Imagen: "La estrategia del Caracol"(Sergio Cabrera)
Esta pregunta, frente al predominio aplastante de la derecha en el panorama mundial, parece pueril. Si se agrega que muchos consideran que hay posibilidades de que la civilización humana desaparezca de la tierra como resultado de la contaminación y sus consecuencias de luchas por materias primas (que podrían desembocar en un conflicto nuclear) aumenta la desconfianza respecto a su pertinencia.
Puede agregarse que el planeta entero parece inundado de huracanes de derecha y que los medios masivos de comunicación son todopoderosos en su legitimación del sistema productivo vigente, fundado en la competencia.
Sin embargo, renunciar a la racionalidad es como renunciar a la vida.
Liberalismo político y sistema productivo competitivo.
El liberalismo político sostiene que todos los hombres son iguales (lo que vulgarmente llamamos “democracia”), pero la realidad muestra que sólo lo son en el sufragio. Después de las elecciones, los gobernantes electos están sometidos a las presiones de los empresarios, de las transnacionales, de gobiernos más poderosos.
Y también, en la lucha por conquistar opinión pública, se enfrentan a los medios masivos de comunicación, en manos de una minoría de propietarios que defienden al sistema, dado que dependen de la publicidad.
Claro está que es mejor la democracia que una dictadura militar, pero no hay que olvidar que esos gobiernos de ultraderecha aparecen para defender los intereses del gran capital.
Una propuesta para ser difundida por “Hemisferio izquierdo”
Propongo hacer campaña para eliminar de la Constitución la noción de propiedad y sustituirla por el uso de bienes, limitado por el interés general. Hasta ahora, los partidos y movimientos de izquierda han planteado reformar la Constitución en aspectos organizativos del gobierno, pero nada respecto al sistema productivo.
No es un invento mío. Sigo en esto a Jean Luc Melenchon, en su propuesta por la 6a. República en Francia.
Alcance de esta propuesta
Es evidente que en un país como Uruguay es difícil que sea aceptada fácilmente. El partido gobernante, el Frente Amplio, se fue convirtiendo en centro-izquierda y recientemente muestra mayor dependencia de los medios de comunicación (fabricantes de opinión pública) puesto que no aplica la tímida ley de medios 19.307, que fue votada en 2014.
Pero es un país que tiene una tradición de haber introducido avances importantes antes que en Europa. Por ejemplo, la abolición de la pena de muerte fue en 1907, y en Francia (por ejemplo), en 1981. O el divorcio por la sola voluntad de la mujer, aparecido en 1912, legislación que aún no existe en muchos países pioneros en esta materia.
El primer propósito de esta iniciativa es denunciar la ideología dominante
En la actualidad, la ideología dominante surge de dos premisas: la “democracia” y el “mercado”.
Por “democracia” entendemos comúnmente las nociones de libertad, igualdad, fraternidad (conceptos que vienen del liberalismo político). Y por “mercado” entendemos sistema de competencia, desigualdad, limosna en lugar de fraternidad, etc. Como la ideología dominante se apoya constantemente en la premisa de la “democracia” (aunque ésta funcione plenamente sólo el día de las elecciones), el “mercado” pasa a ser considerado como un hecho de la naturaleza, no como un producto de la historia humana. Entonces, toda prédica que ensalza las virtudes del sistema de gobierno democrático y silencia la injusticia del sistema productivo fundado en la propiedad, se convierte en una ideología a favor del statu quo. En la Edad Media un monje escribió: “Dios hizo las cosas así: unos oran, otros combaten, los demás trabajan". Hoy, la TV y la prensa masiva, dicen: “La soberanía popular dispuso las cosas así: todos eligen y tienen iguales oportunidades” sabiendo que mienten en la segunda afirmación.
Entonces, creo que la izquierda debe enfrentar ese debate desigual con los medios y con la derecha, denunciando la asociación de esas dos premisas de “democracia“ y “mercado”.
¿Qué dice la Constitución sobre la propiedad?
El artículo 7, garantiza el derecho de propiedad. Pero el 32 va más lejos:
”La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda”. (Artículo 32 de la Constitución)
Entonces, este artículo es usado frecuentemente para impugnar leyes que limitan el derecho de propiedad bajo el argumento de su inconstitucionalidad. Es como un seguro jurídico que el sistema incluyó para impedir una transformación en profundidad. Una evidencia de que la “soberanía popular” no existe.
¿Qué alcance tendría “uso de bienes” en lugar de “propiedad”?
Por ejemplo: no impediría el derecho de herencia, pero sí podría limitarlo, incuso hasta el límite de que los herederos no pudieran recibir más que lo necesario para mantener el nivel de vida determinado para el resto de la población (en una hipótesis de sociedad totalmente igualitaria) o el determinado para cierta categoría de los habitantes (en una hipótesis de transición – siempre por ley – hacia una sociedad igualitaria).
Por ejemplo: no impediría el derecho a vivir de las rentas de alquiler, pero sí podría limitarlo.
También permitiría que las sociedades anónimas pudieran ser reguladas en diversos sentidos: disponiendo, por ejemplo, que un porcentaje de las ganancias del capital de cada empresa sea entregado en acciones a los asalariados, puesto que son los verdaderos creadores de riqueza.
No es un problema jurídico, sino político, económico y ético
Yo no soy jurista. Estoy sugiriendo un cambio en las instituciones jurídicas que apunta a un cambio progresivo en la organización de la sociedad. Si esto prosperara, los juristas deberían ser los encargados de dar forma al nuevo principio, para asegurar la coherencia necesaria.
Deben recordarse algunas ideas fundamentales: 1) las ciencias sociales -todas ellas- no sólo no son “ciencias exactas” ni “experimentales”, como las ciencias naturales, sino que, ante todo, son ciencias en las que el objeto (la sociedad) es estudiado por una parte de ese mismo objeto. Por eso fue acuñada la Tesis 11: “el problema no consiste en estudiar el mundo, sino en transformarlo”; 2) la mayor parte de las estadísticas, encuestas, relevamientos de datos relativos a problemas de la sociedad, provienen de fuentes gubernamentales, académicas o internacionales, todas ellas influidas – en grado distinto – por la ideología dominante. Por eso, si somos coherentes, si de verdad pensamos en la soberanía popular, hay que plantearle al soberano alguna alternativa a esta realidad injusta y suicida que es el capitalismo, para que decida. Y conscientes de que ese soberano está siendo constantemente manipulado por un sistema de comunicación social perverso, al servicio del capital y del capitalismo, sistema que pasó a ser el primer enemigo del cambio, incluso antes que la derecha organizada.
Acerca de la viabilidad de esta idea
Uruguay es un país dependiente, con desarrollo escaso. En algunos aspectos muestra signos de un desarrollo algo superior al de otros países de la región. Tal vez porque se pobló, prácticamente, después de su independencia en 1830, ya que entonces alcanzaba – en todo el territorio – sólo 70 mil habitantes. Duplicó esa población en 20 años: 131 mil habitantes en 1852. La triplicó 20 años después: 450 mil en 1875. Más que la duplicó en 1908: 1 millón y volvió a duplicarla hacia 1930. Y ese crecimiento fue, sobre todo, por inmigración, en su mayoría de Europa.
Como a otros países que introdujeron leyes sociales: jubilaciones, ley de 8 horas, etc., las presiones del capitalismo extranjero (que sin duda existen) no interfirieron con esos avances. Fueron tolerados. Es posible, entonces, construir la hipótesis de que este nuevo avance que propongo también pueda ser tolerado, hasta cierto punto , por el capital internacional y el imperialismo que lo apuntala. Al menos mientras el “modelo uruguayo” no se convirtiera en “modelo internacional”.
Pero en el caso de que este avance no fuera admitido por esas fuerzas externas y también en el caso de que no se llegue fácilmente a reunir las fuerza política necesaria para lograrlo, igualmente su planteo público avanzaría en la creación de conciencia política, porque denuncia la reproducción de la ideología dominante.