Foto: Alicia Cano
Para quienes desde hace mucho tiempo reflexionamos sobre la vivienda y la ciudad, no existe tarea más urgente hoy, que intentar hacer comprender que la vivienda no puede seguir siendo una mercancía sino que es “un derecho humano”. El acceso a la vivienda y la posibilidad de la permanencia en ella, conjuntamente con las condiciones de vida en las desigualdades, se vuelven políticas como parte de un asunto material y simbólico que debería estar en el centro de las preocupaciones sociales siempre, pero más aun, en tiempos del Coronavirus. El #QuedateEnCasa nos interpela en lo más profundo, sabiendo que miles y miles no tienen la posibilidad de optar hacerlo.
Reflexiones sobre la Vivienda. Precariedad por des-posesión
¿Qué significa entender la vivienda como un derecho humano? ¿por qué la vivienda es un asunto político?
El sistema publico de vivienda ya había dejado a muchas personas afuera de poder acceder a una vivienda digna, mucho antes de la llegada del Covid-19. Quienes hemos colocado en el centro de nuestras luchas políticas el acceso a la vivienda venimos (desde hace mucho tiempo y con poco éxito) denunciando los problemas de las personas sin hogar, hemos puesto en la agenda pública la problemática sobre la expulsión de familias que no pueden pagar alquileres altos en los barrios consolidados y son expulsadas para terminar yendo a engrosar las zonas precarias; hemos incorporado términos nuevos para nombrar viejos problemas, por ejemplo: “gentrificacion” que significa la expulsión sistemática de vecinos y vecinas de barrios históricos generado por el aumento de los inmuebles y del costo de vida que los mas humildes no pueden afrontar; venimos denunciando la "extracción urbana” como parte del despojo de lo publico a manos privadas; hablamos de la desertizacion de la ciudad que significa el vaciamiento del espacio público por la inseguridad que provoca sobre todo en las mujeres; denunciamos los abusos policiales como parte de las políticas del miedo en los asentamientos y su consiguiente estigmatizacion de quienes viven en ciertos barrios llamados “rojos” de las periferias; denunciamos la invisibilización de las problemáticas que enfrentan a los/as excluidos de siempre (mujeres pobres y con hijos, racializadas, migrantes, trabajadoras sexuales) como parte de la agenda de derechos, siempre postergada; hablamos de los que viven en las grietas urbanas, en las pensiones ilegales, en los bordes de las cañadas, en las tierras contaminadas en las que se inundan que no les queda otra opción que armar ranchos con habitaciones mínimas de materiales desechables donde el hacinamiento y la promiscuidad que produce compartir el mismo lecho de todos los integrantes de la familia son la cotidianidad de miles de niños y niñas. En este contexto, hoy, en tiempos de Virus, cuando la medida fundamental para no contagiarte se supone que es “quedarse en la casa”, se suma una nueva preocupación para muchas personas “la incertidumbre de la permanencia”. Aparece sobre la cabeza de los más vulnerados la amenaza latente de un posible desalojo por la imposibilidad de pago y así el miedo a quedar en la calle. Se agrega la incertidumbre de la permanencia como un amenaza más de la expulsión de la precariedad a los excluidos de siempre.
El Estado, el Capital y las Organizaciones Sociales
La Ciudad capitalista ha colocado históricamente a la vivienda como una “mercancía”, un producto del Mercado cuya producción dominada por el gran Capital ha mercantilizado y financiarizado su acceso y posibilidad de permanencia. Si el Estado ha sido incapaz de dar cobertura universal a las necesidades de cobijo bajo un techo digno, ha sido justamente por esta noción de la vivienda como producto que se adquiere en el Mercado y por lo tanto, miles quedan por fuera de esa posibilidad. Pero no solamente se ha dejado su producción en manos privadas, sino también su comercializacion sin regulación de precios, ni de alquileres, ni de compra (recuerden las quejas de los promotores por que el Mvotma le puso topes de venta y arrendamiento solamente al 25% de “viviendas de promoción” y hoy el gobierno multicolor acaba eliminar). La línea del gobierno nacional de “menos regulación y gravamen sobre el capital que no se toca porque son los que reactivarán el mercado” siempre ha estado presente en la Ciudad Capitalista pero nunca estuvo tan contundentemente firme como hoy. Y esto se va traducir en menos posibilidades de acceso a la vivienda para muchísimas más personas. Con medidas como estas el Gobierno aleja mas la concepción de vivienda como un derecho humano, ya ni siquiera en tiempos de virus.
Por otro lado las luchas populares, las resistencias de los colectivos afectados por las problemáticas para el acceso a la vivienda (las federaciones de cooperativas) las organizaciones históricas de base territorial en sus luchas por el acceso al agua, a la tierra, al suelo urbano (las comisiones barriales en los Asentamientos); las organizaciones mas actuales vinculadas a la imposibilidad de pagos ante cuotas abusivas (Plataforma de afectados por las Hipotecas del BHU), las organizaciones por el derecho a la vivienda, la ciudad y el Ambiente (la Intersocial, ….) muchas de ellas hoy abocadas a la organización de resistencias solidarias en la recolección de alimentos y/u ollas populares para paliar la emergencia primordial: poder comer, pero sin dejar de poner en la agenda política los derechos vinculados a la vivienda.
En épocas de pandemia, se extreman las tensiones entre el Capital, el Estado y las organizaciones sociales. Podrán las organizaciones populares sobrellevar la supervivencia de los excluidos de siempre (mas los de ahora) a pesar de la alianza entre el Gobierno Nacional y el “intocable” Capital, representado por las Cámaras? Difícil cuando ni siquiera el Gobierno ha esperado a la “post-pandemia” para volver a la carga con la “Ley de Urgente Consideración” e intentar llevar adelante su reactivación especulativa de la economía, cuando tímidamente ha empezado a entregar una canasta de alimentos a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
En este contexto, hoy 12 de abril, mientras el gobierno Nacional conduce las “politicas de avestruz” para los que mas lo necesitan en materia de vivienda, el gobierno departamental de Montevideo pone la lupa en los que aun viven en condiciones precarias y toma dos medidas concretas en materia habitacional. Por un lado, para aliviar la carga mensual de muchas familias vinculadas con pagos de cuotas a la Cartera de Tierras que, aunque blandas y sin intereses, se suspendieron 3 meses de pagos lo que permitirá redireccionar esos fondos a las familias para cubrir cosas mas urgentes o simplemente resolver la cotidianidad de la vida. Por otro, hemos instrumentado un subsidio por dos meses para las personas que viven en Pensiones y que no pueden enfrentar el pago, a veces hasta diario, y que sufren violencia y maltratos por parte de sus arrendatarios con amenazas de quedar en la calle ante el no-pago. Hablamos de hombres y mujeres, muchos viviendo en soledad pero otros también con hijos pequeños, personas en general que trabajan en la informalidad, cuenta-propistas, vendedores ambulantes, trabajadoras domesticas, cuida coches, trabajadoras sexuales, todas que han visto de golpe, la posibilidad nula de que les entre “un peso”. Esta medida, será implementada en conjunto con la Asociación Nacional de Organizaciones no gubernamentales y en el marco de un Convenio de la IM con la Facultad de Derecho que en su línea de extension podrá llevar adelante el asesoramiento legal para las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.
¿Cómo enfrentamos las lógicas de expulsión, de desregulacion, de privatización de los servicios públicos, cuando el Capital cada día tiene mas poder?
Si los gobiernos no ponemos límites a las inversiones especulativas y extractivistas, cada vez será mayor el aumento del costo del suelo urbano en los barrios asociado al costo de vida cotidiana (alquileres, alimentos, transporte) lo que profundizará las brechas sociales y la segregación territorial por el desplazamiento de la población que no puede permanecer en los barrios consolidados para ir a vivir en las zonas precarias, contaminadas, inundables, sin agua, sin saneamiento, sin espacio publico, sin energía eléctrica, en fin, sin urbanidad.
Los gobiernos tienen responsabilidades ante las CRISIS como en la emergencia actual y nuestro Gobierno Nacional, lejos de tocar al Gran Capital, blindando, agranda las distancias para poder materializar a la vivienda como un derecho humano. Así el #QuedateEnCasa nunca será una opción verdadera. Con Virus o sin él.
* Silva Pissano es arquitecta, política y feminista. Actualmente es Directora General del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. También es Representante del Ejecutivo Nacional de Casa Grande - Frente Amplio. Se ha dedicado a la arquitectura, a la gestión pública y al activismo político cruzando la lucha de las mujeres por la igualdad con el derecho a la vivienda y la ciudad.