Ilustración: Guillermo Stoll
¿Qué se está jugando este año?
Este 2018 trae consigo instancias fundamentales para la dinámica de la lucha de clases en nuestro país. Pautados en el calendario institucional viene la instalación de la mayoría de las mesas de negociación colectiva de los Consejos de Salarios, así como la última Rendición de Cuentas de este período de gobierno que marcará la evolución presupuestal para los próximos dos años. Estas instancias son fundamentales, porque en ellas se determinan gran parte de las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Cuando en los Consejos de Salario se definen los niveles salariales, las asalariadas y los asalariados determinan la capacidad de acceder a los medios de vida que son provistos en el mercado durante los meses que duren los convenios. Cuando se define el presupuesto público, se está determinando la financiación de los servicios públicos (como educación o salud), por lo tanto se define qué servicios y en qué condiciones las trabajadoras y los trabajadores podrán hacer uso de ellos.
Se dice que estas instancias son parte de la dinámica general de la lucha de clases, porque en ellas se afecta la dinámica de acumulación de capital. Las conquistas de mejores niveles de salario real, mayores derechos laborales, y la mejor financiación de los servicios públicos tienen un efecto fuerte y depresor sobre la tasa de ganancia del capital a nivel económico, así como ayuda a fortalecer al conjunto de la clase trabajadora y al pueblo a nivel político.
Contexto económico político
Para poder entender estos dos episodios a los que nos hemos referido, es necesario atender la coyuntura económica, política y social que le sirve de contexto. A diferencia de la convocatoria a la ronda de consejos de salarios anterior (6ta ronda), la actividad económica medida a través de su principal indicador (el Producto Interno Bruto) da señales de mejora. A diferencia del año 2015 (cuando fue convocada la 6ta ronda) que el PIB se mantuvo prácticamente estancado (crecimiento del 0,5%), durante el año 2017 el producto creció un 2,7% (crecimiento similar al promedio histórico de la economía uruguaya). Otra de las variables que se han modificado entre la convocatoria de una ronda de negociación a otra ha sido la inflación. De pasar de tener tasas de inflación anual cercanas al 10%, esta variable cerró en diciembre de 2017 en un 6,55%.
Siguiendo la evolución de estas variables que son la punta de lanza de la propaganda oficial sería esperable tener unas pautas salariales para la negociación más beneficiosas para la clase trabajadora que las anteriores. Detengámonos un poco en ellas.
Los lineamientos de la séptimma ronda
Las pautas del Poder Ejecutivo para la 7ma ronda de consejos de salarios presentada en el Consejo Superior Tripartito de los privados el 13 de marzo de este año continúan con la misma lógica de aumentos salariales que la ronda pasada.
Se proponen acuerdos de 24 o 30 meses con ajustes semestrales (o anuales en caso de acuerdo de las partes en la negociación), con aumentos salariales diferenciales según la clasificación de los sectores en “Sector en problemas”, “Sector medio” o “Sector dinámico”. La clasificación de los sectores en la última ronda fue el primer punto a negociar, dado que se contaba con la autoclasificación de los mismos. Para esta negociación al parecer se establecerán ciertos criterios para poder definir la clasificación. Los niveles de aumentos salariales están pautados, y son decrecientes a largo del transcurso del convenio, el “Sector en problemas” tendrá aumentos del 6,5% anual el primer año, 6% el segundo año, y 5% el tercero. Los aumentos del “Sector medio” serán de 7,5% anual el primer año, 7% el segundo, y 6% el tercero. El “Sector dinámico” tendrá aumentos anuales del 8,5% el primer año, 8% el segundo, y 7% el tercero. En todos los casos los aumentos son nominales, independientemente de cómo haya evolucionado el poder de compra con los salarios.
Dado que la inflación a marzo de este año está presentando un comportamiento similar a la del año pasado (la inflación anual acumulada a marzo de 2017 era del 3,81% y la de este año es de un 3,9%), puede preverse que a diciembre su nivel sea cercano al 6,5%. Si los aumentos se dieran este año, implicaría que el sector en problemas no tendría aumento del salario real, el sector medio tendría del 1%, y el sector dinámico del 2%.
Una diferencia sustancial con las pautas de la ronda pasada, es el aumento salarial adicional que se destinan a los salarios más bajos (de hasta un 25% del Salario Mínimo Nacional por una jornada de 40hs semanales). Mientras que en la sexta ronda se preveían los aumentos según franjas de ingreso, en esta ronda se establecen aumentos diferenciales según la clasificación del sector donde se encuentren, siendo un aumento menor a los trabajadores con bajos salarios que se encuentran en un sector en problemas (aumento del 1%), que el aumento a los trabajadores con bajos salarios del sector medio (2%), o del sector dinámico (2,5%). A su vez, en caso de que haya una modificación del número de cotizantes del sector en más o en menos del 3%, se puede aumentar o reducir el porcentaje de estos aumentos un 0,5%. Por ejemplo, si un sector en problemas tiene una baja del 3% del número de cotizantes, el aumento adicional para los trabajadores y las trabajadoras con bajos salarios será del 0,5%. En caso inverso, de que aumente un 3% el número de cotizantes, este aumento será del 1,5%.
Para asegurar que al final del convenio el salario no pierda poder de compra, se proponen dos correctivos por inflación. Uno a realizarse a los 18 meses de entrado en vigencia el convenio, y otro al final. Estos correctivos serán por la diferencia entre la evolución de la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumo, y la evolución salarial. A su vez, si en los primeros 12 meses de entrado en vigencia el convenio, la inflación sobrepasa el 8,5% se activa la cláusula de salvaguarda que permite convocar nuevamente a la negociación. El Poder Ejecutivo establece a su vez, la posibilidad de que se adelante para ese momento el correctivo por inflación previsto para el mes 18, esto generaría que el próximo correctivo a otorgarse sería el correspondiente al final del convenio. Por último se establece una cláusula gatillo que si la inflación acumulada en los últimos 12 meses del año móvil es superior al 12%, se realizará un ajuste automático por la diferencia entre los aumentos salariales y la inflación.
Por otro lado en estas pautas se determina el nivel del Salario Mínimo Nacional en los próximos dos años. Este tendrá un ajuste semestral, pasando a ser $15.000 a partir de enero de 2019, $15.650 en julio de 2019, y $16.300 en enero de 2020.
Como último punto de esta pequeña descripción de los lineamientos, es necesario marcar un detalle que aparece en el documento del Poder Ejecutivo, pero que tiene una gran importancia simbólica. En la evaluación de la 6ta ronda, se establece que los lineamientos acordados en las mesas de negociación funcionó como piso en la evolución salarial, dado que el salario en la mayoría de los sectores evolucionó por encima. Para explicar este fenómeno, se resalta la importancia de las negociaciones bipartitas entre las empresas. Por lo tanto se hace explícito que la negociación tripartita por sector puede tomarse tan sólo como una parte del proceso, siendo la negociación bipartita un ámbito clave para la negociación sobre el nivel salarial. Simbólicamente esto es muy importante, porque ayuda a jerarquizar un ámbito de negociación en el cual los trabajadores y las trabajadoras en general tienen menor fuerza y poder para la negociación.
En resumen, estas pautas plantean aumentos menores que las anteriores, incluso modifican la lógica de los aumentos adicionales a los salarios más sumergidos para profundizar el menor aumento. Si bien establecen mecanismos para poder empatar en determinados momentos del tiempo a la evolución de la inflación, en la práctica la dilatación de los períodos de ajuste funciona como un mecanismo desindexador, permitiendo una caída del poder de compra del salario de por lo menos 18 meses. El ajuste salarial por inflación, vuelve a poner al nivel inicial la relación entre el salario y el conjunto de los precios de la economía, pero no le devuelve al trabajador o la trabajadora todo lo que perdió en términos de poder de compra en el medio.
Si las anteriores pautas se justificaban en una economía estancada con una inflación que debía ser abatida, ¿por qué ante una supuesta vuelta a una senda de crecimiento, y una reducción de la inflación se profundizan las lógicas anteriores para la determinación del salario? Una posible respuesta sería que los problemas del empleo en la economía no han mejorado, (a propósito, en estas pautas se repite textualmente la justificación sobre el mantenimiento del nivel de empleo que aparecía en los lineamientos anteriores). De hecho tanto el desempleo y el subempleo han aumentado, y han descendido las horas trabajadas y el personal ocupado. La relación entre salario y empleo es compleja. Si bien desde un punto de vista agregado se pueden ver períodos en que se conjugaron aumentos de empleo con aumentos de salario (por ejemplo desde 2005 hasta 2015), a nivel microeconómico y de decisiones concretas de las empresas la relación es más difícil de establecer porque dependen otras variables, nivel de actividad actual y esperado, grado de preparación del personal y el costo de formar nuevo. Continuando con la línea de razonamiento anterior, es pertinente preguntarse por qué a pesar de un mayor nivel de actividad agregada, menor inflación, pautas salariales diseñadas para evitar grandes aumentos del salario real y cuidar la competitividad de las empresas, continúa siendo un gran problema en nuestra economía el empleo, al punto de que sea necesario diseñar lineamientos más regresivos que los anteriores.
La lucha de clases
Una de las posibles respuestas a esta situación, podría hacerse mirando los fundamentos de nuestro modelo económico. En particular, como modelo primario exportador, debería recordarse que los principales precios de las materias primas exportables continúan en menores niveles que años anteriores. Esto significa que se procesa una disminución de la renta agropecuaria extraordinaria captada a través del comercio internacional, y con ella una disminución de la tasa de ganancia del capital en general.
Desde el punto de vista económico, puede suponerse que al ser menor la renta esperada (y consecuentemente la ganancia), sea menor el incentivo a la inversión por lo tanto pueda explicarse así la reducción de esta variable el año pasado de cerca del 14%. Esta situación también afecta a la inversión extranjera directa, que a nivel internacional (producto de la situación con los precios internacionales de los productos primarios) ha redirigido sus flujos hacia las economías dominantes (eso sí, continuando el reenvío de utilidades de la periferia hacia los países centrales). Estos procesos pueden verse desde el punto de vista de la clase trabajadora en el cierre de fábricas, el aumento del desempleo en la construcción o la manufactura, o la creación de empleos de menor calidad.
Esta caída en la rentabilidad del capital local, ha provocado la emergencia de un bloque social burgués. Esto es, un movimiento social comandado por la oligarquía (las cámaras empresariales), pero que arrastra el apoyo de pequeños capitales (sobre todo del medio rural y comerciantes), y se aglutinó bajo la etiqueta de “Autoconvocados”, y ahora de “Un solo Uruguay”. A partir de enero de este año, el conjunto de movilizaciones que realizaron, tuvieron como trasfondo la pérdida de rentabilidad. Así como en las rondas pasadas las principales cámaras empresariales se juntaron bajo una estructura llamada “Confederación empresarial” para promocionar sus propuestas programáticas, esta vez los mismos actores volvieron a colocar su programa colocando el salario como uno de los principales problemas de la competitividad del país. Otros actores, aprovecharon el momento para volver a cuestionar el modelo de relaciones laborales en el Uruguay, recayendo entre otras cosas entre una supuesta “inflexibilidad” para la contratación y el despido de trabajadores.
Las movilizaciones que se suscitaron desde enero, también llamaron la atención sobre dos cosas. La primera es lo vulnerable del modelo económico desarrollado en los últimos 15 años ante el contexto internacional. Esta vulnerabilidad no es nueva, y no es solamente el producto de la apertura de nuestra economía, sino del tipo de especialización productiva de nuestro país. Por otro lado, también llamó la atención sobre la concentración de poder fáctico que reside en el medio rural, que tanto puede ser capaz de detener su producción desabasteciendo las exportaciones, al sector turístico, o a la población en general, como de realizar cadenas de televisión y radio para que les transmitan sus actos. Estas llamadas de atención, deberían presionar sobre un cambio en la matriz productiva de nuestro país, pero que no solamente atienda a los sectores productivos, sino a los agentes que en ellos se desarrollan. No es sostenible una estrategia de cambio en la matriz productiva en alianza a la burguesía local.
Cuando la actividad económica está en alza, los capitales de la industria colocan su excedente en el sector agropecuario como si fuese una inversión financiera profundizando la especialización productiva del país, en lugar de invertir en maquinaria, cambio técnico o en la creación de nuevos sectores. En momentos de decaída económica presionan sobre los trabajadores y el Estado para bajar salarios, reducir el gasto público, o conseguir subsidios y reducciones impositivas y tarifarias. Por un lado dicen que son patriotas hinchas a muerte de la celeste, y se embanderan en todos los eventos públicos, pero a la hora del mundial apuestan por otros países en las pencas, colocan su dinero en bancos del exterior, y defienden sus intereses en detrimento del bienestar de la mayoría de sus compatriotas.
Nos quieren dejar sin nada, ahora lo queremos todo
El análisis anterior nos lleva a concluir que vivimos un aumento de ofensiva del capital. Esto puede verse localmente, o regionalmente con la situación que aqueja tanto al pueblo argentino como el brasileño. Una de las conclusiones que pueden sacarse de nuestros vecinos, es que en momentos de agudización de las contradicciones, recular es darle pasto de comer a las fieras. Es preciso retomar la ofensiva organizativa y programática más allá de las instancias concretas que se nos vienen encima.
Para retomar la ofensiva programática, propondría empezar a considerar el salario y los problemas salariales no solamente desde el punto de vista de la retribución regular que cobran los trabajadores y las trabajadoras en situación de dependencia a cambio de su trabajo. Sino que mirar el tema salarial, como el problema del acceso integral a los medios de vida necesarios para poder tener una vida digna. En términos criollos, mirar al salario no como un problema de la plata a fin de mes, sino como todas aquellas cosas que necesitamos para vivir, desde como poder tener un kilo de arroz, hasta atención de salud de calidad, pasando por tener el acceso a agua limpia, espacios para socializar y recrearse, o moverse a través del transporte público.
En este sentido, es de importancia estratégica unificar la lucha por el salario directo que se da mayormente en los consejos de salarios, con la lucha de la rendición de cuentas que define mayormente qué servicios públicos, y en qué condiciones puede acceder el pueblo. Esta proposición no es menor, dado que solamente mediante la combinación de estas áreas, es posible pensar una vida donde cada vez menos problemas se resuelvan a través del mercado. Ejemplo de ello son la salud, la educación o la vivienda (esta última teniendo como ejemplos las cooperativas de vivienda donde se establece el uso y goce y la propiedad colectiva, al contrario de la propiedad individual).
Otro de los ejes debería ser trabajar sobre el salario diferido. Esto es, sobre el salario generado durante los años de trabajo pero que se recibe luego bajo la forma de jubilación o pensión. En particular es necesario pensar en una reforma de la seguridad social donde se suprima el lucro de las administradoras privadas sobre las jubilaciones, a la vez que se cree un sistema donde el privilegio de ciertos sectores sociales como los altos cargos militares retirados, generen déficits en el sistema.
También es necesario vincular la lucha con organizaciones populares que trabajan sobre el consumo, e intentan combatir el negocio especulativo que se realiza con los bienes de subsistencia básica por parte de las grandes superficies. Es necesario para poder disfrutar de los medios de vida trabajar sobre los problemas ambientales, en especial sobre cómo el mercado puede deteriorar nuestros bienes públicos. Un caso actual se está definiendo en la campaña impulsada por la Federación de Funcionarios de OSE para derogar la ley de riego.
Por último es necesario trabajar sobre cómo llevamos adelante nuestra vida por fuera de las estructuras del mercado. Cómo reconocer, organizar y repartir al trabajo que no es remunerado, que atiende a las tareas necesarias para la reproducción de la clase, y recae casi en su totalidad en las mujeres.
Estamos en tiempos complejos donde es necesario ser definidos y determinados. Demos el primer paso.
* Economista, integrante de Cooperativa Comuna