El escenario político argentino vivió un terremoto a finales del 2015 porque el partido Propuesta Republicana (PRO) ganó las elecciones presidenciales. Junto con ello obtuvo la gobernación de la provincia más importante de la mano de una candidata prácticamente desconocida seis meses antes, y además retuvo el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se trató de una victoria que no fue holgada (51,6% en el ballotage), pero sí impactante porque no entraba en los cálculos de muchos votantes ni de la mayoría de las consultoras políticas. El triunfo del PRO, enmarcado en un frente electoral con el más que centenario partido radical, debe ser entendido como resultado de múltiples causas que incluyen méritos propios, errores del oficialismo, variantes humores nacionales y regionales contrarios a la agenda reformista sudamericana a la que muchos analistas llamaron “marea rosa”. El nombre del frente electoral (“Cambiemos”) apuntaba a promover la necesidad de un cambio inespecífico, pero positivo, con el que se identificó una porción significativa de la sociedad, que mostraba cansancio respecto de los modos kirchneristas, más que de sus políticas económicas.
Los primeros meses del gobierno del PRO han confirmado algunas sospechas sobre los alineamientos del partido con los intereses económicos más concentrados y con políticas económicas de inspiración neoliberal. Pero también se han producido otros reacomodamientos, a veces silenciosos y otras veces reconocidos, en las relaciones entre civiles y uniformados así como la legitimación de nociones, valores y conceptos que hasta hace poco parecían, desde un enfoque democrático y de los derechos humanos, inadmisibles en la esfera pública, que implican innovaciones preocupantes.
Una derecha competitiva: ¿hacia una chilenización de la vida política?
El partido liderado por Macri ha sido caracterizado como un partido no ideológico o, más bien, pos-ideológico(1). Con ello se quiere decir que el PRO no le asigna centralidad a los planteos ideológicos, no que carece de ellos. En ese sentido, es un partido pragmático más que de principios. Su flexibilidad ideológica le ha permitido reclutar dirigentes, adherentes y votantes en diversos puntos del arco ideológico desde el centro hacia la derecha, dentro y fuera del peronismo, en sectores sociales ajenos a las clases altas. Ese carácter pos-ideológico constituye una verdadera innovación para las derechas partidarias argentinas que desde hace un siglo, venía mostrando en general pruritos a la hora de enfrentar desafíos electorales o aceptaron y alentaron el uso del fraude o la proscripción de los partidos más populares (radicalismo o peronismo). El PRO, por el contrario, juega sin vergüenza el juego de la búsqueda de votos donde y como sea, con lo cual ha devenido lo que en teoría de los partidos puede considerarse un partido “normal”, con apetencias electorales y prácticas tendientes a obtener representantes parlamentarios y autoridades ejecutivas. En ese sentido, parece tratarse de un partido que pondera el triunfo electoral al ideológico, al menos en lo que se refiere a las expresiones públicas de sus dirigentes, convencidos de la necesidad de dejar atrás divisiones “absurdas”, “anquilosadas” o en última instancia, “superfluas”, como la que distancia a derecha de izquierda.
El PRO devino una opción electoral masiva, competitiva y superadora de viejas identidades dictatoriales y conservadoras, a las que terminó por incluir de manera a veces disimulada. En todos los casos, es posible detectar una distancia entre la estrategia de campaña que renegaba de cualquier vinculación con las anteriores derechas y la posterior inclusión en el gobierno de figuras provenientes de esas tradiciones. Se trata de un recorrido asimilable al de los partidos de derecha chilenos, que consiguieron constituir una coalición electoral con esos rasgos. A diferencia de Chile, en Argentina no existe frente al PRO una coalición multipartidaria identificada o identificable con la centro-izquierda que pueda proponerse como recambio electoral, al menos no en el corto plazo que hoy puede avizorarse. Enfrente tiene a los restos del naufragio kirchnerista, a las organizaciones de izquierda, a sectores sindicales y numerosos actores peronistas que todavía están calculando las ventajas de permanecer en la oposición o de sumarse al canto de sirenas del PRO o a Sergio Massa y un peronismo liberal y “moderno”
Cambio de rumbo: ¿hacia la brasileñización de las prácticas policiales?
Uno de los aspectos en los cuales se puede ver con más claridad el cambio de humor político es en las prácticas policiales. Los diversos cuerpos de seguridad presentes en la capital y las provincias tomaron debida nota de las nuevas condiciones socio-políticas en las que podían o debían moverse tras la asunción del nuevo gobierno. Éstas indicaban cierta carta blanca para avanzar en prácticas de criminalización de sectores urbanos y en el despliegue de comportamientos inusitadamente autoritarios. El dato no es nuevo: lo novedoso es su magnitud y los permisos sociales que ella conlleva. Conviene recordar que estas prácticas no desaparecieron durante los gobiernos kirchneristas –como recuerda la muerte de Luciano Arruga-, pero sí hay que admitir que se hicieron esfuerzos para contener algunos de los comportamientos más violentos de las policías, sobre todo en lo referido al uso de armas en ocasión de manifestaciones públicas. Digamos que bajo los gobiernos kirchneristas diversas fuerzas de seguridad contuvieron ciertas prácticas ante el cálculo de que podrían recibir sanciones por parte de un Estado que convirtió en preocupación recurrente la violación de los derechos humanos (aunque esta afirmación quizás no sea del todo válida para el caso de la policía y el servicio penitenciario bonaerenses, que permanecieron sin modificaciones significativas en sus prácticas). Se trató de una auto-moderación que no implicó renunciar a los ingresos provenientes del juego clandestino, la trata de personas y los vínculos con el narcotráfico y menos una modificación significativa de los valores y estilos autoritarios y arbitrarios que las policías han tenido por décadas.
Lo cierto es que esa contención de comportamientos fue rápidamente abandonada tras la asunción del nuevo gobierno. Así, ejercicios de control colectivo de documentación de identidad personal (http://www.eldestapeweb.com/video-policias-requisan-trabajadores-y-extranan-la-dictadura-n14417) se suman a hostigamientos a los jóvenes (https://www.youtube.com/watch?v=7weZqp0e3pk), que son sometidos a escrutinio policial sin mayor justificación que su edad y aspecto. Los límites de lo que las policías pueden hacer descansan sobre un cálculo y re-cálculo permanente de la pertenencia social, etaria y étnica de los civiles con los que tratan, impugnando cualquier pretensión siquiera metaforizada de igualdad ante la ley. No se trata de una práctica exclusiva de la policía sino que probablemente sea bastante universal, pero resulta moralmente inadmisible por parte de quienes detentan representación de la autoridad pública y armas de fuego. El más impactante de estos casos es el ingreso violento al asentamiento del Bajo Flores, una de las áreas más pobres de la ciudad de Buenos Aires en febrero pasado (http://www.perfil.com/sociedad/denuncian-que-gendarmeria-reprimio-a-los-tiros-una-murga-con-ninos-0201-0041.phtml). En esa ocasión efectivos de Prefectura y de la Policía Federal abrieron fuego con balas de goma contra niños de 4 a 11 años que estaban ensayando como parte de una murga. Una fotografía muy cercana a la guerra relámpago de la Polícia Militar carioca contra los favelados, una guerra social y de color de piel en nombre de la seguridad. El kirchnerismo es responsable de no haber frenado esto a tiempo ni de haberlo intentado de manera decidida: el macrismo lo es de legitimarlo y estimularlo.
Dictadura y juicios: ¿hacia la españolización de la vida militar?
Un aspecto en el que el gobierno del PRO ha mostrado numerosos puntos de diferencia respecto las recientes administraciones nacionales es el tratamiento simbólico y judicial del pasado dictatorial. El kirchnerismo convirtió a la impugnación de la dictadura en un elemento identitario de primer orden, lo cual le valió el apoyo de sectores significativos de la población, especialmente de los jóvenes. Esa jugada fue denunciada por distintos actores como una apropiación indebida de la causa anti-dictatorial, pero fue percibida por otros como un reconocimiento de la valía de la lucha mantenida por décadas. Esa política se expresó en la creación de áreas específicas de apoyo a la investigación judicial, de manera de lograr que se desarrollaran de la mejor manera posible los juicios contra los acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Durante los gobiernos kirchneristas numerosos agentes judiciales percibieron que no podían seguir dilatando esas causas judiciales o les caería encima una fuerte presión del poder político de turno. Muchos resistieron o dilataron ese proceso a la espera de un cambio de vientos políticos.
Su apuesta pagó, por cuanto tras el cambio de gobierno fueron desactivadas o vaciadas las áreas del Poder Ejecutivo encargadas de brindar apoyo técnico a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Los abogados querellantes en los juicios contra los represores han denunciado la falta de colaboración del Poder Ejecutivo con las causas, lo que eleva el riesgo de que queden impunes algunos crímenes (http://www.telam.com.ar/notas/201608/158968-abogados-pedidos-querellas-derechos-humanos-juicios-delitos-lesa-humanidad-dictadura-civico-militar.html)
Tampoco el gobierno ha mostrado interés en integrar la comisión sobre complicidad de actores económicos durante la dictadura, que fue creada por el Congreso nacional el año pasado. El nuevo clima permite entender por qué le fue concedido el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Etchecolaz condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos mientras asoló la provincia de Buenos Aires como Director de Investigaciones de la Policía de la provincia durante la dictadura. Se trata de una solicitud que ya había sido formulada y oportunamente rechazada: los nuevos tiempos políticos facilitaron su aprobación esta vez.
Quizás podríamos pensar que un aspecto en el cual el PRO muestra con mayor descaro su carácter pos-ideológico sea en el vínculo entre historia y política. Los actos oficiales de recordación del 40º inicio de la última dictadura no tuvieron en absoluto la dimensión identitaria ni fundacional que habían tenido durante los gobiernos kirchneristas. La presencia del presidente Obama en esas conmemoraciones da cuenta de la asignación de sentidos diferentes a los esgrimidos hasta ahora: recuérdese que el gobierno estadounidense apoyó a la dictadura argentina en sus primeros años sin que ello haya sido objeto de tratamiento o disculpa oficial por parte de Washington. El Ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires negó que hubiesen sido treinta mil las víctimas de la dictadura, lo cual generó una fuerte polémica y finalmente su renuncia: al ser consultado sobre el particular, el presidente Macri se limitó a señalar que desconocía el asunto en cuestión y que había sido una “guerra sucia”, retrotrayendo la discusión a los mismos términos en los que la colocaron los jerarcas del régimen militar. Se trata, en todo caso, de un esfuerzo por promover una reconciliación silenciosa y amnésica, que evite las altisonancias y los reclamos de justicia “extemporáneos”, como los producidos por nietos de víctimas de la Guerra civil española. Lo pasado, pisado.
Hace unos días el Ministro de Educación de Argentina señaló que en las aulas debía desarrollarse una nueva “Conquista del Desierto”, haciendo referencia a la avanzada militar que en 1879 barrió con las tribus indígenas de las pampas y la Patagonia. La identificación del Ministro con la causa “civilizatoria” y “blanca” es tan reaccionaria como transparente respecto de ese vínculo entre presente y pasado, entre historia y política. Para el gobierno del PRO la dictadura es un episodio del pasado, en el sentido de que está muerto y que no guarda vinculaciones ni imposiciones respecto de un presente siempre auto-generado. Ese divorcio promovido entre historia y política es el que le ha permitido al PRO reclutar dirigentes, militantes y votantes sin mayor prurito ideológico, en una redada exitosa que incluyó el apoyo entusiasta de apologistas de la dictadura como Cecilia Pando, pero también al hijo del general Ibérico Saint Jean, condenado por las violaciones a los derechos humanos cometidas mientras fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1981. El jefe de la bancada del PRO es Nicolás Massot, miembro de una familia de Bahía Blanca propietaria de un diario que es apologista de la dictadura y acusado por su participación directa en operaciones de secuestro y desaparición de sus trabajadores durante ese régimen.
Lo que el nuevo gobierno puede hacer depende de variables que no puede controlar completamente. La primera tiene que ver con el nivel de resistencia organizada de trabajadores, desocupados y movimientos sociales a sus políticas: lo que se ha visto hasta aquí es que esa resistencia existe y es ágil, pero a la vez es liderada por actores políticos, sindicales y de movimientos sociales que entre sí manifiestan disputas severas, y quizás insuperables. La segunda es la capacidad del gobierno para absorber, tentar o cooptar a más sectores del peronismo a que se sumen al gobierno sin que eso altere a sus socios del partido radical y del mundo empresarial. El tiempo futuro nos dirá hasta qué punto el triunfo del macrismo en 2015 marcó el inicio de una hegemonía (equivalente a la del menemismo en 1989 o la del kirchnerismo en 2003) o simplemente un arrebato, un apasionamiento veraniego de amplios sectores de la población argentina, disgustados con el estilo y políticas adoptadas en el pasado inmediato.
*Historiador. Enseña e investiga sobre el siglo XX latinoamericano en la Universidad Nacional de General Sarmiento y CONICET (Argentina). Correo electrónico: ebohosla@ungs.edu.ar
(1) MORRESI, Sergio y VOMMARO, Gabriel, “Argentina. The Difficulties of the Partisan Right and the Case of Propuesta Republicana”, en LUNA, Juan Pablo y ROVIRA KALTWASSER, Cristóbal (eds.), The Resilence of the Latin American Right, Baltimore, JHUP, 2014, pp. 319–45.