Ilustración: Ramiro Alonso
(este artículo fue publicado originalmente en el Informe anual de SERPAJ Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2020)
Matices en el tercer batllismo
Se suele pensar que los años que se corresponden con los tres gobiernos del Frente Amplio (FA) constituyen una etapa económica homogénea caracterizada en lo fundamental por un fuerte empuje económico. De esta manera, se habla del “ciclo progresista” sin mayores resguardos por señalar matices en la evolución de las variables macroeconómicas de esos 15 años. Sin embargo, es posible identificar con claridad dos etapas bien diferenciadas entre 2005 y 2019, lo cual nos permite a su vez echar luz sobre el momento económico en el cual nos encontramos y sobre los procesos de recambio político del reciente ciclo electoral.
Si bien técnicamente la economía uruguaya creció de forma ininterrumpida entre 2005 y 2019, desde 2015 ingresó en una fase de enfriamiento con un crecimiento anual del producto y el salario real considerablemente inferior al período precedente. Mientras en los años que corresponden a la primera gestión de Tabaré Vázquez (2005-2009) el PBI creció 5,9% anual en promedio y durante los años correspondientes a la gestión de José Mujica al frente de la presidencia (2010-2014) lo hizo a un promedio anual de 4,9%, en los años correspondientes a la segunda gestión de Vázquez (2015-2019), el crecimiento anual promedio fue de 1,3%. En términos de PBI per cápita, la variación en el total del período 2015-2019 fue de apenas un 0,9%, lo que indica que la riqueza total por habitante se encontró prácticamente estancada[1].
La cantidad de empresas se multiplica en el período 2005-2019. Según el registro del Instituto Nacional de Estadística (INE) que releva las entidades jurídicas con actividad económica en el sector privado, pasamos de un total de 110.716 entidades jurídicas en 2005 a 191.282 en 2019, una variación de 72,8%. Sin embargo, esa variación no es constante en ese período. Si solo tenemos en cuenta las empresas con 5 o más empleados (que representan el 13,5% del total), vemos que entre 2004 y 2009 el número de éstas crece 22,5%, entre 2009 y 2014 un 38,3% y en el período 2014-2019 el crecimiento se detiene, registrándose incluso una ínfima disminución del número de empresas (- 0,1%)[2].
La variación acumulada del salario real en dichos períodos también registra un comportamiento similar. Mientras que en las dos primeras gestiones frenteamplistas crece un acumulado de 26% (2005-2009) y 25% (2010-2014), en el último período de gestión lo hace apenas un 4% (2015 y 2019). La tasa de empleo del conjunto de la economía (personas ocupadas respecto a la población en edad de trabajar) se eleva entre 2005 y 2014 desde un 53% a poco más del 60%, para luego descender hacia 2019 a cerca del 56%. El desempleo registra un movimiento inversamente proporcional. Tiene un fuerte descenso en los primeros dos períodos de gestión frenteamplista, donde desciende de casi un 13% a un mínimo cercano al 6% en 2012, para luego estancarse y comenzar a subir hasta llegar a casi un 9% en 2019[3].
Los puestos cotizantes en la seguridad social parten en 2004 de poco menos de un millón y crecen sostenidamente hasta alcanzar en 2014 casi 1.450.000 y estancarse allí hasta 2019. En coherencia con esto, la informalidad medida según cantidad de trabajadores no registrados sobre la población ocupada parte de un 40,7% al final del gobierno colorado de Jorge Batlle y desciende hasta un 24,9% al final del gobierno de Mujica (2014) y allí se estanca registrando un 24,8% al final del gobierno Vázquez (2019)[4].
La pobreza medida en términos de ingreso cae drásticamente entre 2005 y 2014, pasando de un valor cercano al 40% a cerca de 10%. Sin embargo, en el quinquenio 2015-2019 ese descenso se estanca entre el 9 y el 10%[5]. La desigualdad de ingresos, medida por el índice de Gini, se reduce considerablemente entre 2007 y 2012 (de 0,46 a 0,38), y allí permanece constante hasta 2019.
Las reservas internacionales, es decir, los depósitos en moneda extranjera bajo control del Banco Central del Uruguay utilizados para la gestión del tipo de cambio y el resguardo de la capacidad del país para la realización de diversos pagos en divisas (importaciones, amortización y pagos de intereses de deuda externa, remisión de utilidades al extranjero, etc.) crecieron sustantivamente en el período 2005-2014, más del 600% hasta llegar a los USD 17.400 millones. No obstante, a partir de 2014 ya se registra un fin en su alto ritmo de crecimiento y el valor a 2019 es un 13% menor al de 2014.
El resultado fiscal se ubicó entre 2005 y 2012 en un rango deficitario entre 0 y 2% del PBI, sin embargo, a partir de 2012 salta a cerca de tres puntos del producto y continúa creciendo hasta llegar a casi un 5% de déficit en 2019[6]. La deuda bruta del sector público, entre 2004 y 2014 transita una secuencia de caída desde un 100% del PBI a cerca del 58%, para a partir de allí iniciar un proceso de crecimiento moderado pero constante hasta llegar a un 66% del PBI anual en 2019[7].
Tanto el incremento sostenido del déficit fiscal (gasto del Estado que supera a sus ingresos) y como el de la deuda externa, suelen indicar que la economía está compensando y postergando una serie de desequilibrios. En el primer caso, el déficit fiscal revela la postergación de una creciente puja distributiva por el ingreso entre diferentes actores al interior de la economía local. El crecimiento, y la recaudación impositiva asociado a éste, no permiten acompasar el nivel de crecimiento del gasto público. Esa brecha es lo que se expresa luego en la forma de déficit fiscal. En el caso de la deuda externa, la misma opera como una fuente de compensación de divisas (moneda extranjera), lo que revela que no están ingresando las divisas necesarias para acompasar y sostener el proceso de crecimiento económico.
Es notorio que la economía uruguaya presentó un comportamiento diferente entre 2005 y 2014 y entre 2015 y 2019. En el primer caso se trató de un período de fuerte expansión económica de la mano de una mejora en diversos indicadores sociales. En ese período fue posible combinar crecimiento de las ganancias con inclusión social, a la vez que se mejoraban otros indicadores como el incremento de las reservas internacionales y la caída de la relación deuda externa PBI, además de una mejora en su perfil (menos deuda nominada en dólares, menores tasas de interés y mayores plazos de amortización). Al mismo tiempo, se expandieron fuertemente los capitales tal como lo muestra la expansión del número de empresas, creció el salario real promedio de los trabajadores, así como el número de personas ocupadas, que pasa de aproximadamente poco más de 1.300.000 personas en 2004 a más de 1.600.000 en 2014, año en que se estanca y comienza a descender levemente. Estamos por tanto ante una fase de fuerte expansión y de agregación de demandas e incorporación de participantes al reparto de la economía uruguaya que contrasta fuertemente con los niveles de exclusión a los que se había llegado en el primer quinquenio del siglo XXI.
En el período 2015-2019 se entra en una fase de meseta y de empeoramiento en algunos indicadores. El crecimiento del PBI se reduce significativamente y medido por habitante prácticamente se estanca. La pobreza y el desempleo empeoran levemente. Es posible visualizar también una agudización de la puja distributiva y la restricción externa (carencia de dólares), que en parte se traduce en el fuerte incremento del déficit fiscal y el fin de un ciclo de desendeudamiento en relación al PBI y el inicio de un proceso de incremento de los niveles de deuda pública y un estancamiento en el crecimiento de las reservas internacionales.
¿Qué explica este primer período de fuerte expansión (2005-2014) y la posterior meseta (2015-2019)? Es visible que entre esos períodos no se registra un giro en el elenco político de la conducción macroeconómica, por lo que es sencillo descartar explicaciones que busquen respuestas en los giros de política económica. Las razones deben buscarse en las bases mismas de cómo funciona la economía uruguaya y visualizar las determinantes de fondo que explican los ciclos de expansión, el estancamiento y las crisis en la economía política del Uruguay.
Uruguay es un país “Ni-Ni” en el concierto mundial: ni tiene la baratura de la mano de obra de países del sudeste asiático, ni la alta productividad de los llamados países centrales. Su inserción internacional se basa en la exportación de bienes primarios a partir de los cuales obtiene una fuente de riqueza extraordinaria como es la renta del suelo, la cual, por no remunerar a ningún sujeto necesario para la producción, sino derivarse de la propiedad de la tierra, puede operar como una fuente de compensación a la improductividad relativa y baja competitividad del conjunto de los capitales de la economía[8].
El principal mecanismo utilizado durante el pasado ciclo progresista para transferir renta agropecuaria al conjunto de la economía fue la sobrevaluación del tipo de cambio. Un dólar barato afecta a quien exporta en beneficio de quienes operan con mercancías importadas y quienes compran divisas para obtener poder de compra internacional. Esto dinamiza la acumulación interna en la medida que abarata los bienes de capital y las mercancías importadas que componen los salarios, y con esto reduce los costos de los medios de producción y permite que se mejore las remuneraciones de la fuerza de trabajo a la vez que no se afectan los ingresos del capital.
Al igual que el conjunto de América Latina, Uruguay recibió entre 2004 y 2014 un flujo creciente de renta del suelo producto del incremento sostenido de los precios de las materias primas a nivel internacional. Datos procesados por Oyhantçabal[9] en su tesis doctoral indican que mientras en 2005 la magnitud de renta del suelo que se transfería al conjunto de la economía por la vía del abaratamiento del tipo de cambio o sobrevaluación cambiaria (apreciación del peso) era del entorno de los USD 500 millones anuales, este valor crece sistemáticamente hasta llegar al entorno de USD 3.300 millones durante 2012, 2013 y 2014, para luego comenzar un descenso a menos de USD 2.500 millones en 2019, descenso que coincide con el fin del superciclo de los commodities en 2014. Este auge del flujo de renta coincide con un proceso continuado de sobrevaluación del peso que recorre todo el período entre 2005 y 2014, y que recién se estabiliza a partir de 2014, revelando que ya se llegó a un límite para continuar incrementando la magnitud de transferencia de recursos hacia el conjunto de la economía por la vía de traspasar renta del suelo por la vía cambiaria.
La expansión del flujo de renta, cuando parte importante de ésta se obtiene por la agricultura extensiva, tiene como contracara el incremento sustancial de los agroquímicos (fertilizantes y biocidas) que se utiliza el agronegocio. En los años 2000 y 2001 se utilizaban poco menos de 5.000 toneladas anuales de agroquímicos. Este valor crecerá continuamente a lo largo de los años hasta llegar a casi 25.000 toneladas en 2014. En consonancia con la caída de los precios internacionales de las materias primas, en 2015 caerá la superficie bajo explotación agrícola y con ello el uso de agroquímicos a unas 15.000 toneladas por año[10].
Además de la renta del suelo, la inversión extranjera directa (IED) cumplió un rol relevante en la fase expansiva referida. Mientras que entre los años 1970 y 2000 el promedio de stock de IED es del 0,6% del PBI total, entre 2006 y 2014 superará siempre el 3,5% del producto. Es recién desde 2014 en adelante que comenzará a disminuir para llegar a niveles sustantivamente inferiores[11]. El alto flujo de IED se vincula con las bajas tasas de interés a nivel internacional, pero también con la expansión del flujo de renta recibido por el país, ya que uno de los objetivos de valorización de la IED son justamente los ingresos derivados de la renta del suelo. El resultado de esta expansión de la IED fue una importante extranjerización de la economía. Así, mientras en 2003 casi el 80% del valor exportado correspondía a capitales uruguayos, para 2019 solo el 31% del valor exportado corresponde a empresas nacionales[12].
El tercer elemento que explica el sustantivo crecimiento de la fase 2005-2014 es el efecto rebote sobre la crisis del 2002 y la caída del salario real de cerca de un 20% ocurrida allí, lo que abarató considerablemente la fuerza de trabajo. Es recién en 2010 que el salario real promedio de las uruguayas y uruguayos recupera los niveles previos a la crisis del 2002.[13]
El fin del empuje rentista y la retracción de la IED comienza a sentirse en los niveles de inversión en la economía local. La formación bruta de capital fijo, luego de subir continuamente desde un valor menor al 15% del PBI en 2004, hasta alcanzar valores superiores al 20% en 2012, 2013 y 2014, en 2015 inicia su descenso hasta estancarse en cerca del 17% del PBI.[14] Sin embargo, a la vez que cae la inversión local, entre 2013 y 2018 los activos privados en el extranjero (ahorro local que se fuga al exterior) en ese período se incrementan un 28%[15] y se ubican en un valor acumulado cercano al 50% del PBI anual. Esto sugiere dos hipótesis: (i) durante el auge rentista el capitalismo uruguayo quedó chico para la reinversión de utilidades, a tal punto que una grueso de ellas fue transnacionalizado en cuentas bancarias fuera del país, activos fijos como tierras en Paraguay (donde hay cerca de 2 millones de hectáreas compradas por uruguayos) y otros activos en el exterior; (ii) en la fase de estancamiento se aceleró la fuga de divisas, probablemente en busca de una rentabilidad que la economía local no podía otorgar.
La dependencia del flujo de renta del suelo establece la existencia de ciclos recurrentes que responden en lo fundamental a los ciclos generales de la evolución del precio de las materias primas a nivel global. Las fases de alza son fases de expansión económica y de agregación de demandas, las fases de estancamiento comienzan a intensificar la puja distributiva y a prologar una fuerte disputa por la distribución social del ajuste requerido por la economía cuando ya no cuenta con los motores del período anterior.
Históricamente, los diferentes ciclos de expansión sobre la base de un boom de renta han dado lugar a los dos batllismos del siglo XX (Methol Ferré llamaba al batllismo el “partido de la prosperidad”). Considerando los años progresistas del Siglo XXI como una suerte de tercer batllismo, en la coyuntura actual parece estar cristalizando un nuevo “momento antibatllista” que expresa la necesidad de reajustar economía. En este, vuelve a alinearse y gana centralidad política una coalición integrada por el herrerismo, los herederos del riverismo y una proyección del capital rural (que expresó Un Solo Uruguay). Se trata de un momento conocido para el Uruguay, tal como fue el golpe de Gabriel Terra en 1933 o la victoria del herrero-ruralismo en 1958 cuando asume el poder el primer colegiado blanco.
Impactos económicos del COVID-19: una crisis empalma con la meseta
La pandemia del COVID-19 aceleró y agudizó este escenario de desaceleración y ajuste que viene procesando la economía uruguaya desde 2015, luego de agotado el último boom de commodities. En este sentido, es importante separar en el análisis las tendencias de fondo de la economía uruguaya de los impactos específicos que introdujo la pandemia, de forma de evitar atribuir la actual crisis económica exclusivamente a los efectos del COVID 19.
La pandemia impactó en la economía uruguaya mediante dos grandes mecanismos. En primer lugar, porque los efectos globales de la pandemia redujeron las exportaciones de bienes y servicios, siendo los casos paradigmáticos China como principal destino de las exportaciones de bienes (soja, carne, celulosa) y Argentina como principal fuente de turistas. Las cifras indican que de enero a setiembre de 2020 las exportaciones de bienes cayeron un 16% en comparación con igual período en 2019, registrándose importantes caídas inter-anuales en los principales rubros de exportación del Uruguay como la carne (-16%), la soja (-20%) y la pasta de celulosa (-31%). La principal explicación de esta caída está en la reducción de las exportaciones a China, cuya economía cayó un 6% durante el primer semestre de 2020. En el caso del turismo, el impacto aún no fue tan significativo, ya que la pandemia no afectó la temporada estival de 2020. Sin embargo, desde marzo prácticamente desapareció el turismo internacional, y todo indica que la temporada estival de 2021 será muy negativa ya que las fronteras permanecerán cerradas. Si bien parte del turismo de uruguayos en el exterior se redirigirá hacia el mercado interno, el mismo llegaría a cubrir como máximo un 40% del turismo de extranjeros en Uruguay[16].
En segundo lugar, la pandemia impactó severamente en la economía uruguaya por las medidas de aislamiento tomadas a nivel nacional para contener la expansión del virus. El impacto más severo se produjo en los tres meses posteriores a la declaración de la emergencia sanitaria el 13 de marzo. Durante el segundo trimestre de 2020 (abril-junio) el PBI cayó 10% en comparación con el mismo trimestre de 2019, y un 9% en comparación con el primer trimestre de 2020. Los sectores más afectados fueron los vinculados al comercio, los servicios y la industria, consecuencia directa del cierre transitorio de comercios y la reducción del consumo asociada a la incertidumbre generada por la crisis.
Si bien recién el año que viene sabremos el impacto real de la crisis causada por el COVID 19 en la economía uruguaya durante este año, las previsiones del FMI en su informe de octubre 2020 indican que el PBI caerá 4,5%, un punto porcentual por encima de las estimaciones del gobierno uruguayo que ubican la caída en 3,5%. Cabe recordar que, antes de la pandemia, el pronóstico para la economía uruguaya en 2020 era de un crecimiento de 2,5%. El FMI también pronostica que en 2021 el PBI crecerá 4,3% y en 2022 crecerá otro 2,3%, de forma que recién a fines de 2022 el producto bruto tendrá el nivel que hubiera tenido a fines de 2020 sin COVID[17].
Como no podía ser de otra forma, en una sociedad capitalista este brutal parate económico impactó severamente en los ingresos de buena parte de la clase trabajadora. En las primeras cuatro semanas de la epidemia alrededor de 140.000 asalariados privados fueron enviados al seguro de paro (que remunera alrededor de 55% del salario), que se sumaron a unos 45.000 trabajadores que estaban en el seguro de paro antes de la pandemia, llegando a una cifra récord de 185.000 beneficiarios. Al mismo tiempo, la parálisis de parte de la economía afectó en cifras aún desconocidas los ingresos de miles trabajadores informales, los que representan cerca del 30% de la Población Económicamente Activa. El impacto fue tal que en abril el Instituto de Economía estimó que en dicho mes 100.000 nuevas personas cayeron bajo la línea de pobreza[18].
Si bien hacia setiembre las cifras de seguro de paro mejoraron, bajando a un total de 100.000 personas, se estima que en julio más de 20.000 personas habían perdido su trabajo a causa de la pandemia, los que se suman a los casi 60.000 nuevos desempleados generados en el período 2015-2019, elevando la tasa de desempleo a un 10,8%.
Si bien el gobierno de Lacalle Pou tomó diversas medidas para paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia, como subsidios directos, extensión de seguro de paro y apoyos a empresas[19], los mismos han sido magros en la comparación internacional según surge de informes de la CEPAL[20]. El propio gobierno, luego de criticar a la CEPAL por las cifras publicadas sobre Uruguay, afirmó que en su conjunto los gastos imputados al llamado Fondo Solidario COVID-19 alcanzan al 0,9% del PBI[21] (contra el 0,7% reportado por CEPAL). Cualquiera sea la cifra que se utilice, la misma está muy por debajo del promedio de América Latina, que asciende a 3,2% del PBI, y más debajo aún de países con gobiernos afines al de Uruguay como Chile (5,7%), Perú (4,8%), Brasil (4,6%) y Paraguay (4,2%). De hecho, como la propia CEPAL (pag. 27) demuestra, en el conjunto del continente la magnitud del gasto no se relaciona directamente ni con la magnitud de la deuda ni con el déficit fiscal, pues existen países con mayor nivel de endeudamiento (Argentina) y mayor déficit fiscal (Brasil) que han gastado más que Uruguay.
Así, el magro paquete fiscal del gobierno parece resultar de una estrategia política orientada a abatir el déficit fiscal a como dé lugar, tarea que se le hará más cuesta arriba por los impactos de la pandemia. Al asumir en marzo de 2020, el déficit fiscal estaba en el entorno del 5% del PBI (unos 2.500 millones de dólares), sin embargo, producto del paquete fiscal para enfrentar los efectos del COVID 19 y de la reducción de la recaudación impositiva por la caída de la actividad económica, dicho déficit se elevó a 6,1% a setiembre de 2020 y se espera que cierre el año en 6,6% del PBI.
El gobierno pretende que este incremento sea solo coyuntural, y tiene por meta llevar el déficit fiscal a 2,5% del PBI al finalizar el período de gobierno. Para lograrlo está implementando una estrategia que, mientras evita el incremento de los impuestos, descarga todo el peso del ajuste sobre las y los trabajadores mediante la caída del salario real y la reducción de partidas de gasto. Esta estrategia busca, por un lado, seguir accediendo a créditos internacionales a bajas tasas de interés, para lo cual es clave mantener el grado inversor, y, por otro lado, impulsar el crecimiento de la economía incrementando la rentabilidad del “malla oro”: los capitalistas privados.
El proyecto de la coalición multicolor: herreristas, ruralistas y riveristas del Siglo XXI
El nuevo gobierno que asumió en marzo 2020 representa a un conjunto de fuerzas que en términos sociológicos y políticos expresan lo que llamamos el momento anti-batllista del Uruguay. Se trata de un amplio abanico social que condensa los intereses del capital privado en Uruguay, con especial protagonismo de la burguesía terrateniente agraria, genéticamente anti-batllista, en tanto afectada por las políticas de distribución de renta de la tierra, y a buena parte de la burguesía industrial y del pequeño capital mercado internista, que puja por la caída salarial y la baja de impuestos. A estos sectores se les suma la corporación militar (seguro de vida de la burguesía uruguaya) y también diversos sectores de clase obrera, que abarca desde fracciones de las y los trabajadores más pauperizados que apuntan a recibir diversas prebendas económicas con mecanismos de tipo clientelar, hasta fracciones de las y los trabajadores calificados (mal llamados clases medias) que aspiran a limitar las políticas de distribución que, piensan, benefició injustamente a “vagos, trabajadores públicos y sindicalistas”.
La clave para la victoria en las elecciones nacionales de 2019 de este amplio abanico social, que se expresó políticamente en la coalición multicolor, estuvo en saber aprovechar la erosión que produjo en el pacto de clases progresista el desfondamiento del ciclo rentista del período 2004-2014. En este sentido, es clave leer el proceso de impugnación social a lo progresista (al batllismo), que no empezó en 2019, sino que fue creciendo de forma capilar bajo la forma de un malestar social con el gobierno frenteamplista, y condensó en expresiones de masas que subjetivaron políticamente a parte del pueblo uruguayo en pro de la agenda del ajuste. Quizás la expresión más clara de esto último fue el surgimiento del movimiento Un Solo Uruguay (USU) en enero de 2018, el que expresó el reclamo de mayor rentabilidad para los capitalistas agrarios, pero con un discurso que reactivó de forma creativa la vieja oposición campo vs. ciudad, logrando amplios niveles de adhesión en los sectores sociales vinculados a la actividad agropecuaria.
Por otro lado, la consolidación de la agenda programática del capital privado se puede rastrear antes del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, con la creación de la Confederación de Cámaras Empresariales en 2013. Esta “central patronal” enarboló un programa de ajuste, en pleno boom de renta, pidiendo flexibilidad laboral y recorte del gasto público. Como si los empresarios uruguayos supieran que, una vez superada la bonanza internacional, solo iban a poder seguir siendo viables con base en bajos salarios y recorte de impuestos, confirmando que en Uruguay no habita el empresario romántico de Schumpeter, ese que innova, arriesga y revoluciona permanente las bases técnicas del capitalismo.
A caballo de estos intereses, el gobierno de Lacalle Pou está impulsando un programa de ajuste clásico: bajar salarios, reducir el gasto público, incrementar la capacidad represiva del Estado y dinamizar al capital privado cediéndole pedazos de la economía. En este sentido, y más allá de la retórica (neo)liberal, lejos de “achicar el Estado”, la coalición multicolor está reorientando las funciones del Estado, fortaleciendo su brazo derecho, ligado a la defensa de la propiedad privada, y debilitando su brazo izquierdo, ligado a las políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de reproducción de la clase obrera.
En lo que va de 2020 esta ofensiva programática tomó forma en dos grandes proyectos de Ley: la Ley de Urgente de Consideración (LUC) aprobada en julio y la Ley de Presupuesto 2021-2025 que, al momento de escribir estas líneas, ya tiene media sanción parlamentaria.
La LUC supuso, en lo medular, la aprobación de una reforma del Estado express en un solo texto legislativo que afectó a decenas de leyes previas. Esto hace que tenga vicios de forma, ya que abusó del mecanismo de urgente consideración previsto en el texto constitucional. Pero, lo más importante, es que en materia de contenidos impuso una serie de reformas regresivas en línea con el programa de ajuste y represión del nuevo gobierno, y lo hizo en un contexto marcado por urgencias reales ligadas al impacto del COVID-19 que, entre otros aspectos, dificultó el debate público y la movilización colectiva.
Entre las principales reformas aprobadas con la LUC destacan diversos artículos que incrementan la capacidad represiva de la policía, la eliminación de mecanismos de participación social directa (por ejemplo en la ANEP), el retiro del Estado de diversos sectores de la economía para abrir nuevos negocios para el capital privado (Instituto Nacional de Colonización, empresas públicas, vivienda) y la aprobación de una regla fiscal que busca atar de manos la capacidad de gasto del Estado.
Por su parte, la Ley de Presupuesto (LP) 2021-2025 implica congelar el gasto público en todo el período, de forma que en 2025 se gastará lo mismo que en 2020 comparando las cifras en moneda constante. Se trata de una Ley que profundiza y consolida el recorte por decreto (nº 90/020) del 15% de la partida de gastos e inversiones para todos los incisos de la administración pública con excepción de la salud, la educación y los ministerios del Interior y Defensa.
En concreto, la LP implicará una reducción relativa del nivel de gasto público de 30,5% (2019) a 28,1% (2024) del PBI en tanto se prevé un crecimiento de más de 10% del PBI hacia el final del período[22]. La caída del gasto afectará todas los rubros, incluyendo remuneraciones, pasividades, transferencias e inversiones. Sin embargo, el gobierno no mantendrá la misma estructura de gasto que en 2020, sino que reasignará partidas recortando el gasto en algunos incisos e incrementando en otros. En esta decisión política es donde queda en evidencia el contenido de clase del ajuste de la coalición multicolor que, mientras prevé una caída del ingreso real de salarios y pasividades, incrementa las partidas salariales para el Ministerio de Defensa.
La caída salarial en la administración pública, sumada al recorte de diversas partidas, implicará un deterioro en la calidad y la oferta de los servicios públicos, que no es otra forma que una reducción del salario indirecto (el que se “cobra” mediante servicios públicos) para el conjunto de la clase obrera.
Un ítem aparte, que este año tuvo menor intensidad por la pandemia, será la negociación colectiva en el sector privado. El acuerdo puente alcanzado entre trabajadores, empresarios y gobierno a mediados de 2020 implicó la postergación por un año de la apertura de los Consejos de Salario, y la reducción de un 3% del salario real del sector privado. En teoría esta caída se recuperará al final del período, junto con la recuperación de la actividad económica, aunque eso aún está por verse. Evidentemente las cámaras empresariales presionarán para lograr acuerdos salariales basados en la negociación por empresa (y no por rama), la desindexación del salario de la inflación (el IPC), lo que permitirá bajar salarios en términos reales, y en cláusulas de descuelgue que permitan a las empresas no cumplir lo acorado en los Consejos de Salario si su rentabilidad es mala.
Por último, a los ajustes directos sobre los ingresos de trabajadoras y trabajadores, es muy factible que se le sumen las prometidas reformas educativa y previsional, y, aunque no se haya anunciado, una posible reforma laboral. Se trata de medidas que, de un modo o de otro, ampliarán los espacios en la economía para los capitalistas privados, al tiempo que reducirán la calidad y la oferta de bienes públicos accesibles a toda la población, y no solo para aquella con poder de compra. También está en la agenda la privatización y/o desmonopolización de empresas públicas, cuyo ejemplo más claro son los combustibles, que también irán en el sentido de favorecer al capital privado en detrimento de las empresas del Estado.
Dilemas programáticos del campo social y popular
Como vimos, la pandemia empalma con una situación económica que ya era de relativo empantanamiento y que se dirigía a una combinación de toma de deuda externa con ajuste salarial y fiscal. Los niveles de crisis económica que ya se estaban registrando desde hace algunos años en América Latina estaban llegando a Uruguay de forma amortiguada y diferida. La pandemia acelera esa “latinoamericanización” de la economía uruguaya.
En este cambio de etapa es clave recuperar la discusión programática en el ámbito del campo social y popular, tanto a nivel de las organizaciones sociales como en las políticas y en los espacios académicos. ¿Cuáles son los ejes de la regeneración programática de la izquierda para un Uruguay que ya no consigue dar sostenibilidad al pacto progresista anterior?
En ese debate aparecen viejos problemas: la cuestión de la apropiación y el uso de la renta nacional o el excedente económico (en particular la cuestión de la renta del suelo), la inserción internacional, la matriz productiva; pero también cuestiones que hacen a la agenda estratégica del feminismo y a la problemática ambiental.
Si bien parece clara la necesidad de un uso de los excedentes del sector primario como forma de apalancamiento de un proyecto de modificación de nuestra inserción internacional, ello requiere de otras apuestas que le den una base realista. Entre ellas está el desarrollo de políticas distributivas del excedente económico nacional que permitan un control soberano del mismo. Más que la democratización del excedente, entendiendo por democratización su mero reparto, lo importante es su utilización como parte de un plan estratégico.
Es clave también la revitalización del papel estratégico del Estado como la herramienta fundamental para la conducción de este proceso y, de la mano de ello, la revitalización de la planificación económica como instrumento de orientación de recursos al servicio de un proyecto colectivo que supere la irracionalidad de los incentivos puramente mercantiles.
Abordar la cuestión de lo programático es pensar en las líneas de acción estratégicas necesarias para impactar sobre la resolución de aquellas contradicciones que en un tiempo histórico determinado están ahogando una sociedad. Y es, al mismo tiempo, identificar puntos de confluencia de un amplio abanico de sujetos, de un “nosotras/os” entendido como un amplio bloque social y político.
El problema de fondo es qué hacemos desde las potencias del entramado sociológico que modeló el Uruguay batllista para sostener un país integrado en un capitalismo que da señales de desfondamiento. En última instancia, lo programático es el problema de la resolución de esos límites y contradicciones.
Estamos ante la reedición de un viejo conflicto enquistado en la estructura misma de nuestro país, que gana intensidad o se retrae según diferentes avatares del comercio internacional y los flujos de capital global, pero que está lejos de resolverse. Desde el fondo del tiempo vuelve a sacudirnos un pasado no resuelto que a nivel político comienza a fraguar un escenario de repolarización que opone al linaje oligárquico liberal y autoritario (herreristas, riveristas y ruralistas) con el linaje batllista, socialista y popular.
Llegado este punto del péndulo en el que nos hemos movido como comunidad histórica, es clave dar cuenta del cambio de etapa que pauta que el Uruguay que se miraba en el espejo sueco o neozelandés ya no es viable, lo mismo que pensar lo programático más en la medida de nuestras carencias latinoamericanas que de nuestras ilusiones escandinavas.
[1] Banco Central del Uruguay [2] Instituto Nacional de Estadística [3] Idem [4] Banco de Previsión Social [5] Instituto Nacional de Estadística [6] Ministerio de Economía y Finanzas [7] Banco Central del Uruguay [8] Oyhantçabal Benelli, G. y Alonso, “Hijos de la renta: apuntes sobre la economía política del Uruguay”. En: Entre (Org.) Ensayos sobre lo que empieza y lo que termina. Montevideo, HUM. 10-30, 2017. [9] Oyhantçabal Benelli, G, “La acumulación de capital en Uruguay 1973-2014: tasa de ganancia, renta del suelo agraria y desvalorización de la fuerza de trabajo”. Tesis de doctor en Estudios Latinoamericanos. UNAM: México, 2019. En: http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F?RN=124038062 [10] https://brecha.com.uy/intoxicados/ [11] UruguayXXI [12] Idem [13] Instituto Nacional de Estadística [14] Banco Central del Uruguay [15] https://brecha.com.uy/de-esas-lluvias-estos-lodos/ [16] https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Proxima-temporada-turistica-seria-peor-o-mucho-peor-que-la-pasada-uc1925 [17] https://negocios.elpais.com.uy/noticias/dice-fondo-monetario-internacional-economia-uruguaya.html [18] https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/5/instituto-de-economia-de-la-udelar-concluye-que-en-abril-unas-100-mil-personas-cayeron-por-debajo-de-la-linea-de-pobreza/ [19] Entre las principales medidas destacan: (i) la flexibilización para el acceso al seguro de paro, que implica un incremento en el déficit de la seguridad social que financiado por el gobierno; (ii) la ampliación del seguro por enfermedad para trabajadores mayores de 65 años; (iii) transferencias por única vez de 50 USD/cápita para 80.000 personas en condiciones de pobreza extrema y de 400 USD/cápita para mono-tributistas; (iv) prórroga de vencimientos de tarifas públicas para personas empresas; (v) incremento de préstamos para empresas mediante la reducción de encajes de la banca privada. [20] CEPAL, Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe La política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Santiago de Chile: CEPAL, 2020. [21] https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/10/el-deficit-fiscal-trepo-a-61-del-pib-en-la-medicion-de-agosto/ [22] https://legislativo.parlamento.gub.uy/PL/PRESUPUESTO%20NACIONAL%202020%20-2024/proyectoPE/documentos/pdf/mensaje.pdf