La corrupciĆ³n de la dictadura que condiciona el presente
- Fabian Werner
- 4 jun 2023
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Actualizado: 6 jun 2023
FabiƔn Werner*
IlustraciĆ³n: CĆ³mplices de Julio Castillo
La dictadura cĆvico-militar que azotĆ³ Uruguay en los aƱos 70 y 80 tuvo a los delitos econĆ³micos como excusa para su instauraciĆ³n y, posteriormente, como eje central de su manejo espurio del Estado. Los mismos que habĆan denunciado la corrupciĆ³n de los gobernantes civiles en los aƱos previos al golpe, se aprovecharon luego de la impunidad que daba el Terrorismo de Estado para perpetrar innumerables crĆmenes que nunca serĆan investigados.
A los mandos militares que abusaron de su poder para esquilmar las arcas pĆŗblicas, se sumaron sus cĆ³mplices civiles en altos cargos de gobierno, empresarios, industriales, hacendados y banqueros, tanto locales como extranjeros. El modelo econĆ³mico neoliberal que abriĆ³ la economĆa a la especulaciĆ³n financiera y desmantelĆ³ el aparato productivo, tambiĆ©n tuvo entre sus lĆneas de acciĆ³n el uso del dinero pĆŗblico para salvar empresas inviables, comprar bancos fundidos o financiar negocios ruinosos, entre otras modalidades de latrocinio.
Los hechos ocurrieron en sectores de la vida econĆ³mica tan diversos como la construcciĆ³n de vivienda, la industria pesquera, los frigorĆficos, la actividad bancaria, el sistema financiero, los medios de comunicaciĆ³n o la obra pĆŗblica, y tuvieron una eficaz cobertura cuando se produjo la recuperaciĆ³n democrĆ”tica: ningĆŗn responsable pagĆ³ por sus crĆmenes.
AsĆ se pueden encontrar denuncias de la corrupciĆ³n de altos mandos militares, como el comandante en Jefe de la Armada, Hugo LeĆ³n MĆ”rquez, quien aprovechĆ³ su impunidad castrense para ilĆcitos tan dispares como la especulaciĆ³n financiera o el contrabando. O el dictador Gregorio Ćlvarez, que explotĆ³ sus vĆnculos con la industria frigorĆfica para promover un negociado de venta de carne enlatada a Argentina financiado con el dinero del Estado, el famoso Operativo Conserva.
Estos militares tuvieron como socios o cĆ³mplices a prominentes figuras polĆticas civiles, que desde lugares de responsabilidad en el gobierno dictatorial como la presidencia del Banco Central (JosĆ© Gil DĆaz), el Ministerio de EconomĆa (ValentĆn Arismendi) o el Ministerio de GanaderĆa (Carlos Mattos Moglia), hicieron la vista gorda o disfrutaron de los dividendos de los negocios ilĆcitos.
Posteriormente, muchos de los civiles involucrados en estas irregularidades ocuparon altos cargos en el primer gobierno democrĆ”tico encabezado por el colorado Julio MarĆa Sanguinetti, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, por lo que la cobertura estuvo garantizada. Las pocas denuncias que se hicieron ante la Justicia o en Ć”mbitos administrativos terminaron sin resultados, a pesar de las pruebas que se presentaron hasta en comisiones investigadoras del parlamento.
En suma, todos estos delitos fueron ideados, cometidos, disfrutados y encubiertos por una estructura integrada por personas con el poder absoluto que les daba la dictadura, pero ademĆ”s por aquellos que tenĆan un poder fĆ”ctico suficiente para imponer condiciones tambiĆ©n luego de la recuperaciĆ³n democrĆ”tica. Incluso a pesar de que la Ley de la Caducidad de la PretensiĆ³n Punitiva del Estado N.Āŗ 15.848 excluĆa taxativamente a los delitos econĆ³micos(1) de la impunidad consagrada para las violaciones de los derechos humanos.
Incluso, mĆ”s allĆ” de esa situaciĆ³n de privilegio que les permitiĆ³ actuar sin ser castigados, tambiĆ©n dejaron instalado un andamiaje financiero que todavĆa hoy funciona al servicio del lavado internacional de capitales. Un sistema que garantizĆ³ la concentraciĆ³n econĆ³mica, el enriquecimiento ilĆcito, el flujo de dinero negro, encubriendo su origen y garantizando el anonimato de sus beneficiarios finales.
Para eso se utilizaron bĆ”sicamente las Sociedades Financieras de InversiĆ³n (Safi), creadas por ley N.Āŗ 11.073(2) de 1948. Estas estructuras fueron el instrumento idĆ³neo para permitir que se abrieran empresas de papel a fin de ocultar dinero sucio o blanquearlo, permitiendo asĆ su ingreso al circuito financiero legal. Conocidas en la actualidad como empresas āoff shoreā, las Safi solamente tributaban el 0,3% anual sobre el capital y las reservas declaradas y estaban exentas de pagar cualquier otro tributo. Esta baja tributaciĆ³n era una atracciĆ³n irresistible para delincuentes internacionales que buscaban maximizar su lucro indebido, a lo que se sumaba la posibilidad de ocultar la identidad de los verdaderos dueƱos. AsĆ prosperaron estudios jurĆdicos, notariales y contables que fabricaban sociedades con el Ćŗnico fin de encubrir flujos ilegales de capital.
Esto atrajo a grandes āinversoresā que compraban complejos industriales fundidos para desguazarlos y despuĆ©s huir del paĆs, o conglomerados de conocida fama en el exterior por su poco apego a la ley, como la Secta Moon y la Logia P-2. Siempre con la sociedad o complicidad local de gobernantes, civiles y militares, que se quedaban con una suculenta porciĆ³n del dinero lavado.
Este esquema se mantuvo luego de la caĆda de la dictadura y tuvo su momento de auge en los aƱos 90, cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle eliminĆ³ algunas limitaciones para la actividad de las Safi, por la vĆa legal. Primero mediante la Ley de Presupuesto del 28 de diciembre de 1990, habilitĆ³ la realizaciĆ³n de āactividades comerciales en el exterior, por cuenta propia o de terceros o para tercerosā. MĆ”s tarde, mediante la Ley N.Āŗ 16.375(3) se derogĆ³ la prohibiciĆ³n de āAdquirir Deuda PĆŗblica como inversiĆ³n de su activo, por un monto nominal que exceda el veinte por ciento de su capitalā.
ReciĆ©n la Ley de Reforma Tributaria(4) de diciembre de 2006 prohibiĆ³ la apertura de nuevas Safi, dando un paso fundamental en el largo proceso de desmantelamiento del sistema creado por la dictadura para el blanqueo de capitales.
Estos esfuerzos normativos incluyeron la tipificaciĆ³n del lavado de dinero en 1998, la ley antilavado del 2004, la creaciĆ³n en 2009 de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y la posterior creaciĆ³n de los juzgados y fiscalĆas especializadas contra el Crimen Organizado.
En 2013 se firmaron acuerdos de colaboraciĆ³n con Argentina y Brasil, se aprobĆ³ la ley de InclusiĆ³n Financiera en 2014 (que empezĆ³ a regir en 2018), y en 2017 entrĆ³ a regir la Ley N.Āŗ 19.484(5) de transparencia de los beneficiarios finales de las sociedades que tambiĆ©n estableciĆ³ el intercambio automĆ”tico de informaciĆ³n con fines tributarios.
El Ćŗltimo avance de este trabajoso proceso fue la incorporaciĆ³n del delito fiscal como precedente del lavado de activos, que propiciĆ³ la cooperaciĆ³n con el exterior por delitos de defraudaciĆ³n tributaria, mediante la aprobaciĆ³n de la Ley Integral contra el Lavado de Activos N.Āŗ 19.574(6).
Luego de aƱos de avances, las seƱales empezaron a mostrar un retroceso en el combate al blanqueo de dinero, a travĆ©s de la aprobaciĆ³n de pequeƱos cambios en ese paquete de medidas que llevĆ³ 20 aƱos para su aprobaciĆ³n. Una de esas seƱales fue la inclusiĆ³n en la Ley de Urgente ConsideraciĆ³n de un artĆculo(7) que aumentĆ³ de 4 mil a 100 mil dĆ³lares el monto mĆ”ximo para transacciones en efectivo.
La modificaciĆ³n se concretĆ³ a pesar de las advertencias que previamente habĆa realizado el Grupo de AcciĆ³n Financiera de LatinoamĆ©rica (Gafilat), respecto al rol del paĆs en la regiĆ³n. āHistĆ³ricamente Uruguay ha sido considerado como una plaza financiera regional y recibe importantes fondos e inversiones del exterior, fundamentalmente de los paĆses limĆtrofes. Asimismo, permanentemente ha ofrecido diversos instrumentos societarios y financieros atractivos para inversores no residentes. En este marco, el paĆs presenta un riesgo inherentemente alto con relaciĆ³n a la colocaciĆ³n de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior, lo cual constituye su mayor amenaza en tĆ©rminos de lavado de activosā, escribiĆ³ el Gafilat en un documento de evaluaciĆ³n(8) publicado en 2019.
TambiĆ©n hubo opiniones contrarias de muchos expertos, como el exsecretario Antilavado Daniel Espinosa o el exprosecretario de Presidencia Leonardo Costa, quienes se manifestaron contrarios a la modificaciĆ³n y alertaron por sus consecuencias.
Para Espinosa(9), el descenso de los reportes de operaciones sospechosas de lavado que se dio en el Ćŗltimo informe de la Unidad de InformaciĆ³n y AnĆ”lisis Financiero del Banco Central demostrĆ³ que āes necesario adoptar medidas urgentes para revertir esta situaciĆ³n negativa, que se arrastra desde 2020 y ha sido provocada en gran medida por las modificaciones introducidas por la LUC en la normativa antilavadoā.
Por su parte, Costa utilizĆ³ su cuenta de Twitter(10) para realizar una advertencia en la misma lĆnea. āEl sistema anti lavado en Uruguay tiene serios problemas institucionales. Falta de recursos y lo peor es la falta de percepciĆ³n de riesgos del sistema polĆtico. El director de la Senaclaft y el de la UIAF hacen lo que pueden pero sin recursos del presupuesto estamos condenadosā, considerĆ³ Costa.
Esa condena que alude Costa no afecta a los mĆ”s poderosos y privilegiados, que siguen gozando de sus histĆ³ricas prebendas y ventajas, que les permiten eludir persecuciones y castigos. Las consecuencias de estas acciones y omisiones gubernamentales en el combate a los delitos de ācuello blancoā, en relaciĆ³n directa con el lavado de activos, estĆ”n muy claras segĆŗn Ricardo Gil Iribarne(11), expresidente de la Junta de Transparencia y Ćtica PĆŗblica y experto en la lucha contra el lavado de activos: āSe trata del costado financiero del crimen organizado, del trĆ”fico de drogas, de la trata de personas, del contrabando, de la corrupciĆ³n. O sea, no combatir el lavado de dinero implica que el crimen organizado estĆ” ganando la batallaā.
AsĆ entonces, la fama de Uruguay como un āparaĆso fiscalā, especialmente para los capitales llegados desde Argentina y Brasil, estuvo bien ganada. Fue una estrategia aplicada por la dictadura cĆvico militar, que abriĆ³ la economĆa para recibir capitales forĆ”neos sin importar si su origen era delictivo (o quizĆ”s previendo que lo serĆa), fachada que en varios aspectos todavĆa sigue funcionando, a 38 aƱos del final del rĆ©gimen que la creĆ³.
* FabiƔn Werner es Periodista.
Notas