Ilustración: Mariana Escobar
En marzo de 2020, a unos días de la gran marcha del 8M y con la coalición de derecha recién llegada al gobierno, se declara la emergencia sanitaria en Uruguay por la presencia confirmada del virus SARS-COV-2. Tras el anuncio y las medidas de confinamiento, se percibe inmediatamente el desborde social: se desbarata la economía informal y las personas más vulnerables parecen ser los únicos transeúntes de las calles montevideanas. Más de 100.000 personas pasan al seguro de paro en menos de un mes y los trabajadores informales -casi 400.000 - ven caer drásticamente sus ingresos o no perciben ninguno, ni tampoco cuentan con seguridad social, son los “emprendedores” que habían logrado ingresar al sistema de la mano del progresismo.
En este escenario de emergencia social aparecen las ollas populares, forma que adoptó la solidaridad con una memoria fuertemente arraigada al 2002, como respuesta inmediata y casi espontánea de la clase popular. Las personas salieron del confinamiento para instrumentar la solidaridad, desde los barrios, los sindicatos y el movimiento social todo. Pero el espacio social se ocupa de forma diferenciada por hombres y mujeres, por esto la olla abre un particular espacio político en que concertar las lógicas de cuidado pero en el ámbito de lo público, una suerte de “feminización” de las formas de habitar los territorios. La olla establece un nuevo espacio político que tiene a las mujeres como protagonistas, sosteniendo la reproducción de la vida a través de la alimentación y confirmando el papel fundamental de las mujeres en el sostenimiento de la vida y la interdependencia de las personas. Si la pandemia modificó la forma en que nos vinculamos con el cuerpo porque este comenzó a percibirse como una amenaza social -y solo confinados estamos haciendo bien a la comunidad-, la olla resignifica también este mandato. Para las mujeres y los feminismos que sabemos de intervenir políticamente poniendo el cuerpo, la olla así como el resto de iniciativas solidarias, tuvieron a las mujeres como protagonistas.
La pandemia expuso de forma cruda la fragilidad de la vida y las desigualdades sociales aparecieron de forma descarnada, mostrando la interdependencia que tenemos cada uno/a de nosotros/as con el trabajo de los otros/as, en su forma asalariada o en su forma reproductiva. El cierre de centros educativos dejó en evidencia que esta interdependencia social también se erige desde la centralidad de los cuidados, mostrando con claridad que son las mujeres quienes realizan en su mayoría el trabajo de cuidados remunerado, como el que no lo es porque ni siquiera es reconocido como trabajo. Para aquellas con personas a cargo, el confinamiento también implicó una sobrecarga de tareas reproductivas, realizadas al simultáneo del teletrabajo, profundizándose los niveles de explotación y desigualdad.
Es así que los diversos colectivos de mujeres llevaron adelante diferentes estrategias de solidaridad: ollas y canastas a mujeres en situación de prostitución, personas trans, familias y estudiantes de centros educativos, migrantes, dando cuenta que si la emergencia social estaba fuertemente marcada por el género, también lo sería su respuesta: red de ollas del sur, la olla trans, la olla popular sindical, canastas para mujeres y trans en situación de prostitución (organizadas por el colectivo de mujeres ¿Dónde están nuestras gurisas?), por mencionar apenas algunas de las tantas iniciativas.
Paralelamente, el desmantelamiento de los servicios estatales que llevaban adelante políticas sociales focalizadas vieron reducida su asignación presupuestal y junto al cierre de programas de atención (a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, violencia, infancias, etc), la precarización del empleo y despidos de técnicos, desarmaron la posibilidad de dar una respuesta rápida desde la política pública, a la vez que evidenciaban que el ajuste iba a comenzar por el gasto social.
Los efectos de la pandemia mostraron que las mujeres somos las más pobres entre los pobres, que los sectores feminizados fueron los que recibieron un impacto mayor, sobre todo en el sector de la salud donde las mujeres se encuentran en la primera línea de atención, así como en la educación desde que se retoma la presencialidad. Por otra parte, el aislamiento regenera las desigualdades sociales preexistentes. Que las mujeres vuelvan a sus casas implicó una sobrecarga de tareas, y un aumento dramático de casos de violencia machista en el seno de los hogares, y lo que esto significó para mujeres y niños/as conviviendo con los agresores.
En lo que va del año, ocho mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, que en su mayoría se suicidaron luego. La crisis y la precarización de la vida tienen como correlato la profundización de la violencia más cruenta, la crisis del varón proveedor, la ausencia de la potencia económica que pone en jaque una masculinidad que es necesario restituir. Esto recrudece la violencia hacia las mujeres, en las formas concretas pero también en los discursos que la vehiculizan.
La Operación Océano expuso la trama de violencias que permite que mujeres adolescentes y adultas fueran tratadas y explotadas sexualmente -en este caso por empresarios de renombre-, en un marco tan extendido y socialmente legitimado como lo es pagar por el consumo de cuerpos, aún siendo adolescentes. Esto no fue públicamente reprobado, sino que a través de algunas apariciones mediáticas de personajes como Graziano Pascale y Nacho Álvarez se justificó y hasta se responsabilizó a las víctimas de haber engañado a sus explotadores (otra vez la mala víctima).
En el Departamento de Treinta y Tres, la muerte de tres adolescentes desde el 2018 a esta parte en situaciones no esclarecidas hasta el momento fue denunciada por INAU a través de una investigación presentada ante Fiscalía, estableciendo que estos tres casos junto al de otros 20 niños/as y adolescentes de la órbita de la institución, estarían siendo víctimas de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas en el departamento. En la investigación de Inau, los nombres de los explotadores se repiten, así como las realidades de pobreza extrema y vulnerabilidad de niños/as y adolescentes que son víctimas. La naturalización de prácticas abusivas hacia ellos/as son parte del mecanismo que habilita socialmente estas violencias.
Las mujeres en situación de prostitución, las mujeres tratadas, las gurisas desaparecidas, las mujeres trans, las migrantes, en su gran mayoría pobres, son el eslabón más frágil en el que el sistema prostituyente se sostiene, solapado en un marco reglamentarista de la prostitución, que lejos de ofrecer alguna solución, refuerza el estigma y el control sobre sus vidas y sus cuerpos.
Si la pandemia nos mostró que somos más precarizadas y estamos expuestas a la violencia en los hogares mucho más que fuera de ellos, la coalición de derecha a través de los recortes y la implementación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) abrió un escenario complejo para los feminismos y para toda la militancia social en su conjunto. La represión a mujeres racializadas reunidas en la Plaza Seregni como parte de un operativo mayor en diversos barrios de la capital en el marco de la “dispersión” de aglomeraciones, los disparos de perdigones a quema ropas a un grupo de mujeres en un asentamiento de Malvín Norte y la detención de dos compañeras luego de la marcha del 8M, muestran cómo las configuraciones de género, raza y clase siguen traduciéndose en el accionar punitivo del Estado, ahora con un marco legal habilitante, y con una legitimidad asentada en cierto “punitivismo social” que es la base social de la derecha y el proyecto restaurador.
Para las mujeres, quebrar los pactos sociales sobre los que descansa la impunidad masculina significó empezar a hablar públicamente sobre los abusos sexuales, violaciones y acoso sufridas por varones de distintos ámbitos, destacando los varones del carnaval, la música, la academia y la izquierda. Varios espacios fueron instrumentados por mujeres para recibir denuncias y amplificarlas en las redes sociales. “No nos callamos más” nos puso a discutir sobre la violencia machista recibida, naturalizada y tolerada en casi todos los espacios de nuestras vidas y siempre con las pibas se convirtió en el acto político que restituía la palabra a las mujeres en un contexto donde el abuso sexual y la violación raramente es percibido como parte de nuestra experiencia de vida.
Los escraches significaron un gran movimiento del mapa simbólico en que se comprendía la violencia sexual, en algunos casos obligaron a dar respuestas institucionales rápidas y también posicionaron el tema de los abusos en los espacios mixtos de militancia. Pero también significó una exposición muy grande a muchas compañeras que se animaron a denunciar a sus abusadores y esto no generó mayor movimiento en los entornos del agresor. Las lealtades “corporativas” y pacto entre varones sobre los que descansa tranquila la masculinidad -en muchos casos mediante una explícita defensa- dieron el marco para la resistencia al abordaje serio de las masculinidades por sus protagonistas, manteniendo muchas veces las lógicas expulsivas que llevan a muchas mujeres al ostracismo tras habitar espacios poco seguros.
El feminismo es la herramienta para pensar en la dimensión política de la vida cotidiana y amplificarla para que más y más mujeres sientan que esta crisis no cae desmedidamente sobre nosotras sin respuestas colectivas. Mujeres de otras generaciones y territorios, de los barrios y del interior del país, ponen en diálogo todas las sensibilidades de las mujeres que viven de su trabajo.
Un nuevo 8M vuelve a interpelarnos como movimiento desde la práctica política feminista y nos devuelve más preguntas: cómo hacemos posible el paro para mas compañeras. Pensar en nuestro trabajo es pensar en las diversas realidades de las mujeres, en qué mujeres pueden parar, en cuáles contextos. De qué maneras podemos ser parte de la huelga y qué implica para las mujeres que tienen diferentes realidades laborales, pensar los trabajos que no son reconocidos como trabajo, las mujeres que cuidan a otras mujeres, aquellas que están desempleadas y no tienen a quién hacerle paro, a las que hacerlo puede costarle la vida en manos de un varón agresor, a las que necesitan poner algo en la mesa antes de pensar en cualquier medida.
El capitalismo también se apropia del lenguaje feminista: la romantización de los cuidados, la “equidad” de género y las figuras de las mujeres emprendedoras como un objetivo a alcanzar trae aparejado un discurso en el que invertir en cuidados parece ser un nuevo vuelco del neodesarrollismo enfocado en las mujeres precarizadas de la actualidad. Que las mujeres no tengamos las mismas oportunidades laborales que los hombres no constituye un freno al desarrollo y pensarlo de este modo es perder de vista que el propio capitalismo hace que las formas de explotación se encuentren ligadas a los mandatos de género y las estructuras de la violencia sexista. La reproducción de la vida que recae despiadadamente en nosotras no es algo que pueda revertirse con mayor inversión en los cuidados, o una gestión transversalizada por enfoques de género. Las mujeres no necesitamos cerrar las brechas que nos alejan de las gerencias empresariales, porque queremos hacer explotar la brecha misma de la alianza entre patriarcado y capitalismo en que se sostiene. Y aunque las formas del trabajo reproductivo son un espacio de conflicto, el desafío sigue siendo conectarlas con la totalidad de formas en que somos oprimidas y explotadas.
Para una crisis que es sistémica, la salida no solo es un tema de agenda política o de más mujeres en la clase política. Si el estado nos convoca a respuestas individuales, los feminismos afirman con más fuerza que la salida será a través de los espacios colectivos, porque de nada valen las responsabilidades individuales ante una crisis que es estructural.
La idea de esta edición es contribuir a pensarnos y (re) pensarnos colectivamente desde los feminismos y las izquierdas, ofreciendo un balance del último año y proyectando un qué hacer colectivo de transformación.
* Este número fue elaborado conjuntamente con Tania Rodríguez y Sol Ferreira. Agradecemos su dedicación y esfuerzo.