Ilustración: Rogelio Naranjo.
La vivienda es el espacio primario de (re)producción de la vida. Es allí donde descansamos, cocinamos, jugamos, brindamos por un año nuevo, nos resguardamos del clima o de algún dolor. Es también el barrio y sus dinámicas, la feria semanal, la parada del ómnibus y los recorridos que andamos, la escuela a la que fuimos, la plaza o aquel espacio en que nos encontramos con otras/os. Los olores y ruidos, el paisaje que nos rodea. La forma de habitar y su anclaje territorial nos atraviesa la vida entera y condiciona las posibilidades de desarrollo y disfrute de la vida misma. Y no es cierto que elegimos, o es parcialmente cierto. Podemos elegir sólo dentro de aquello que podemos pagar porque la vivienda en este sistema es, sobre todo, mercancía. El metro cuadrado cuesta 1.900 dólares en Palermo, 1.800 en Pocitos, 1.300 en La Unión y 900 en Villa Española[1]. De las líneas de montaje Pensar en el bienestar de las personas exige focalizar en la forma de provisión de aquellos elementos esenciales para la vida. Si la provisión es a través de la compra en el mercado, sólo podrán acceder aquellas personas que cuentan con el dinero suficiente (o la posibilidad de obtener un crédito). Por el contrario, si desde el Estado se ofrecen estos elementos de forma universal y gratuita, se garantiza su acceso a toda la población. Pueden también ensayarse formas híbridas, en las que el Estado o bien regule lo mercantil o bien brinde estos elementos en condiciones más favorables a las del mercado. A diferentes niveles, el Estado opera (des)mercantilizando ciertas áreas del bienestar. Sin embargo, mucho de lo que necesitamos para vivir ni lo provee el Estado ni podemos comprarlo en el mercado (el salario no alcanza para tanto). Es en la vivienda que se resuelven muchos de estos elementos, la vivienda es un espacio de producción. Allí se cría y cuida de las/os más pequeñas/os (la futura fuerza de trabajo). Se cocinan aquellos alimentos comprados en el mercado, se lava la ropa, se limpia e higieniza la casa para cuidar la salud y otros tantos menesteres. Sin todo ese despliegue de trabajo no podríamos estar en condiciones de brindar al capital nuestra mano de obra. En la vivienda se produce la fuerza de trabajo, es allí donde comienza la línea de montaje (Federici, 2018)[2]. El capital necesita mano de obra, por tanto, también necesita que exista un conjunto de viviendas donde ésta resida y se (re)produzca. Así se han conformado las grandes ciudades, la concentración del capital productivo requiere también la concentración de la mano de obra y de los servicios urbanos. El asunto es que la vivienda encierra una de las grandes contradicciones del capitalismo[3] : es al mismo tiempo un valor de uso (una necesidad social de primerísimo orden) y un valor de cambio (una mercancía que se compra y vende en el mercado). En tanto mercancía, la vivienda es producida para ser vendida (claro que si no tuviera un valor de uso nadie la compraría). Ese es el modus operandi de la producción mercantil, los bienes no se producen para satisfacer necesidades, se producen para ser intercambiados en el mercado. Y como toda mercancía, para acceder a ella hay que poder pagarla y para pagarla hay que tener dinero. La mayoría de la población obtiene ingresos vendiendo su fuerza de trabajo. Esa es la esencia de la producción mercantil capitalista: la capacidad de trabajar se convierte también en mercancía. Y se intercambia en el mercado a cambio de un salario[4] . Esta es la forma de obtener dinero del 70 por ciento de las personas que trabajan remuneradamente en Uruguay. Si el problema de la vivienda es que se produce para ser vendida y no para satisfacer la necesidad de habitar, tenemos que pensar en al menos tres aspectos: cómo y quiénes producen esa mercancía tan necesaria, por qué no podemos comprarla y cómo resolvemos el asunto si no podemos comprarla. Vayamos por la primera. De la vivienda como mercancía Veamos a grandes rasgos cómo se produce la vivienda mercantil y qué actores intervienen (luego veremos que existen otras formas de producción). El capital de promoción diseña un proyecto inmobiliario y compra el terreno sobre el que se va a desarrollar, a veces con fondos propios, otras tomando crédito. Luego, una empresa constructora realiza las obras. Para comercializar esas viviendas intervienen las inmobiliarias y los capitales rentistas (que compran para alquilar). Como la vivienda es un bien muy caro, en general para lograr la venta se requiere financiamiento, por lo que se incorpora el capital financiero dando créditos hipotecarios. Muchas veces alguno de estos agentes realiza varias de estas funciones. El motor de todos ellos es obtener ganancias, por tanto, este ciclo se inicia siempre que estimen rentable llevarlo adelante (Topalov, 1987). En la ecuación económica que se realiza para evaluar la rentabilidad de esta producción, la localización -el suelo urbano- cobra un rol muy importante. El precio de venta de la vivienda está muy ligado a su ubicación espacial, dos construcciones idénticas tendrán precios diferentes según su localización. En las ciudades esto se expresa con claridad, importan los servicios urbanos y la calidad de los mismos (pensemos por ejemplo en el transporte), lo paisajístico (no es igual estar a unas cuadras de la rambla que de una curtiembre) y también lo simbólico (no es lo mismo Carrasco que Flor de Maroñas). No es casual que la zona con más densidad de población y de vivienda[5] sea la faja costera que va de Punta Carretas a Buceo. Zona de altos ingresos donde se ha concentrado la producción mercantil inmobiliaria. Pero la vivienda no sólo es objeto de este proceso mercantil. La búsqueda de rentabilidad lleva a sofisticar los métodos de valorización del capital y las finanzas son la punta de lanza de esta nueva fase capitalista. La vivienda mercancía también está sirviendo como vehículo de expansión financiera a través de los mercados secundarios de hipotecas. Lo que se conoce como “financiarización”. Esta es una de las formas renovadas de avance del capital sobre la vida. Sino recordemos las miles de ejecuciones hipotecarias en la crisis financiera de Estados Unidos y Europa del 2007-2008. Del por qué comprarla no es para todas/os La remuneración de la fuerza de trabajo no guarda relación con las necesidades concretas de las personas, no se estructura a partir de ellas. El salario se fija para garantizar la continuidad y reproducción de esas personas en tanto mano de obra. Y hay necesidades que no quedan contempladas, aunque sean imprescindibles. Si estuviera previsto que el salario alcance para todo sería impensable que el salario mínimo en Uruguay fuera de apenas 13.430 pesos (nominales). La vivienda es un bien especialmente caro, que se consume durante muchos años (quizás toda la vida) y el salario sólo contempla el consumo presente de este bien. Los capitalistas no están dispuestos a costear las necesidades no inmediatas de trabajadoras y trabajadores (salud, educación, vivienda) ya que estas no se pueden asignar a sólo un período de venta de la fuerza de trabajo (Topalov, 1987). Ésta es comprada por períodos muy breves de tiempo, de hecho el salario se paga mes a mes (en general) y nada garantiza tener empleo al mes siguiente. En la fase actual del capitalismo esto se ha agravado aún más con la creciente tercerización, precarización y flexibilización de los contratos laborales. Claro que no es igual para todo mundo, algunos sectores han logrado que se reconozca en su remuneración estas necesidades, hay salarios que alcanzan para mucho (pensemos en los cargos profesionales o la alta gerencia). Esto se expresa en cuáles son aquellos hogares que han logrado comprar ese bien tan caro. En Uruguay[6] menos de un 30 por ciento de los hogares de menores ingresos es dueño de la vivienda y el terreno que habita, mientras que llega casi al 70 por ciento entre los de mayores ingresos. Hablamos de ingresos y no de riqueza porque la riqueza (y la pobreza) no es sólo ingreso. La riqueza tiene varias fuentes, la inmobiliaria (tierra y vivienda) es la predominante y Uruguay no escapa a esto[7] . Una vez que la vivienda es adquirida, además de ser un valor de uso es también un activo, un depósito de valor. Otro mecanismo de acceso a la vivienda sin tener que comprarla es a través de la herencia. La herencia es un mecanismo de transmisión patrimonial de una generación a la otra y es también fuente de transmisión de desigualdades. Una investigación reciente para Uruguay señala que de la riqueza total un 30 por ciento es heredada y que la concentración de ésta es especialmente alta (el 10 por ciento más rico se apropia aproximadamente del 76 por ciento de la riqueza heredada)[8] .
De los desbordes En ciertas zonas el dinero no da para tanto y tampoco hay mucho que heredar. Pero vivir hay que vivir y para eso se necesita un espacio que habitar. Entonces aparece la producción no mercantil, la que se realiza con miras a satisfacer la necesidad: la producción social. La lógica de la necesidad despliega, forzosamente, creatividad. Esta ha sido y sigue siendo la forma en que muchos de los sectores populares resuelven el problema de la vivienda. Las llamadas favelas, barriadas, villas miseria, chabolas, cantegriles. Espacios urbanos precarizados en los que se sostiene la vida de millones de personas. En Uruguay ahora se denominan “asentamientos irregulares”. ¿Irregulares de qué? De la propiedad legal de esos terrenos y de las normas urbanísticas. Y a la vez carentes de infraestructura y servicios urbanos y sociales. Allí viven más de 160.000 personas. Algo así como tres estadios Centenario (o tres show completos de Paul McCartney). Esa es quizás la faceta más nombrada de la autoproducción, porque concentra en el territorio múltiples carencias. Pero también se generan nuevas construcciones precarias dentro de la trama urbana “formal”: nuevas piezas, casas al fondo, densificación en altura. Expresiones dispersas de la precariedad habitacional en zonas degradadas de la ciudad “formal”. La vivienda ajena Ahora bien, para resolver la necesidad de vivienda la tenencia en propiedad no es la única forma y quizás, ni siquiera la mejor[9] . Otra forma muy utilizada es la de vivir en una casa ajena ya sea, pagando una renta (alquiler) o, sin pagarla (alguien nos presta la casa[10]). En Uruguay ambas formas son usadas por cerca de un quinto de los hogares. En Montevideo estas proporciones son un poco distintas, los hogares que alquilan llegan a casi un tercio mientras que los ocupantes “gratuitos” son cerca del 12 por ciento. En tanto que los primeros se concentran en las áreas centrales de la ciudad, los segundos lo hacen en las periferias[11]. Vale señalar que aunque tenga tanta prensa, la ocupación “ilegal” de viviendas apenas llega al 1 por ciento[12] . Esto demuestra que en Uruguay se respeta mucho el derecho de propiedad, más que el derecho a la vivienda, aunque ambos estén consagrados en la Constitución. Alquilar quiere decir que se paga todos los meses una renta para tener el derecho a habitar esa vivienda. Esa vivienda que es para el propietario un bien de inversión. En el mejor de los casos esto se realiza bajo un contrato que ofrece garantías a ambas partes, aunque ciertamente la garantía más exigente es la de demostrar que se puede pagar esa renta. Por eso alquilar se convierte en un problema para aquellas personas que trabajan informalmente (todavía el 25 por ciento de las/os trabajadoras/es). A eso se suma el precio que se paga. En nuestro país, en la última década el precio de los alquileres ha subido más que el índice general de precios e, incluso, más que el salario[13] . ¿Qué significa esto? Que una parte del aumento salarial es apropiada por los tenedores de vivienda para alquiler. En un momento de suba de los salarios reales, el salario pierde poder de compra en términos de vivienda. Una de cal y otra de arena Hasta ahora no se discutió el rol del Estado en relación a la vivienda pero, quedó evidenciado que no ofrece este bien de modo universal y gratuito. Ahora bien, la lógica de la necesidad también debería desplegar la creatividad estatal. Urge que se ensayen formas de (des)mercantilizar el acceso a la vivienda. Vivienda pública de alquiler, regulación de alquileres privados, financiamiento y subsidio a la producción no mercantil, son algunos ejemplos. Más allá de la variedad de intervenciones para que éstas no sea marginales se requieren recursos (destinar menos de medio punto del PIB parece bastante poco). El asunto es que el Estado no es una institución monolítica que procura el bienestar de la población más desprotegida. Condensa la puja de intereses de actores que quieren cosas bien distintas de su intervención (y hay actores con mucho poder). En relación a la vivienda, la población trabajadora querrá que el Estado intervenga (des)mercantilizando este bien imprescindible. Esto, en la medida que reduce el costo de (re)producción de la fuerza de trabajo, es también beneficioso a los capitales no inmobiliarios. De otro lado, los capitales inmobiliarios, querrán que el Estado genere mejores condiciones para valorizar su capital. De nuevo la tensión entre la vivienda como valor de uso y la vivienda como valor de cambio. Estas pujas se expresan en la intervención concreta que realiza el Estado. Si analizamos las políticas uruguayas del último decenio vemos con claridad estas configuraciones. Las dos intervenciones públicas de mayor porte son casi que antagónicas. De un lado, se ha dado financiamiento y amplia promoción al sistema cooperativo[14] , sistema no mercantil de producción colectiva de vivienda (se garantizan derechos). De otro, se han concedido cuantiosas exoneraciones fiscales[15] para incentivar la producción mercantil de las mal llamadas “viviendas de interés social” (se garantiza la valorización del capital). Ambas producciones necesitan de suelo urbano para realizarse y ese suelo es mayormente privado (mercancía). ¿Qué ocurre entonces con el precio de ese suelo? Este es, quizás, de los aspectos más descuidado de las políticas públicas. (Des)privatizar Hay variadas formas de producir vivienda y de acceder a ella y no todas encierran las mismas bondades. Quizás lo que ocurre es que no estamos viendo las consecuencias de que la vivienda sea una necesidad que se resuelva en el ámbito privado de cada quien. Las consecuencias de que este espacio vital sea mercantilizado: personas viviendo en casas de chapa, sobre suelos contaminados, en casas sin terminar, en territorios urbanos precarizados. Migrantes que buscan desesperadas/os dónde vivir, mujeres violentadas que no pueden separarse porque no alcanzan a sostener un alquiler, familias que no saben dónde ir luego que el contrato vence y el alquiler se dispara. El capitalismo tiene la bestial fortaleza de generar sucesivas divisiones entre las personas. Y esas divisiones son también territoriales. Crea la ilusión de que si nos esforzamos mucho, avanzamos escalones. Disfrutando nuevos placeres; deseando cada vez más, “necesitando” cada vez más. Cada vez más lejos. Y desde lejos no se ve.
Mariana García Grisoni es economista, integrante de la cooperativa COMUNA.
Notas
1. Instituto Nacional de Estadística (2017): Indicadores de actividad y precio del mercado inmobiliario 2016. Precio promedio de venta del metro cuadrado en viviendas de propiedad horizontal de Montevideo. No hay datos desagregados del resto de los departamentos.
2. Silvia Federici (2018): El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo. Edición Traficantes de Sueños.
3. Puede verse esto con más detalle en David Harvey (2014): Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Contradicción 1: valor de uso y valor de cambio. Edición Traficantes de Sueños.
4. Si contemplamos también a las trabajadoras/es por cuenta propia (pequeñas/os comerciantes o productoras/es), esta cifra llega a casi el 95 por ciento. Aunque se trata de otras relaciones de producción, la más de las veces encierran precariedades similares a las del trabajo asalariado (o incluso peores por tener menos regulaciones). Datos tomados de MIDES-OPP Reporte Social 2017.
5. Datos tomados del Informe Censos 2011: Montevideo y Área Metropolitana de la Intendencia de Montevideo.
6. Datos tomados del Observatorio Social del MIDES.
7. Para ver las fuentes de riqueza y su concentración en Uruguay puede consultarse una nota de prensa sobre la tesis de maestría de Mauricio de Rosa. Disponible en: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/1/en-uruguay-la-mitad-de-la-poblacion-no-posee-riqueza/
8. En el semanario Brecha se publicó una nota sobre esta investigación realizada por Bruno Agustoni y Evelyn Lasarga. Disponible en: https://brecha.com.uy/el-hijo-de-fulano/
9. Recordemos que para comprarla la más de las veces se requiere de un crédito bancario de largo plazo (25 o 30 años) y esos créditos tienen como garantía la propia vivienda, por lo que si no se paga la hipoteca el banco tiene derecho al desalojo (la propiedad se obtiene recién al cancelar el crédito).
10. En las áreas rurales es muy común que se viva en casas provistas por los patrones. Aunque esto no implica el pago directo de un alquiler tampoco constituye que la vivienda sea un “préstamo” porque, de hecho, la vivienda es parte del pago por la fuerza de trabajo.
11. Datos tomados del Informe Censos 2011: Montevideo y Área Metropolitana de la Intendencia de Montevideo.
12. Datos tomados del Observatorio Social del MIDES.
13. Ambas mediciones tomadas del INE (Índice de Precios al Consumoe Índice Medio de Salarios).
14. El programa cooperativo es el que mayor peso tienedentro del presupuesto de vivienda. Datos tomados de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2017.
15. En 2017 las exoneraciones llegaron a casi dos mil millones de pesos. Para tener un orden de valores, esto es casi un treinta por ciento más que la inversión conjunta del Programa de Mejoramiento de Barrios, de las Relocalizaciones de viviendas y del Plan Juntos (datos tomados de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2017).