Ilustración: Realidad virtual, Pawel Kuczynski.
"¿Cómo convencer a nuestros jóvenes que las Fuerzas Armadas no salieron a la calle para dar su cuartelazo sino como último recurso, reclamado por la ciudadanía sana del país para salvar la esencia misma de nuestro sistema?"
Diario El País, 24 de junio de 1976.
La tesis
La existencia de medios de comunicación independientes es un requisito para el desarrollo de una democracia plena. La afirmación no es muy polémica, cualquier liberal comparte esta idea. Lo que ya es más discutible es cuán independientes son o han sido los medios respecto de la estructura del poder económico dominante. En este artículo nos proponemos mostrar cómo la propiedad de los medios de comunicación estuvo -y está- inscripta a una red más amplia de vinculaciones e intereses cruzados que jaquean su independencia. Tomamos para ello la estructura de propiedad de los principales medios durante las décadas del 70 y 80, años dónde las instituciones democráticas tuvieron su ocaso.
Lo que queremos sostener en este artículo no es una complicidad directa de los medios con el gobierno de facto (más allá de que en algunos casos existió). Lo que intentamos demostrar es cómo los principales grupos empresariales vinculados a los medios de comunicación de la época se encontraban enmarcados en una misma estructura de poder, manteniendo vinculación estrecha con varios grupos económicos y personas que sí participaron directamente del gobierno militar.
Bajo esta demostración es posible entender algunos silencios cómplices, apoyos explícitos (como los del diario La Mañana y el de algún que otro editorial de El País) y censuras expresas posteriores (como el pactado entre las familias Romay, Fontaina- De feo, y Scheck con el gobierno de Sanguinetti para no trasmitir el spot final de la campaña por el voto verde).
Sobre la estructura del poder económico en Uruguay
El capitalismo uruguayo (en lo que respecta a la fracción nacional del capital) es un capitalismo controlado por grandes familias. Un capitalismo donde el patriarcado, la herencia y un mercado de capitales poco desarrollado, aseguran la continuidad dinástica haciendo desvaner la ilusión de la meritocracia.
A diferencia de otras economías capitalistas, donde la gestión de la empresas se encuentra separada de su propiedad, y esta a su vez se encuentra difuminada en centenas de accionistas, en el caso uruguayo los propietarios de las empresas suelen estar concentrados, y al frente del control de las mismas. La vida de las empresas está estrechamente ligada al control que ejercen sobre ellas sus propietarios.
Asimismo, estos grandes propietarios tienden a diversfiicar sus negocios y asociarse entre sí. De esta manera, los principales grupos empresariales del país tienden a entrelazar intereses, tanto a partir de vínculos familiares (naturales y políticos), como a partir de negocios en común. Se conforma así una densa red de intereses y control del aparato económico.
El poder mediático y su inscripción en la estructura del poder oligárquico
Un ejemplo claro de esta estrecha red es la que constituye el oligopolio de los canales de aire y medios asociados. En la década del 80 este oligopolio estaba compuesto por las familias Romay (canal 4), Fontaina, De Feo (canal 10), y Scheck y otros asociados en Canal 12. Cada uno de estos grupos controlaba a su vez un conjunto de emisoras radiales (cx 44 y cx 32 el grupo Sheck, cx 20 y cx 12 el grupo Romay, cx 16, cx 24 y cx 13 el grupo Fontaina- De Feo) y una serie de canales en el interior del país (canales 7 y 9 los Fonatiana- De Feo, Canales 12 de Fray Bentos, 3, 8 y 11 los Romay, y Canal 2 los Scheck). Los tres grupos convergían en la propiedad de Coloso S.A y Rutsa, mediante la que controlaban la televisión del interior.
Esta estructura se mantiene en lo esencial hasta la actualidad, agregándose algunos actores nuevos. (ver artículo de gustavo Buquet en este mismo número de Hemisferio Izquierdo)
Los integrantes del oligopolio mediático mantenían a su vez negocios diversificados en otras áreas de la economía, donde confluían sus intereses con la de otros grupos económicos. Los Romay, fueron accionistas de Aluminios del Uruguay en conjunto con los grupos Zerbino, Raffo y Aldao. En el grupo Raffo (accionistas de cx 58 entre otros negocios no mediáticos) había un connotado dirigente de la UBD, con gran actividad gremial en la cámara de industrias y de comercio. Del grupo Zerbino provenía Ricardo Zerbino quien fuera director de OPP durante el período “democrático” del gobierno de Bordaberry, y ministro de economía en el primer gobierno de Sanguinetti. Los dos grupos anteriores confluían a su vez en la propiedad de Fanapel, empresa que compartían con el grupo Sanguinetti, de donde saliera el ministro de obras públicas Jorge Sanguinetti (primer gobierno posdictadura).
Zerbino a su vez era accionista de Sociedad Televisora Larrañaga (Canal 12) junto con los Scheck, quienes son a su vez los principales accionistas del diario El País. Además de ellos, compartían el paquete accionarial del canal los grupos Peirano, Gallinal Heber, y Otegui, entre otros. El grupo Peirano -célebres estafadores- a fines de los 80 era uno de los grupos más importantes de la economía uruguaya, con negocios financieros fuera y dentro del país y en diversos rubros productivos y de servicios. Peirano Facio, principal del grupo, ocupó el cargo de ministro de industrias y luego de relaciones exteriores bajo el gobierno de Pacheco. El grupo Otegui, otro poderoso de la economía uruguaya, tenía acciones en el Banco comercial, donde compartía directorio con varios grupos vinculados al gobierno militar.
Uno de estos grupos era Vargas Garmendia, también accionista de FUNSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, y FM Del Sol. De allí salió Luis Vargas Garmendia, quien fuera subsecretario del ministerio del interior entre 1974 y 1976, y secretario de presidencia del dictador Aparicio Mendez.
La familia Vargas Garmendia eran, a su vez, primos de los Soler Garmendia, dueños de las principales empresas del complejo automotriz nacional, entre otros negocios. Los Soler también ocuparon asientos en el gabinete de la dictadura. En este caso por intermedio de Daniel Darracq (casado con una Soler), ministro de educación y cultura.
Los Vargas Garmendia junto a los Pardo Santayana (también accionistas del Banco Comercial) participaban de Seusa, empresa que editaba los periódicos La Mañana y El Diario. Compartían la propiedad allí con la familia Manini Rios. Esta familia (que incubó al actual Guido Manini Ríos) también supo estar al frente del Banco Comercial, entre tantos otros negocios. Carlos Manini Ríos, integrante del grupo empresarial, también participó activamente de la política: fue director de la OPP durante el pachecato, y embajador en Brasil durante la dictadura. Otra familia asociada al Banco Comercial eran los Cardoso, principales del grupo supermercadista Disco y recientemente accionistas de canal 12 y semanario Búsqueda. Del riñón de este grupo saldría Cardoso Guani, ministro de industria de la dictadura;
García Capurro, también vinculado al Comercial, ocuparía cargos como Consejero de estado durante el gobierno militar. Compartiría allí asiento con Rodríguez Larreta, socio de los Scheck en el Diario El País y canal 12.
El mapa no se agota allí. Existen un sin fin de entrecruzamientos que hacen aún más densa la red.
¿Independencia de de los medios?
No todos los medios de prensa actuaron de la misma forma ante la escalada represiva y el posterior desenlace dictatorial en nuestro país. Ni siquiera los listados líneas arriba. La complicidad y la anuencia con el poder de turno, en los casos donde sucedió, tuvo sus grises.
Sin embargo, lo que parece bien claro es que los grandes medios de comunicación en nuestro país fueron y son parte integrante y articulada de un conjunto de intereses económicos dominantes (aunque no por ello absuelto de contradicciones). En tal sentido, es difícil imaginar que estos medios vengan a representar o poner encima de la mesa una serie de discursos e ideas que van en contra de ellos mismos en cuanto clase. Es difícil suponer que, en momentos de ascenso de la conflictividad y ante las contradicciones propias de una sociedad de clases, estos medios actuarán en forma disfuncional al poder de la élite.
En tal sentido, cabe formularse la pregunta respecto a la independencia de los medios. ¿Es la existencia de un conjunto de medios de carácter oligopólico, centralizado y concentrado en pocas manos, que además son las manos del privilegio nacional, una garantía para la libertad de información? ¿Será que, una vez más, la propiedad privada y sus derivaciones se transforman en un obstáculo para el ejercicio de los derechos, antes que en su garantía?
* Los datos vertidos en este artículo provienen de diversas fuentes. Entre ellas, los trabajos de Stolovich, Rodríguez y Bértola (1987), semanario Mate amargo (1990), y una investigación aún inédita de Boglaccini, Operti y quien suscribe. Las opiniones y afirmaciones aquí vertidas van por entera cuenta mía.
** Magister en Historia Económica, docente de la Udelar, integrante de la Fundación Trabajo y Capital.