Debemos tomar como premisa fundamental que todos los esfuerzos hechos a través del tiempo en el tema de la vivienda y el hábitat serán en vano si no se consolidan a través de una política a largo plazo en la materia.
Con el mismo objetivo es que debemos tener una propuesta programática que trascienda las reivindicaciones inmediatas, una propuesta y un conjunto de reivindicaciones que elevan la mira más allá de lo inmediato. Que traten de desarrollar esa política a largo plazo.
Tengamos en cuenta que más allá de la existencia de una ley nacional de vivienda, si no existen o no se ponen en práctica otros instrumentos legales que le den estabilidad a las políticas de vivienda, estas no serán políticas sustentables y dependeremos siempre de los vaivenes de cada administración.
En el marco de los 50 años del cooperativismo de vivienda en el país, debemos hacer fuerte el concepto de la vivienda como satisfacción de un derecho humano, y como tal debe ser vista como un derecho y no como una mercancía, haciendo impulso así en nuestro carácter de usuarios, en nuestra base de propiedad colectiva. Como bien de uso, la vivienda ocupa para las familias un papel realmente importante pues hace a la calidad de vida y el sentimiento de seguridad. Hace a la reconstrucción de la trama social y liga a las familias al suelo, al barrio, a la ciudad consolidando así el sentido de pertenencia. Para muchas personas tener un techo en el cual cobijarse, es tener un lugar donde construir su futuro.
Ahora bien: esta visión nuestra de la vivienda debe ser apoyada por el Estado, en la consecución y la permanencia de la vivienda. En el logro y el mantenimiento de este derecho humano.
Esta implica entre otras cosas planificar y lograr el acceso equitativo al suelo urbanizado, intervenir en la planificación de los espacios comunes y colaborar en la eliminación de los asentamientos a través de la construcción de Vivienda de Interés Social. Para cumplir con estos cometidos debemos proponer un marco legal que mejore el existente así como reglamentar y exigir la aplicación del que está aprobado.
Esta tarea se desprende de los objetivos históricos que nos hemos planteado:
– Desarrollar una propuesta sustentable de acceso a la vivienda de los sectores de mayor dificultad económica del país, en particular de los trabajadores, entendiendo esto los compañeros que viven de la venta de su fuerza de trabajo. Dentro de este sector, de aquellas familias cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza. Familias que no pueden acceder a resolver el problema de la vivienda a través de sus recursos económicos personales.
– Lograr instalar esta propuesta con el apoyo del Estado. O sea a partir de dinero proveniente del Estado.
– Crear una organización social que represente a las cooperativas y que sea una herramienta de transformación de la realidad. Esto genera, como un objetivo de largo plazo, construir a partir de los valores que desarrollan las cooperativas, una cultura contra hegemónica. Desarrollar conciencia sobre lo que significan los valores cooperativos en contra de los valores de explotación planteados por el sistema en el cual estamos inmersos.
Todo esto en el marco de un fuerte convencimiento en la propiedad colectiva hace que para nosotros la producción social del hábitat no podra ser realmente transformadora en tanto contemple soluciones individuales. Para impulsar procesos de cambio es necesario romper con la propiedad privada y generar nuevas formas de tenencia social del suelo y la vivienda. No podemos hablar de propiedad privada con un sentido humanista, lo que algunos llaman “el capitalismo bueno”, el capital siempre buscara su ganancia y su visión siempre será una visión de mercado, nunca de satisfacción de un derecho humano. Y aquí radica un punto central: pues frente a las desviaciones y confusiones existentes y aun mas; generadas desde el sistema la única garantía para generar procesos transformadores es el fortalecimiento ideológico y la organización de la gente.
Para nosotros es claro que la reivindicación central consiste en defender la función social del suelo y el territorio ante las presiones mercantiles, garantizar el acceso a la tierra, al suelo ya sea como productor de alimentos o lugar donde construir nuestro lugar de vida es un derecho inalienable de mujeres y hombres.
Poder usar el suelo como el lugar donde desarrollamos nuestra vida y la de nuestras familias, como derecho y no como acción del mercado es una postura a defender fervientemente. La tierra no debería ser vista tan solo como un bien comercial o una mercancía. Incluso en muchísimos lugares, garantizar el uso de la tierra productiva garantiza el acceso a una alimentación adecuada y segura. La erradicación del hambre y la pobreza dependen en gran medida de la forma en que las personas consiguen acceder a la tierra, pues es el medio de vida de muchos, principalmente de las poblaciones rurales pobres para quien es la fuente de alimento y refugio seguro.
Actualmente la doctrina económica dominante que se articula sobre la propiedad y las fuerzas del mercado nos marca obsesivamente que este problema se resuelve a través de la implementación de títulos de propiedad individuales, como única forma de asegurar ese acceso.
Debemos demostrar que no es así, que hay otra forma más justa: la forma colectiva haciendo primar allí no su valor de cambio, sino su valor de uso, su fin social.
Hoy a nivel global vivimos la consolidación cada vez más fuerte, de la visión de las ciudades y los territorios desde la perspectiva del gran capital, dejando de lado los intereses, y necesidades de las grandes mayorías que continúan sin acceso al suelo y la vivienda adecuada y a vivir dignamente. Gentes que continúan tugurizados, habitando en ciudades segregadas, sin acceso a la tierra productiva, totalmente excluidos. Sin embargo, esas mismas gentes somos quienes construimos, a pesar de estas dificultades, un hábitat diferente, más justo, más humano, más solidario. Por tanto nuestra voz debe ser escuchada y nuestras propuestas, atendidas.
Una de esas propuestas, el cooperativismo de vivienda autogestionario y de propiedad colectiva uruguayo cumple en 2016, medio siglo de existencia.
Cuestion que tiene un enorme significado en si misma pues muestra el desarrollo de una propuesta no solo constructiva, sino y principalmente ideológica desarrollada por los trabajadores que con el tiempo se convirtió por la vía de los hechos en la primer política pública de largo aliento sustentable, incluso en un producto de exportación país tomado por miles y miles de trabajadores en el mundo. Encierra una matriz de construcción de ciudad, de ciudadanía, un modo de vida, una contra cultura anti capitalista basada en la propiedad colectiva y por encima de eso: un movimiento social alternativo dispuesto a luchar por una sociedad más justa.
Pero además, estos 50 años demuestran la concreción por el propio esfuerzo de los trabajadores del derecho a la vivienda digna, sustentada en los valores éticos más caros para el movimiento obrero: honestidad, compromiso, trabajo, cultura del pago justo y propuestas serias tras conseguir las condiciones para lograr esa vida digna.
En ese sentido hay algunos temas donde se deben tomar decisiones concretas que logren una política sustentable en el tiempo:
El acceso equitativo al suelo urbanizado resulta fundamental consolidar Carteras de Tierras a nivel nacional a través del pasaje inmediato al Ministerio de Vivienda para su inclusión en la Cartera Nacional de Tierras, de todos aquellos inmuebles de propiedad pública aptos para la construcción de vivienda, no utilizado para otros fines prioritarios. La aplicación inmediata de la Ley de Ordenamiento Territorial, en aquellos aspectos en que no se ha avanzado. Inmediata aprobación inmediata del proyecto de Ley de Inmuebles Abandonados presentado en el Parlamento, además de acelerar el pago de las deudas al Estado a través de inmuebles, tomados estos a valor catastral.
La asignación de mayores recursos para el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización garantizando su estabilidad a través de la asignación presupuestal mensual de un monto equivalente a no menos del 2% de la masa salarial. Creando un impuesto a los juegos de azar con destino directo al FONAVI, el cual no reemplazara los aportes presupuestales. Gravando la extracción de utilidades de las zonas francas con destino al FONAVI. Sumando recursos con un impuesto progresivo a la vivienda vacía , al igual que se gravara la tierra urbanizada improductiva, no solo con la contribución inmobiliaria sino con otro impuesto.
Además y relacionado al tema Recursos, se debe transformar en Ley la actual política de subsidios a la permanencia. Exonerar de IVA a las cooperativas, al igual que ya ocurre con las construcciones hechas a través de la LIVIS (Ley de Inversión privada en Vivienda de Interés Social). Revisar el mecanismo de ajuste de las cuotas, para evitar que evolucionen por encima de los salarios. Ademas, los créditos solicitados para la construcción de Vivienda de Interés Social se devolverán a la tasa histórica del 2% y se debe poner en práctica el financiamiento de cupos libres y construir una línea de crédito para el mantenimiento de los complejos construidos hace más de 40 años.
Otro punto interesante es el necesario control del mercado de alquileres, a través de la creación de un impuesto sobre la vivienda vacía, exceptuando la de temporada. Se gravara a quien posea una o más viviendas vacías con la excepción antes referida con cargo directo al FONAVI. Esto además obligara a volcar esas viviendas al mercado de alquileres presionando a la baja el precio de los mismos. Para esto debería crearse un Registro Nacional de Viviendas y fijarse por parte del Estado una tabla racional de valores máximos de alquileres según la zona residencial.
La concreción de estas propuestas que son programáticas, nos permitirían construir con perspectiva y seriedad una política sustentable y de largo aliento en el tema Vivienda, que solidificaría los esfuerzos y los logros hechos a lo largo del tiempo, cumpliendo con los anhelos de los miles y miles de militantes anónimos que lucharon y luchan en estos 50 años por lograr un Hábitat más justo y más solidario.
*Secretario General de FUCVAM.