De la cárcel y las mujeres…

Fotos (1 a 4): Victoria Giménez, Unidad Penitenciaria Nº 5.

Foto (5): Natalia Montealegre Alegría, barrio Palermo, Montevideo (8 de Marzo de 2019)

 

Me dijeron que escriba lo que quiera y como quiera, y ahí me pregunto qué es lo que una antropóloga tiene que decir el día de hoy, 8 de marzo en la huelga internacional feminista, sobre la relación entre cárcel y mujeres. Lo primero que una imagina es que hay que referirse a las que están presas.

En un orden esperable para un texto de divulgación escrito por una académica primero hay que dar alguna información de contexto, preferentemente cifras que permitan al lector o la lectora una aproximación al problema en cuestión.

 

Hay que decir (y leer) que, en el Uruguay, al igual que en el resto de América Latina, las mujeres presas son una parte muy pequeña del total de población privada de su libertad ambulatoria por conflictos con la ley.

 

Según las estadísticas oficiales, las mujeres representan un promedio del 5% del total de personas privadas de su libertad, con extremos en Ecuador y Argentina de casi el 10% (en Argentina, en el caso de las cárceles federales) y de Bolivia, con el 20% (según lo trabajado por Daroqui y Torres, respectivamente). Las investigadoras feministas ya han señalado muchas veces que este reducido número a nivel estadístico es uno de los motivos que ha justificado la no consideración de las mujeres presas en las políticas penales y penitenciarias, además de en las teorías y en los estudios criminológicos. Pero desde hace unos años Naciones Unidas advierte sobre un incremento creciente producto de la división sexual del trabajo en el narcotráfico. Esto se expresa sobre todo en dos fenómenos: el microtráfico y el ingreso de drogas por medio de “mulas”, labor que tiene su correlato en el número de mujeres migrantes privadas de su libertad, hoy, en Unidades Penitenciarias del Uruguay.

 

Puestos algunos números (que además de ser esperados, siempre dan un halo de autoridad a quien escribe) me vuelvo a preguntar: ¿a qué exactamente debería destinar estas páginas el 8 de marzo?

¿Hablar por ellas, acaso? ¿Qué decir? ¿En qué focalizar? ¿Atender a algunas disquisiciones conceptuales? ¿Plantear los problemas teórico-metodológicos vinculados con la investigación en cárceles? ¿Hacer una denuncia sobre la violación sistemática de sus derechos? Y junto con eso otras distinciones no menores:

 

¿Sobre qué mujeres? ¿De qué Cárcel?

 

¿De los internados, de los manicomios, de los establecimientos militares de reclusión, de los claustros de transformación moral? ¿De las unidades penitenciarias?

 

¿Qué escribir?

 

¿Qué en el Uruguay batllista en el mismo proceso por el que se retiraron los crucifijos de los hospitales y se aprobó la ley de divorcio, se le entregaba la custodia de las mujeres presas a la Orden del Buen Pastor de la Iglesia Católica? ¿Qué las mujeres, presas comunes, en el Uruguay laico siguieron estando bajo la tutela de las monjas hasta 1989? Sí, 1989.

 

¿Qué las presas políticas en Uruguay y sus familiares recibieron torturas especialmente diseñadas para destruirlas mental y físicamente?

 

¿Qué la violencia sexual es parte del itinerario pasado y presente de las mujeres privadas de su libertad?

 

¿Qué el borrador de proyecto de ley sobre el sistema penitenciario actualmente en proceso de discusión solamente se refiere a las mujeres en relación a su maternidad reduciendo sin ningún tipo de evaluación ni consideración el tiempo de posible estadía con sus hijos a los 24 meses? ¿Qué en ese proyecto de ley no se nombran las reglas de Bangkok ni se ajusta en sus términos al derecho internacional suscrito por el país?

 

¿Qué desde hace más de un año hay una epidemia de ratas en la cárcel para mujeres del área metropolitana?

 

¿Qué las mujeres hoy encarceladas son, en su enorme mayoría, pobres? ¿Qué no hay ninguna política que les garantice el acceso a un trabajo con salario digno luego del egreso?

 

¿Qué no hay posibilidades de que todas estudien?

 

¿Qué a las que tienen derecho a votar no las dejan?

 

¿Qué la canasta de alimentos del INDA que hoy es tarjeta no les llega?

 

¿Qué se dice que son más difíciles que los varones presos, más sucias que ellos, más conflictivas?

 

¿Qué a veces por los fríos comparten cama porque faltan abrigos y no hay ningún tipo de calefacción prevista?

 

¿Qué algunas tienen nombre de telenovela?

 

¿Qué con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal son menos?

 

¿Qué la mayoría son muy jóvenes?

 

¿Qué tienen menos visitas porque ellas estando afuera son las que visitan?

 

¿Qué conviven con varones trans?

 

¿Qué tienen, como todas, amores, odios y amistades?

 

¿Qué no hay ordeñadora? ¿Qué no hay ginecóloga? ¿Qué la interrupción voluntaria del embarazo no aparece como alternativa ahí adentro?

 

¿Qué?

 

¿Qué me toca decir hoy cuando salgo contenta con mi hija adolescente y las compañeras a sentirnos juntas, fuertes y en la calle?

 

Entonces, decido salirme de la estadística, e invitarnos a mirar a las que no salen en la foto.

No están dentro de lo mensurable en un país en que el encarcelamiento es la política punitiva privilegiada por el Estado a lo largo del tiempo, transcendiendo orientaciones o regímenes políticos. Política pública que se sustenta en el esfuerzo de miles de mujeres pobres que se ocupan semanalmente de la alimentación y otras necesidades de los presos. Este trabajo sostenido, que en muchos casos ocupa la centralidad de la organización familiar «extramuros» es posible por una obligatoriedad de orden moral en un tipo de familia que se cohesiona a través del ejercicio de la maternidad.  

 

Esas mujeres: compran la comida, cuidan a los hijos, exigen atención en salud, persiguen al abogado de turno, denuncian en el parlamento, esperan en los juzgados, pagan las deudas, trasladan los paquetes, soportan las revisaciones, llevan noticias y palabras de aliento, visitan.

 

Todo un sistema económico y afectivo que sostiene la in-justicia y reduce la violencia estatal sobre los cuerpos de las personas privadas de su libertad a través de poner el propio, de estas madres, parejas y hermanas junto a su fuerza de trabajo como parche invisible del presupuesto insuficiente.

 

Es decir, el Estado no cumple con las condiciones mínimas de vida digna para las personas a su cuidado y se obliga a un conjunto de mujeres (mayoritariamente pobres) a hacerse cargo de ese aporte. Pero la obligación queda enmascarada por cómo se considera que debe brindarse el amor y el cuidado a un pichi y el precio que hay que pagar por ello.

 

Detengámonos aquí un momento.

 

Como he expresado en otros escritos, el pichí y el pichi comparten morfemas y orden diferenciándose únicamente en la acentuación. El vocablo pichí es utilizado en varios países de la región para referirse a la orina. A modo de ejemplo, el Diccionario de Chilensis indica que se trata de un eufemismo coloquial que indica orinar involuntariamente: «hacerse pichí», mientras que desde el país trasandino se señala que el origen etimológico del término corresponde a su homólogo fonético del mapudungun (lengua mapuche), que se podría traducir como ‘pequeño’. El pichí es la orina y —en Uruguay— el pichi es el pobre. Los pichis serán los pobres —quienes no tiene nada, los vagabundos— y los «otros y otras/no nosotros».

 

Dentro de la historia uruguaya es posible identificar un proceso de pichificación de los sectores medios que tuvo lugar durante la dictadura cívico- militar relacionándose en ese entonces con el dispositivo de la prisión política prolongada y la destitución masiva como medio represivo en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En ese contexto pichi fue la palabra despectiva para referirse a las personas presas políticas por parte de los agentes militares y policiales durante la dictadura cívico-militar (1968-1984). Proceso del que deviene el uso del lenguaje al que hago referencia aquí.

 

Orina, pobreza y persona privada de libertad pueden ser resumidas en esta misma expresión que sintetiza el estigma: lo pichi.

 

Las pichis van a la cárcel porque quieren. Quieren a una persona que está allí recluida. El amor enmascara la violencia estatal que reciben y median sus cuerpos. En ese «querer» es depositada una cierta pretensión de autonomía: van porque quieren. Se dejan humillar porque quieren. Decir que quieren permite depositar en ellas únicamente la responsabilidad, eximir al Estado, al mercado y a los padres u otras personas e instituciones. Es a través de esa operación simbólica, que se articula con otras, que la dominación masculina se fortalece, que la producción de subalternidad se reifica, que la feminización de la pobreza también se perpetua instalándose en un espacio que siendo público es percibido y presentado como perteneciente a la órbita de lo privado y doméstico: del amor filial.

 

¿Y el tocan a una?

 

Es interesante cómo este enmascaramiento de una serie de prácticas de cuidado que dan respuesta a la violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en Uruguay se imbrica con otro tipo de violencias que también se sustentan en argumentos de economía doméstica y re-caen sobre el cuerpo de las mujeres.

 

Uno de los aspectos más importantes para cualquier persona presa y para el entorno en el que se encuentra, coherentemente con lo anterior, es la visita. Porque, en todos los casos, la prisión como experiencia vital no atañe solo al preso o a la presa (y al personal del recinto carcelario). De forma ineludible implica relaciones sociales más amplias, que toman como centro a familias completas, pero en distinta medida, dependiendo del estatus de la persona detenida, de la situación socioeconómica de la familia, de las características del recinto carcelario y de la distancia espacial del lugar de residencia de sus familiares directos, además del «capital cultural» y «simbólico» de los integrantes del núcleo.

Pero para visitar hay que ingresar a la cárcel con las respectivas normas de seguridad asociadas. Para ello, el cuerpo recorre grandes distancias, carga paquetes, lleva a los niños, tolera la basura y la suciedad de los baños, aguarda, hace cola, mantiene la calma y se somete.

 

En la mayoría de los establecimientos de reclusión en Uruguay, luego de ese periplo, se entrega el documento, y existen detectores de metales para pasar los enseres, también se han ido incorporando scanner corporales, que evita la revisación invasiva y el desnudo obligado.

 

Dónde colocar esos equipos ha sido resuelto en función de un criterio cuantitativo, privilegiando las unidades penitenciarias con mayor población privada de su libertad y con el número más elevado de visitantes.

 

Las cárceles para mujeres no cumplen con ninguna de esas características si son comparadas con las que existen para varones. Por lo que no está prevista la instalación de un scanner corporal, más allá de las recomendaciones internacionales y sin indagar en cómo influyen las prácticas de revisación en la posibilidad de que algunas sean visitadas.

 

Paralelamente las mujeres que están allí recluidas extrañan a sus hijas que paulatinamente dejan de ir cuando pasan la pubertad. Momento en el que, entre otros procesos, las medidas de seguridad exigen no solamente el desnudo: hay que bajarse la bombacha, agacharse y toser. Probar que no se lleva nada.

 

También para las mujeres trans que van hoy a la unidad penitenciaria número cinco, la revisación corporal toma ribetes que además de obscenos y discriminatorios, parecen surrealistas: revisación por parte de guardia femenina de la cintura para arriba y de guardia masculino de la cintura para abajo. Fuera de protocolo es lo que la guardia entiende más razonable, lo que le «dicta la biología» según la policía que allí trabaja.

 

Son ya las cinco de la tarde. Debe estar en pleno la asamblea de mujeres de Humanidades. Probablemente en el hall central de la Facultad.

 

Ya no llego, tengo que terminar de escribir este texto y enviarlo antes de la hora de la marcha.

 

Releo, miro por la ventana y veo en espejo el cartel de HARTAS.

 

Me gusta esa palabra que sintetiza cualidad y cantidad: bronca/hastío y muchas a la vez. Ese ser muchas que emociona y ese enojo que crece pero que, ineludiblemente, en esto de transformar lo más íntimo, se topa con las diferencias de clase y las posibilidades efectivas de contar con proyectos en clave autonómica. ¿Una asamblea de mujeres en la puerta del COMCAR? ¿Una asamblea de mujeres, por sector, por «peligrosidad», dentro de cada prisión? ¿Una asamblea en la parada? ¿frente a la guardia? ¿en la puerta del juzgado? ¿Ahí, en la fila de los baños? ¿Una asamblea sin bombachas, sin vergüenza? ¿sin libreta de apuntes, sin encuestas?

 

Hoy con este llamado, en este encuentro que grita «¡Feminismos en las calles, las casas, las camas y en todas partes!», que apela a una genealogía de luchas internacionalistas y locales; estoy acá, tratando de hilar un texto sobre la cárcel y las mujeres. Que al final es un texto sobre cómo en esa dinámica social que desborda lo límites perimetrales las mujeres pobres son las principales destinatarias invisibles de los métodos más violentos de imponer jerarquías y desigualdades, de producir subalternidades, de explotar una fuerza de trabajo otra vez subsumida ante aquello que sí requiere ser enunciado y medido.

 

Unas pocas palabras para reconocer lo mucho que nos falta investigar, producir y militar con esas otras, nombre de telenovela mediante y champión veloz con resortes.

 

Me voy corriendo…

 

¡Harta!

 

 

* Natalia Montealegre es antropóloga social, investigadora del Equipo Género, Memoria y DD.HH. de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y docente del Área de Derechos Humanos del SCEAM de la Universidad de la República.

 

 

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