¿La cultura hace bien? Políticas culturales y sectores vulnerados en Uruguay

September 28, 2018

Ilustración extraída del Facebook de Espacio Cultural Urbano

 

 

Urbano no es un lugar para quejarse, es un lugar para crear arte. Crear arte. Para eso existe. ¿No es para eso? ¿O es para el asistencialismo barato que hace el MIDES?

Participante de programa Urbano, situación de calle.

 

La inclusión acababa excluyendo, y la participación incondicional estaba por encima del desarrollo estético-cultural. ¿Alguien asiste a mi taller para dirigir un corto? ¿Hacer una película? 

Docente de cine, programa Urbano.

 

Cultura implica raíces, refiere a un sentido de la vida, a una vida con sentido. Cultura es un instrumento de inclusión social. Cultura es construcción de lazos que definen contextos solidarios y al mismo tiempo, como elemento central en la afirmación de la persona, cultura es esencialmente libertad.

Ricardo Ehrlich, ex ministro de educación y cultura, Uruguay 2010-2015

 

 

Estas palabras, proferidas por un músico en situación de calle, un docente y cineasta, y un ministro de educación y cultura, ofrecen una pequeña ilustración de algunos sentidos que confluyen en las políticas culturales y socioculturales desarrolladas en la última década en el Uruguay.

 

Arte, asistencialismo, inclusión social, libertad, estética, cultura, instrumento, son conceptos que distintos actores movilizan y disputan en el ámbito de políticas culturales relativamente nuevas para el contexto nacional. La elección de los enunciadores no es azarosa. Las políticas culturales son lo que dicen y hacen una variedad de personas, que no sólo están situadas en posiciones diferentes, sino también desiguales. Estas voces no se reducen ni se explican solamente por cierto contexto nacional (el uruguayo, en este caso), sino que están vinculadas de maneras no lineales con una formación discursiva transnacional que, en las últimas décadas, modificó profundamente las relaciones entre cultura y política, afirmando que la cultura es, entre muchas otras cosas, una herramienta de inclusión, participación y democratización.

 

De esta manera, desde los años setenta en adelante, se extiende a nivel global un discurso que concibe a la cultura como componente fundamental del desarrollo, la inclusión social, la diversidad y los derechos, instalando la confianza en una serie de efectos positivos de la cultura (la cultura nos incluye, nos da trabajo, nos mejora, nos integra) especialmente en las políticas e iniciativas ligadas a la pobreza, la desigualdad social y los sectores vulnerados. Las convenciones, legislaciones y recomendaciones de organismos internacionales proponen diversos lineamientos que buscan generar democratización, descentralización, desarrollo y diversidad cultural.

 

La aparición de estas políticas es contemporánea a los modelos y directivas de organismos y agencias supranacionales diversas como la Unesco, el BID y el Banco Mundial, que entienden a la cultura cada vez más como instrumento y recurso para el desarrollo económico, social o humano (Yúdice, 2002). Asimismo, en las últimas décadas, se ha tratado a la cultura como agente para promover la tolerancia y el respeto por la diversidad, como herramienta para “empoderar” a los sectores vulnerados, muchas veces en la lógica de que estos sectores “reviertan” por sí mismos sus condiciones desiguales de existencia (Infantino, 2011).

 

Intervenir en materia cultural supone pues un desafío cotidiano tanto para los gobiernos como para los colectivos sociales y se presenta como un terreno de certezas y de incertidumbres: ¿la cultura es un recurso para el desarrollo social? ¿Qué (es) cultura? ¿La producción y el consumo cultural son fines en sí mismos? ¿Todos los productos culturales valen lo mismo para todos? ¿Quiénes pueden desarrollar cultura y de qué formas? ¿Cómo convive la universalidad de los derechos culturales con el relativismo cultural? ¿Cuáles son los diálogos entre la cuestión social y la cultura?

 

Como se puede ver, el tema es inmenso. En esta ocasión referiré apenas un par de reflexiones en torno de estas preguntas en el Uruguay, que son el resultado de una investigación mayor que vengo desarrollando en los últimos años (1). Quisiera centrarme aquí en ciertas implicancias del abordaje metodológico, primero, y luego en la articulación entre la cultura y la cuestión social en políticas públicas recientes.

 

 

Políticas culturales, derechos culturales, ciudadanía cultural

 

En Uruguay, las políticas culturales desarrolladas por los tres gobiernos del Frente Amplio (desde 2005 a la actualidad), dan cuenta del crecimiento de programas, la creación de áreas y de políticas destinadas a atender cuestiones como los derechos culturales, la democracia cultural o la inclusión social a través de la cultura, orientadas a los sectores más excluidos de la población. En este plano, se destacan la creación del área Ciudadanía Cultural (2009) en la Dirección Nacional de Cultura, compuesta por una serie de programas focalizados en el trabajo con “sectores vulnerables”; el crecimiento de programas de descentralización cultural como los Centros Mec, del Ministerio de Educación y Cultura; la consolidación de iniciativas municipales como Esquinas de la Cultura, de la Intendencia de Montevideo; o la creación del Departamento de Programas Socioculturales en el Ministerio de Desarrollo Social.

 

En el espectro de las iniciativas mencionadas coexisten distintos paradigmas. Las acciones para promover y garantizar los derechos culturales de individuos y colectivos sociales, largamente invisibilizados y marginados en relación a las políticas culturales y artísticas, no son homogéneas desde el momento que ofrecen respuestas y caminos diferenciados —que en no pocas ocasiones entran en conflicto—acerca de qué debería hacer el Estado en materia cultural y cuáles son los alcances y características de estos derechos culturales que se promueven.

 

Desde la sociedad civil, a su vez, encontramos iniciativas de articulación y trabajo en red para el fortalecimiento y el reconocimiento de experiencias que trabajan con acciones culturales y artísticas para la transformación social. Entre ellas, sobresale la experiencia de la llamada Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria a nivel latinoamericano, creada en el 2004, que ha realizado ya tres Congresos de carácter continental (Bolivia 2013, El Salvador 2015 y Ecuador 2017) con presencia de 17 países latinoamericanos y que logró efectivizar programas y cambios normativos en distintos países en apoyo a estos procesos. En estas redes también conviven organizaciones y experiencias de distintas tradiciones institucionales e ideológicas: muchas de ellas orientadas a la generación de una interlocución eficaz con los Estados, otras buscando la instalación de una nueva “marca” o categoría conceptual en los debates y en la consecución de apoyos institucionales y financieros, otras apuntando a la constitución de una experiencia política de nuevo tipo, a través de la generación de prácticas instituyentes, vertebradas en torno a ejes como la lucha por la democracia participativa o la economía social en Latinoamérica y en sintonía con otros movimientos sociales.

 

Algunos actores defienden la autonomía relativa de los bienes y objetos culturales, en tanto otros disputan el sentido contrario, vinculando a la cultura con los procesos económicos y políticos locales, nacionales e internacionales. Hay actores que sostienen una cierta especificidad de las prácticas artísticas a la hora de contribuir a resolver problemas como la inclusión social, la rehabilitación psicosocial, y el mejoramiento de los sujetos en términos de autonomía, dignidad, autoestima; mientras que otros afirman que la experiencia y la producción artística son fines en sí mismos, y que las políticas culturales deberían limitarse a garantizarlos, reduciendo al máximo su incidencia en los contenidos de aquello que la sociedad genera en materia cultural. En algunos casos, paradigmas como la democracia cultural y la democratización cultural entran en contradicción, en tanto en otros coexisten y funcionan de manera sinérgica. En otros, podemos observar la coexistencia de iniciativas que utilizan un mismo lenguaje (“derechos culturales”, “cultura e inclusión social”) para designar proyectos políticamente distintos y distantes.

 

 

Primera reflexión. Más allá de las líneas: redes y tramas

 

En la investigación mencionada me centré en comprender la trama de sentidos involucrada en un conjunto de políticas culturales que mostraban esta orientación hacia lo social en el Uruguay desde el 2007 al 2017.

 

En sus inicios, la investigación tenía un perfil más bien teórico, enfocado a reconstruir una genealogía de los nuevos lenguajes que permean las políticas culturales. Sin embargo, ni bien inicié el trabajo de campo entendí que las políticas culturales no podían reducirse a un conjunto de documentos, por más importancia que tuvieran. Al mismo tiempo, vi que la mayor parte de los análisis con los que contamos tenían, o bien un sesgo teórico o ensayístico, o bien estaban hechos en respuesta a demandas institucionales de evaluación, sistematización o divulgación que provenían de los propios ministerios o de organismos de cooperación internacional, y tenían una tendencia normativa. Cuando definí una perspectiva metodológica que reúne aportes de la antropología y de la sociología, y privilegié el trabajo de campo, me encontré frente a una compleja heterogeneidad de voces que sostienen, diseñan, implementan y participan de estas políticas. Un universo mucho más complejo y más rico, que tenía diálogos a veces sinérgicos y a veces conflictivos con lo que podemos analizar mirando las convenciones, informes, legislaciones y documentación internacional y nacional.

 

Si bien incluí una serie de entrevistas a altos cargos y jerarquías institucionales, también intenté concebir lo más ampliamente posible la red de mediaciones e interacciones involucradas. Entonces, empecé a mirar a las políticas culturales no exclusivamente en cuanto a sus “diseños”, ni tampoco meramente en cuanto a sus “efectos”, sino más bien entendiéndolas como aquello que dicen y hacen una variedad de individuos, que no solo son diferentes sino también desiguales, y que interaccionan en una compleja red. Mi desafío era reconstruirla e intentar comprenderla.

 

Tal como señalan algunos antropólogos dedicados al análisis de políticas públicas, esta perspectiva se desmarca, por un lado, de la tendencia a buscar exclusivamente en las élites gubernamentales (altos mandos) la fuente principal de sentido. Por otro lado, se distancia de la literatura que concibe la elaboración de políticas públicas como procesos lineales en una dirección (de arriba hacia abajo), que responden a una cadena secuencial de eventos que empiezan en el diseño y terminan en la implementación (Shore, 2010: 28). En cambio, la antropología va a resaltar el carácter complejo y desordenado de estos procesos. La mirada antropológica señala también que las políticas públicas pueden ser abordadas como “palabras clave” (Williams, 1975), a partir de las cuales es posible rastrear procesos amplios de transformaciones históricas, sociales, culturales.  Tal como sugirieron Wright y Shore (1997), podemos interpretar las políticas en cuanto a sus efectos (lo que producen), las relaciones que crean y los sistemas de pensamiento en los que están inmersas. Otro elemento importante en el análisis de políticas públicas es atender a su dimensión de productoras y configuradoras de categorías de individuo y de subjetividad. En las sociedades contemporáneas, las políticas tienen un rol preponderante a la hora de organizar y regular identidades e inciden en los sentidos que los individuos desarrollan de sí mismos.

 

Ahora bien, coincido con Shore cuando afirma que abordar a las políticas públicas como procesos complejos, con múltiples sentidos que son disputados por distintos actores, no implica que el análisis siempre concluirá que “las políticas quieren decir distintas cosas para diferentes personas” (por más válida que sea esta formulación). El análisis deberá dar un paso más y ser capaz de explicar esos distintos sentidos para los grupos involucrados. En este punto, es interesante repensar la propuesta de Evelina Dagnino (2006), para explorar cómo los actores negocian, usan y se apropian de discursos y significantes similares, con sentidos y objetivos distintos. Dagnino observa que, en el debate por la democracia en Latinoamérica, existen proyectos en disputa que utilizan los mismos conceptos y se enmarcan en nociones análogas, pero son completamente distintos. Para la autora, esto da lugar a lo que denomina una “confluencia perversa”.

 

 

Consecuencias de esta perspectiva

 

Una de las principales consecuencias de este enfoque nos indica que difícilmente podemos hablar de un campo autónomo para referir a las políticas culturales, cuando los gestores y funcionarios son ellos mismos analistas, investigadores, artistas o integrantes de organizaciones sociales.

 

En conexión con lo anterior, aquí las fronteras del Estado son particularmente borrosas y permeables. Debido a esta pluralidad intrínseca, los debates que involucran a las políticas culturales “tradicionales” que operan con una noción de cultura asociada a la producción artística profesional inciden de distintas formas en el conjunto de políticas que trabajan con una noción “ampliada” de cultura. Por ejemplo, el debate por el valor artístico sigue siendo central en este universo de políticas culturales orientadas hacia lo social, tal vez porque muchos trabajadores son también artistas o gestores culturales, lo cual los convierte, además, en “público objetivo” de las políticas culturales más tradicionales. Las implicancias de esta pluralidad y simultaneidad de roles permanecen todavía en el margen de los estudios sobre políticas culturales con los que contamos. Creo que desconocer o ignorar estas dimensiones puede conducirnos a lecturas donde colocamos fronteras, autonomías y límites a priori, en un gesto analítico que imponemos artificialmente sobre la realidad empírica, que sin embargo resiste nuestras clasificaciones.

 

Decíamos, entonces, que no hay aquí una separación definitiva ni una superación de un modelo por otro. Tampoco es posible postular una transición de paradigmas respecto de la intervención estatal en materia cultural con énfasis en los derechos culturales de las poblaciones vulneradas, como planteara por ejemplo García Canclini (1987). Antes bien, observamos una situación de coexistencia conflictiva de visiones sobre la cultura y las políticas culturales. Tan es así que  una misma entidad del gobierno puede estar impulsando simultáneamente políticas de mecenazgo cultural, de democratización cultural, de descentralización o de democracia participativa.

 

 

Segunda reflexión. Articulación entre políticas culturales y políticas sociales

 

Muchas políticas culturales con enfoque de derechos, democracia cultural o inclusión social se gestaron en convenio o articulación entre distintos organismos, por ejemplo entre la Dirección Nacional de Cultura y el MIDES, partiendo de la base de que compartían una determinada “población objetivo” (en general lo que denominan poblaciones vulnerables, personas en situación de calle, reclusos, internos, minorías étnicas o sexuales, etcétera).

 

La articulación entre políticas culturales y políticas sociales en el Uruguay puede ser pensada en al menos tres dimensiones. La primera tiene que ver con cómo los distintos actores entienden la relación entre la cultura y la cuestión social. Esta relación muestra dos extremos: si unos entienden que la cultura es una suerte de “medio” o herramienta para el logro de un fin que la trasciende (un fin que es social: la convivencia pacífica, la rehabilitación personal, la reinserción en el mercado de trabajo, entre otros) donde cultura pasaría a no tener ningún “en sí mismo”; en cambio otros sostienen que la cultura es un fin, y aun reconociendo las transformaciones que las personas experimentan en el ejercicio de sus derechos culturales, sostienen que estas no se pueden (ni se deben) prever ni planificar. El debate nos retrotrae a una discusión antigua respecto de las prácticas artísticas: pensamos el arte desde su valor intrínseco o desde su valor instrumental. Pero también nos lleva a cuestionarnos por el rol del Estado en este terreno: ¿es función del Estado conducir la producción cultural o su rol debería centrarse en distribuir y poner a disposición los recursos para las producciones culturales de toda la ciudadanía, cualesquiera sean sus fines y contenidos? ¿Esto último reduciría al Estado a un rol de legitimación o de promotor de la lógica del “vale todo”?

 

Ahora bien, en el medio de estos extremos, las personas desarrollan distintas salidas, alternativas y síntesis en sus decisiones cotidianas que ponen en cuestión la validez de pensar este problema en términos dicotómicos. Aquí, de nuevo, creemos que hace falta investigación empírica y rigurosa que nos obligue a poner a prueba nuestros dualismos conceptuales.

 

En una segunda dimensión tenemos el aspecto material de esta articulación. Ya que muchas de estas políticas responden a convenios o co-gestiones entre dos o más organismos que comparten una “población objetivo”, las formas que toma esta articulación se vuelven relevantes para entender por qué algunos proyectos fracasan y otros tienen éxito. Esta dimensión tiene igual o mayor relevancia que el debate conceptual acerca del vínculo entre cultura y desarrollo social y que es una dimensión poco atendida.

 

Un tercer nivel surge cuando miramos la dimensión subjetiva e intersubjetiva de esta articulación.  En las observaciones y entrevistas con técnicos, funcionarios, docentes y participantes de programas de Ciudadanía Cultural y del Ministerio de Desarrollo Social, pudimos notar que existen bloqueos y obstrucciones que tienen efectos subjetivos importantes y escasamente explorados por la literatura.

Por ejemplo, en el caso de los participantes del programa Urbano de la DNC, un centro cultural en el que participan en su mayoría personas en situación de calle, los participantes significan su experiencia en el contacto con políticas sociales y con políticas culturales de manera contrastante. La participación en la política cultural está fuertemente ligada con procesos de visibilización social y reelaboración de identidades. En general, los participantes manifiestan que la política cultural modifica sustancialmente la relación que tienen consigo mismos y con otros próximos, y que esto sucede en el marco de una interacción cotidiana con distintos dispositivos estatales que permean su vida cotidiana. De esta manera, los participantes que están en situación de calle interaccionan con refugios, centros de asistencia, hospitales, cárceles, políticas de rehabilitación, etc, que inciden en las imágenes de sí que van generando, muchas veces relativas al estigma y la desvalorización. En cambio, la participación en un programa cultural se experimenta de manera opuesta. En palabras de un participante: si en otros sitios es un número, o un “problema social”, en programas como Urbano es un ser humano. Si las interacciones con otras instituciones le devuelven la imagen de “problema social” o “número”, y en contacto con programas como Urbano emerge la autopercepción como un ser humano, un artista o un creador, podemos preguntarnos: ¿cómo conviven en esta persona las distintas representaciones de sí? Esto nos llama a atender los efectos subjetivos que genera el desacople entre las políticas sociales y culturales.

 

Sabemos que la presencia de los dispositivos públicos de asistencia social (especialmente en materia de vivienda) y sanitaria (especialmente en salud mental) es central en el relato que hacen de sus vidas los participantes. En esta línea, otra participante señalaba que si en los refugios crean normas para que vos te vayas, en Urbano nunca me censuraron por expresar algo. O bien como lo planteara el participante cuyas palabras abrían este artículo:

 

Urbano no es un lugar para quejarse, es un lugar para crear arte. Crear arte. Para eso existe. ¿No es para eso? ¿O es para el asistencialismo barato que hace el Mides? Urbano se tiene que diferenciar de eso.  Siempre se diferenció…Bueno, no siempre, en el tiempo que se pudrió todo, cuando iban a comer y dormir, ahí se desvirtuó todo, ahora está de otra forma, no viene la gente a bañarse o a dormir, viene la gente a hacer cosas (Entrevista personal, 17/8/17).

 

Ferreño (2014), analizando un programa cultural de orquestas dirigido a niños de barrios empobrecidos, se pregunta ¿qué implica para un niño adquirir, decodificar, una serie de competencias de un mundo al cual no pertenece ni pertenecerá mañana? ¿Cómo se procesa la adquisición de este “derecho cultural” en un contexto de desigualdad?

 

Percibirse como productor cultural y, al mismo tiempo, tramitar esta nueva representación en una vida cotidiana signada por el estigma y la vulnerabilidad, se transforma en un desafío cotidiano para estas personas. Por su parte, algunos técnicos señalan que si bien es posible apreciar transformaciones profundas en el ánimo de los participantes, es igualmente cierto que muchos procesos se frustran.  De esta forma, está claro que el ejercicio de los derechos culturales, que conlleva una idea de universalidad, tiene lugar sin embargo en un contexto muy particular.

 

La comprensión y el reconocimiento de las diversas y a menudo impredecibles maneras en que lo emocional genera significados en las políticas culturales es un camino que permite por un lado desligarlo de los abordajes utilitaristas o románticos, y por el otro establecer un vínculo entre la interculturalidad y la intersubjetividad, vistos como procesos que se constituyen mutuamente (Ochoa, 2003). Coincidimos con esta autora cuando afirma que las políticas culturales generan espacios de significación del estar en común, en medio de situaciones extremas.

 

 

Para cerrar

 

Si pensamos que las políticas culturales ligadas al concepto de desarrollo social o derechos culturales son meramente la aplicación lineal de un o unos modelos conceptuales que se materializan en recomendaciones supranacionales a las que un país, en bloque, adhiere, estaremos perdiendo de vista la gran complejidad y el entramado de prácticas de los diversos actores que día a día hacen las políticas culturales. En ese sentido, intentar comprender el entramado de relaciones en que individuos diversos y desiguales interactúan, es un paso clave en la discusión por las políticas culturales posibles y deseables en el Uruguay contemporáneo. Estas reflexiones constituyen un pequeño aporte a la comprensión de esta trama, que, sin dudas, debe profundizarse, ampliarse y entrar en diálogo con los estudios preexistentes y los que vendrán.

 

 

*  Montevideo, 1989. Licenciada en Letras, especialista en gestión cultural (Udelar), maestrando en Sociología de la Cultura y doctorando en Sociología (Idaes, Unsam), becaria doctoral de CONICET. Vive actualmente en Buenos Aires. Investigadora, poeta, educadora popular, gestora cultural, militante en organizaciones comunitarias.

 

 

Notas:

1. Me refiero a mi tesis de maestría en Sociología de la Cultura, desarrollada en el Instituto de Altos Estudios Sociales, en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), y a mi investigación doctoral en Sociología, actualmente en curso en la misma institución, con una beca interna doctoral del CONICET. En la tesis de maestría, a través de un abordaje metodológico cualitativo que combinó perspectivas de la sociología y de la antropología, me propuse estudiar el surgimiento y los rasgos de las políticas culturales orientadas hacia sectores vulnerados y organizaciones sociales en el Uruguay desde el 2007 hasta el 2017, en diálogo con los discursos de las agencias internacionales y, sobre todo, explorando las perspectivas situadas de los actores que trabajaron en forma cotidiana con estas políticas. Realicé 22 entrevistas en profundidad con actores diversos, y desarrollé observaciones en distintos eventos.

 

Referencias:

DAGNINO, Evelina, OLVERA, Alberto y Aldo PANICI (coords.) (2006). La disputa por la construcción democrática en América Latina. México: FCE; CIESAS; Universidad Veracruzana.

FERREÑO, Laura (2014). “´En nombre de los otros`. Ciudadanía y políticas culturales” En Grimson, Alejandro (comp.) Culturas políticas y Políticas Culturales. Buenos Aires: Fundación de Altos Estudios Sociales.

GARCÍA CANCLINI, Néstor (ed.) (1987). Políticas culturales en América Latina. México: Grijalbo.

INFANTINO Julieta (2011). Cultura, jóvenes y políticas en disputa. Prácticas circenses en la ciudad de Buenos Aires. Tesis Doctoral en Antropología. UBA. Facultad de Filosofía y Letras.

OCHOA GAUTIER, Ana María (2003). Entre los Deseos y los Derechos, Un Ensayo Crítico de Políticas Culturales. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

SHORE, Cris. (2010). “La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la formulación de las políticas”. Antípoda nº10. Pp 21- 49.

WILLIAMS, Raymond (1975 [2003]). Palabras clave: un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003.

WRIGHT Susan y Shore Cris (eds.) (1997). Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power. New York: Routledge, 1997.

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