Foto: Renato Henriquez
El anuncio del aumento del pasaje de metro en Santiago, gatilló las protestas que ahora se desarrollan en todo el territorio nacional.
El Presidente Sebastián Piñera declaró Estado de Emergencia en varias ciudades y toque de queda resguardado por militares. Van 2.138 detenidos y 17 fallecidos.
El 4 de octubre pasado, el Ministerio de Transportes comunicó que su panel de expertos (economistas especialistas en el área) aumentarían la tarifa de metro en $30 pesos (US$0,04), ascendiendo a $830 (US$1,1) en horario de mayor demanda, $50 (US$0,07) pesos en un año. La medida afectaría a metro, metro tren y buses de la capital de Chile, Santiago. Ante el descontento de la población, el Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, comentó “quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, lo que prendió la mecha a las protestas.
Así fue como a partir del miércoles 16 de octubre, estudiantes se organizaron para iniciar las evasiones masivas del metro, es decir, entrar si pagar el pasaje. Esto terminó con la policía de Fuerzas Especiales, entrenadas para enfrentar manifestantes, instalada en las estaciones para protegerlas. Lo que empezó con los estudiantes rápidamente se traspasó al resto de la sociedad y comenzaron a hacer lo mismo. Para el viernes 18, había estaciones de metro cerradas y al final de ese día, por primera vez, se hizo un cierre total del metro de Santiago.
Ese viernes en la tarde se produjo el estallido. Marchas multitudinarias, barricadas, incendios en estaciones de metro, además de saqueos en supermercados terminaron por frenar en seco la voluntad política. El sábado 19 de octubre el Presidente Sebastián Piñera declaró Estado de Emergencia en la Región Metropolitana (donde se encuentra Santiago) y toque de queda desde las 21:00 horas.
El Estado de Emergencia no se utilizaba desde la dictadura. Esta figura de resguardo de seguridad que figura en la constitución chilena, instala al Mayor General del Ejercito como Jefe de Defensa nacional, en este caso, al Mayor Raúl Iturriaga, quien tiene historial como asistente de la DINA, la policía secreta del dictador Pinochet. A partir de entonces, el Estado de Emergencia y el toque de queda se ha extendido a otras ciudades del país, al igual que las marchas, saqueos e incendios.
“Teniendo muy presente la obligación que tenemos de proteger a las personas y sus bienes, hemos tomado la decisión de decretar la suspensión de las libertades personales de movimiento por medio de un toque de queda total”, anunciaba el jefe de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, general Javier Iturriaga.
El domingo en la noche, Piñera declaró la guerra. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Incluso, el mandatario aseguró que “estamos muy conscientes que tienen grados de organización, de logística, propia de una organización criminal”. Se refiere así a la gente que marcha y se manifiesta haciendo sonar cacerolas en la calle.
Para cuando el presidente decidió dar pie atrás y cancelar el aumento de la tarifa del metro, la protesta se había convertido en un estallido social que abarcaba a todo el país de manera transversal, desde los más pobres a más ricos.
Más allá del pasaje de metro
El aumento de pasaje del metro es solo lo visible en las frustraciones de los chilenos. Son treinta años de sistema neoliberal que lo sitúan dentro de los 15 países más desiguales del mundo a pesar de tener el PIB más alto. Los más perjudicados son los jubilados, que reciben pensiones mucho menores al sueldo mínimo (US$401), obligándolos a continuar trabajando en labores generalmente precarias.
En salud las respuestas de las autoridades políticas han sido humillantes para la población. Ante la falta de atenciones médicas especializadas en hospitales públicos, que pueden demorar meses en dar una hora, el subsecretario de salud Luis Castillo mencionó que la gente va a hacer “vida social” a los consultorios cuando se levantan de madrugada a hacer fila. En educación, los profesores estuvieron dos meses en paro pidiendo mejoras en sus condiciones de trabajo. Las negociaciones con Marcela Cubillos, Ministra de Educación, no dieron frutos y las presiones por volver a clases superaron la voluntad del movimiento.
De ese sueldo mínimo, el 10% queda en sistema de pensión privado que da jubilaciones de miseria (US$167 para profesores), la salud privada es un lujo y cada servicio cuenta con los precios más altos de la región (agua, luz, gas). En estas condiciones se genera el estallido social. Desde los barrios acomodados de Santiago hasta los pueblos más pequeños de regiones, se pide un cambio estructural mucho mayor a las medidas propuestas por el presidente.
Violaciones a los Derechos Humanos
Lo verdaderamente preocupante ha sido el abuso de la fuerza policial y militar, que ha abierto la herida de la dictadura. Hasta el momento han muerto 17 personas en circunstancias directamente relacionadas con el conflicto. Desde el decreto de Estado de Emergencia. la policía ha disparado balines (balas redondas) a los manifestantes. Los fallecidos han sido encontrados en grupos dentro de supermercados saqueados. Manifestantes han responsabilizado directamente a las fuerzas de orden y militares, que han sido también acusados por la opinión pública de crear montajes como barricadas o iniciado los saques.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hasta el miércoles 23 hay 2.138 personas detenidas, 376 personas heridas, 5 muertos por agentes del estado (por bala, atropello o golpizas) y 46 acciones judiciales. Del número de detenciones, 274 corresponden a niños, niñas y adolescentes. El director del INDH, Sergio Micco, indicó que las denuncias seguirán en aumento. "Hay un recurso de amparo constitucional porque en una comisaría los tratos inhumanos, crueles y degradantes eran inaceptables".
“Muchos son detenidos en forma sospechosas, hay tortura dentro de las mismas comisarias, tratos vejatorios y violencia sexual a mujeres. Pedí que me mostraran las listas de detenidos, que son públicas, y en dos comisarías se negaron”, explicó A.A, abogada parte de la organización jurídica de la Universidad de Chile que brinda apoyo a personas detenidas. Prefiere no dar su nombre para resguardar su seguridad.
La abogada destaca uno de los casos en que entre los detenidos había un menor de edad de 14 años. “Los detenidos fueron ‘crucificados’ en la estructura metálica de la antena de la comisaría, colgándolos desde las esposas”, dice el relato de la querella. A eso se suma el eventual uso de gas pimienta en contra de los aprehendidos, además de una golpiza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó en un comunicado el actuar de las fuerzas de seguridad. "La Comisión condena estos hechos e insta al Estado a seguir adoptando las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables", emplazaron en el texto.
“La situación es impredecible, no hay con quien negociar. Tenemos un ministro del interior que fue muy mano derecha de Pinochet, si viviéramos en Alemania estaría preso y el gobierno no ha cedido no un milímetro. Lo bueno es que cada vez hay más gente en la calle y nadie quiere volver a trabajar, el ánimo de la gente no decae”, comentó la abogada.