Ilustración: Rogelio Naranjo.
Desde sus albores, las ciudades han sido espacios en disputa. Las ciudades se consolidan gracias al establecimiento de muros levantados para la protección de amenazas externas y el control de amenazas internas (Foucault, 2012, 2008), es decir, disputa exógena y endógena. No obstante, es esta última la que alimenta la presente reflexión. La disputa endógena.
La ciudad latinoaméricana es fruto de un devenir histórico con más de cinco siglos desde que comenzara a surgir lo urbano que conocemos hoy, por lo tanto, cabe destacar que en las líneas que siguen, el lector debe tomar en cuenta que lo que se trae a reflexión es el resultado de procesos políticos, sociales, económicos y culturales de largo aliento (solo por nombrar algunas dimensiones) y que hoy tienen resultados urbanos evidentes –en sentido amplio-. Su fundación colonial imprime el sello que levantó los muros sociales en la ciudad actual y cuyo rasgo más característico es el despojo. Según el informe de Panorama Social en Latinoamérica elaborado por la CEPAL en 2014, un 28% de los latinoamericanos vivían en condiciones de pobreza. Tres años después, el mismo informe (2017) muestra lo bien que va el desarrollo latinoamericano (para algunos) y señala un aumento porcentual en la cantidad de pobres llegando a 30,7% en la región. Pobreza, marginalidad y violencia urbana de todos los tipos y colores son un problema transversal a la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas si es que no a todas.
La ciudad es disciplinamiento (Foucault, 2010, 2009) y resistencia que se manifiestan en un ir y venir de la capitalización, la rentabilización y la ocupación, ya sea de las clases dominantes o bien de los pobres de la ciudad y su interminable expulsión y reasentamiento en la ciudad. Se suceden «tomas», poblaciones, conurbaciones y suburbios. Callampas, fabelas, cantegriles, villas miseria, chabolas, barriadas, campamentos, condominios, barrios privados y malls que una y otra vez y como ejercicio violento del capital, van (re y des)dibujando los espacios construidos desde la gubernamentalidad y configurando un determinado espacio simbólico de representaciones, interpretaciones y experimentaciones urbanas. La configuración de Santiago de Chile no es la excepción a la regla, su historia enseña también sobre el orden del bloque histórico capitalista-estatal que intenta cotidianamente maximizar la capitalización y el poder de algunos actores en la ciudad y al mismo tiempo fragmentar las resistencias que se levantan como respuesta y alternativa.
Semánticamente el tema de la presente edición de Hemisferio Izquierdo articula dos palabras que forman un concepto ampliamente utilizado en las últimas décadas y profundamente cargado de sentido. El derecho a la ciudad (Lefebvre, 2014). Sin embargo, más allá de conceptualizaciones paradigmáticas, cada uno de estos vocablos es un universo en sí mismo con sus propias especificidades y posibilidades de reflexión y, tanto la palabra derecho como ciudad representan una amalgama entre lo concreto y lo abstracto, teoría y praxis.
El derecho implica una cuestión paradojal. Es posibilidad de ejercicio en un momento y lugar determinados y, sin embargo, significa al mismo tiempo la delimitación de dicho ejercicio. Invocar un derecho permite algo y simultáneamente lo restringe. Una primera lectura entonces del derecho a la ciudad en la actualidad nos obliga a poner en tensión urbana los conceptos de poder y control. De ello se desprende la pregunta esencial sobre ¿quiénes ejercen el poder y el control en la ciudad? Pero volveremos sobre esto más adelante.
Una segunda cuestión implica tener presente que, aludir al derecho a la ciudad obliga asumir que alguien se encuentra privado o limitado de ejercerlo. De lo contrario no sería un problema pertinente ni siquiera en el mundo de las ideas, es decir, al momento que invocamos el derecho a la ciudad estamos asumiendo inmediata e inherentemente que hay quienes lo ostentan y quienes no, o que existen quienes lo ejercen en mayor grado que otros. En este sentido, el derecho a la ciudad estaría relacionado con las prácticas humanas en el espacio (Harvey, 2014). Ahora bien, dichas prácticas difieren y, aquel que ostenta un mayor grado de derecho a la ciudad tiene o tendría una experiencia diferente que aquel que ostenta un menor grado de derecho a esta. Este punto es central respecto de lo que se denomina como “imaginación geográfica” (Harvey, 2014), es decir, la conciencia del individuo –aquel sujeto de derecho a la ciudad- y cómo este comprenderá el papel del territorio en su vida y el rol del “espacio y el lugar en su propia biografía” (Harvey, 2014, p 17). La desigualdad en el acceso al derecho a la ciudad sería entonces consustancial a una desigual experiencia en la ciudad. Desde esta perspectiva, una pregunta relevante es si ¿la imaginación geográfica de la mayoría de la población urbana latinoamericana que vive la pobreza, la marginalidad y la violencia puede ser similar a la de las élites del bloque histórico dominante actualmente y que tiene la potestad de tomar decisiones sobre la ciudad?
De aquí se salta entonces desde un foco vivencial o experiencial a uno de corte estructural que se centra fundamentalmente en uno de los conceptos esenciales para las ciencias sociales, el estado de derecho y el devenir histórico del capitalismo mundial. Nos referimos aquí a la propiedad privada. No obstante, el principal dilema de la propiedad privada en nuestro continente es que gran parte de la población de América Latina se encuentra económicamente privada de la propiedad, de lo cual se deriva un segundo aspecto relevante desde hace siglos. La renta de la tierra.
La renta de la tierra ha sido una de las piedras angulares del análisis para el pensamiento crítico contemporaneo (Harvey, 2014; Lefevre, 2014), pero lamentablemente –a juicio de quien escribe- se ha asentado mayormente en el campo de los estudios urbanos, dejando de lado muchas veces los efectos sociales, políticos y económicos que en sentido amplio se derivan de esta. Antes del profundo análisis de Marx al sistema capitalista, algunos pensadores ya fijaban su mirada en la rentabilización que se podía obtener de la tierra y en el cómo se podía maximizar sin mediar cuestiones morales (Smith, 2013[1776]; Malthus, 1946[1820]), señalando que su tendencia era hacia un precio de monopolio (Smith, 2014, p 210). Hoy, la renta de la tierra mantiene la premisa de que su valor de cambio es el máximo que pueda obtener quien ostenta su propiedad, y dicho valor está cada vez menos determinada por dinámicas de orden productivo y cada vez más por dinámicas de orden especulativo.
Santiago de Chile: desarrollo urbano o derecho a la ciudad
Generalmente existe una amplia tendencia que asocia la palabra desarrollo con cuestiones positivas. Afortunadamente hoy existe claridad y consenso respecto de que el planeta tierra es finito, sin embargo, tras el desmembramiento forzado y violento del cuerpo social y, con el inicio del neoliberalismo urbano en Chile, cuya inauguración está dada por la promulgación de la Política de Desarrollo Urbano (1979) de la dictadura militar chilena (1973-1990), se estableció un modelo de desarrollo urbano que señalaba en su espíritu que (i) el suelo urbano no es un recurso escaso; (ii) el uso del suelo queda definido por su mayor rentabilidad; (iii) la concentración espacial de la población genera ventajas comparativas para el desarrollo de las actividades económicas y sociales; (iv) el uso del suelo urbano debe regirse por disposiciones flexibles, definidas por los requerimientos del mercado; y por último, (v) al Estado le corresponde proteger el bien común (MINVU 1979, p 16-17). Cabe destacar que los puntos anteriores no fueron promulgados por una asociación empresarial, sino por el contrario, es el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) el que introduce en su espíritu urbano la rentabilidad económica de la ciudad, dejando al siempre ignorado bien común asentado por debajo de las injustas pero respetadas leyes del mercado. Sin embargo, apuntar al MINVU por una política como la descrita sería como culpar a los estudiantes por el funcionamiento del programa educativo de la escuela. Las contrarevolución y las políticas neoliberales exportadas desde Chicago (Dezalay y Garth, 2002) y aplicadas por los estados en América Latina no han sido resorte de esos estados, sino más bien un diseño que estuvo y está muy por sobre ellos en las instituciones financieras internacionales y sus requerimientos.
La Política de 1979 literalmente despojó una vez más, a los actores sociales de todo derecho a la ciudad que no estuviese mediado por el dinero y consolidó una ciudad segregada socioespacialmente (Sabatini et al, 2017, 2008, 2006) con un cono de alta renta donde obviamente se ubican las élites y que concentra los mejores índices de calidad de vida derivados de la mejor infraestructura (educación, salud, etc), mayores y mejores áreas verdes, mejores flujos de conectividad (entre otros elementos) y por ello, los mayores valores del suelo (PUC-CChC, 2018) que -como conclusión obvia-, solamente algunos pueden costear. La mano invisible de la oferta y la demanda robusteció una política de vivienda social en la periferia (y actualmente en los extramuros), delimitando no sólo dónde se ubica cada cual y bajo qué tipo de techo duerme, sino también, determinando su posibilidad y su ejercicio del derecho a la ciudad, ya sea en la privatópolis o en la precariópolis (Hidalgo, Borsdorf y Zunino, 2008). En este sentido, en los últimos años, los propios desarrolladores inmobiliarios han (re)colonizado la periferia con viviendas para la clase media y alta (Lukas, 2017), haciendo mutar socioespacialmente una vez más la rentabilización de la ciudad y profundizando la mercantilización del desarrollo urbano (De Mattos, 2008). De lo anterior se desprenden naturalmente las preguntas ¿podemos entender fragmentariamente el derecho a la ciudad como un derecho a ciertas zonas en la polis?, ¿cuál es el derecho a la ciudad de Santiago?
La deuda juega un papel de importancia crucial en la actualidad (Lazzarato, 2015; Graeber, 2011), y Santiago de Chile no es la excepción. Hoy en día, más de un cuarto de la deuda total en Chile corresponde a créditos hipotecarios (Banco Central de Chile, 2018), es decir, sujetos de derecho a la ciudad que deben endeudarse para optar a ser propietarios de un lugar en la ciudad. De esto se desprende una interrogante fundamental. ¿Es natural que alguien deba endeudarse con la banca para ejercer un derecho?. Un segundo aspecto relevante es la necesidad de señalar que contratar un crédito para optar a una vivienda implica que aquel sujeto que contrata este “servicio” no será propietario hasta el momento en que concluya con la totalidad de su pago, por lo cual, la concentración en la estructura de propiedad de la ciudad queda en un cierto estado de indefinición, en el que la propiedad privada inicia su operación en el abstracto mundo de las finanzas y en el que la propia deuda es una mercancía transable. Un claro e irrefutable ejemplo de esto fue la crisis subprime del 2009 en la que carteras completas de deudores iban cambiando de acreedor a la velocidad que sólo el mercado financiero de capitales puede avanzar. Beneficios privatizados y perdidas socializadas.
¿Dónde se encuentra la deuda de los chilenos?, ¿Es realmente el desarrollo inmobiliario una forma de desarrollo urbano?
El modelo actual de desarrollo urbano en Chile es altamente fragmentario y aleatorio. Cada uno de los cincuenta y dos (52) municipios tiene la potestad de fijar su propio Plan Regulador como instrumento de planificación y gestión territorial. Autoridades con periodos electorales de cuatro años fijan las políticas con escasa integración e interacción entre los gobiernos municipales. El resultado es una (des)planificación segmentada y fraccionaria del funcionamiento de la ciudad que se mueve en gran medida según las rentabilidades del suelo. El patrón urbanístico persigue la densificación como una verdad revelada del proceso de acumulación y, los guetos verticales proliferan conforme lo permiten la normativa vigente o la inexistencia de esta. Allí donde no existen trabas hay mayor proyección. La ley del más fuerte opera en los desarrolladores inmobiliarios, que rentabilizan privadamente la plusvalía social de la ciudad. El poder de estructurar la ciudad está en manos de unos pocos con el capital suficiente para financiar(izar) su propio modelo de desarrollo urbano en el que la desigualdad abunda, la calidad de vida se paga, los bienes comunes son expoliados y el control se ejerce mediante el crédito y el consumo. ¿Porqué el Estado de Chile tiene la potestad de hacer solamente lo que la ley explícitamente le permite?, ¿Porqué los privados pueden hacer todo aquello que la ley no prohíbe?. Tomando estas últimas preguntas y desde la perspectiva de la economía (disciplina que goza de amplio prestigio en la actualidad) diríamos que evidentemente existe un importante incentivo a la creatividad privada.
Todo lo anterior nos lleva a poner en tela de juicio la visión de derecho a la ciudad en Santiago de Chile, en tanto, allí donde unos pocos desde sus oficinas (privadas y públicas) tienen la capacidad de determinación sobre la vida de muchos otros en la ciudad, salimos del campo del derecho para entrar rápida y tristemente en el campo del privilegio.
Bibliografía
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