Imagen: Julio Castillo
Desde su regreso al sistema democrático, la historia política del Uruguay se vió signada por una serie de plebiscitos y referéndum que tuvieron como eje la defensa de lo público. En los tempranos años noventa estas iniciativas frenaron un avance privatizador (Ley de Servicios Públicos, Ose, Ancap) a través del uso de las consultas ciudadanas, dinamizadas fundamentalmente desde el sindicalismo, los movimientos sociales y la izquierda partidaria para evitar la privatización de las empresas estatales. La singularidad de nuestra democracia directa ha llevado a reforzar el imaginario de excepcionalidad uruguaya respecto a las historias políticas de otros países latinoamericanos. Sin embargo, estos mecanismos no pudieron ir en contra de la Ley de Caducidad Punitiva del Estado como en 1989 (Voto Verde) y 2009 (SÍ rosado), manteniendo la amnistía para quienes fuesen acusados de violaciones a los derechos humanos. Tampoco se lograron las firmas para derogar la Ley de Marco Regulatorio del Mercado Eléctrico en 1997 ni para derogar la Ley de Riego en el 2018.
También la derecha hizo uso de los mecanismos establecidos por democracia directa a través del pre-referéndum en contra de Ley Integral para Personas Trans, el intento de bajar la edad de imputabilidad en 2014, plebiscito para reformar la Constitución en materia de seguridad, utilizando la “vía corta” contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Todas estas iniciativas no prosperaron y tuvieron como objetivo primordial atacar la agenda de derechos consagrada en el progresismo de años anteriores.
Lo cierto es que en nuestra historia hubo al menos tres grandes victorias en defensa de lo público: referéndum contra la Ley de Empresas Públicas y que evitó un conjunto de privatizaciones en 1992; referéndum por la derogación de la Ley ANCAP que evitó su venta en 2003; y el plebiscito en defensa del agua como derecho fundamental aprobado en 2004. Existe una línea de continuidad clara entre aquellas luchas de los noventa y principios de los dos mil, con la lucha actual por la derogación de los 135 artículos de la LUC: el herrerismo reflota su viejo proyecto contra lo público y, en particular, contra las empresas públicas. Un conjunto de mecanismos previstos en la llamada Ley de Urgente Consideración suponen la privatización de empresas de propiedad estatal (art.285), modificaciones sustantivas en el Instituto Nacional de Colonización (arts.357 y 358), y pone a ANTEL a competir en desventaja con grandes multinacionales (arts.471 a 476). Además, la LUC ya puso en marcha una reforma estructural del mercado de combustibles (arts.235 a 237), por ahora, solo vemos aumentos del combustible de forma más frecuente, pero eso es solo la punta del iceberg de un proyecto que ya tiene previsto el aumento del supergás a casi el doble en el periodo de dos años y el desmantelamiento de ALUR.
Lo regresivo de los contenidos de la LUC, su mal uso como instrumento de reforma integral de la economía, la sociedad y el Estado uruguayos probablemente no hubieran prosperado sino fuera porque se votó en pandemia, con la gente asustada, encerradas en las casas o saliendo a pelear el peso para parar la olla en un contexto que desnudó las múltiples vulnerabilidades que azotan a nuestro pueblo. Una ley garronera, tanto por el mecanismo que utiliza como por los contenidos que tiene y por el momento en que se votó. Sin embargo, miles de compañeras y compañeros salieron a juntar firmas logrando un casi imposible de 800 mil.
En el último tramo hacia el referéndum contra 135 artículos de la LUC damos este paseo por algunos recorridos históricos de las luchas en defensa de lo público en nuestro país. ¡Para todos todo, para nosotros nada! Este 27 de marzo, ¡Votá Sí!