Ilustración: Ernesto Flores Escareño
Así, votar o no votar es casi la misma cosa. Pues abstenerse de votar, en efecto, es confirmar la nueva mayoría, sea cual sea que resulte ésta. Pero hagamos lo que hagamos, en este sentido de votar o no votar, no habremos logrado nada si al mismo tiempo no luchamos, es decir, si no luchamos desde ahora en contra del sistema de la democracia indirecta, que nos reduce deliberadamente a la impotencia, si no luchamos tratando cada uno, según sus recursos, de organizar el vasto movimiento antijerárquico que hoy mismo desafía y pone en cuestión, en todos lados, a las Instituciones.
Jean-Paul Sartre, Las elecciones, una trampa para bobos
El descrédito que enmarca los procesos electorales en las llamadas democracias liberales no es sólo una cuestión de método, sino que está directamente implicado en la función que éstos tienen como régimen político de acumulación de los poderes económicos. No hay un hilo negro que descubrir en el funcionamiento de los regímenes capitalistas en la geografía latinoamericana respecto al poco sentido que la categoría voluntad popular se refleje en las acciones de gobierno y mucho menos en dilucidar los niveles de pobreza y marginación que continúan existiendo aún cuando los experimentos neoliberales en franco declive intentan maquillar a través de las cifras macroeconómicas. Desde la historia reciente (y no tan reciente) de América Latina, hemos observado una serie de experiencias que hacen reformular los espacios de participación política que se tienen no como concesión sino como apertura obligada debido la movilización de los sectores trabajadores, en sintonía con los reacomodos de los sectores empresariales y financieros de la región; es decir, la dominación de los Estados latinoamericanos obedece a un aceleramiento de la polarización de clases sociales y, negar el carácter negociador de éstos sería un grave error que nos impondría una visión parcial del papel que la sociedad política ha jugado entre capital y fuerza de trabajo, sea para un lado o para el otro. Explicaré esto más a detalle en los siguientes párrafos.
Si partimos de la necesidad de un cambio revolucionario como premisa que ayude en la aprehensión de la realidad sociopolítica de Latinoamérica, es importante que el papel crítico hacia el Estado se mantenga presente, no sólo como una consecuencia teórica, sino como un algoritmo que debe ser inscrito en el funcionamiento sistemático de la lógica del capital en relación con la mónada neoliberal y el displicente epicentro político de los partidos políticos de izquierda en la región con respecto a la miseria y a los movimientos populares que han levantado su voz en las postrimerías del siglo XX e inicios del actual. La figura paternalista del Estado nacional como garante de la seguridad social de sus habitantes, como ente soberano en la decisión sobre sus recursos y, como se dijo líneas arriba, conciliador entre las clases propietarias y las clases trabajadoras, se ha reducido a un Estado policial ante las amenazas a la propiedad privada y el flujo mercantil, incluso en aquellos países donde se argüía la existencia de gobiernos progresistas.
La aparición de las llamadas ‘alternativas a la izquierda’ en América Latina, si bien algunas surgieron de movimientos sociales y populares, no tardaron mucho en asumir el papel conciliador y negociador como contención dirigida a las masas que les habían llevado al poder del Estado o que bien les habían defendido ante los ataques de grupos conservadores y empresariales al interior. La mascarada se debatió y restringió en las oportunidades que el sistema democrático liberal permitió y supo seducir a quienes ostentaron los cargos de administración legal; si bien se hicieron grandes enunciaciones de cambio insertando conceptos surgidos en las calles, la palabra perdió ante el contrasentido de la continuidad del despojo, la explotación, el desprecio y la represión; los capitales multinacionales siguieron interviniendo en las agendas públicas que autorizaron la explotación de los recursos naturales de la región en términos energéticos, de agro-negocios y minería. ¿Quiénes fueron perjudicados? Permanentemente los grupos más vulnerables, es decir, los sectores campesinos e indígenas de la región. Sin embargo, este tipo de gobiernos han dado oportunidad a que la vieja forma del asistencialismo, como marca registrada del llamado Estado de bienestar, se resquebraje ante la mirada de quienes en algún momento depositaron ahí su esperanza de justicia, libertad y democracia; aunque, por otro lado, también han sabido realizar su papel en la cooptación de organizaciones, sindicatos y uno que otro, en su momento, movimiento social. El Estado es un subsistema dinámico que, si bien es determinado desde el sentido del capital, debe asumirse como receptor del conflicto qué este provoca y generar espacios de respiro que permitan reacomodar los procesos productivo y acumulativo, subsumiendo a la sociedad política que se sienta en la silla; cuando en realidad se comienza a afectar esto, entonces no hay otra salida que la fuerza y la violencia reaccionaria como se registró, por ejemplo, ante el gobierno de la Unidad Popular en Chile de 1973.
Ante todo este panorama, ¿cuáles han sido los momentos que México ha tenido para poder hablar de alternativas, no digamos revolucionarias, sino políticas siquiera? No es tan difícil evidenciar que el partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo bien su tarea de desarticular a los sectores trabajadores y campesinos por varias décadas tras el proceso de la Revolución Mexicana. Las centrales obreras y campesinas funcionaron como apéndices del aparato de estado y desde ahí las diferentes agendas públicas contaron con la complacencia de sus dirigentes, aunado a la represión constante de la oposición política, tanto de izquierda como de derecha. Sí, aunque parezca extraño, el PRI logró ser una entidad política que en sí misma se podía posicionar tanto a la derecha como a la izquierda según el ritmo de las coyunturas nacionales e internacionales; un partido que regresó al Poder Ejecutivo en 2012 tras dos sexenios de supuesta alternancia democrática encabezada por el derechista Partido de Acción Nacional, que sólo agudizó las políticas de privatización y desencadenó una guerra sin cuartel so pretexto del narcotráfico, haciendo posible la política de seguridad hemisférica establecida en el Consenso de Washington.
Para entender el modo que se configura en la propuesta del Concejo Indígena de Gobierno, como han señalado los zapatistas, es necesario acudir y reconocer la genealogía, tanto del poder que domina, como de aquel contrapoder que busca la liberación y que en el siglo XXI dan cuenta de su cualidad adaptativa en la construcción de vasos comunicantes y de acción en la lucha por la vida desde abajo.
El zapatismo y el reto de hacer otra política
Si la historia tiende a ser el discurso de los vencedores, la memoria es brasa que evita que el fuego de la resistencia se apague, es la palabra de los pueblos que han creído vencidos una y otra vez, pero demuestran que existen porque luchan para ello. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fundado en 1983 ha hecho del rasero a contrapelo de la historia su bandera, ha dicho basta y puesto en jaque a un sentido común de lo que la política y la modernidad representaba en las manos del sistema capitalista; no es extraño que ellos mismos han sabido identificar sus momentos entre “el fuego y la palabra”. Sin embargo, ¿qué implicaciones ha tenido su aparición pública en el escenario político y social del país? ¿Cuáles son los aprendizajes que ha heredado y que siguen construyendo a diario en sus territorios y con sus iniciativas? ¿Cómo han redefinido el campo del poder y el contrapoder en un sentido amplio de la democracia, la libertad y la justicia en tiempos de supuesta obsolescencia de la revolución anticapitalista? Dar respuesta a estas interrogantes es sólo tarea de los mismos zapatistas, sin embargo, trataré dar una mirada de lo que a quien ahora escribe le ayuda a comprenderse en el proceso histórico que vive México en la actualidad.
Para el año de 1992 ocurren dos actos significativos como preparativo de la insurrección indígena del ’94: Carlos Salinas de Gortari propone reformar el Artículo 27, buscando eliminar las formas de propiedad colectiva de la tierra (comunal y ejidal), como elemento substancial para la aplicación del TLC-AN a firmarse el siguiente año; y, el 12 de octubre, centenares de indígenas mayas de Chiapas salen a las calles de San Cristóbal de las Casas y destruyen a martillazos la estatua del conquistador español Diego de Mazariegos. En el primer caso, se planteaba la sentencia de muerte para los pueblos originarios; en el segundo, se dejaba ver una estructura organizativa de resistencia indígena que seguía en la clandestinidad de la Selva Lacandona.
El primero de enero de 1994 México entraba por las puertas del neoliberalismo encabezado por Estados Unidos; sin embargo, los festejos arriba se vieron opacados por la insurrección armada del EZLN que en sus discursos y reivindicaciones evidenció la miseria de los sitios más olvidados del país, del continente y del mundo ante una telaraña que se intentaba imponer de forma global, pretextando las ruinas del muro de Berlín y la entonces famosa Perestroika. El último hombre era increpado por hombres y mujeres originarios herederos de una lucha ancestral contra la dominación protocapitalista y capitalista en el continente americano y el fin de la historia se advertía lacónico y ensangrentado para demostrar que la rueda histórica entraba en otro ciclo dinámico de liberación popular.
El ser una fuerza insurreccional que declaró la guerra al gobierno mexicano enarbolando las categorías “Zapatista” y de “Liberación Nacional” con un componente de efectivos mayoritariamente indígena evidenciaban que su actuar no era motivado por intereses separatistas, sino de rescate de la historia revolucionaria de México y su finalidad era abiertamente de restitución de la justicia social, la libertad y de aspiraciones democráticas, por más que su eje organizativo en ese momento se presentase solamente como una estructura jerárquica militarizada haciendo en la Primera Declaración de la Selva Lacandona un llamamiento a sumarse al levantamiento armado. Ante este acontecimiento se presentaron dos respuestas: la de arriba, realizando una ofensiva militar que no se enfocó sólo en los grupos insurgentes sino en la población civil realizando ejecuciones como las de Ocosingo, Chiapas. Por otro lado, la sociedad civil de las ciudades salió a manifestarse reconociendo como válidos los reclamos de los indígenas, pero exigiendo un cese al fuego y la solución de las demandas por la vía del diálogo. Así, diez años de entrenamiento y preparación para la guerra se convirtieron en escucha y se optó por dar espacio a la palabra, pero no sólo del EZLN sino de los pueblos indígenas de México y de la sociedad civil.
Fue en 1995, en un clima de hostigamiento militar constante, donde surgió la organización de los pueblos originarios a través de la invitación que les hizo el zapatismo para que se integraran a las mesas de diálogo, es decir, más allá de posicionar la mirada en el arriba, lo que se buscó desde un inicio fue generar una amalgama de resistencia indígena en todo el país que se tradujo en los resultados de la única mesa que se pudo realizar sobre “Derechos y cultura indígenas”, de la cual la Comisión de Concordia y Pacificación recogería lo firmado por el Gobierno federal para hacer de ello una propuesta de Ley que sería traicionada en el año del 2001 (ya con un gobierno no-priísta en el Ejecutivo), por el Poder Legislativo, no sólo por el PRI y el PAN, sino también por el PRD quien dio su voto a una contraley que desechaba lo esencial: el derecho de los pueblos indios a decidir sobre sus territorios. En ese inter, en el año de 1996 se fundó el Congreso Nacional Indígena y ha sido, hasta la fecha, el núcleo organizativo más amplio de las comunidades originarias que han estado en constante resistencia ante el despojo que el capital, en su fase neoliberal y con la complacencia de los gobiernos locales y federal, ha intentado operar en sus territorios.
A través de las siguientes cuatro Declaraciones de la Selva Lacandona se puede tomar nota de los pasos que el zapatismo llevó a cabo, tomando en cuenta que en sus llamamientos se deja de lado la opción militarista para fortalecer los núcleos organizativos en el país, develando en cada una de ellas el conflictivo y cerrado espacio de la política institucional, así como el deterioro de las fuerzas de oposición que desde la izquierda partidista desistían en la defensa de sus historias y en el respeto a sus muertos durante décadas de lucha contra el régimen. Sin embargo, será la Sexta Declaración de la Selva Lacandona la que provoque que la sociedad política del país ya no sea convocada, sino que el abajo como subsuelo de este país será el receptor de una propuesta abiertamente anticapitalista que propone organizar una lucha contra toda forma de dominación, por lo que se ha gestado en distintas etapas como La Otra campaña, Encuentros entre pueblos zapatistas y pueblos del mundo, entre mujeres, la Escuelita Zapatista, confluyendo en un esfuerzo organizativo que se ha denominado sólo como La Sexta.
¿Ensuciar una elección? No, generar organización es la tarea
Cuando se planteó la idea de una candidatura independiente para la presidencia de la República Mexicana, se puede inferir por la genealogía misma del movimiento indígena que no es una cuestión de disputar el poder con los de arriba, ese que negocia con el capital ofertando la vida de millones de trabajadores del campo y la ciudad como moneda de cambio en el país. Por el contrario, es la construcción y reforzamiento de la organización de la resistencia para pasar a la ofensiva, es la generación de un contrapoder que desde el subsuelo haga retemblar los caóticos andamios del capitalismo y su hegemonía en México. Este paso, por ahora, lo encabeza el Concejo Indígena de Gobierno constituido en mayo del 2017, y que en palabras de Marichuy expresadas en territorio zapatista: “ahorita llevamos 141 concejales, que están integrando ya el Concejo Indígena de Gobierno, de 35 pueblos indígenas de 62 regiones del país, de las 93 que tenemos pensadas que pudieran salir los concejales”, esto representa cerca de 400 pueblos originarios de México.
Conforme avanza el proceso y la palabra tanto del Congreso Nacional Indígena a través del Concejo Indígena de Gobierno y de su vocera María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, así como de las Comandantas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN (máximo organismo de mando), la congruencia de los planteamientos anticapitalistas no se pone en tela de juicio ni el sentido de negación en la aspiración de tomar el poder del Estado. Aquí es importante no descuidar el papel que juega la territorialidad tanto como cimiento de los pueblos originarios y como medio de producción, ya que es precisamente en ese lugar donde se resignifica la toma de poder entendido como recuperar el poder de los medios de subsistencia en la práctica real de un enclave autonómico con su dinámica autogestiva, fórmula que permite que el horizonte de la socialización de la riqueza se construya organizativamente por fuera de un poder dominador, existiendo como contrapeso la democracia participativa.Eso, y no otra cosa es el contrapoder al que se aspira cuando se habla de organización desde abajo y a la izquierda; por ello, el proyecto es colectivo, no es una candidata como individuo, sino que son los concejales en su calidad de representantes y voceros de sus pueblos las que plantean hacer gobierno siguiendo los siete principios zapatistas y del CNI: obedecer y no mandar, bajar y no subir, convencer y no vencer, representar y no suplantar, construir y no destruir, proponer y no imponer, servir y no servirse.
El momento de lucha que se asocia constantemente con las coyunturas político-sociales tiene en su esencia una diferencia, es decir, entre quienes eligen actuar y hacer suya la palabra y, constantemente, las calles o espacios públicos y privados cotidianos y que les identifican como cuerpos colectivos que protestan pacífica o violentamente. Los movimientos sociales en las postrimerías del siglo XX e inicios del XXI se han caracterizado precisamente por esa politicidad que escapa de las formas partidocráticas o de tendencia de masas en las que urgía la unificación de posicionamientos ideológicos, cosa que ha potenciado que no sea un solo sector o clase el que encabece o que siquiera se constituya (¿instituya?) una vanguardia iluminada. Como afirmó Marichuy en el Caracol de Morelia, se trata de:
[…] acabar este monstruo y lo tenemos que hacer todos juntos, organizados, y creo que si nos damos la mano, todos, sí lo podemos lograr, hermanos. Sí lo podemos hacer. Y tenemos que confiar que nuestra voz se va a escuchar, nuestra organización se va a mirar más allá, y entonces el poderoso se va a poner a temblar cuando nos vea a todos los originarios de este país, que son los pueblos indígenas, unidos y organizados y defendiendo esta patria que es nuestra, porque aquí estábamos primero nosotros y tenemos que recuperar esto, y lo tenemos que reorganizar a nuestro modo, porque ya vimos que como está organizado no funciona, nos trae muerte, nos trae destrucción, nos trae división, nos trae pleito. Tenemos que darnos la mano todos, todos los que sentimos que es importante tener una vida digna, una vida que tenemos que transmitir a todos los que vienen atrás.
En México la sociedad política hace años que se ha enlazado en un solo horizonte: la negociación de los recursos naturales y el desmantelamiento de las políticas de justicia y derechos sociales que, menguadamente, existían en el plano constitucional. La disputa por el poder se ha remitido a un constante juego de negociaciones que encuentran el plano electoral el único canal de exteriorización de la política y precisamente la trampa la ciudadanía al modo neoliberal ha echado sus raíces en las capas medias de la población que se asume como tal y en los sectores marginados una constante despolitización provocada por la cooptación de los programas de asistencia social o descaradamente por la indiferencia que desde hace once años se puede entender como fórmula para acabar con los pobres a través de una guerra configurada entre los arribas legales e ilegales. Lo trascendental es que los distintos sectores de la población encuentren en los 29 espejos expresados por el CNI la unidad ante el enemigo que no es otro que el sistema capitalista.
El pensamiento crítico en el que se funda la iniciativa y que se asume como guía para desenredar el clivaje de una política institucional capitalista que raya en lo cínico, permite evidenciar y denunciar que en las propuestas de gobierno emanadas de una supuesta oposición de izquierda no cuestionan siquiera las aristas más evidentes de la lógica del capital. Hay una idea de que el Estado Nacional puede ser restaurado y que el bienestar depende sólo de cambiar una élite política por otra, como si la corrupción fuese el cimiento de la desigualdad; la mirada endogámica del sistema político no es capaz de renunciar a la idea de una unidad más allá de fronteras que el mercado ha ido borrando y que, en el actual estado de cosas, se convierte en ineficaz pensarnos desde marcos cerrados de acción frente a un imperialismo que fagocita y regurgita ideologías a su beneplácito o, si no le resulta, hace la guerra indiscriminadamente. Peor aún, ante el anuncio de la intención de una candidatura independiente en la figura de “Marichuy”, los miembros de la sociedad política, específicamente de la esperanza de izquierda e intelligentsia que les acompaña, no han escatimado recursos en hacer evidente el machismo, el racismo y el clasismo ante la condición de mujer, indígena y pobre que reivindica la vocera del CIG.
El zapatismo y el movimiento indígena han anunciado que “la tormenta ya está aquí”, la crisis del sistema está reflejada no sólo en el bolsillo y el estómago de millones de personas, sino en la destrucción de un tejido social que, sin embargo, tiene la oportunidad de reconstruirse con organización. El calendario electoral no importa, las coyunturas o la correlación de fuerzas sale sobrando ante la ineficacia de los gerentes del país en brindar seguridad más allá del espejismo beligerante o de cifras macroeconómicas. Un país con más de 200 mil muertos y más de 50 mil desaparecidos producto de una guerra entre cárteles (tomando en cuenta que la clase política forma parte de estos), donde los feminicidios suben exponencialmente año con año, donde la franja de pobres se amplía por millones cada nuevo censo, donde la educación pública está siendo atacada con recortes presupuestales, donde el campo es sinónimo de atraso si siguen siendo producciones colectivas u originarias, donde los empleos ya no cuentan con seguridad social y la informalidad es el mayor espacio de captación de fuerza de trabajo, donde los recursos naturales son entregados bajo acuerdos irrisorios de explotación a empresas extranjeras; un país en el cual, aun con estos índices catastróficos, la dignidad y la rabia se han fusionado en distintos momentos para decir “Universidad pública y gratuita”, “Estamos hasta la madre”, “Ya basta”, “Yosoy132”, “Ni una menos” hasta el actual en el que se anuncia que llegó la hora del “Nunca más un México sin nosotros” enunciado por el Congreso Nacional Indígena.
Conclusión
El zapatismo ha tenido una capacidad de adaptación a las realidades nacionales e internacionales desde su aparición pública sin renunciar a los siete principios que les rigen, ahí radica el eje ético-político que se alimenta, además, del respeto por su historia, por su memoria y por sus muertos en la lucha por la liberación definitiva. El Congreso Nacional Indígena, consecuente también con sus historias y resistencias, otorga en la conformación del Concejo Indígena de Gobierno la oportunidad de que el sentido común de los habitantes de México y del mundo elijamos dar un paso ofensivo en el cual también hagamos valer nuestras capacidades políticas, un espacio para asumirnos como seres políticos desde otra forma y, así, construir un proyecto realmente plural y democrático que derrumbe de una vez por todas el eyecto político del capitalismo como primer paso y, si esta lucha es total, desmontarlo desde sus cimientos económicos haciendo nuestros los espacios de producción. La idea de la revolución, así en minúscula como lo ha sostenido el zapatismo, ya no es la toma del Palacio de Invierno, sino hacerlo inservible, innecesario; quitarle su fundamento.
El aparador politiquero del proceso electoral será tomado por asalto, la tendencia de las candidaturas independientes, que en México para este proceso cuenta con más de cuarenta aspirantes desde esta figura jurídica rumbo a la presidencia de la República, permite quisquillosamente que nos conozcamos y que ante el panorama gris que la sociedad política plantea, seamos más los que soñemos y actuemos organizadamente para destruir al sistema en su conjunto sin dejarnos subsumir por él, sino confiando y tejiendo voluntades conscientes desde abajo y a la izquierda, entendiendo que el zapatismo no es una doctrina ideológica, sino una postura moral para defender nuestro derecho a la vida. ¡Llegó la hora!
*Ernesto Flores Escareño es integrante de la Sexta y miembro de la Red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno en Zacatecas