Imagen: Diego Rivera, "Campesinos"
Es incómodo hablar de los trabajadores rurales sin escucharlos a ellos, pero ¿por qué pasan estas cosas?, ¿por qué este silencio político? ¿por qué hablar DE ellos?, ¿por qué escribimos compañeros que no pertenecemos a sindicatos rurales?. ¿ Cómo evitar hablar POR ellos?. Suponemos que los que convivimos y trabajamos CON ellos desde otras ocupaciones laborales podríamos brindar una clave sobre lo que piensan y hacen, “mientras tanto” ellos mismos no lo hagan. Pero advertimos al lector del sur del país que desde el otro lado del Río Negro nos rebelamos ante aquella pueril sustitución, vieja en la larga tradición de la mitad izquierda del pensamiento político uruguayo, de sustituir la voz de los rurales.
Por otra parte también, pese a que este análisis político está basado en quince años de conversaciones con los trabajadores rurales así como en estudios teóricos sobre el trabajo rural, igualmente tiene algo de atrevido o de “prestado”. Conscientes de esta situación (que volvemos a insistir en que no es un subjetivismo sino un problema político) intentamos despertar la conciencia de la distancia histórica de la izquierda urbana al trabajo rural y presentar tres problemas políticos que a nuestro modesto entender atentan contra la lucha de los trabajadores rurales organizados con independencia de clase: el oportunismo táctico electoral, el paternalismo social, y el “cerco” de la negociación sin lucha.
La situación de clases hoy
En un reciente artículo publicado en “Rebelión”(1) caracterizamos las clases sociales en el medio rural nacional. En primer lugar distinguíamos tres clases sociales en el campo uruguayo:
-los productores empresariales capitalistas (grandes, medianos y pequeños),
-los “productores familiares” que trabajan la tierra sin contratar asalariados (por tanto con potencial autogestionario)
-los asalariados rurales.
También consideramos que en el Uruguay moderno dos de estas tres clases rurales tuvieron históricamente expresiones organizativas clasistas, tales como la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que promovió el alambramiento de los campos (a fines del siglo XIX) o la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) que promovió “desalambrarlos” si se trataba de latifundios improductivos que podían cumplir una función social (décadas del '60 y '70 del siglo XX). Pero también (decíamos en dicho artículo) existieron históricamente expresiones orgánicas policlasistas, donde se fundieron y confundieron los intereses de la patronal agraria, la pequeño burguesía y la producción familiar, como la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias (MCGA) que condujo temporalmente la protesta rural iniciada el 13 de abril de 1999.
Desde esta visión de las clases sociales y desde la forma de verse a sí mismos los trabajadores rurales ellos se identifican tanto como “productores familiares” o como “asalariados rurales” según la tenencia o no de medios de producción (principalmente tierras o animales).
Cabe señalar que históricamente los “productores familiares” se han mimetizado con la pequeño burguesía rural y se han organizado nacionalmente al calor de las otras fracciones de clase de la burguesía, mientras que los asalariados lo han hecho en sindicatos rurales de clase, pero sin continuidad de organización gremial de carácter nacional.
Sin embargo en la izquierda con pies de “cemento urbano” no se reconoce que pequeños productores familiares que no contratan mano de obra también son trabajadores explotados (por las agroindustrias, los acopiadores, intermediarios, etc.) e incluso auto-explotados. Los productores familiares no son la pequeño burguesía.
Esto redefine el marco de alianzas a la interna de las expresiones orgánicas de las clases populares en el campo. Aliarse “con el campo” (para el movimiento sindical, por ejemplo) significó acercarse a la burguesía agraria sin consultar a ningún sindicato rural, en aquella estrategia de que las “dos patas” clásicas de la izquierda llevaran al triunfo electoral de Vázquez en 2005. Una vez en el gobierno la camada de integrantes frenteamplistas del sistema político, desprendidos por completo ya de las propias bases de la fuerza política y de las fuerzas sociales y habiendo pagado con cargos los favores realizados por los “gremialistas rurales”, colocaron en 2010 a un Ministro de Ganadería que “sabe de campo” porque pertenece a la patronal agraria y reparte las migajas de la torta a “los pobres”. El mismo que ha dicho públicamente que la izquierda está de espaldas al campo, no sin razones.
Pero dentro de este marco general podemos distinguir a su vez dos rutas de salidas: para una parte del frenteamplismo la “solución” está en el control estatal de las cadenas agroindustriales con participación obrera y para otro sector frenteamplista el papel diferencial de la izquierda en el gobierno debe seguir siendo el de ponerle un rostro amable a la salvaje dinámica del agronegocio que “sacrifica al hijo más débil” (productores familiares “inviables”) y genera cada vez mayor aumento del trabajo zafral. Los últimos datos del MGAP también demuestran que se perdieron 12.000 productores familiares y que ha aumentado el trabajo asalariado zafral (27%) y ha bajado el trabajo permanente en el agro (15%) entre 2000 y 2011.
Basta con ver uno de los titulares del programa del FA para este gobierno: “En el campo del Desarrollo Rural se fortalecerá la construcción de capital social y humano”, para ver cuan lejos estamos de arengar a juntar fuerzas para enfrentar los intereses de la burguesía agraria. Los gobiernos de Vázquez y Mujica apostaron a capacitar mano de obra para el expandido agronegocio y a aplicar una batería de políticas sociales focalizadas de contención de la pobreza en el campo: una cantidad de mecanismos de “amortiguación” que acolchonan el conflicto, promoviendo una participación social domesticada y regulada desde arriba, que “ilusiona” a los trabajadores en que se benefician de la “riqueza” producida por sus mismos brazos que el papá Estado les devuelve, en reconocimiento de “derechos”, “porque antes...”, nunca antes se les había reconocido.
De seguir así las cosas los trabajadores rurales continuarán siendo “espectadores” de la táctica electoral devenida en estrategia, y de la renovación histórica del “pacto” de clases que implica el Estado de Bienestar. Sin embargo si el Partido Comunista fuera hegemónico en el gobierno seguramente la posición de controlar las cadenas agroindustriales haría sus intentos, y hasta avanzaría (revolucionariamente) en sus preocupaciones de incorporar en un frigorífico nacional la “fase agraria”, ya que como lo ha afirmado el senador Eduardo Lorier recientemente: “la vaca es nuestra fábrica de producir medios de producción”.
La historia de sus luchas
En la década de los ’40 del Siglo XX militantes partidarios (socialistas y comunistas) constataron que en nuestro país sin la presencia organizada de los trabajadores rurales no se podía enfrentar a las clases propietarias. En esa misma década, se experimentó la exclusión del sector rural de los “consejos de salarios” y de la mayoría de los beneficios legales conquistados para los trabajadores urbanos.
Como contrapartida se promovió un acuerdo en 1948 de la izquierda parlamentaria y las diversas corrientes de los partidos tradicionales a la hora de legislar sobre una política de tierra que “beneficiaría” al trabajador rural para superar la pobreza que la explotación y la desocupación tecnológica generaban. El dinero asignado inicialmente permitió una primer expansión de la cantidad de tierras distribuidas por Instituto Nacional de Colonización (INC), pero al no votarse a nivel parlamentario recursos suficientes para hacer real la obra “colonizadora” de forma contundente la ley apenas se viene aplicando (experimentando a partir de 2005 un tercer empuje de adquisición de tierras a favor del Estado).
Raúl Sendic (1925-1989) y otros luchadores sociales socialistas y comunistas desde la década del ’50 pasan a los hechos en la organización sindical con los peones del arroz, tambos, remolacha y caña de azúcar. En 1961 se organiza el sindicato de UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) y en 1962 , se lanza una primer marcha hacia Montevideo de más de 200 “peludos” reclamando una ley de 8 horas y mejora en las condiciones de trabajo. El 20 de febrero de 1964 tiene lugar la primera de las cinco Marchas por la Tierra que realiza UTAA entre ese año y 1970. La lucha por la tierra de los asalariados rurales generó la aplicación de un impuesto a las grandes propiedades, a través del cual se expropiaron varios latifundios a favor de colonización de cientos de miles de tierra durante el pachecato (en la segunda oleada importante de desmercantilización de tierras a favor del INC).
Varios “peludos” de la caña de azúcar entre 1969 y 1978 dieron su vida por una causa revolucionaria junto a la lucha de nuestro pueblo. En las listas de asesinados de la “Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente” pueden encontrarse nombres de compañeros y compañeras, integrantes activos o relacionados a la UTAA como Edelmar Ribeiro (el 'Nego Velho') el primer peludo sindicalista asesinado por la policía del Departamento de Artigas el 23 de marzo 1969 (¿no debería ser este el “día del trabajador rural”?), el Profesor Dante Porta y Raúl Facio Soto (asesinados en la tortura en Bella Unión en 1976), y como detenidos-desaparecidos en la Argentina entre 1977 y 78: Atalivas Castillos, Eduardo Gallo Castro (“Cacho”), Félix Maidana Bentín (“Juancito”), el “Tatú” Severo Barreto y cuatro integrantes más de su familia (incluyendo su hermano Carlos de 16 años, su esposa Beatriz Anglet, su hermana Marta y su cuñado Jorge Martínez) que también sufrieron el secuestro de una bebé.
Como expresión de la defensa de los intereses de clase este terrorismo de Estado apuntó a destruir la organización peluda. UTAA analizaba en un documento de 1987 que “doce años de dictadura dejaban nuestros sindicatos debilitados en cuanto a experiencia y en lo que se refiere a la formación de sus militantes”. Por lo que la creación de otro sindicato cañero (el SUTRA) fue apoyado por dirigentes del Frente Amplio para negociar con las patronales, “obtener convenios sin luchas” y quitarle a los trabajadores el “miedo” a la vinculación del sindicato con la guerrilla. Luego del cerco militar hubo otro “doble cerco”: “de las patronales contra UTAA y del resto de la izquierda contra UTAA en esa época. Porque se largaron a formar un sindicato nuevo con compañeros que habían pertenecido a UTAA que fuera más favorables a las patronales. Y eso se expresa en la firma de un convenio prácticamente sin luchas, a partir de negociaciones.” (Entrevista a Colacho Estévez del año 2002).
Mientras que el clasismo de los sindicatos rurales logró desarrollarse en los '60 y los '70, ya en los '80 aparece junto al “cerco” de clase, un “segundo cerco” que es una contradicción en el seno del pueblo que intentó frenar al clasismo.
Hay que subrayar que esto último sucedió cuando hubo una coyuntura favorable para la reorganización sindical de carácter nacional, en el marco de la recuperación de la democracia. Pese a la disputa por la representación gremial del sector cañero, en este entonces se articularon 12 sindicatos de asalariados rurales detrás de la Federación Nacional – FENARU – representando a 5.000 afiliados. Sin que la disputa entre la UTAA y el SUTRA terminara, la FENARU fue declinando hacia la década de los '90, cuando la persecución sindical, la desaparición de ciertos cultivos y la incorporación de nuevas tecnologías provocaron una nueva des-concentración de los trabajadores.
Nuevos y variados intentos de coordinación de carácter nacional (“Departamento”, “Coordinadoras”, etc.) de sindicatos rurales se hicieron sin lograr una presencia permanente en los espacios orgánicos del PIT CNT. En Septiembre de 2003, por ejemplo, se fundó la Coordinadora de Asalariados Rurales en la Unidad Cooperaria Cololó No.1 (Depto.Soriano), que se movilizó en Montevideo en noviembre de ese año para frenar los intentos del gobierno de cerrar el INC por su déficit presupuestario. Arribando al 2005 en Bella Unión el SUTRA desapareció. Y en Montevideo el Gobierno del Frente Amplio implementaba la instauración de los Consejos de Salarios Rurales.
La era progresista
La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) si bien se fundó en Bella Unión (Artigas) en diciembre de 2004, formalmente quedó constituida el 30 de abril (actual “Día del Trabajador Rural” por Ley) de 2005 en un Congreso en Salto como entidad de segundo grado que agrupó inicialmente a seis sindicatos rurales del litoral y San José: la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el Sindicato de Obreros de Mi Granja (SIOMI) y el Sindicato de Obreros Rurales y Destajistas de San José (SORYDESA), el Sindicato de Único de Obreros Rurales y Agroindustriales (SUDORA) de Salto, la Unión de Trabajadores Rurales e Industriales de Azucitrus (UTRIA) y la Organización Sindical de Obreros Rurales (OSDOR) de Paysandú.
En 2007 ascienden a 14 sindicatos incorporándose el Sindicato Único de Trabajadores Asalariados del Arroz (SUTAA), el Sindicato de Trabajadores Rurales de Flores (SITRAF), Citricultores Rurales (CITRACOR), Movimiento Sindical de Trabajadores de Granja (MSTG), Sindicato de CALAGUA (SUCAL), el Sindicato de CALVINOR, Sindicatos de Trabajadores de las Bodegas San Juan y un sindicato de Belén (Salto).
Así como surgen en la era progresista también desaparecen sindicatos rurales. Entre 2009 y 2011 se incorporan a la UNATRA: el Sindicato Único de Trabajadores de Tambo y Afines (SUTTA) de las cercanías de Sarandí Grande (Florida, fundado en 2009), el Sindicato de Trabajadores Hortícolas (STH) de Bella Unión (fundado en 2011), el SITRAA (Sindicato de Trabajadores Asalariados de Arándanos) de Salto (fundado en 2009) y el UTRASURPA (Unión de Trabajadores del Sur del País) de San José (con ex integrantes del SIOMI).
En el año 2012 en el Departamento de Tacuarembó se organizó, con un importante apoyo del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (que sigue siendo dirigido por el empresario, estanciero-arrocero-cañero, Tabaré Aguerre), el “Sindicato de Peones de Estancia” (SIPES) alcanzando quizás con sus afiliados apenas al 1 % (uno por ciento) de los asalariados de la ganadería.
Sintetizando, diríamos que por un lado el “consejo rural” llevó a un reconocimiento por parte del Estado de los sindicatos en empresas de citrus, caña de azúcar y granjas, así como favoreció indirectamente a que se fortalezcan nacientes organizaciones en zonas productivas que han tenido una mayor expansión en la última década (arroz, ganadería y forestación) y en otras que no contaban con experiencias recientes de sindicalización rural.
Nuevamente (como en Bella Unión de los '80) al generarse una coyuntura favorable para la reorganización sindical, aparece la disputa interna por ocupar el espacio de representación gremial de los asalariados rurales confrontándose nuevamente las dos posturas: la tradición clasista y la de los “interlocutores” más compatibles con la “gobernabilidad”. Es así como conviven dentro de la UNATRA el histórico clasismo orejano y la “polea de transmisión” de dirigentes que defienden sindicatos institucionalizados, tutoriados por el gobierno, que actualizan el “segundo cerco” al sindicalismo con independencia de clase, en un contexto de mayores oportunidades políticas para “negociar sin luchar”, para el cual es más cómoda la des-memoria, el olvidarse que varios trabajadores rurales dejaron el cuero en la estaca por 8 horas y un pedazo de tierra.
(1) “Diez años de lucha por la tierra en Uruguay”: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=210611
* Pablo Díaz es Profesor de la Universidad de la República. Integrante del Movimiento por la Tierra.