Ilustración: Julio Castillo
Una de las características principales de los sistemas punitivos [1] de los estados modernos es la distribución desigual y selectiva de bienes negativos (por ejemplo: arrestos y penas). Bajo el principio de legalidad que consagra la primacía de la ley en una jurisdicción concreta, el derecho penal distribuye los bienes negativos que persigue la policía, administra la justicia y ejecutan las instituciones de castigo. La ley penal se nos presenta despersonalizada, pero bien sabemos que en la tinta de sus palabras -y en las mismísimas imprentas- se articulan los intereses de ciertos sectores de la clase política, económica y de grupos de poder. Veamos algunos ejemplos: 1) El tradicional desvelo del sistema punitivo por minimizar la frecuencia y agravar las penas de los delitos comunes contra la propiedad privada (hurtos, rapiñas, abigeato, etc.) es una defensa que tiene sentido en una sociedad capitalista. En esta línea, a partir de la obra de Edwin Sutherland [2], sabemos que los bienes penales negativos son benevolentes con los delitos de las “personas de negocios” y severos con las personas desposeídas de verdadero significado jurídico, político [3] y económico. El vasto trabajo de la criminología crítica da cuenta que la persecución penal es diferencial por clase social, género, generación, etnia, raza, entre otras invariantes. 2) Cuestionarnos acerca de la reciente consideración legal y política de los delitos de género (femicidios, violencia doméstica, abuso sexual, etc.) no puede escapar a la filosofía del lenguaje performativa [4] para dar cuenta cómo los signos jurídicos y las delimitaciones sociales de lo que consideramos delito han silenciado, bajo la normalización, un conjunto variado de ejercicios de violencia contra la mujer. 3) En algunas jurisdicciones del planeta, el “robo” y la difusión de información “reservada”, aunque sea de profundo interés público, reciben penas más duras que los propios delitos contra la vida [5]. En tiempos de dataísmo, asistimos a la inversión del contrato social rousseauniano.
La distribución desigual de la persecución delictiva también se comprende con la contribución que hacen los historiadores del castigo [6] al argumentar que la sensibilidad social hacia el sufrimiento permite entender lo que una sociedad está dispuesta a tolerar como castigo. La racionalización de la crueldad que heredamos de la escuela clásica liberal y del utilitarismo criminológico -con su genealogía en los modos y maneras judeocristianos de relacionarnos con la culpa- han provocado, posiblemente y entre otras cosas, nuestra insospechada capacidad de tolerar y justificar el sufrimiento ajeno [7]. Esto no tiene que ver con las discusiones acerca de la evolución de la violencia a lo largo de la humanidad, sino con cómo las sociedades, en el marco de tensiones y luchas entre distintas sensibilidades, se relacionan con la represión. Por ejemplo, qué sensibilidades subyacen al Partido Nacional para que en materia de adolescentes proponga aumentar la privación de libertad mínima (prescriptiva) de uno a dos años y la privación de libertad máxima -para infracciones gravísimas- de cinco a diez años en el contexto histórico más favorable que ha tenido el sistema de responsabilidad penal adolescente desde la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en setiembre de 2004 [8].
Otra herramienta conceptual que debemos tener en cuenta al momento de comprender la distribución desigual de la persecución delictiva es la dirección de la política criminal. Por ejemplo, los operativos “Mirador” se convirtieron en los últimos dos años [9] en la principal bandera de la política criminal del actual gobierno. Los operativos han sido liderados por el futuro ministro del Interior en un eventual gobierno del Frente Amplio. Hasta agosto de 2019, se realizaron 29 operativos, 616 allanamientos, donde se detuvieron a 303 personas en todo el país [10]. Ninguno de estos operativos se desplegó en los barrios privilegiados del Uruguay y, sin embargo, el pasado 5 de octubre la policía nacional detuvo a cinco personas y confiscó 392 kilos de cocaína en una mansión del barrio privado Cumbres de Carrasco y en un apartamento de Pocitos [11]. No hemos visto operativos tipo “Mirador” en los estudios profesionales (de abogados, escribanos, contadores…), aunque tenemos una amplia nómina señalada, denunciada y pocas veces judicializada de personas -algunos de ellos estrechamente vinculados a la esfera política- que asisten al lavado de dinero y facilitan la desviación tributaria de personas y organizaciones de acá, allá y acullá [12]. Tampoco se aplican operativos tipo “Mirador” en la aduana para controlar a los importadores y exportadores de mercancía, a los aduaneros, no obstante, cuatro toneladas y media de cocaína recorrieron 11.698km de Montevideo a Hamburgo y las responsabilidades, además de un empresario involucrado, todavía no están claras.
Veamos algunas estadísticas para evitar seguir nombrando casos favorables a lo que previamente se quiere demostrar. Dado que las estadísticas delictivas fluctúan en función de la atención que el sistema punitivo dedica a los tipos delictivos y no tanto a lo que representa la “realidad” delictiva, podemos utilizar indicadores estadísticos para conocer la dirección de la política criminal. Tras las rapiñas y los hurtos, las cárceles uruguayas están repletas de personas sentenciadas o esperando condena por algún delito relacionado con la Ley de Estupefacientes. Ellas y ellos son los eslabones más expuestos (vendedores, mulas, vigilantes, etc.) de la cadena del tráfico de drogas y, sin embargo, para que el negocio funcione se requiere de una maquinaría -división del trabajo más o menos organizada- que involucra a importantes tenedores de capital que permiten comprar y distribuir la mercancía; a profesionales que posibilitan lavar dinero, repatriar activos y crear sociedades anónimas; a comerciantes que permitan importar y/o exportar la mercancía; a funcionarios públicos en posiciones claves de seguridad, aduanas, transporte, etc.; y la complicidad política, claro.
Los datos de la Justicia especial en Crimen Organizado son contundentes. En promedio, para el período 2009-2016, la mitad (54,6%) de las sentencias ejecutadas fueron por delitos relacionados con la Ley de Estupefacientes y solamente el 0,8% fue por lavado de activos o asistencia al lavado de activos [13]. Como todo fenómeno social elusivo, desconocemos el guarismo que representaría fielmente el lavado de activos en el país, pero en principio podríamos decir que la cifra es ridícula a la luz de las características del sistema financiero nacional: secreto bancario; alta dolarización de la banca; banca off-shore; flexibilidad de los cambios de divisas; casinos del Estado y municipales; zonas libres de impuestos; sociedades anónimas de inversión exentas de tributos; entre otros. A esta altura parece claro que sería un contrasentido argüir que el nodo medular del tráfico es producto de los Chingas, los Camalas, los Figueroa, etc. Esta afirmación no pretende quitar responsabilidades sino, más bien, poner en contexto a las escenas y los actores del esquema internacional del tráfico de drogas.
Aunque en términos de ejecución no se visualizaron cambios sustantivos, durante la gestión del Frente Amplio se realizaron modificaciones normativas e institucionales significativas para combatir la delincuencia empresarial. Repaso algunas. Durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez se limitó el secreto bancario (2006), se eliminaron las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (2006, efectivizadas en el 2010), se creó la Justicia especial en Crimen Organizado (2008) y la Secretaria Nacional Antilavado (2009). Durante el gobierno de José Mujica no se avanzó lo suficiente en la materia, pero cabe destacar la aprobación de la ley de identificación de accionistas de sociedades u otras entidades (2012). Con el retorno de Tabaré Vázquez se da un nuevo impulso a las políticas de vigilancia y control a los delitos de cuello blanco con la creación de la SENACLAFT y la JUTEP (ambas en el 2015), la identificación del beneficiario final de todas las sociedades anónimas y estructuras jurídicas uruguayas (2017) y, en especial, la Ley Integral contra el Lavado de Activos (2017). Si bien es cierto que estas medidas acompañaron las presiones de países (por ejemplo: EEUU, Francia y Argentina) y organizaciones internacionales (por ejemplo: GAFI, OCDE, UE), tampoco deja de ser cierto que las propuestas coincidían con las intenciones del Frente Amplio de menguar la política financiera flexible que construyó la dictadura militar y que reforzaron los gobiernos de Julio María Sanguinetti y de Luis Alberto Lacalle.
Todavía quedan muchísimas cosas por hacer con el secreto bancario, el enriquecimiento ilícito, la financiación de los partidos políticos, las instituciones financieras externas, los casinos del Estado, las aduanas, la porosidad de las fronteras, el control aéreo, la proliferación de cambios de divisas, el fortalecimiento de los recursos y atribuciones a las instituciones que controlan a los sujetos obligados de reportar operaciones inusuales y sospechosas, etcétera. El programa del Frente Amplio para las próximas elecciones nacionales hace un tímido desarrollo sobre los temas reseñados [14], sin especificar orientaciones claras sobre el combate al lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco. En su presentación sobre las 12 propuestas para “ir hacia adelante en materia de seguridad y convivencia”, no se dice absolutamente nada acerca de la delincuencia empresarial y profesional. Todavía podemos suponer que la omisión del Frente Amplio es una estrategia para no asustar a los mercados y que la gozadera de los protectores del capital seguirá restringiéndose, aunque sea lentamente y por vía de las limitaciones normativas. Sin embargo, lo que no podemos suponer, porque ya ha sido patentizado, es que, algunos sectores de la izquierda frenteamplista se han olvidado de las biografías y condiciones estructurales que hacen posible el delito común. Ya es hora de desempolvar la brújula para revisar hacia dónde apunta la aguja imantada.
* Gabriel Tenenbaum Ewig es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.
Notas
1] Básicamente, entiéndase por sistema punitivo a la ley, la institución policial, la institución judicial y las instituciones ejecutoras de medidas judiciales.
2] Ver: Sutherland, Edwin (1999) El delito de cuello blanco. La Piqueta. Madrid.
3] Ver: Benjamín, Walter (1991) “Para una crítica de la violencia y otros ensayos”. Taurus. Madrid.
Ver Agamben, Giorgio (2003) Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-textos.
4] Véase los trabajos de John Austin, John Searle y, desde otro lugar, a Judith Butler.
5] Léase sobre Aaron Swarts. Los casos de Edward Snowden y Chelsea Manning son interesantes.
6] Ver el trabajo de Pieter Spierenburg.
7] Ver: Fassin, Didier (2018) Castigar: una pasión contemporánea. Adriana Hidalgo. Buenos Aires.
8] Ver: ¿Dónde está la causa de todos los problemas de la criminalidad nacional? Las propuestas del Partido Nacional sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente.
En: https://brecha.com.uy/donde-esta-la-causa-de-todos-los-problemas-de-la-criminalidad-nacional/
9] El primer operativo se llevó adelante el 21 de diciembre del 2017 en Casavalle.
Ver: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/bonomi-aniversario-189-policia
Consultado el 12/10/2019.
10] Ver: https://www.subrayado.com.uy/operativos-mirador-lograron-enviar-249-delincuentes-prision-mas-600-allanmientos-n541176
Consultado el 12/10/2019.
11] Ver: https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=7191
12] Consultado el 12/10/2019.
Las investigaciones periodísticas de Sudestada es un buen lugar para comenzar a conocer el tema.
Ver: https://www.sudestada.com.uy/10885/Investigacion
Consultado el 12/10/2019.
13] Ver: http://celiv.untref.edu.ar/descargas/GabrielTenenbaumDocumentoDeTrabajoCompleto.pdf
14] Ver página 174 de las “Bases programáticas del Frente Amplio 2020-2025”.