Foto extraída de https://www.world-psi.org/es/uruguay-ffose-lucha-por-la-defensa-del-agua-y-por-un-presupuesto-justo
El Consenso de Washington preveía en su paquete de medidas la privatización de las empresas públicas. ¿Cómo se tradujo ese paquetes de medidas para el Uruguay en general y para el caso de la OSE en particular?
Las directivas del Consenso de Washington estaban redactadas en un documento con 10 reformas de política económica para toda América Latina, entre ellas la privatización de las empresas públicas, es decir, que el acceso y servicio de agua potable pasara de un modelo público a uno privado. A principios de la década de 1990, en conferencias preparatorias de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente, se concluye que el agua tiene un valor económico aplicable a todos sus usos y por tanto debe ser reconocida como bien económico, lo cual era funcional a las exigencias de los organismos internacionales de crédito que promocionaban la privatización (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo). Pocos años después de esas conferencias, en 1996, se crea por iniciativa del Banco Mundial la Asociación Mundial del Agua, la cual concluye que el problema fundamental de los recursos hídricos es su gestión, con un diagnóstico que afirmaba que la crisis del agua responde a una crisis de gobernabilidad y si bien los gobiernos tienen una responsabilidad general, los actores del sector privado u organizaciones no gubernamentales han sido más eficientes en la gestión del agua, la asignación de recursos y la organización de la prestación de servicios”. De este modo, la Asociación Mundial del Agua se transforma en un actor relevante que cumple el rol de preparar el terreno a los procesos de privatización.
El gobierno de Lacalle Herrera, como expresión política de ese momento histórico, tenía entre los asuntos prioritarios la Reforma del Estado y las privatizaciones de las empresas públicas. En setiembre de 1990 el gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley conocido como “Ley de Empresas Públicas”, que posibilitaba la transferencia parcial o total de los servicios y actividades públicas al sector privado. El debate parlamentario duró un año y finalmente se aprobó la ley en setiembre de 1991. Hubo otras medidas de ese mismo gobierno que nos afectaron, por mencionar apenas dos: la “prohibición” del ingreso a la función pública, afectando la atención y la sobrecarga de trabajo, y la suspensión de la convocatoria de los Consejos de Salarios (para los funcionarios públicos los aumentos salariales se fijaban por decreto).
¿Cómo es que se frena el proceso de privatización en Uruguay?
En rechazo a la “Ley de Empresas Públicas”, se creó la “Comisión de defensa del patrimonio y reforma del Estado”. Se juntaron las firmas para el referéndum, el cual pretendía derogar algunos artículos y finalmente en diciembre de 1992, con más de las ⅔ partes de los votos, se derogó parcialmente la ley.
De todos modos en el servicio público de agua hubo concesiones muy importantes a privados. ¿En qué consistían? ¿Cuáles fueron los efectos de dichas concesiones en el servicio público de agua potable y saneamiento?
A pesar de los resultados del referéndum se habilitaron las concesiones a privados. En el presupuesto quinquenal para el ejercicio 1995-1999, en el artículo 750, se estableció autorizar a OSE, con previa aprobación del Poder Ejecutivo, “a otorgar, bajo el régimen de concesión de obra pública, la realización de obras y la prestación del servicio de saneamiento y de suministro de agua potable en el interior del país”.
Para nuestro sindicato fue fundamental tener un conocimiento acabado y pleno de lo que estaba pasando en la región y en el mundo con las privatizaciones, en especial con los servicios de agua y saneamiento. Un estudio realizado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP), de la cual FFOSE era parte, revelaba los problemas de las privatizaciones a escala regional. La evidencia demostraba el fracaso de la política. Cuando este informe releva los datos de las concesiones en Uruguay, comunica que tanto la concesión en 1998 a Aguas de la Costa, como la de 2000 a Uragua, acabó en una muy mala experiencia debido al cobro de altas tarifas, servicio deficiente con interrupciones en el suministro, problemas con la calidad del agua, llegando a extremos de agua no potable y maloliente.
El fundamento principal para dar en concesión fue la limitación en materia de saneamiento que había en el país, especialmente en la ciudad de Maldonado. Carencia que se consideraba incapaz de hacerle frente con los presupuestos genuinos de OSE (a pesar de haber hecho grandes inversiones en materia de agua que quedaron en manos de la empresa concesionaria como una regalía Licitación 1008) planteando además como solución una obra faraónica con un colector subacuático posiblemente innecesario.
¿Cuál fue el proceso de lucha que llevó a la conformación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)? ¿Quiénes la compusieron?
La Comisión se crea en el 2000 como respuesta social y política a las concesiones que se venían realizando a privados desde el directorio de OSE. La integraron FFOSE, FUCVAM, FEUU, Onajpu y otras organizaciones vecinales y ambientalistas, además de contar con el asesoramiento de abogados y docentes de distintas facultades. Lo interesante de la Comisión es que tuvo un funcionamiento horizontal, las discusiones colectivas terminaban generalmente en resoluciones consensuadas, la movilización fue permanente y no destacaba ningún liderazgo personal.
El 18 de octubre de 2002 se realiza el lanzamiento de la campaña por la reforma constitucional en el Paraninfo de la Universidad y ese mismo día se ocupa simbólicamente las usinas y los locales en todo el país. Finalmente, el 30 de octubre de 2003 se entregaron 282.791 firmas que habilitaban el recurso de plebiscito al año siguiente, conjuntamente con la elección presidencial prevista para 2004.
La reforma constitucional impulsada por la CNDAV era un llamado a la población a defender las conquistas del plebiscito contra las privatizaciones de los servicios públicos, ganado por amplia mayoría en 1992, en una nueva jornada de reafirmación democrática de nuestros derechos y nuestra
soberanía avalando una reforma constitucional que impida la privatización del agua. La experiencia privatizadora de Maldonado en términos de costos de tarifas, contaminación e incumplimiento empresarial, avalaban que los servicios debían ser prestados en forma exclusiva y directa por personas jurídicas estatales con una visión que priorizara lo social.
¿Qué los llevó a plantearse el camino de la reforma constitucional? ¿Cómo fue ese proceso de lucha y cuáles fueron sus resultados?
En un contexto nacional de crisis económica, unida a la lucha internacional manifiesta en contra del neoliberalismo y en defensa de los intereses nacionales y populares, con la experiencia de las concesiones a privados, el sindicato concluía en ese momento que dada la extrema gravedad de la situación de marginación a la cual se condenaba a nuestro pueblo, enajenando a multinacionales el agua, y desde el análisis de una región que será atacada por poseer la riqueza más preciada del siglo XXI, veíamos extremadamente positivo una gran ofensiva nacional a través de una propuesta sindical y ciudadana.
Era un camino de resistencia ante la realidad manifiesta. En medio de las reivindicaciones particulares y sectoriales que impulsaban los trabajadores desde el sindicato, con una visión clasista, simultáneamente en ese accionar se desenvolvía la lucha por la defensa del agua como necesidad básica del pueblo.
FFOSE mantuvo una serie de entrevistas con diferentes parlamentarios y constitucionalistas, a efectos de realizar consultas al más alto nivel profesional en materia de Derecho Público sobre las vías legales posibles para derogar y/o aplazar la aplicación del artículo 750 del Presupuesto que habilitaba la concesión de agua y saneamiento en el Interior del país. Al mismo tiempo, el sindicato era receptor de una propuesta del plenario de la Comisión de Agua y Saneamiento (CDASCOP, representando a unas 30 organizaciones sociales), donde se proponía impulsar un mecanismo legal que detuviera la mercantilización del agua.
La valoración política de la situación en la que nos encontrábamos fue que el mecanismo legal más potente al cual podíamos acudir era una reforma constitucional que estableciera un marco de protección del agua y a los servicios de agua y saneamiento, que garantizara el acceso universal a los mismos bajo el control de los ciudadanos. Fue una decisión más que pertinente si consideramos que las políticas sobre agua se estaban definiendo en acuerdos internacionales que sometían a las legislaciones nacionales. La opinión recabada a nivel técnico-jurídico indicaba que apenas la Constitución tendría en Uruguay un rango mayor que un acuerdo internacional.
El sindicato, junto a grupos de vecinos de Ciudad de la Costa y Pando, comenzó la ardua tarea de elaborar esa salida alternativa. Se planteó la decisión de impulsar una reforma constitucional declarando el recurso agua superficial y subterránea en todos sus usos y formas, un recurso no enajenable al capital multinacional.
La reforma constitucional básicamente proponía: que el acceso al agua potable y saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales; el dominio público de las aguas superficiales y subterráneas; la participación de los usuarios y la sociedad civil en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciendo las cuencas hidrográficas como unidades básicas.
Durante todo el 2004 se trabajó difundiendo información sobre los alcances de la reforma constitucional, enfocando en los aspectos jurídicos, sociales, económicos, políticos y ambientales. La CNDAV enfatizaba la horizontalidad, promoviendo la participación abierta en las comisiones del agua a toda organización social, política, religiosa y cultural, que adhiriera a los principios del texto de la reforma constitucional y el ejercicio democrático para abordar la gestión de recursos naturales en cuencas hidrográficas. Esta estrategia posibilitó el acercamiento de los actores locales con el proceso de propuesta de reforma constitucional, contribuyendo a la comprensión del proyecto por parte de estos actores, hecho que facilitó mucho la divulgación de la campaña en todo el territorio nacional.
A más de 15 años de aprobada la reforma, ¿qué aspectos quedaron pendientes o no fueron suficientemente desarrollados?
Luego de aprobada la reforma, los mecanismos que encontró el gobierno de turno para su cumplimiento fue la creación de una división dentro del MVOTMA, actualmente DINAGUA. Allí encontramos el primer inconveniente, dado que el Poder Ejecutivo le bajaba el perfil a lo que mandataba la reforma. Una dirección (DINAGUA) dentro de un ministerio era insuficiente para instrumentar una reforma constitucional. Aún así comenzamos a trabajar para crear la ley que implementaría la reforma en una comisión que se formó a esos efectos, la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento (COASAS). Nos reuníamos de forma semanal, durante poco más de un año. Fueron convocados todos los actores que de alguna manera tenían que ver con la gestión de las aguas: OPP, MVOTMA, MSP, MEC, MIDES, MEF, MIEM, MGAP, MTOP, MTD, intendencias, OSE, UDELAR, PIT-CNT y otras organizaciones sociales como Redes-Amigos de la tierra.
El 90% de las veces se trabajaba sobre las propuestas que llevaba la CNDAV porque los representantes oficiales no tenían mucha idea de lo que significaba la reforma, casi nunca presentaban propuestas en las reuniones. Lo que quedó muy claro durante el año de discusión era que ninguno de los ministerios estaba dispuesto a romper su chacra, y peor aún, quedó claro que los ministerios no sabían qué hacía el resto con respecto a la gestión de las aguas, básicamente predominaba la idea de ‘no voy a ceder espacios ni a coordinar mi trabajo con otro ministerio’. Se requiere una única autoridad que defina las políticas a seguir, con el peso político adecuado. Eso no sucedió.
Uno de los énfasis que en todas las reuniones planteaba la CNDAV era el tema participación, al punto que propusimos una subcomisión especial para tratar ese tema. Con respecto a que la participación se terminó definiendo como no vinculante, lo que termina siendo una ley que, ese aspecto, no cumple con el texto constitucional que es muy claro: participación, gestión y control en manos de la ciudadanía. Obviamente la CNDAV en su momento lo planteó en la DINAGUA, la respuesta del director del momento fue que ese pequeño espacio dentro del MVOTMA, sin ningún peso político, no podía llevar adelante tamaña reforma en nuestra legislación. Es decir, si los ámbitos de participación fueran vinculantes hubiera sido una movida en cuanto a creación de organismos de control, gestión, cambio y creación de leyes.
Actualmente el peso político lo tiene el MGAP y lo que sucede con la destrucción de los territorios y de los recursos hídricos queda en segundo plano. La gestión integrada de los recursos hídricos y la gestión por cuencas fueron definiciones revolucionarias para el momento, se hubiera necesitado voluntad política y recursos económicos para poder implementar esos cambios y no hubo ni lo uno ni lo otro.
En materia de participación se aprobó la ley 18.610, Política Nacional de Aguas, que dice muchas cosas que ni siquiera se cumplen, como su artículo 19 que establece que los usuarios y la sociedad civil tienen derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación, implementación y evaluación de los planes y de las políticas que se establezcan. Claramente esto no se cumplió en el Plan Nacional de Aguas, en la modificación de la Ley de Riego, en la aprobación del proyecto UPM, y en tantas otras decisiones que se han tomado en los últimos 15 años. Pero fundamentalmente no se cumplió en la participación de los usuarios en OSE. No existe ningún ámbito donde los usuarios podamos opinar sobre la gestión, y vaya si esto sería importante, por ejemplo no estaríamos pagando una tasa ambiental para subvencionar el pasivo ambiental que deja el agronegocio.
Resumiendo, si bien logramos librarnos de las multinacionales gestionando nuestra agua, la segunda parte de la reforma, que es la gestión por cuenca y la decisión de cómo se gestiona el bien en manos de la ciudadanía, no se ha cumplido. Justamente esto es lo que hubiera evitado la alarmante contaminación en todas nuestras fuentes.
En 2018, FFOSE volvió a poner el tema del agua sobre la mesa, convocando a juntar firmas contra la Ley de Riego. ¿Cuáles fueron las diferencias entre esa lucha y la de principios de los 2000? ¿Qué factores creen que conjugaron para que no se llegara al total de firmas?
Para contestar esta pregunta debemos entender el contexto económico, político, y social en que se daban ambas luchas, para posteriormente hacer un análisis y sacar conclusiones. En el 2000 veníamos de un proceso de luchas importantes de la década del 90 en materia de defensa de las empresas públicas, con victorias trascendentes más allá de algunas derrotas, lo que generó una toma de conciencia de los trabajadores y el pueblo del significado de estas luchas, en un contexto internacional de crisis, que en la región provenían de la profundización del endeudamiento de nuestros países en épocas de dictaduras militares y que los organismos internacionales de crédito pretendían a través de una política económica neo liberal basada en la dependencia económica hacerse del pago favoreciendo a los monopolios privados apropiándose de los recursos de nuestros países, profundizando aún más nuestra dependencia. Pienso que es significativa la crisis del 2002, como culminación de una etapa de la política llevada adelante por los distintos gobiernos posterior a la dictadura y que demostró las limitaciones sociales de dicha política, que culminó con el castigo del pueblo a estos gobiernos en las elecciones de 2004 con un cambio de gobierno de los partidos tradicionales por un gobierno progresista además de apoyar la reforma por el agua.
En el 2019 (hay que ver porque aquí se debe fijar la fecha de la decisión de la ley y posterior discusión) veníamos de 15 años de gobierno del encuentro progresista que en sus inicios fue favorecido por los precios de las materias primas a nivel internacional que posibilito una recuperación de la económica del país lo que creo las condiciones para desarrollar una cierta política de carácter social y dar un cierto grado de credibilidad al gobierno. Sin embargo la política económica continuo ajustándose a la división internacional del trabajo impuesta por los organismos internacionales de crédito y que paulatinamente fue mostrando sus límites manifestando se en la reprimarización de la economía y la desindustrialización, que en el contexto de la región acompaño la caída de la economía. Se sumado a la disputa por la posibilidad de pérdida del gobierno. En ese contexto las luchas populares no estuvieron centrada en la defensa de las empresas públicas que involucra al movimiento sindical y sectores importantes del Frente Amplio en su conjunto, más bien se dio en el terreno de la defensa de la defensa de la fuente de agua, contra el agro negocio, contra los mega proyectos llámese Aratirí, la forestación UPM, fracking, la soja etc. que dividía aguas dentro del movimiento sindical y políticamente dentro del frente amplio sin lograr una mayor cohesión . No obstante había un importante movimiento en ese sentido que concentro en la práctica parte del movimiento sindical, a pesar de haber arrancado una posición favorable, parte del movimiento estudiantil, adhesión de parte del frente amplio y de amplios sectores organizados de estas luchas.
Si bien se forma un frente de lucha interesante no tuvo para el contexto en que se dio, la fortaleza del generado en el año 2000 dado en un contexto totalmente diferente, a pesar del esfuerzo realizado, un hecho relevante, que hace a la diferencia, es que se necesitaba un número significativo de firmas para alcanzar el objetivo del referendo, hecho que no lo exigía el dado en el año 2000, lo que significo durante un año de militancia un esfuerzo económico y militante muy importante que a la postre dio como resultado alcanzar casi la mitad de las firmas requeridas.
8. ¿Por qué hay que votar Sí para derogar los 135 artículos de la LUC?
Esta pregunta se puede vincular con la defensa del agua pero lo fundamental es que es una ley anti popular, que habilita un estado policial, que favorece y posibilita la privatización de la educación, que la va contra el movimiento sindical limitando el derecho de huelga y enfrentando trabajadores contra trabajadores, que profundiza aún más la concentración de la tierra en pocas manos quitándole tierras al INCO que pasan al mercado.