Ilustración: Mariana Escobar
La coalición multicolor desarrolla una política a dos bandas. Por un lado, aplica un ajuste brutal en base a decretos, ley de presupuesto y pautas salariales. Por el otro, realiza un conjunto de reformas estructurales, con miras de largo plazo.
Paradójicamente, la Ley de Urgente Consideración no es utilizada para aplicar los ajustes maś inmediatos (que podrían ser urgentes, más allá de lo regresivo) sino que es el instrumento principal para implementar las reformas de mediano y largo plazo.
Podría decirse que la LUC constituye una suerte de reforma de Estado regresiva, donde se incrementan los poderes punitivos del Estado, se retrae el mismo de la esfera productiva y se debilitan derechos en el plano civil y laboral.
Con casi 500 artículos y varios ejes temáticos, la LUC constituye una verdadera “aglomeración de leyes”. Instrumento absolutamente viciado en su aplicación no tiene nada de urgente y sí mucho de antidemocrática en su proceso. Su carácter antidemocrático no debe minimizarse, más allá de algunos de que varios de sus artículos cuentan con el voto de todos los partidos con representación parlamentaria, aunque el FA rechazó varios de los más regresivos, así como también obtuvo algunas modificaciones menores producto de un desfiladero -breve pero intenso- de organizaciones sociales durante su tratamiento parlamentario.
La ley fue denunciada desde el vamos por distintos colectivos sociales. En cuanto a la posible derogación, fue un debate que comenzó casi que en paralelo con la ley, diríamos que ni bien se conocieron sus contenidos el 23 de Enero del 2020, antes de que el actual Poder Ejecutivo asumiera.
Las dificultades en torno a los acuerdos sobre la derogación total o parcial, y en este último punto sobre la cantidad de artículos a incluir, no pasaron inadvertidas y se tradujeron en dos campañas paralelas. Parte del balance final que obligadamente todos y todas quienes estamos embarcados en las juntadas de firmas debemos hacer, tiene que ver con esto. No interesa tanto volver sobre los procesos que desembocaron en una u otra campaña para ajustar cuentas, sino más bien, en hacer un análisis real de fuerzas con plena conciencia de lo que se enfrenta y sus consecuencias a mediano plazo.
El actual contexto dificulta enormemente la recolección de firmas. En primer lugar por la disminución de espacios con aglomeración de personas y por las dificultades derivadas del “quedate en casa”. Entre otras, la generación de barriadas, actos públicos, etc. En segundo término, porque el clima social pandémico construye cierto relato de causa nacional, cierta idea de “no hay que colocar palos en la rueda”, “de esto salimos todos juntos”. La popularidad con la que goza el actual gobierno se fundamenta en buena parte por este clima. A estas dificultades se suma la negativa a la extensión del plazo para la recolección de las firmas, en lo que pareciera la cara detrás de la careta de la libertad responsable.
El movimiento popular uruguayo se enfrenta a un desafío enorme. Llegar a las firmas en una o ambas campañas no es fácil, y las consecuencias de no llegar, más allá de las alentadoras síntesis posteriores, podrían significar un golpe fuerte en el marco de una embestida conservadora potente. Es el momento de poner el hombro y de construir, de seguir tejiendo aún en la adversidad que toca, teniendo claro quienes son los verdaderos enemigos.