Imagen: "White Bear", serie Black Mirror
Propuse en la segunda página web de Hemisferio izquierdo modificar en la Constitución la noción de “propiedad privada” y sustituirla por la de “uso de bienes”, consciente de que eso llevará tiempo y que no es fácil su aceptación. Y, desde luego, aunque el título de mi nota era “Cómo salir del capitalismo en un país dependiente”, en ella explicaba que con esa iniciativa se buscaba denunciar la ideología dominante, que hace aparecer el régimen capitalista como un fenómeno natural.
Un debate en profundidad sobre tal iniciativa permitiría generar mejores condiciones para extender la conciencia social respecto a la barbarie que significa el sistema de producción vigente.
Hoy, con un propósito que me parece más realizable, abogaré por introducir en la Constitución, entre los derechos individuales, el derecho a obtener información y el derecho a estar informado. Más adelante explicaré por qué estas propuestas guardan relación con la anterior.
Derecho a obtener información
En el origen del liberalismo político, la gran batalla contra el antiguo régimen fue la lucha por la libertad de prensa. Esto se fue consagrando en las constituciones y progresivamente fue aplicándose realmente, en los hechos, en la mayoría de los países que aplicaban los principios del liberalismo político: gobiernos electos, separación de poderes, etc. Pero el crecimiento de los aparatos burocráticos de los Estados fue haciendo surgir otra necesidad: la de obtener información, por parte de la burocracia estatal, de actos de gobierno y decisiones que permanecían ocultas y eran, sin embargo, vitales para poder ejercer un mínimo de contralor, por parte de la opinión pública, de la gestión gubernamental. A esto se le llamó “derecho a la información” (a obtenerla), para distinguir este derecho del derecho a la libre expresión del pensamiento, que se consideraba suficientemente protegido al respetarse la “libertad de prensa”.
La libertad de prensa reclamaba este nuevo derecho, y se le llamó derecho a la información, sin el cual aquélla se veía coartada en su propósito de proteger la soberanía popular. La elección de los gobernantes debía complementarse con la posibilidad de que se siguiera expresando la voluntad popular respecto a la gestión de esos gobiernos, asegurando así que los gobernantes siguieran respondiendo realmente a la soberanía. No podían negarse a brindar esa información sobre su gestión, puesto que el soberano tiene derecho a saber cómo se lo gobierna. Más que un “derecho individual” era, en realidad, una garantía social para la formación cabal de una opinión pública sana, informada.
Y este nuevo derecho pasó a ser legislado, a ser recogido en leyes en muchos países
y en algunos, incluso, se llevó este nuevo derecho a la categoría de derecho garantizado por la constitución del país. Pero, aunque en casi en todas las culturas se lo denomina “derecho a la información”, su verdadera naturaleza es “derecho a obtener información”.
En el Uruguay hay legislación al respecto: la ley 18.381, de acceso a la información.
Derecho a estar informado
Muy avanzado el siglo XX, el crecimiento extraordinario de los medios de comunicación incidió en esta problemática. La radiodifusión es prácticamente posterior a la guerra del 14-18 y la TV se expande muy rápidamente a partir de la década de 1950. Estos medios fueron creando una nueva realidad sociológica respecto a la información. ¿Cómo nos informamos en la actualidad? Por la prensa, la radio, la TV y por el diálogo social o familiar. El diálogo social se ha ampliado mucho, además, en forma más reciente, merced a la expansión de la comunicación electrónica: correo electrónico, redes y telefonía celular. Naturalmente, el acceso a todas esas fuentes depende mucho de la clase social, de la edad y de la formación cultural. Pero de todos modos el grueso de la información y tal vez el 90 % de la información internacional llega a través de los medios masivos. Y éstos, como son, por razones técnicas, grandes empresas económicas, pertenecen a una ínfima minoría de personas, familias acaudaladas o empresas multinacionales. Además, el sistema de competencia que implica el capitalismo, ha conducido al desarrollo exponencial de la publicidad (instrumento de promoción de ventas o utllización de servicios) que se difunde fundamentalmente a través de los medios de comunicación y constituyen, por tanto, el principal sustento económico de todos los medios.
Dicho de otro modo, (para aplicar el marxismo a la situación actual): los medios son propiedad de una ínfima minoría de la clase dominante, y a la vez voceros del resto de esa clase. Es lógico, pues, que defiendan -consciente o inconscientemente - la ideología que considera natural la explotación de los asalariados (ya que ésta los beneficia). Por otra parte, como dependen directamente del volumen de publicidad que reciben y que difunden, imaginan y organizan los mensajes que emiten teniendo en cuenta siempre la rentabilidad, que surge de ese volumen. Como quienes hacen publicidad en su inmensa mayoría son también propietarios de otras empresas, defienden los mismos intereses de clase y por consiguiente, en general, participan de la misma ideología dominante, que legitima la explotación del trabajo de los asalariados. Los que hacen publicidad resultan aliados en la concepción de la información que estructuran los medios radiotelevisivos privados y la gran prensa. Y ese concepto de qué es información apunta a lo insólito, a lo emocional, al protagonismo individualizante, silenciando aspectos esenciales (estructurales) del funcionamiento de la sociedad y muchas veces decisivos para poder entender acontecimientos cotidianos, que son casi siempre presentados siguiendo reglas de espectacularidad.
Nos encontramos, pues, que el principal sistema de información, en cada país capitalista, está en manos de una minoría de la clase dominante.
¿Cómo se intenta disimular esta realidad?
La izquierda, en general, denuncia esta concentración de propiedad y sus consecuencias. Los medios pro capitalistas sostienen en cambio que están al servicio de sus audiencias o lectores, que tienen que satisfacer a todos sus públicos (por la competencia, esto es, por razones económicas) y que, por consiguiente, tienen que difundir todas las voces, todas las opiniones, y, por consiguiente (debido al mercado en el que compiten) tienen que ser objetivos. En otras palabras, que no son de derecha ni de izquierda, sino que informan y entretienen, procurando satisfacer a todos los que compran sus periódicos o escuchan sus radios o conectan sus antenas de televisión.
La verdad es otra. Como la publicidad es esencial para obtener un beneficio respecto al capital empleado (un 100% en radio y TV y aproximadamente un 80% en prensa, ya que ésta obtiene algún ingreso por venta de periódicos), la búsqueda de mayor audiencia o de mayor circulación es necesaria para obtener más publicidad. Los medios dicen que difunden lo que el público quiere, pero en la realidad difunden lo más barato, lo más vulgar, lo que incentive el morbo, la sexualidad o destaque el prestigio social, con la finalidad de atraer más lectores, escuchas o televidentes y así lograr más publicidad. En la realidad, los medios venden audiencias a los que hacen publicidad. No están al servicio de sus públicos, sino de las ganancias que puedan obtener con sus grandes capitales. Lo que antecede se refiere a la programación de los medios privados, pero, en alguna medida la programación de los públicos – que son muy minoritarios – recogen, por imitación o por otras causas, algunas de las mismas características.
En los medios audiovisuales, la información es construida con estos objetivos: 1) Mantener la atención del público destacando las noticias de mayor impacto emocional y en la forma más concentrada posible, suponiendo – empíricamente – un bajo nivel de intelección; 2) Presentarlas sintetizadas y simplificadas al máximo; 3) La información sobre política nacional transmitirá los anuncios y datos difundidos por los órganos gubernamentales legitimando el sistema de gobierno existente (si reposa en un sistema electoral) o silenciando su ilegitimidad (si proviene de una violación flagrante de las normas constitucionales); 4) En la primera hipótesis, agregará a continuación de la versión gubernamental alguna opuesta, proveniente de un dirigente opositor; 5) Sobre información internacional la dependencia de las Agencias internacionales de noticias es la regla y sólo por excepción aparecen otras fuentes de países vecinos; 6) La información “de interés general” elegirá hechos emocionantes, en general trágicos, y para ello la exacerbación de la crónica policial es la regla.
Los medios privados, en el capitalismo, son, ante todo, un negocio que tiene que ser rentable. Si la información sobre un acontecimiento político o sobre un fenómeno económico no pudo ser entendida, no importa. Lo que cuenta es que nadie se desconecte antes de recibir, con el máximo de detalles posibles, la información sobre el crimen más horrendo que se haya producido, el que será explotado días y días.
Porqué introducir, en la Constitución, el “derecho a estar informado”
Cuando se propuso por primera vez limitar la jornada laboral a 8 horas, los representantes de la clase capitalista (los patrones) arguyeron que se atentaba contra “la libertad de contratación”, y era y sigue siendo cierto. Lo mismo ocurrió cada vez que se introducía una nueva ley que protegía a los asalariados, por ejemplo, con la licencia anual, o con las jubilaciones o el seguro contra la enfermedad financiado en parte por quienes contratan fuerza de trabajo. En todos esos casos, por razones (que ahora rompen los ojos) de proteger algo a los más débiles, el Estado (los Estados) fueron estableciendo algunos límites a la explotación, en defensa de la salud, de la vida misma, etc.
Ahora, con el desarrollo extraordinario que han tenido los instrumentos de comunicación social, los mensajes que reciben los ciudadanos (y quienes no son ciudadanos) condicionan en forma absoluta la posibilidad de inteligir la complejidad de la sociedad humana en la que cada individuo está inmerso. Cada individuo es, sin duda, receptor de esos mensajes, pero sólo una ínfirma minoría de propietarios (la clase dominante) es emisora. Esta situación es aún mucho más grave que la que fue abordada con la ley de 8 horas o con el resto de la llamada “legislación social”. Salvo algunas limitaciones que el derecho público establece respecto a la emisión de mensajes (para protección de menores, de indagados que no hayan sido procesados, etc.) la teoría del liberalismo político postula un derecho irrestricto respecto a la capacidad de emisión del pensamiento. En la actualidad, sólo una ínfima minoría propietaria de medios, puede ejercer este derecho.
Derecho a “estar informado” versus “derecho a la libertad de prensa”
Al surgir en la doctrina esta postulación (la de proteger el derecho de las mayorías que conforman la soberanía a recibir información) y, desde luego, que ésta sea amplia, veraz, equilibrada, de inmediato se levantaron opiniones que sostienen que, si se asegura plenamente la “libertad de prensa” (esto es, expresado con más amplitud, la libertad de expresar el pensamiento), no sólo no es necesario, sino que incluso es pernicioso, que se postule este “nuevo derecho” a estar informado. Estas opiniones sostienen que si el Estado asegura una libertad de prensa sin cortapisas, como establece la Constitución y además cumple satisfaciendo el “derecho a la información”, como establece la legislación, se logrará la más amplia y mejor información posible. Estas opiniones, como se comprende, provienen de quienes aceptan el sistema productivo actual – sistema que mantiene mecanismos competitivos que algunos llamamos lucha de clases - donde la enorme mayoría de los instrumentos masivos de comunicación social están en manos de una minoría ínfima de la clase propietaria. Si agregamos, como corresponde hacerlo, que para brindar amplia información sobre problemas sociales y económicos los medios deben recurrir necesariamente a fuentes gubernamentales (que no siempre confrontan con otras) y que esas fuentes gubernamentales suelen reproducir la ideología dominante (aún bajos gobiernos de centro-izquierda), los resultados son altamente defectuosos. El derecho a estar informado, surge como plenamente justificado ante esta compleja realidad actual, en materia de comunicación social.
Abundancia aplastante de información banal y de entretenimiento estupidizante
en los mensajes masivos actuales.
Cuando hablamos de “información” - referida a la que circula en las sociedades actuales – nos referimos a ciertos contenidos de los mensajes. Lord Reith (fundador de la BBC) definía los objetivos de este servicio público británico de radiodifusión, de este modo: “informar, educar y entretener”. Hasta ahora no se ha logrado una síntesis más acertada para la radiodifusión pública. Pero los resultados de la privada, - cuyo financiamiento es la publicidad – tendrían que ser definidos así: ”entretener, deseducar e informar” Entonces, sin que pueda haber dudas, dentro del fárrago de mensajes cada día más abundantes, es preciso admitir que la información forma parte del conjunto de los mensajes emitidos, por un lado como componente – junto a la educación y al entretenimiento – y por otro lado también se encuentra presente en estas dos últimas funciones que se le atribuyen a los mensajes masivos desde la definición acuñada por Lord Reith. Para precisar el lenguaje, esa primera función de informar podría ser llamada “información cotidiana” o “información del acaecer actual”, mientras que el resto de información que puede ser trasmitida por mensajes de entretenimiento (u otros) sería “información permanente”, “información cultivadora” o simplemente “otra información”.
Hechas estas precisiones, nos encontramos que la lógica del mercado ha invadido, en la radio y tele comerciales, las tres funciones que fueron señaladas para la TV pública en Gran Bretaña. En materia de entretenimiento, la expansión es incesante y el nivel se mantiene muy bajo, tanto por razones de costo como por razones de procurar alcanzar al mayor número. En otros términos, casi ningún elemento verdaderamente educativo está integrado en el entretenimiento, y también poca información. En cuanto a la función de educación, aunque no deba excluirse que algún mensaje del sistema privado de emisión radiotelevisiva contenga elementos ilustrativos que mejoren la formación de parte de la audiencia, en principio esta función está proscripta, por la propia naturaleza del fenómeno educativo, que es, en principio, una actividad generosa, solidaria, no lucrativa.
La Directivas “Televisión sin fronteras” de la Unión Europea
Todos los canales abiertos de TV de los 28 países de la Unión Europea, tanto públicos como privados, desde 1989 no pueden transmitir publicidad en medio de las noticias, (espacios que duran 30 minutos).
El objetivo es el de defender al espectador, permitiéndole concentrarse en escuchar y ver, y no ser absorbido por otros mensajes que no solicitó.
Esta disposición pone en evidencia un propósito de defensa del receptor en su derecho a recibir información que no esté contamidada con publicidad. Aunque en forma limitada, implica un reconocimiento indirecto del derecho “a estar informado”. Y tiene el prestigio de ser legislación internacional, que regula emisiones de TV públicas y privadas de una región muy desarrollada del planeta.
Cómo se relacionan estos nuevos derechos a la información con la protección a la propiedad privada.
Cuando surgieron las ideas del liberalismo político que combatían el antiguo régimen monárquico-absolutista, no se cuestionaron las garantías plenas a la propiedad privada, puesto que, en definitiva, aparecían como protección de un derecho individual a la vivienda, a la empresa económica familiar, etc. Y hoy siguen teniendo también esta función. Para la clase media y para buena parte del proletariado “la casa propia” aparece – junto a la estabilidad laboral – como un “derecho individual” esencial.
Pero esas mismas garantías actúan hoy favoreciendo a los grandes monopolios, cuando debieran estar limitadas, respetando el interés general. Eso es lo que ha ido ocurriendo con las leyes de protección social, ya que cada una de ellas constituye una limitación a la libre contratación.
Y quedan por realizar limitaciones de importancia en los medios de producción, de cambio y de comunicación.
En este sentido, toda la atención que se preste para incidir sobre la estructura, el financiamiento y los contenidos de los medios, puede permitir actuar en este campo de brega por una sociedad más solidaria. Antes incluso que la derecha política organizada, los medios masivos de comunicación – principales reproductores de la ideología dominante - constituyen un freno poderoso por cambios racionales en la sociedad, aunque una pequeña minoría de ellos sigan siendo instrumentos esenciales para difundir ideas racionales.