la educación superior uruguaya durante la última dictadura (1973-1984)”, Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, Santiago de Chile, n. 4, 2015; María Eugenia Jung, Derechas y Universidad en Uruguay. Entre la reacción y la modernización, 1958-1973, Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Quilmes, 2022.
Resolución 320, exp 6436/74/MEC, Circulares 1974, Archivo General de la Universidad.
Universidad de la República, Instituto de Estudios Superiores, Censo de estudiantes universitarios de 1974, Montevideo, 1978, Subfondo Dirección General de Planeamiento, Archivo General de la Universidad.
Búsqueda, julio de 1976, citado por: María Eugenia Jung “La dictadura uruguaya ante los desafíos de la modernización de la Universidad de la República. El proyecto BID. (1976-1984)”, Contemporánea, v. 17, n. 1, 2023, p. 53
Programa Universidad-BID, Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Universidad de la República, Universidad de la República, Montevideo, agosto de 1978, Archivo General de la Universidad.
Carlos Filgueira, “Sociología” en: CINVE, Ciencia y tecnología en el Uruguay, Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, 1986.
Rafael Bayce, El sistema educativo uruguayo 1973-1985 (2), Montevideo, Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica / Ediciones de la Banda Oriental, 1988.
AAVV, Universidad, transición, transformación. Documentos y debates. Claeh 1984, volumen II, Montevideo, Centro Latinoamericano de Economía Humana, 1985.
“Universidad y sociedad en las democracias emergentes”, Notas del CLAEH, n. 46, noviembre de 1986, p. 10.