Algunas razones para el temor: acerca de la importancia de una política de seguridad humana

October 16, 2019

 Ilustración: Natalia Comesaña

 


 

Temer la reforma

 

En Uruguay, hace ya dos décadas que el de la violencia es un problema estructural y que la desigualdad a ella asociada lo incrementa. Es así que un conjunto de voces reaccionan con la retórica y las políticas del populismo penal. La expresión populismo penal o punitivo designa las prácticas tendientes a promover el encarcelamiento en masa y penas más crueles con apoyo electoral, basados en el temor difundido en los medios de comunicación y el estímulo a las emociones más primitivas.

 

La reforma “Vivir sin miedo” propuesta por el senador Jorge Larrañaga forma parte de esta corriente reactiva expresando la creencia de que estas medidas conducirían a la disminución del delito y de la violencia social. Esta postura es razonablemente cuestionada por estudios que muestran la ineficacia de las soluciones propuestas. Contrariamente a lo que quienes abogan por estas medidas creen, las medidas impulsadas aumentan los niveles de violencia social y alimentan sentimientos de odio y venganza.

 

Una forma de comprender este planteo es observar en qué medida las instituciones de control social encargadas tradicionalmente de aplicar el castigo pueden ser un factor de aumento de la violencia. Eso obliga a mostrar la continuidad de prácticas del aparato policial que fomentan la violencia y el uso desmedido de armas de fuego, en especial en los territorios vulnerables de la ciudad de Montevideo. Intentaremos delinear brevemente estas dinámicas en las que el accionar de la policía llega a ser letal y recrudece el conflicto en que se produce el aumento de los homicidios de jóvenes pobres. 

 

La descripción que hacemos sugiere que el aumento de la represión al delito que se propone se instala en una institución que no saldó su propia violencia y en la que la calidad de su trabajo aún dista de ser la óptima desde una perspectiva de eficacia policial [1]. Cuando menos, desde una perspectiva de derechos humanos. Sugerir la creación de un nuevo cuerpo policial sugiere que se desmontará el camino incipiente de profesionalización del trabajo policial y de modernización de su formación, para retomar la antigua visión en que la represión del aparato punitivo se fortalece.

 

La orientación hacia un modelo de protección integral en Uruguay comenzó a impulsarse en el contexto del aumento de los principales indicadores de la inseguridad [2]. La cuestión se instaló a partir del aumento de todas las tasas de delitos y, sobre todo, del pasaje de una tasa de homicidios de cuatro a una de entre seis y ocho homicidios por cada 100,000 habitantes. Desde entonces, se instalaron prácticas que buscan mejorar la actuación policial.

 

Tampoco ha cesado, en este período, el exceso de control y la violencia de una actuación policial selectiva. En esta focalización de la persecución delictiva, la mayoría son adolescentes y jóvenes de barrios en los cuales existen altos índices de violencia y criminalidad. Son barrios vulnerables a la violencia y atravesados por la pobreza. A raíz de estas prácticas, suelen también desatarse un conjunto de acciones motivadas por la ira de la actuación y selectividad policial. Estos procesos de estallido colectivo se explican por los sentimientos que, en esos barrios, provocan la combinación de carencia, estigma y lucha por la sobrevivencia y en que el estado aparece más a golpes de control y violencia de la policía que a instancias de cuidado de la salud, de la educación, del transporte, de la vivienda, de la ciudad y del trabajo.

 

Enfrentar problemas tales como el acceso desigual a la seguridad o la protección de los derechos de las poblaciones más pobres y vulneradas, requiere mejorar el desempeño y las capacidades policiales y transformar sus prácticas cotidianas. El interés de reformar la educación policial se instaló, en la década de los noventa, junto a la comprensión de que parte de la violencia institucional ejercida por la propia policía se refrendaba en los paradigmas que históricamente subyacían al modelo de formación policial. No obstante, el cambio ha sido lento. Los imperativos de la gestión de la seguridad promueven –u obligan- cambios organizacionales (creación de unidades especiales, ampliación de cupos para el ingreso a la Escuela Nacional de Policía, etcétera) o la adquisición de armas y tecnologías, antes que la transformación de la educación policial [3]. El camino de transformación institucional y de cambio en al formación es, en este sentido, todavía muy frágil frente a los sentidos desplegados en la práctica del trabajo policial. 

 

Los programas del Ministerio del Interior dan cuenta del esfuerzo por sostener en diferentes planos la modernización de una institución antigua: la gestión, la formación, el trabajo de la policía de proximidad, el aumento del salario, la compra de armas, el control sobre el uso de combustibles y vehículos, el mejoramiento del sistema de gestión policial, entre otros [4]. No obstante, la realidad muestra aún grandes debilidades y lejos estamos aún de hablar de una política de seguridad integral. 


 

Una mirada a los “territorios”

 

Tenemos crecientes niveles de violencia social cuyas estructuras y modalidades de conformación han variado [5]. Como se dijo, aumentó la violencia desde los años noventa y lo hizo mostrando un conjunto de dualidades. Es que la violencia –como el dinero- se distribuye desigualmente y la mayor seguridad relativa del país en el contexto latinoamericano no lo es de todos sus habitantes. Si mapeamos los barrios de la ciudad de Montevideo siguiendo dos criterios, el de la violencia y el de la carencia, encontramos que donde las privaciones materiales son mayores, mayor es la probabilidad de ser víctima de violencia. Se conforma así otra fuente de desigualdad estructural [6].

 

La percepción de inseguridad es elevada a la vez que la reproducción de la violencia aumenta unida a la presencia de redes delictivas e ilegales [7] en los barrios pobres donde crecen las muertes de varones –adolescentes y jóvenes- por ajustes de cuenta [8]. Entre tanto, el encierro de los jóvenes y las poblaciones carentes configura una realidad preocupante en un país en que la tendencia a privar de libertad es muy alta. 

 

Pocas indagaciones se han hecho sobre la violencia policial antes de proponer la modificación de la constitución, el aumento de las penas, la creación de un nuevo cuerpo (la guardia nacional) y la expansión de los allanamientos y los controles policiales. No obstante, la evidencia indica que ella existe y que es una práctica que alimenta el horizonte de ilegalidades e injusticias que nuestra sociedad sufre [9]. A decir verdad, la evidencia apunta sobre todo al silenciamiento de la violencia, cuando no de la letalidad de la violencia policial, lo cual abre paso a una inseguridad jurídica generalizada [10].

 

En Montevideo, al día de hoy la forma de llegada del estado a los territorios vulnerables se da primordialmente por vía de la mano dura: los operativos policiales sistemáticamente realizados en barrios pobres y la naturaleza del trabajo policial de proximidad o de la vigilancia en “puntos calientes”. Es que la violencia aumenta también a instancias de algunas características propias del trabajo policial y la política criminal. En muchos casos, la impunidad de la violencia del aparato represivo es moneda corriente y la ira que provoca habilita la indignación que se expresa bajo formas de protesta social violenta. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en casos como los desatados en el año 2016 por la violencia vivida en el barrio Marconi [11].

 

Las actuales dinámicas económicas, familiares y comunitarias de los barrios pobres arrojan a muchos adolescentes al mercado informal de trabajo y a redes ilegales en las que el robo, la distribución minorista de drogas y la explotación sexual son fuentes de provisión de dinero. En estas condiciones se consolidan relaciones fuertemente estructuradas en torno al delito y al uso de la violencia como bien intercambiable por parte de adolescentes vulnerables [12]. Y es precisamente allí donde el Estado que castiga emerge con sus mayores excesos: la violencia policial, los programas de privación de libertad y la cárcel son lo que, de la ley y sus instituciones, conocen sobre todo adolescentes y jóvenes con derechos vulnerados. Se consolidan así los escenarios cuyo efecto de conjunto redunda en el aumento de violencias interpersonales, hurtos, homicidios, femicidios, rapiñas y homicidios. 

 

El giro conservador que se legitima en materia de seguridad al punto de lograr la vía de la legitimación electoral para concretar la Reforma se viene expresando sin desmayo y a diario en pugnas políticas y mediáticas [13]. No así las denuncias de las violencias institucionales que sufren los más carentes y los que no tienen voz en los medios. Lleva cuatro décadas la lucha por verdad y justicia en relación a los delitos de estado en la dictadura. ¿Cuánto faltará para poder realizar una crítica a las prácticas violentas de un estado moderno contra los más vulnerables? El horizonte de la justicia social que hoy debe defenderse sufrirá un duro revés de aprobarse la propuesta del Senador Larrañaga. 

 

Y esa es la impronta de lo que se propone entronizar: el ejercicio de la capacidad punitiva de un estado que a duras penas efectiviza los derechos de los más carentes. Es que en la tradición del estado neoliberal se ha naturalizado que a las víctimas del capitalismo y de este modelo de acumulación les toque la faceta punitiva de la Ley. Pues, entre varias vulnerabilidades, sufren en particular la de no tener más elección que la de la ilegalidad o la informalidad del trabajo para obtener dinero. Sobre todo, si no aceptan las bajas remuneraciones ofrecidas por las oportunidades desiguales de acceder a un trabajo digno en una sociedad que les compensa, como mucho, con un discurso generosamente moralizante y refrendado por la expansión de las iglesias adventistas y pentecostales precisamente en esos territorios. Y, desde ese lugar, crece la condena al vecino que no aceptó estas reglas del juego o fracasó y no pudo. 

 

Cabe mencionar también en tanto cambio significativo a lo largo de la primera década del siglo xxi el aumento de las iglesias pentecostales en Uruguay, el país más ateo de América Latina. Los evangélicos, sorpresivamente, emergen en la política nacional. Este crecimiento se produce al interior de las facciones más conservadoras de los partidos de derecha. La seguridad, la recuperación de un discurso moral sobre la familia y la defensa del nacionalismo son los principios esgrimidos po restas nuevas voces de la política uruguaya.)

 

Es en esta sociedad que se ve tomada por un nuevo impulso religioso y en que no completó el proceso de transformación de viejas instituciones policiales y judiciales aún marcadas por el autoritarismo, cuando no por la violencia de sus prácticas que cobra fuerza el discurso del populismo penal. Y esta dificultad para transformar la visión punitiva de su trabajo se verifica aún en contexto de gobiernos progresistas. Se plasma en la dificultad de instalar una política de seguridad ciudadana y humana y de transformarlas superando el horizonte de una política criminal que trascienda las barreras del encierro, el castigo y tienda a su profesionalización. La moralización religiosa y el pedido de castigo al delincuente nos recuerdan que todo retorno al pasado es posible.

 

Por ello es que las violencias policiales deben ser discutidas y analizadas y que la profesionalización debe ser el eje de una política en la cual la idea de prevención del delito es un capital a defender frente a la prevalente punitivismo social. No así las medidas propuestas en el marco de la reforma “Vivir sin miedo” que para muchos se instalan con fluidez y naturalidad en un mundo que no toma nota de que la que debe retroceder es la violencia del sistema de control social: el policial y el judicial. La necesidad no es la de aumentar las medidas represivas. La realidad es que aún es preciso canalizar los sentimientos de dolor e indignación de las poblaciones que viven en territorios vulnerables a la violencia, luchar contra la impunidad y la desigualdad frente al acceso a la ley y continuar democratizando el acceso a las instituciones de integración social. Las dinámicas coactivas de los dispositivos institucionales hoy mapean sistemáticamente lógicas de clasificación de un orden social desigual y excluyente. Es desde la comprensión de la importancia de defender los derechos humanos y desde prácticas concretas de recomposición de los mismos que la violencia social se aplacará. 

 

Si analizamos las dinámicas del castigo y del encierro en tanto expresión de las tendencias punitivas de nuestras sociedades [14], el caso del Uruguay es muy significativo: exhibe de las mayores tasas de privación de libertad en adolescentes de América Latina. Con 16 adolescentes privados de libertad por cada 100.000 habitantes, apenas si le sigue Brasil con 10 adolescentes privados de libertad cada 100.000 habitantes [15]. ¿Por qué recrudecer las medidas de encierro cuando su aumento no se acompañó de la disminución de la violencia social?

 

Las violencias policiales y la falta de acceso a la justicia son aún hoy silenciadas por el espectáculo de la violencia al que se suma la parafernalia de operativos en barrios pobres. Hablar de las violencias institucionales tal vez colaboraría en sanear las prácticas de la policía y consolidar procesos democráticos en su reorganización para continuar asegurando las necesarias protecciones. Las dinámicas de gatillo fácil que la Reforma terminaría legitimando, cuando den la muerte alimentarán la espiral reactiva de las comunidades vulneradas. Pero, paradójicamente, lo que se produce día a día es que la sobreexposición de la violencia de los pobres aumenta la legitimación de la mano dura en los vecinos de esos municipios. Aquellos, precisamente, que rechazan las redes ilegales y delictivas con que conviven y de que son víctimas y que crecientemente están sujetos a la llegada de las nuevas iglesias pentecostales y adventistas. A su seguridad se dirigen el discurso –y la práctica- de los actuales operativos tales como el “Mirador”. Y nuevamente esta hipervisibilidad mediática oculta la retroalimentación que se produce con las acciones violentas del estado y alimenta la ilusión de que el castigo reduce la violencia, disciplina al salvaje y nos deja la casa en orden. 

 

La legitimación de la mano dura ejercida por la policía produce además el efecto de debilitar la acción protectora del estado. Pues, muchas veces, en estos territorios vulnerables, la salud, la educación, los transportes, los servicios culturales también se debilitan o se retiran [16]. Es así que las comunidades quedan aún más desprovistas de recursos y en manos de los dispositivos que confinan al despojo en que viven sus habitantes, presos de sus oposiciones internas y de las dinámicas que se dan para resolverlas.


 

Una violencia desigual

 

El control focalizado en los pobres, la violencia policial y la estigmatización no son nacionales. Son, por el contrario, tan latinoamericanas como la fragmentación de nuestros territorios y las situaciones en las cuales el uso de la fuerza y de armas de fuego son difíciles de esclarecer. Es claro que cuando se piensa en las “calles de la ciudad” no se alude a la realidad de los barrios pobres de Montevideo en los que se habla usualmente de “intervenciones” (en territorio) respecto de las políticas sociales. En ellos, la manifestación de la violencia estructural es puesta en escena mucho menos a instancias de un llamado a la solidaridad, que bajo las dinámicas que prevalecen en la construcción cotidiana de las noticias en los medios de masivos de comunicación. Es así que la crónica del conflicto, la violencia, el accidente, el dolor y las reacciones de los vecinos alimentan las miradas que naturalizan la violencia en los barrios pobres como resultado de sus condiciones de vida y de sus opciones morales.

 

¿Cómo reiterar, en esta panoplia mediática, que son los jóvenes pobres los que sufren la mayor parte de las violencias interpersonales y delictivas y que esto incluye aquellas que son de responsabilidad del estado y de sus instituciones? Pues son los adolescentes y jóvenes las grandes víctimas de la desprotección económica y social, de la violencia doméstica y del destrato en las instituciones [17]. Es allí que la búsqueda de respeto [18] y reconocimiento toma caminos que pueden escindir las solidaridades en falta, aumentando la demanda de medidas punitivas para calmar los odios y saciar la sed de venganza, medidas que llegan a veces a la justicia por mano propia. 

 

Los vecinos que trabajan intentan deslindarse de los que infringen la ley. Pues a la victimización que sufren por la carencia, le suman la revictimización de que son objeto en una sociedad en la que la violencia tanto es noticia como espectáculo que pulsa a instancia de los niveles de rating de audiencia. Las emociones que provocan las puestas al aire de imágenes y filmaciones de violencias cometidas -explicada por las tecnologías de la vigilancia en espacios públicos- alimenta día a día la creencia de que son sobre todo los jóvenes y los pobres los que participan del mundo del delito. Y de que únicamente ellos, y porque así lo eligen, lo causan. Por eso mismo, puede algún funcionario policial entender que hace justicia cuando los persigue con saña. 

 

Y esta certeza no se alimenta de las cifras, sino de las emociones causadas por las imágenes. Pues para los abusos policiales o las violencias institucionales, hay muy pocas cámaras disponibles. La hiperreducción de la realidad al problema del “aumento del delito y de la violencia” genera una mirada parcial aunque las violencias sufridas en manos de la policía por parte de jóvenes pobres sean tan reales como las de los homicidios causados por ajustes de cuenta [19].

 

“Aquello que la literatura ha colocado como rasgo saliente, es decir, que los jóvenes (varones) pobres de las periferias urbanas son los más sometidos a la violencia física, la vigilancia constante y el control territorial, obtiene amplia verificación para la realidad uruguaya. En efecto, esta investigación revela que hay un volumen importante de intervenciones diarias de la Policía sobre adolescentes y jóvenes, en especial en la vía pública. Además, un porcentaje significativo de los mismos son intervenidos de forma frecuente, lo que reafirma la idea de la focalización” [20].


 

Insistir en la prevención

 

¿A qué escenario podría conducirnos este aumento de las penas, la creación de nueva institucionalidad de control social, la expansión de los allanamientos? “…los homicidios que resultan de conflictos interpersonales o de la acción criminal no son, a diferencia de los provocados por guerras o conflictos políticos, un fenómeno episódico que pueda terminar con una derrota de los contendientes o con un acuerdo de paz, sino un problema profundamente enraizado en la estructura social y en las dinámicas sociales" [21].

 

Las redes ilegales no se combaten con allanamientos nocturnos: las bocas que existen son parte de una red más amplia que también toca al poder, al mercado y a las instituciones del estado (de justicia y de control social). Pues el delito se le escapa al estado por encima y por debajo: por los subterfugios del barrio y por la globalización del delito. Y por la corrupción también. La selectividad de los operativos policiales de los últimos años muestra que el delito que la policía vigila es sobre todo el de los pobres. Por tanto no será eficaz hasta tanto no logre dedicarse con igual devoción al conjunto de los delitos, con especial foco en el de los poderosos por sus particulares impactos en los más débiles. 

 

Salir de esta política criminal supone aceptar una lógica integral. Las investigaciones que han indagado en la relación entre políticas sociales y violencia coinciden en enfatizar la alta relación entre la presencia de reaseguros sociales, planificación urbana y bajos niveles de violencia [22]. Un ejemplo de ello en América Latina se encuentra en el estudio econométrico llevado adelante por Psalama [23] en 10 países de los cuales Uruguay formó parte junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela para explicar la evolución de los homicidios. Del mismo resultan afirmaciones muy significativas. En primer lugar, que la urbanización creciente es causa de violencia por la falta de control con la que suele tener lugar. Asimismo, que el aumento del crecimiento económico se traduce en una leve disminución de los homicidios, mientras que el aumento de la tasa de escolarización secundaria ocasiona su baja. 

 

“…cuando la eficacia del sistema represivo aumenta, la tasa de homicidios disminuye sensiblemente. Se debe subrayar, sin embargo, que la eficacia del sistema represivo no se puede confundir con mayor represión. En efecto, esta eficacia se mide por el porcentaje de casos de homicidio resuelto con respecto al total de homicidios. La eficacia del sistema represivo está ligada, entonces, a la calidad de las instituciones. Si son débiles, el aumento de la represión lleva a un incremento de la violencia" [24].

 

Propuestas como las de la Reforma, de ser aprobadas, consolidarían una doctrina política proclive a la instauración de una guerra “legal” y de un estado de excepción permanente que se replicaría sobre todo en los barrios carenciados. Uruguay ha ido transitando un proceso de transformaciones institucionales y legales con avances y retrocesos que no se han consolidado cabalmente en políticas de seguridad ciudadana. De ello son testigo la desigual política de persecución al delito, el alto nivel de población encarcelada, la excesiva aplicación de penas privativas de libertad y los controles y violencias policiales en los barrios más pobres. Definitivamente, los sentidos que subyacen a estas prácticas triunfarán y se consolidarán con la Reforma sin por ello disminuir la violencia.

 

La tarea de desmontar las prácticas de los antiguos aparatos policiales y judiciales ha sido una de las obras inconclusas de los gobiernos progresistas en materia de seguridad en nuestro país y en la región, mostrando los fracasos de la izquierda [25]. Sin que se comprenda que las arraigadas prácticas punitivas y represoras constituyen parte del problema, no hay posibilidad de ir hacia otra política de seguridad. Por ello urge transformar la tendencia conservadora instalada en el sentido común respecto de la eficacia de ciertos mecanismos [26].

 

Esta derrota trae desánimo. Es cierto. Pero ha de leerse junto a la legitimidad creciente de los reclamos por los derechos de las mujeres, de las movilizaciones por los derechos sexuales y reproductivos, del activismo social de los jóvenes y de diversos colectivos que se han movilizado en la lucha por una concepción democrática de seguridad, enmarcada en un horizonte de respeto a los derechos humanos y a la diversidad. Se libra entonces una batalla por los sentidos de la seguridad cuyo resultado cerrará el tercer gobierno del Frente Amplio.

 

Parte del populismo penal propone medidas o modificaciones desde la perspectiva del dolor que es la de la víctima o su comunidad. En ese momento, próximo a la vulneración, las reacciones usualmente están cerca de la venganza. Asimismo, el miedo y el temor, a veces reales, a veces alimentados por los medios, llevan a un escenario proclive a la expiación y el castigo a partir del cual es difícil comprender la ligazón entre prevención, políticas sociales, medidas alternativas, policía comunitaria y disminución de la violencia. Las políticas de prevención y las políticas sociales no se pueden plantear en el debate público arraigadas en la vivencia traumática de los golpes y la inmediatez del miedo. No puede pensarse una política de seguridad como espejo de las dinámicas de odio, venganza o temor que la situación de violencia y los delitos generan. Y es, discursivamente, desde allí que se enuncia la propuesta dirigida a un sujeto denunciado sistemáticamente: el delincuente. La nominación taxativa, que divide la población entre los que infringen la ley y los ciudadanos, tiene por efecto aumentar la escisión social y disculpar la comprensión de las causas que llevan al delito. Abandona, así, la pretensión de prevenirlos y la responsabilidad social y política de asumir las causas estructurales de la violencia y la desigualdad.

 

 

Notas:
 

1] Al 2018, los delitos esclarecidos eran del 51,4% según el Ministerio del Interior (2019), Observatorio datos 2018,https://www.minterior.gub.uy/index.php/unicom/noticias/6615-delitos-observatorio-presento-los-datos-cerrados-de-2018

 

2] Fraiman, Ricardo; Viscardi, Nilia (2013). Educación policial en Uruguay. Transformaciones para la consolidación de un Modelo de Educación Integral. En: Barreira, César et al. “Violências e ilegalismos morais”, Clacso, UFC Editora: Fortaleza.

 

3] Frühling, Hugo y Joseph Tulchin, (2005). “Crimen y violencia en América Latina”. Bogotá: Fondo de Cultura Económica

 

4] Ministerio del Interior (2017) ¿Cómo evitar el delito urbano? El Programa de Alta Dedicación Operativa en la Nueva Policía Uruguaya. Banco Interamericano de Desarrollo, Montevideo.

 

5] Según Mosteiro, et al. (2015) “Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación descriptiva” En: “Cuadernos de Ciencias Sociales y Políticas Sociales No.6. SERPAJ, IELSUR, FCS-FCEA, MIDES. Montevideo.

 

6] Riella, Alberto; Viscardi, Nilia (2002) “Mapa Social de la Violencia en la Ciudad de Montevideo: una aproximación a los escenarios sociales de la violencia urbana”. En: Mazzei, Enrique (Comp.) “El uruguay desde la sociología”, Departamento de Sociología, FCS, Montevideo, p. 183-197.

 

7] Jacottet, François (2017). Configuraciones territoriales de las violencias y el delito en la ciudad de Montevideo En: ¿Cómo evitar el delito urbano? El Programa de Alta Dedicación Operativa en la Nueva Policía Uruguaya. Ministerio del Interior – Banco Interamericano de Desarrollo, Montevideo, p. 73-96

 

8] De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, en Montevideo los homicidios pasaron de 161 en 2017 a 223 en 2018. En el interior, el aumento fue mayor: de 123 a 191. De un año a otro, la variación fue de 45,8% en el total del país. Lo mismo ha ocurrido con las rapiñas cuyas denuncias pasaron de 17.956 a 27.798 en el mencionado período.

 

9] Mosteiro, et al. (2015) “Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación descriptiva” En: “Cuadernos de Ciencias Sociales y Políticas Sociales No.6. SERPAJ, IELSUR, FCS-FCEA, MIDES. Montevideo.

 

10] Barreira, César; Tavares dos Santos, José Vicente (2016). “A construção de um campo intelectual: violencia e segurança cidadã na América Latina”. En: Barreira, César; Tavares dos Santos, José Vicente (Orgs.) “Paradoxos da Segurança cidadã” Tomo Editorial, Porto Alegre.

 

11] Viscardi, Nilia (2016). “La policía mató a un adolescente en Marconi: territorios, jóvenes y castigo en Uruguay” en: Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2016. Servicio Paz y Justicia: Montevideo. 177-187.

 

12] Fraiman, Ricardo; Viscardi, Nilia (2014). “Entre fierros y plata dulce. Consideraciones acerca de las trayectorias de adolescentes privados de libertad.” http://www.faculdadesocial.edu.br/revistas/index.php/dialogospossiveis/article/view/213

 

13] Mallo, Susana; Viscardi, Nilia; Barbero, Marcia. “La protesta social conservadora. Representaciones sociales y nuevas sensibilidades sobre juventud y violencia a través de las movilizaciones en torno a la baja de edad de responsabilidad penal”. En: “El Uruguay desde la sociología XI”, DS-FCS, Montevideo, p.385-402

 

14] Zaffaroni, Eugenio Raúl (2015) Bardazano, Gianella; Corti, Aníbal; Duffau, Nicolás; Trajtenberg, Nicolás. “Discutir la cárcel, pensar la sociedad”, Trilce, Montevideo, p. 15-38

 

15] Morás, 2016, Op. Cit. Cabe mencionar que en los adultos, la tasa es de más de 300 reclusos cada 100.000 habitantes.

 

16] Vales, Sofía (2018). ¿Apagar con fuego un incendio? Representaciones de la violencia social e institucional en la periferia montevideana. Monografía final de grado, DS, FCS, Montevideo; Merklen, Denis (2013). “Pourquoi brûle-t-on des bibliothėques?» Presses de L´enssib, Lyon.

 

17] Arroyo, Álvaro; De Armas, Gustavo; Retamoso, Alejandro; Vernazza, Lucía (2012) “Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay 2012”, UNICEF Uruguay, Montevideo.

 

18] Bourgois, Philippe (2010) “En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem”, siglo XXI, Buenos Aires.

 

19] Cano, Ignacio; Rojido, Emiliano (2017) “Introducción: la singularidad de la violencia letal en América Latina”. En: Reducción de los homicidios y de la violencia armada. Una mirada a América Latina. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.116, p. 7-24, Pág. 10

 

20] Mosteiro, et al. Op. Cit., p. 76

 

21] Cano, Ignacio; Rojido, Emiliano (2017), Op. Cit.

 

22] Body-Gendrot, Sophie (1998). Les villes face à l´insécurité. Des ghettos américains aux banlieues françaises. Bayard, Paris.

 

23] Psalama, Pierre. (2008) “Informe sobre la violencia en América Latina”. En: Revista de Economía Institucional, vol. 10, N° 18, Primer Semestre/2008, p. 81-102. 

 

24] Ibídem. p. 90

 

25] Tavares dos Santos, José Vicente; Viscardi, Nilia; Angarita Cañas, Pablo Emilio; Mota Brasil, María Glaucíria. Violência, segurança e política. Processos e figurações. Porto Alegre: Tomo Editorial. Clacso-UdelaR-ILEA/UFRGS

 

26] Paternain, Rafael (2014), Montevideo: Trilce.

 

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