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  • Amparo Menéndez-Carrión

"habrá que apelar a un tercer Proyecto de Estado"


Imagen: Héctor Piastri, publicada en Brecha del 20 octubre de 2022

Hemisferio Izquierdo: ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las claves para leer el significado de la dictadura cívico-militar (1973-1985). ¿Cómo podemos dimensionarla desde una generación que no la vivió?


Amparo Menéndez-Carrión: Valiéndose del terrorismo de Estado, la dictadura marca el ingreso al Uruguay de la destrucción-creadora neoliberal, una formidable lógica de reconversión societal. Para nuestra república, se trató de un giro para facultar la reconversión del sitial histórico de lo público y la ciudadanía tan contundente, que corresponde adjuntarle el nombre de ‘epocal’. Mirado desde el momento actual, que este punto de inflexión se haya engarzado con la restauración del régimen civil de 1985 quiere decir que el giro ha tenido más de tres décadas para ir ambientando el tramo que se inicia en 2020, señalizado por el proceder de un presidente de la república en ejercicio que parece haber encontrado amplio margen de acción para pasar por alto las reglas de juego más elementales a las que un primer mandatario y sus equipos deben atenerse en un sistema político democrático de supuesta solidez. Por esa razón cabe situar el momento-Lacalle Pou como instante de culminación de la lógica de desfiguración de los rasgos del ‘Uruguay conocido’ que la dictadura inauguró. Este momentum consiste en la escenificación del drama que golpea la puerta de la república para anunciar el ingreso de un segundo giro epocal, prohijado por el primero – uno de los escenarios que ya era plausible anticipar una década atrás. Se trata de un giro en pleno desenvolvimiento a cuyas inercias corresponde prestarle un poco de atención más pronto que tarde, a menos que queramos pasar a integrar la larga lista de democracias de baja intensidad donde la forma-ciudadano se reduce al cumplimiento obediente del ritual electoral al tiempo que esta pierde de piso como corpus concreto en condiciones de custodiar la legitimidad de lo que los gobiernos hacen cuando acceden al poder del estado.


A lo mejor más de un lector se pregunte: “¿De qué ‘Uruguay conocido’ estará hablando?” Para el grueso de la generación en referencia, es probable que el Uruguay anterior a los años 60 del siglo pasado, que suele estar presente en lo que leen y escuchan, comparezca de manera borrosa, a la manera de fragmentos alimentados por la lectura de uno que otro texto sobre ‘la historia’ y ‘la política’ del Uruguay. También es comprensible que les cueste dar crédito a la imagen de un Uruguay que unos cuarenta años antes de que ellos nacieran (quiero decir, hasta los años cincuenta tardíos), remitiera a un entorno societal donde la universalización del acceso a un amplio repertorio de bienes públicos (incluyendo los bienes culturales), marcaba ‘la vida en común’, es decir lo público relacional y ciudadano. Tampoco me sorprendería que pueda resultarles difícil conceder credibilidad a que, implicadas en esa trayectoria, hubo conquistas de singular importancia que provienen del campo popular, de sus luchas y su incidencia en el sistema político y, menos aún, a que estas conquistas democráticas provengan de distintas vertientes de la izquierda y de obreros del conocimiento y organizaciones populares armando cosas juntos (bienes públicos, quiero decir), cuyos modos de hacer las cosas (colectivos, cooperativos, asociativos) la sociedad naturalizó sin darse cuenta de que provenían, sí, del campo de la izquierda (la lista de estos hacedores de bienes públicos de los primeros sesenta años del siglo 20 es enorme en relación al tamaño del país, e incluye intelectuales, políticos, obreros del pensamiento y de la acción caminando juntos en todos los planos político, social, artístico y cultural). Difícil también para la generación que crece a la par del drama de la infantilización de la pobreza en Uruguay imaginar que para 1910 la Asistencia Pública Nacional ofrecía uno de los programas de asistencia social de mayor alcance del planeta. O que, para los años 20 del siglo pasado, Uruguay se hubiese convertido en exportador neto de sus propias innovaciones y enfoques en el área de salud infantil. O dar credibilidad al dato de que si bien hubo dos momentos relativamente breves de disrupción al orden constitucional (1933-34 que algunos analistas extienden a 1934-38; y 1942-43) y a pesar de las aristas fascistoides del primero, estas disrupciones no estuvieron en condiciones de alterar el rumbo en las políticas de Estado que para entonces estaban en pleno despliegue. Y que, si a inicios de los años 50, la idea del Uruguay como uno de los más tempranos y sólidos estados de bienestar del planeta se había implantado internacionalmente, no se trataba de una narrativa mítica catapultada por rankings de ‘juez y parte’ que no existían por entonces, sino de la tangibilidad de un tipo de bienestar societal entendido en términos de titularidades universales, muy distintas a las del welfare state de raigambre estadounidense. Menos aún que, hacia los años 50, esa arquitectura societal hubiese logrado domesticar la desigualdad de clase al punto de reducirla a los márgenes del terreno. Más aún, les costará navegar el nivel de abstracción teórica que sitúa la explicación del porqué y el cómo de todo esto, en la configuración y estabilización discursiva (en sentido posestructuralista) de una polis: modos de (‘ser’, ‘estar en’, y ‘hacer’) lo público asidas por un régimen de regulación silencioso que, presidido por un eje-plural igualitario, ‘fijó’ la calidad y textura del amplio repertorio de modos de relacionamiento y convivencia que el común de la gente experimentó en el plano material y simbólico hasta bien entrados los años 50 del siglo pasado. Aquel Uruguay se fue configurando y funcionó en base a una articulación propia entre, digamos, la idea de democracia política y democracia social, desafiando asimilaciones fáciles al capitalismo de estado, al socialismo, a la democracia social y a cualquier otro intento de categorización que procure encasillar ese tipo de arquitectura dentro de tipologías convencionales. Es precisamente la fuerte articulación entre democracia política y social su sello distintivo. La legitimación de la política, por un lado, y la escenificación de prácticas colectivas (organizaciones de trabajadores, gremios, cooperativas, sindicatos, sociedades de ayuda mutua y también modos cooperativos de hacer las cosas), por otro, se fueron dando de manera concurrente, permitiendo ‘fijar’ la premisa de la pluralidad tempranamente, en el último tercio del siglo 19, no solo en el terreno de ‘la política’ en tanto pluralismo político (como se ha insistido en la historiografía uruguaya hasta la saciedad), sino también de ‘lo político’ (en tanto pluralidad, más allá del pluralismo liberal) sustentando diversidad de luchas en campos que no giran únicamente en torno a las épicas de ‘la participación en la política’ sino, también en torno al involucramiento organizado de la gente común más allá de ‘la política’. Me refiero a un tipo de involucramiento ciudadano que se incrustó en el entorno uruguayo, habilitando la institucionalización de la organización y la cooperación horizontales, radicalmente contrapuestas, desde luego, a la lógica de la caridad y el asistencialismo.


El desgrane de la fina orfebrería (intergeneracional) de aquella polis se da a partir de los años cincuenta tardíos, en el marco del nuevo orden mundial que se fragua en la posguerra, cuya potencia dominante direcciona la economía política internacional hacia la reconstrucción de la base productiva de otras partes del planeta. En el marco de un nuevo orden mundial imbricado con la Guerra Fría, los parámetros materiales de Uruguay comenzaron a debilitarse de manera acelerada y, al alero de los alineamientos presionados por esa guerra, para fines de los años cincuenta los sectores político-económicos más reaccionarios del país se encontraban re energizados por la prédica anticomunista, a medida que ganaba terreno un intervencionismo desconocido hasta entonces, en una república cuya inserción en la economía política mundial había estado marcada por la Pax Britannica. Una década después (1968), y en el marco del juego suma-cero gatillado por la transformación de la inserción del Uruguay en el nuevo orden mundial, aquellas piezas laboriosamente construidas, mantenidas y afinadas desde la Paz de Abril (1872), me refiero al antagonismo y el disenso como prácticas democráticas, se habían convertido en antigualla irrelevante. Y a partir de 1968 las fuerzas reaccionarias encontraron en el presidente Jorge Pacheco Areco el portador ‘ideal’ de la vocación autoritaria requerida para desfondar la poliarquía.

Este trazo, muy grueso, de los diez años que anteceden el ingreso del autoritarismo civil me pareció necesario para sugerir dos claves que permiten calibrar el significado de la dictadura en tanto parteaguas entre el ‘presente anterior’ del Uruguay (queda claro que no me refiero a los años sesenta sino al presente que implosiona en la década del cincuenta del siglo pasado) y lo que yo llamo la ‘condición presente’, que en mi lectura se gesta entre 1968 y 1985. Menciono primero la clave metodológica: moverse hacia atrás procurando entender el sentido de los momentos más tempranos del itinerario del Uruguay, para luego moverse hacia adelante a fin de señalizar los momentos constitutivos de esta condición presente. Claro que lo que justifica apelar a la genealogización como enfoque de onda larga es una pregunta de orden teórico que considero fundamental para entender el terreno político en que ‘la política’ se inscribe. La pregunta refiere a los modos de relacionamiento y convivencia –sustrayendo aquí ‘la convivencia’ de connotaciones triviales, es decir, reconociéndola como cuestión que remite ni más ni menos que al encuadre dentro del cual la política transcurre, es decir al terreno de lo político, más precisamente, al terreno de lo político-cultural: el espacio relacional en que las luchas del poder se fraguan, y que ambienta tanto el alcance y sentido de la formalidad democrática cuanto el lugar de lo público y la ciudadanía en cualquier entorno concreto.


Recorrer el itinerario del Uruguay en onda larga desde la pregunta acerca de cuáles fueron los modos de convivencia que el giro epocal marcado por la dictadura --sin olvidar su antesala, es decir, el Pachecato-- se propuso intervenir hasta tornarlos cuasi irreconocibles, permite dimensionar la devastadora magnitud de su impacto. No se trata únicamente de las devastadoras consecuencias de la instalación del terrorismo de Estado. Se trata de lo que cuesta un poco más reconocer porque requiere ir juntando las piezas de un intrincado rompecabezas hasta poder armarlo al punto de reconocer la arquitectura de un “Nuevo Uruguay”, donde por “nuevo” quiero decir un contexto societal preparado por los pasos de las fuerzas más siniestras para ir dejando atrás la memoria colectiva de aquella sociedad asida por un eje plural-igualitario hasta bien entrada la década de los cincuenta. La doble-clave (pregunta y método) abre entonces la ventana para reconocer que el interregno militar funciona como bisagra perversa para marcar con tinta indeleble el itinerario del ‘Nuevo Uruguay’.


Desde esta lectura, las secuelas remiten a la brutal violación de derechos humanos, sus correlatos y consecuencias. Pero también a un abrumador listado de intervenciones demoledoras del Uruguay plural-igualitario, entre ellas, el dramático reencuadre de la pobreza y su conversión en drama intergeneracional; el estrangulamiento del grueso de la clase trabajadora, incluyendo los sectores medios, (dato que comienzan a registrarse en la década anterior pero que la dictadura afinca); el urbanismo neoliberal; la resignificación de la ciudad y el campo como plaza inmobiliaria; el ‘turismo de crucero’ y sus grotescas consecuencias medioambientales; la concentración sin precedentes del capital (surgimiento de grandes grupos empresariales y de un sector financiero privado de alcance transnacional, sin dejar de mencionar la oferta de servicios off-shore); y, como no podía ser de otra manera, la reconfiguración del lugar de lo público y lo privado interviniendo la educación pública, cuyas escuelas y liceos no recuperaron desde entonces su anterior condición de baluarte histórico de la convivencia societal del Uruguay. Todo esto, junto, fue ambientando una inédita diferenciación de los uruguayos en términos de clase, habilitando el reposicionamiento de la estructura de clases de los márgenes del terreno a centro de escena.


Por cierto, durante la dictadura el campo de la izquierda, en toda su extensión, jugó un papel protagónico, en tanto aglutinador de lo que quedaba del Uruguay conocido. Esto, a través de las hazañas del insilio, es decir, del conjunto de modos de performativizar lo público y la ciudadanía de la polis en forma paralela al cierre oficial de la política que la dictadura aparejó. Y con el retorno a la democracia la impronta de la izquierda se pondrá de manifiesto en la recomposición de modos de organización de larga data, incluyendo el resurgimiento de las organizaciones sindicales, la activación de mecanismos de democracia directa, y el creciente vigor de la izquierda partidista representada por el Frente, cuyo ‘amplio’ remite a una notable construcción política. Juntos, esos modos, mecanismos, y actuación partidista, habilitaron una oposición frontal a las políticas neoliberales de los gobiernos Colorado y Blanco que se sucedieron hasta que el Frente fue gobierno. Y, a partir de 2005, fueron quince años de logros importantes. Ejemplar manejo de los fundamentales de la economía, estabilidad macroecónomica, y adelanto del pago del total de la deuda externa. Reactivación exitosa de los consejos de salarios. Pasos decisivos para recuperar la protección de los derechos de los trabajadores; aumentos del salario real, etcétera. Claro que el ámbito educativo y la seguridad social (especialmente el sistema de jubilaciones y pensiones) comparecieron como cuerda menor en las políticas del Frente, en comparación con el plan de emergencia, el subsiguiente plan de equidad y las reformas de salud e impositiva. En todo caso, más allá de la exitosa gestión de los gobiernos del Frente en diversos ámbitos, y dejando a un lado las críticas a lo que hicieron o dejaron de hacer, hacia 2019 ni la solidez institucional de la poliarquía ni los indicadores cuantitativos que podían exhibirse para mostrar la reducción de puntos porcentuales de la pobreza y la indigencia, un desempleo abierto reducido a menos de diez dígitos, la apertura de nuevos mercados, la identificación de nuevos nichos de producción, o el respetable comportamiento de los indicadores económicos, podían ocultar la magnitud de las pérdidas cumulativas y entrelazadas que estructuraban el presente del nuevo Uruguay, afectando también los modos de hacer las cosas de la propia izquierda – que mientras armó una formidable coalición y la sostuvo de manera notable durante la dictadura, no pudo o no logró entender que sí contaba con legitimidad más que suficiente para abarcar mucho más espacio del que abarcó a través de sus programas de gobierno durante quince años ininterrumpidos de conducción del Estado.


Hemisferio Izquierdo: ¿En qué modos o dimensiones la dictadura cívico-militar se proyecta hacia el presente? ¿De qué forma crees que es posible contrarrestar sus efectos?


Amparo Menéndez-Carrión: Creo haber respondido la primera parte de esta pregunta en respuesta a la primera pregunta. De admitir que la condición presente es la que la dictadura engendró, entonces habrá que reconocer el tipo de transformación radical que conviene contemplar para contrarrestar las inercias que aceitan su vigencia al punto de que la destrucción-creadora neoliberal que comanda la ofensiva comience a ceder posiciones clave en el campo de batalla, luego de un ataque de casi cuatro décadas que hoy le permite desplazarse con gran autoconfianza ante tanto terreno que ha ganado, en desmedro de una polis en franca retirada.


En Memorias de ciudadanía sugerí el tipo de reflexión-acción a través de la cual estimo posible situar el ‘cómo’; y actualmente sigo trabajando sobre esta pregunta, precisamente con miembros de la generación que no vivió el Uruguay de la polis-hegemónica, de quienes estoy aprendiendo mucho acerca de los modos en que la izquierda de la polis (hay otras), aún resguarda las reservas de un capital (la memoria) que aguarda reactivación con recursos frescos para así comenzar a ganar terreno de manera sostenida en base a algo más que un capital de reserva.


Por cierto, cuando hablo de transformación radical no estoy perdiendo de vista que se han dado logros importantes. Y no estoy pasando por alto, en modo alguno, el avance que se ha dado en Uruguay, de manera ejemplar, en la implementación de una agenda de derechos internacional que incluye de manera señalada el derecho al cese voluntario del embarazo, al matrimonio igualitario, y al reconocimiento del derecho de escoger el propio género cuando este no es reconocido por el propio sujeto como el que le fue asignado. Claro que la idea de transformación radical no la pienso en términos de conquistas puntuales, si bien, eso sí, conviene tomar nota de que las conquistas que acabo de mencionar son típicamente gatilladas no desde el sistema político-partidista, por más que en el caso del Uruguay el Frente haya movilizado los resortes parlamentarios para darles forma de ley, sino desde la organización ciudadana que las impulsó de manera consistente y decidida hacia el sistema político. Me refiero, por consiguiente, a la necesidad de apuntar hacia la transformación radical de algo mucho más comprehensivo, es decir, de los parámetros que, desde el terreno cultural (con derivaciones simbólicas y materiales de primer orden), regulan la arquitectura misma del campo de lo público.


Tengo para mí que, en el caso del Uruguay, la radicalización del brío transformador significa encaminarse hacia la recuperación de la hegemonía simbólica y material de una polis plural-igualitaria, hoy cercada por su némesis al punto de estar ‘a punto’ de convertirse en un tipo de capital colectivo que, de sobrevivir, tendrá que hacerlo en los márgenes del terreno. Esta transformación radical requiere dos cosas: por un lado, reconocer que llegó el momento de dejar de posponer el reto de construir una convergencia sostenida de las organizaciones ciudadanas, incorporando el más amplio repertorio de causas posible para que el reto mayor –la recuperación de lo público-- se sostenga mancomunada y consistentemente. Tengo para mí que estas fuerzas de la ciudadanía tienen que marchar juntas, sí o sí. ¿Para qué? Para lograr poner sobre el tablero algo que me parece de importancia central: la urgencia de contar con un (tercer) Proyecto de Estado –responsabilidad que recae en el campo de la izquierda, porque no hay otro para hacerse cargo de gatillar el impulso de restitución a las actuales y futuras generaciones uruguayas del derecho a vivir un orden democrático plural-igualitario.


Es que hay una diferencia importante entre una concepción programática de la gestión gubernamental y un proyecto de Estado. El Uruguay plural-igualitario dotada de un denso entramado organizativo y de un fuerte espacio público no fue contingente en programas de gobierno que vienen y van sino de la emergencia y despliegue consecutivo de dos proyectos de Estado completos (1876-1880, 1903-1959). El primero alistó el terreno para el segundo, que trascendió ampliamente el alcance del primero. Ambos se dieron en medio de turbulencias políticas de proporciones que, sin embargo, no impidieron su implementación. No hay que olvidar, por ejemplo, la complicada cohabitación en su propio partido de fuerzas antagónicas al proyecto de Estado que se implementó durante los dos períodos presidenciales de Batlle y Ordóñez y en el transcurso de la llamada era batllista (1903-1959). Y, desde luego, difícil ignorar que hacia la década de 1940 surgirían desde las filas de izquierda voces cada vez más críticas del modelo batllista. Al mismo tiempo, difícil ignorar que aquel proyecto integral corresponde a un respetable conjunto de reformas implementadas con brío radical que apuntaron a combatir a través de la intervención del Estado algunas de las peores contradicciones de una república situada en un orden mundial capitalista.


Finalmente, no conviene pasar por alto que más allá de los relatos de mayor implantación en el Uruguay, los cuales ya sea para registrar, aplaudir, o criticar el proyecto de estado en cuestión lo adjuntan a la persona de Batlle y Ordóñez, aquel proyecto de estado implementado con brío radical por el batllismo no fue producto de una suerte de liderazgo iluminado actuando desde arriba en base a su poder de visionario. Habrá que entenderlo, más bien, como una capacidad de gestión que fue producto de ‘saber leer’ las fuertes pulsiones que provenían del campo de la ciudadanía, en el que, para fines del siglo 19, los trabajos de la izquierda ya figuraban de manera protagónica, desde la intelligentsia y ‘el llano’ caminando juntos.


Para imaginar el Uruguay del futuro desde los cuatro carriles relativamente autónomos pero de reforzamiento mutuo que vertebran la convivencia entre extraños (la definición de ‘democracia’ con la que me parece necesario trabajar) es decir, (i) la solidez de la poliarquía , (ii) el Estado como brazo instrumental de la polis, (iii) una ciudadanía densamente organizada, y (iv) un espacio público fuerte en su calidad y textura, habrá que apelar a un tercer Proyecto de Estado. En el caso de Uruguay, y por las razones que he planteado en esta entrevista, me pregunto si habrá alternativa, y me respondo que no. Al mismo tiempo, lo que aún queda del capital de la polis plural-igualitaria en el campo de la izquierda y más allá, en la sociedad uruguaya, me anima a pensar que contemplar la idea de un tercer proyecto de estado más pronto que tarde, no es solo tarea urgente sino también posible.




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