Imagen: "Campesino levantando papas" (Vincent Van Gogh, 1885)
El objetivo de este breve artículo es volver sobre un tema clásico de los estudios agrarios, cual es el análisis de la estructura de clases de la sociedad rural uruguaya. Cuando la sociología rural se desarrolló a partir de mediados del siglo pasado (si se toma como hito fundacional la tesis universitaria de Aldo Solari) logró acordar en los aspectos básicos sobre un análisis que funcionó apropiadamente para comprender la división en clases de la sociedad rural. Ella era necesaria para poder comprender la acción social. Simplificando, la narrativa era que la pertenencia de los actores a una determinada clase social permitía comprender su accionar político en la defensa de sus intereses. También permitía explicar y prevenir las posibles alianzas entre actores. La tesis de este artículo es que los cambios en la estructura agraria ocurridos en los últimos quince años están produciendo también una modificación de la estructura de las clases sociales agrarias y por lo tanto su análisis y comprensión debería ser revisado y reinterpretado.
La estructura productiva y la estructura social agraria sufrieron pocos cambios a lo largo del siglo XX. Tanto Solari como Ganón en la década de `50, como los estudios producidos desde los centros privados en las décadas del `70 y del `80, como los trabajos de Alfredo Errandonea pre y post dictadura y los múltiples estudios que se hicieron desde la Universidad a partir de su reconstitución, coincidían en los elementos básicos de la estructura aunque difiriesen en aspectos menos importantes de la estratificación social del campo. El conocido "Estudio Económico y Social del Uruguay Rural" del CLAEH-CINAM si bien no se basó en un análisis de clases sociales dividió a la sociedad rural en los mismos estratos sociales que los estudios anteriores.
Se describía a la sociedad rural uruguaya como integrada por tres clases básicas. La primera era una clase de empresarios agropecuarios que a su vez se desdoblaba en dos sub-estratos: los estancieros que se dedicaban a la ganadería de carne y lana en suelos generalmente más pobres, con un manejo más extensivo, utilizando poca mano de obra; y los empresarios agrícolas que generalmente combinaban la agricultura cerealera con pasturas para el ganado en establecimientos tecnológicamente más avanzados, más productivos y que eran más intensivos en el uso de trabajo asalariado.
Una segunda clase integrada por los agricultores familiares, definidos como aquellos productores que teniendo tierra la trabajaban con predominio de mano de obra familiar sobre la asalariada. Shanin en su estudio sobre el campesinado la llamó “la clase incómoda” porque si bien tenían tierra y por lo tanto podían ser incluidos en la burguesía, por su condición de sujeción a otros poderes (Estado, hacendados y comerciantes) no deberían ser colocados en ella. Los productores familiares tenían predios más pequeños y se dedicaban a todos los rubros productivos aunque en nuestro país numéricamente eran más los ganaderos. Los productores familiares estaban plenamente integrados a los mercados. Eran el estrato más numeroso y también el más difícil de comprender y clasificar. A su vez se distinguía a su interior a tres estratos según comprasen o vendiesen fuerza de trabajo.
Finalmente estaban los trabajadores asalariados, de los cuales no se sabía mucho tanto por ausencia de información estadística fehaciente como de estudios específicos. Es cierto que Chiarino y Saralegui habían estudiado a los habitantes de los “rancheríos”, que el ya citado estudio del CLAEH-CINAM tenía un capítulo dedicado a ellos, que Errandonea hizo un análisis más refinado de esta clase a partir de escasos datos estadísticos y que precursores como Latorre y González Sierra habían tratado el tema. Se distinguía a los trabajadores permanentes de los transitorios, se suponía que la mayoría vivía en los establecimientos rurales y algunos también en los pequeños pueblos del interior donde residían sus familias. También se distinguían las categorías laborales: peón común, peón general, capataces, administradores, etc. Pero desde el punto de vista académico no se sabía de mucho de ellos, un poco por falta de interés otro poco por ausencia de datos estadísticos. Tal vez los uruguayos sabíamos más de esta clase social por las novelas y cuentos de numerosos autores que tomaron al gaucho y al peón rural como sujeto de su narrativa.
En los primeros años del siglo XXI hubo cambios tecnológicos y organizacionales que revolucionaron la relación entre los factores de producción: tierra, trabajo y capital. Argumentaremos que los cambios en la estructura agraria también produjeron modificaciones en la estructura social.
Enumeremos brevemente hechos ampliamente conocidos. En los granos, la adopción del paquete tecnológico de la siembra directa, transgénicos y herbicidas; la vinculación directa con las cadenas globales de valor trasnacionales que se asientan en el país; la entrada del capital financiero; la separación de la propiedad y la administración; el desarrollo del contratismo laboral y de maquinaria, etc. En la forestación, el crecimiento de la masa forestal al impulso del asentamiento de empresas trasnacionales forestal-madereras-celulósicas y sus plantas de procesamiento, que también incorporaron desarrollos tecnológicos tanto a nivel de vivero como en las etapas de plantación y de cosecha. Empujados por estos desarrollos también se mejora la productividad en otros rubros, entre los cuales los más importantes son sin duda la ganadería de carne y la lechería. En la primera cadena hubo modificaciones en las formas de alimentación del ganado (principalmente por el engorde a corral), en la sanidad y en la comercialización a través de los remates por pantalla. En la lechería si bien los cambios fueron menos dramáticos continúa un proceso de cambio tecnológico sostenido que expulsa a productores familiares y concentra la propiedad e incentiva el empleo de trabajo asalariado.
El aumento de la productividad de la tierra y del trabajo mejoraron las ganancias y con ello el precio de la tierra. En los primeros quince años del nuevo siglo el valor de la tierra se multiplica por seis o por siete, según los autores que lo estudiaron. En paralelo, con la modificación de la legislación ocurrida en la década del noventa del siglo anterior, se produce una corriente de inversión extranjera directa que compra tierras y agroindustrias. Se concentran y se extranjerizan estos activos en proporciones que, para el caso de la tierra, son difíciles de saber con certeza ya que la figura de las Sociedades Anónimas esconde a sus verdaderos propietarios.
Estos cambios organizativos, tecnológicos, financieros y laborales trajeron un aumento en las ganancias empresariales. Produjeron un impresionante crecimiento del Valor del Producto Bruto Agropecuario: si en al año 2000 éste era de 1.730 millones de dólares corrientes, once años después estaba en 6.514 millones de la misma moneda (1). En forma no menos impresionante la cantidad de fuerza de trabajo necesaria para sostener este incremento productivo no aumentó sino que por el contrario disminuyó. Por un lado, Cardeillac y Nathan (2015) (2) sostienen que los trabajadores asalariados agropecuarios, siendo 69.649 personas en el año 1996, fueron 69.284 en el 2011 (Censos de Población respectivos). Por otro lado, los productores familiares y los trabajadores no remunerados según los mismos Censos, señalan que pasaron de ser 45.540 en 1996 a ser 24.515 en 2011. En total la fuerza de trabajo agropecuaria pasó de 93.800 en la primera medición mencionada a 70.054 en el 2011. Como consecuencia de estas dos tendencias divergentes, el producto bruto agropecuario por trabajador habría pasado de 18.445 u$s/trabajador en el año 2000 a 92.985u$s/trabajador en el 2011. En consecuencia la productividad del trabajo habría aumentado cinco veces en estos 15años analizados.
¿Cómo se repartió la plusvalía generada por los trabajadores asalariados y el plustrabajo aportado por el trabajo familiar no remunerado? No se puede (por el momento) más que sugerir algunas hipótesis. Una parte importante del valor generado por el trabajo ha tenido que quedar en manos de los propietarios de la tierra, en proporción directa a la cantidad y la calidad de la tierra que poseen. Si no fuese así no habría aumentado el precio de la tierra seis o siete veces en los últimos quince años como se ha dicho ya más arriba. Pero no todos los productores agropecuarios son propietarios de la tierra que trabajan. Algunos toman en arriendo parte o toda la tierra que trabajan. Por lo tanto hay un nuevo estrato dentro la clase propietaria de “propietarios rentistas” que por fuerza sería heterogénea ya que estaría integrada tanto por “terratenientes” como por propietarios medianos y pequeños que por razones de escala, tecnológicas, financieras o vitales, no pueden cultivar sus propias tierras y las dan en arriendo.
Pero hoy esa plusvalía se comparte (por la vía de patentes y regalías) con las grandes empresas trasnacionales propietarias de las semillas, de las maquinarias, de los agroquímicos, de las vacunas, los específicos veterinarios, etc. Otra parte importante podría estar siendo canalizada hacia una miríada de agentes que intermedian entre las empresas trasnacionales y el productor: por ejemplo vendedores de insumos agropecuarios de todo tipo: desde empresas grandes (para el país) como podría ser la Barraca Erro hasta el veterinario del pueblo que vio la oportunidad y puso una casa de productos agropecuarios. También están aquellos que tienen un fuerte parque de maquinarias (frecuentemente a su vez productores o ex-productores) y que realizan trabajos para terceros. Los contratistas laborales que emplean a cuadrillas de trabajadores para prestar servicios en la forestación, en la ganadería e incluso en los granos y en la lechería. Los acopiadores de granos, los propietarios de camiones y cientos de profesionales, técnicos, administradores etc., que han visto crecer la demanda de sus servicios debido al auge económico del sector agropecuario. Es decir que una parte (que podemos suponer importante y creciente) de la plusvalía generada se bombea a las empresas trasnacionales y fuera del país. Otra parte queda en manos de las empresas locales de muy variado porte, origen y propiedad.
Es posible que algo haya quedado también en manos de los trabajadores. Entre 2005 y la actualidad también han aumentado los salarios de los trabajadores rurales como consecuencia de la implantación de los Consejos de Salarios para estos trabajadores, y de una política estatal de mejora sostenida del salario mínimo nacional. Faltan aún los estudios que muestren cuánto de este crecimiento del producto pudo ser captado por los trabajadores y por cuáles en las diferentes categorías.
Por lo tanto, si volvemos al esquema de las tres clases con las que simplificábamos el análisis de la estructura social agraria, es posible que hoy sea menos útil que antes. La propiedad de la tierra ya no es la única manera de capturar plusvalía y tal vez ni siquiera la más importante, como se desprende del análisis anterior. El conocimiento, imbricado en los desarrollos tecnológicos y en los servicios financieros y profesionales, siempre fueron, pero hoy lo son muchísimo más, una vía para obtenerla.
Por lo tanto es posible sugerir que hoy, tanto en el campo como en los numerosos pueblos y ciudades del interior en las que vive esta pequeña y mediana burguesía prestataria de servicios, se ha estrechado la alianza entre estas y los propietarios de la tierra. Si, en algún momento, pudo haber contradicciones entre ellos, hoy habrían desaparecido producto de esta nueva alianza.
Los productores familiares por un lado se han visto perjudicados, como lo demuestra la desaparición del 20% de ellos en el último período intercensal, pero por otro lado también pueden haberse beneficiado por la mejora en los precios de algunos de sus productos y especialmente por la sextuplicación del valor de su tierra. La Comisión Nacional de Fomento Rural, la organización que los representa, ha señalado reiteradamente que la expansión de los agronegocios es el principal peligro para su supervivencia. Pero, por otro lado, tampoco se han querido aliar con los trabajadores rurales para empujar cambios en la política agraria que contuviesen el crecimiento de los agronegocios.
Entre los trabajadores rurales es cada vez más claro un clivaje entre los trabajadores calificados, como los que manejan las modernas y costosas maquinarias agrícolas, los técnicos que trabajan dentro de las grandes empresas, mandos medios etc., y el grueso de los trabajadores rurales con baja o nula calificación y trabajo en condiciones de precariedad. Los primeros son seleccionados con criterios de confianza personal y calificación y posiblemente su remuneración esté basada en criterios personales del empleador. Para los segundos, rigen las escalas salariales que emergen de los Consejos de Salario, visiblemente mejoradas por la acción del Gobierno en la última década, que apoyó y alentó algunas de sus reivindicaciones: mejores salarios, derecho efectivo a la sindicalización, jornada de ocho horas, etc. Esto ha ayudado a fortalecer a los sindicatos, a pesar de que en comparación con los sindicatos urbanos aún son débiles. La “atmosfera patronal”, las listas negras, la represión a los militantes y los despidos arbitrarios siguen siendo denunciados por los sindicatos. Este clivaje entre trabajadores calificados y sin calificación induce a preguntarse si los asalariados calificados no se inclinarían por asimilarse a quienes los contratan antes que aliarse a los trabajadores sin calificación.
En síntesis, lo que hemos tratado de mostrar en este artículo es que la estructura social del campo uruguayo se ha complejizado como consecuencia de los cambios en la estructura agraria. Esto no debería tomarse en un sentido determinista ya que a su vez los actores toman decisiones que influyen en la estructura agraria. Pero sin duda que aquellos que nos dedicamos a estudiar la sociedad agraria deberíamos retomar y profundizar nuevas investigaciones que nos permitan comprender mejor los cambios que están y seguirán ocurriendo como consecuencia de la reinserción de Uruguay en el comercio mundial de fibras y alimentos que tuvo lugar en las últimas dos décadas.
(1) DIEA MGAP. Anuarios respectivos. (2) Cardeillac y Nathan (2015). Caracterización sociodemográfica de la situación de los colectivos de trabajadores rurales y domesticas en el período 1996-2011. In: Sindicalización y negociación en los sectores rural y doméstico. Francisco Pucci, et al. Colección Artículo 2. CSIC. UdelaR.
* Doctor en Sociología. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.