• Gabriel Delacoste

¿A qué nos enfrentamos?*


Ilustración: Laura Becerra.



En este momento una de las principales actividades del amplio mundo de la izquierda, las organizaciones de trabajadores y los colectivos miliantes es la juntada de firmas contra la LUC. Los primeros tiempos de esta iniciativa fueron signados por discusiones sobre si era pertinente hacer el referéndum, sobre qué organizaciones deberían liderarlo y sobre si había que hacerlo contra toda la ley o contra una parte (y qué parte). Esta discusión no se saldó y nacieron dos campañas, una contra 135 artículos de la LUC, y otra contra la totalidad de la ley. Algunas organizaciones, como el Mercado Popular de Subisistencias, ante esta situación, tomaron la razonable decisión de adherir a las dos campañas y salir a buscar firmas para ambas. Hace unos días, trascendió que la campaña contra los 135 artículo había superado las 250.00 firmas, por lo que alcanzar el número necesario para desencadenar un plebiscito parece, aunque todavía difícil, posible.


Las discusiones sobre si es o no una buena idea presentar este recurso ya quedaron atrás. Habrá quienes digan que una eventual derrota fortalecería al gobierno dándole apoyo popular explícito. La experiencia de los últimos plebiscitos punitivos, cuya derrota no hizo la menor mella en la insistencia de quienes tienen pasión de encerrar y dar palo, nos muestra que un plebiscito no es una instancia sagrada, sino un recurso institucional en el que se puede ganar o perder, y después seguir. También hay quienes dicen que el gobierno está fuerte y que es una mala idea desafiarlo ahora. Es cierto que las encuestas le dan bien, pero en una situación de enorme incertidumbre social esos números son más frágiles de lo que parecen.

En todo caso, ese tipo de discusiones tácticas, aunque son lo que más le gusta hacer a los analistas y los militantes, no son lo más importante. Lo importante es cómo entender y hacer entender lo que está en juego en esta disputa. Podríamos decir: la LUC está pensada para beneficiar a las empresas (y los empresarios), hacer retroceder a lo público y la participación social, aumentar los niveles de represión y dificultar la protesta. Un primer problema que nos encontramos es que la LUC es una legislación (y por lo tanto un texto) técnica y compleja, que toca todo tipo de temas y está hecha, justamente, para ser difícil de explicar. Esta es una cuestión de propaganda, que ya está siendo resuelta de buena forma por las campañas.

Un segundo problema, quizás más profundo, es que hay mucha gente a la los elementos que caracterizan a la LUC no le parecen algo malo. El actual gobierno, de hecho, ganó las elecciones prometiendo precisamente eso. Si bien en algunas áreas ha incumplido sus promesas de campaña, y en muchas otras se ha apoyado en eslóganes vacíos, es innegable que la coalición liberal-ultraderechista nació para hacer precisamente lo que está haciendo, nunca lo escondió. Muchas personas en Uruguay, quizás una mayoría, piensan que si los empresarios son más ricos, el gobierno es más vertical y los policías más agresivos el país va a estar mejor. De hecho, una parte no menor de las personas que se ven a sí mismas como de izquierda también piensan esto.

Podemos ver, así, lo atrás que estamos en la disputa ideológica, en la construcción cultural. Estos son en buena medida problemas políticos y de organización, que no se solucionan en el corto plazo. Pero siempre es bueno tener oportunidades para poner estos temas arriba de la mesa. Para que esta campaña sea una de esas oportunidades, es importante no limitarse a decir “la LUC privatiza” o “la LUC reprime”, sino intentar elaborar un discurso de por qué eso sería algo malo.

Cualquier intento de hacer esto se va a enfrentar a una campaña mediática considerable. Por ahora, el aparato mediático hegemónico hace su trabajo ignorando el tema, pero no falta mucho para que empiece a atacar, sobre todo si las firmas son muchas. La campaña contra la LUC va a enfrentarse a fuerzas poderosas, ya que que amenaza a los intereses del aparato represivo del estado y de la clase dominante. En estos tiempos, en los que está de moda presentarse como populista y antielitista, no estaría mal empezar a decirlo.

Pero esta no es solamente una cuestión mediática. Si hay una hegemonía conservadora, no es solo por marketing. Si los dueños del capital efectivamente pueden arruinar la economía (es decir, la vida de muchísima gente) si no se hace lo que ellos quieren, ir en contra de eso es ir, de algún modo, contra los intereses de la mayoría. Si vivimos en un orden efectivamente garantizado por el aparato represivo del estado, no es raro que muchas personas sientan que fortalecerlo haga sus vidas más seguras.

Pero los intereses no son algo obvio. Dependen de las imaginaciones y los razonamientos sobre lo que es posible, y también de la capacidad efectiva de crear espacios sociales donde la vida colectiva no dependa de la gestión capitalista ni de la represión policial. La mayoría de las personas no “son” de izquierda o de derecha. Conviven en ellos afectos, imaginaciones, deseos y necesidades que conviven de forma ambigüa. La gran mayoría sabe que no es agradable que unos pocos poderosos definan el destino de todos, y que la violencia contra los pobres y contra quienes protestan son cosas indeseables. Muchos sueñan con un mundo de libertad, igualdad y autogobierno, pero temen al fracaso, y se defienden con realismo reaccionario. Otros, construyen cotidianamente tejidos solidarios y horizontales, al mismo tiempo que para las cuestiones “macro” compran el discurso de la eficiencia empresarial y la represión. Dentro de los “indecisos” y los “depolitizados”, más que un tranquilo mar de indiferencia, muchas veces hay tormentas de contradicciones que pueden producir vuelcos de un momento para otro. Y lo más común es que las personas no den estos vuelcos solos, sino de a muchos, cuando ven que otros también los dan.


Estas semanas, decenas de miles de militantes están pidiendo firmas, y para ello tienen conversaciones con toda la gente que pueden. Son conversaciones sobre la represión, las capacidades colectivas, el poder de las empresas, los servicios públicos, las formas democráticas y, sobre todo, sobre la posibilidad de que de a muchos es posible dar un vuelco a la situación. Esas conversaciones pueden lograr la firma o no, pero el trabajo de hormiga puede invitar a mucha gente a reconsiderar algunas cosas, y a dar más voz a la parte de ellos que piensa que es posible. Si las firmas se siguen acumulando, llegará el momento de votar, y de poner a prueba si se está empezando a formar una nueva mayoría.



*Gabriel Delacoste. Politólogo, autor de artículos y colaboraciones en diversos medios de prensa.